Correspondencia de Prensa, 11-1-2020

2019 fue un año de luchas. En realidad, desde finales de 2018 y durante todo el 2019 se produjeron diversas protestas, marchas y plantones para rechazar las intenciones del gobierno de Moreno de echar el país para atrás y reproducir las políticas neoliberales que gobernaron el Ecuador de 1981 a 2005. Entre febrero y marzo el gobierno firmó una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional que contemplaba, entre otros puntos, el incremento de los combustibles, el reemplazo de impuestos directos (el impuesto a la renta) por impuestos indirectos (el IVA), la precarización del trabajo, la reducción de la inversión pública y la privatización de empresas estatales.

Un breve repaso: a fines de enero, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) realizó una masiva marcha en contra de los despidos, del alza de los combustibles y del bajo incremento del salario mínimo; por las mismas fechas, la Conaie efectuó movilizaciones en Cayambe y Cotopaxi en rechazo a las medidas económicas. En febrero, los trabajadores de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) protestaron contra la privatización de la empresa y el FUT anuncia que se preparan acciones conjuntas para enfrentar el proyecto neoliberal del gobierno. Ese mismo mes, el pueblo wao realiza una importante movilización en contra de la explotación petrolera y en defensa de la consulta previa. En marzo, la Coordinadora Nacional de Jubilados anuncia acciones para que el gobierno cumpla el compromiso de pagar las jubilaciones.

El 6 de abril, la convención del FUT anuncia la preparación de una huelga nacional sin fijar aún una fecha. En mayo, la marcha por el día del trabajo se convierte en una multitudinaria protesta contra el neoliberalismo. El 23 de ese mismo mes la Conaie anuncia la preparación de una movilización nacional contra las políticas neoliberales. El 6 de junio, el FUT realiza una masiva marcha en contra de las reformas laborales. Durante ese mes, se desarrollan, en diversas ciudades, varios encuentros del FUT y el Colectivo Unitario para analizar alternativas a las políticas del gobierno sobre reformas laborales y a la seguridad social. Entre fines de julio y principios de agosto se lleva a cabo una huelga de hambre de maestros jubilados exigiendo el pago de sus haberes.

El 21 de agosto se movilizan los afiliados al Seguro Social Campesino. En agosto y septiembre salen a protestar estudiantes de medicina e internos rotativos de hospitales públicos por la drástica reducción de sus estipendios decidida por el gobierno. El 5 de septiembre tiene lugar una gran marcha nacional del FUT. A mediados de mes grupos de mujeres realizan varias acciones a favor de la despenalización del aborto en embarazos causados por violación. El 25 de septiembre se manifiesta el movimiento indígena en Guaranda contra las concesiones mineras. A fines de ese mes, la provincia del Carchi realiza un paro de siete días, y por las mismas fechas se movilizan estudiantes de medicina en rechazo a la rebaja de los estipendios que les paga el ministerio de Salud.

Así que el decreto 883 con el que el gobierno incrementó los precios de los combustibles sólo fue la gota que derramó el vaso de la inconformidad con un modo de gobernar que favorece a los grandes grupos de poder económico. El alza de los combustibles es un tema sensible: afecta a todas las clases y sectores populares, sobre todo a las familias que perciben menores ingresos, porque acarrea el incremento de los pasajes, del transporte y de los costos de operación de los pequeños negocios. Por eso las protestas fueron tan masivas y crecientes, y por eso el gobierno fracasó al tratar de imponer la medida a través de concesiones parciales a algunos de los sectores movilizados (transportistas, servidores públicos) y a punta de estados de emergencia, toques de queda y de militarizaciones y tuvo que retroceder temporalmente.

Las enseñanzas de octubre

¿Qué enseñanzas nos dejaron estas jornadas de protestas sociales?

El pueblo ecuatoriano tiene reservas morales, capacidad de movilización y un profundo sentido de solidaridad humana que le permiten enfrentar proyectos políticos y económicos empobrecedores y represivos, reservas morales que se liberan cuando llega un punto en que siente la situación insoportable. Aunque parezca que está inmóvil y derrotado, ese estado puede cambiar en cualquier momento; las necesidades de la vida y la lucha movilizan las conciencias.

La protesta fue una creación de todo el pueblo; no fue la acción de un sector o de una organización, aunque haya comenzado así: su carácter se fue configurando con los días, cuando más y más personas, más y más sectores fueron sumándose al torrente de movilización. Ya no fueron solo las organizaciones: la multitud fue creciendo a partir de grupos familiares, de vecinos y de amigos; aparecieron entonces -si se puede decir así-  formas informales de ser la organización social e innumerables puntos de “conducción” espontánea que dieron forma y lugar al desborde popular.

Un gobierno y sus políticas nunca son legítimos y democráticos solo porque hayan sido elegidos a través de los mecanismos electorales. Los grupos dominantes tienen una visión muy estrecha y pobre de la democracia. Para el pueblo, por el contrario, la democracia y la legitimidad se construyen y se ponen a prueba todos los días y se definen según a quién sirvan las políticas fundamentales de un gobierno, y si esas políticas han sido tomadas consultando a las mayorías. El gobierno de Moreno ha perdido legitimidad; sus políticas neoliberales y su autoritarismo represivo no son legítimos.

Las políticas neoliberales son el único programa político que tienen el gobierno, las cámaras empresariales, los partidos de la derecha y el Fondo Monetario Internacional. Pese a que la protesta social y el desborde popular los forzaron a negociar y a dejar sin efecto, momentáneamente y a regañadientes, el aumento de los precios de los combustibles y de los pasajes, no se muestran para nada dispuestos a impulsar políticas distintas que no carguen el peso de la crisis sobre las espaldas de las clases trabajadoras y del pueblo.

Como no pueden imponer esas políticas por la vía democrática, el camino por el que están dispuestos a avanzar es el de la imposición y la represión: actuación violenta e inhumana de la policía, enfrentar a los militares con el pueblo, disparar a mansalva, tomar miles de presos, perseguir judicialmente a las personas que protestan y a los dirigentes de las organizaciones (utilizando el código penal represivo aprobado por Correa), desconocer el derecho de protesta y las libertades y garantías que lo respaldan, violentar los derechos humanos. Los datos aportados por la Defensoría del Pueblo y por organismos de derechos humanos no dejan lugar a dudas. Esto siempre trae consigo la restricción y el vaciamiento de la democracia.

Un  indicio de ello fue la captura de todas las instituciones estatales por el estado de emergencia y la función represiva y, en consecuencia, la crisis de las instituciones políticas que podrían haber jugado un rol de mediación, como la Asamblea Nacional o los Municipios.

Como todo conflicto fundamental, las jornadas de octubre se desarrollaron abiertamente como una confrontación de clases. Pudo observarse con nitidez en varios hechos: en las medidas adoptadas por el gobierno, que favorecen económicamente a los empresarios y perjudican a las clases populares; en la unanimidad con que los grandes capitales -a través de sus gremios (las Cámaras empresariales), de sus partidos políticos y de sus instrumentos de resonancia mediática- exigían esas medidas, otras aún más radicales y respuestas más represivas; en la guerra declarada abiertamente por el gobierno contra el pueblo con el objetivo declarado de imponer las medidas por la fuerza y desconocer el derecho de las clases trabajadores a la protesta. Fue evidente en el instinto de clase de cada sector de la sociedad, que los condujo a un alineamiento nítido: los grupos dominantes cerraron filas alrededor de las medidas y del gobierno y clamaron por una represión más violenta; las clases populares y trabajadoras participaron en la protesta y se solidarizaron con ella. Las clases medias se fragmentaron: unos siguieron ciegamente la postura de los grandes empresarios; otros pretendieron mantenerse neutrales; y otros más se solidarizaron de distintas maneras con la lucha popular y se sumaron a las movilizaciones.

Por todo esto, el pueblo no puede tener ninguna confianza en los empresarios ni en los partidos políticos que los representan electoralmente ni en el gobierno que al final sigue sus órdenes.

Los desafíos que deja octubre

Así como quedaron enseñanzas, quedaron también importantes desafíos que habrá que enfrentar de ahora en adelante.

Es necesario defender y fortalecer todo espacio de organización social. Sin ello, toda resistencia y toda lucha será más débil y tendrá más dificultades para lograr continuidad.

Las organizaciones se debilitan si no están rodeadas por un tejido social más o menos sólido; por eso, deben ampliar su espacio de acción más allá de las personas organizadas y buscar maneras de mantener contactos permanentes con la población en general, especialmente con los jóvenes.

El estallido social de octubre mostró que, partiendo de sus propios problemas y urgencias, los diversos sectores populares y sus organizaciones pueden confluir, y que esa confluencia es la única fuerza que pueden oponer al poder del dinero y de la represión. Pero si la confluencia es sólo pasajera, el pueblo se deshilacha, se disgrega y pierde su fuerza. Es necesario construir espacios de encuentro más duraderos en los que las confluencias vayan siendo trabajadas y preparadas para avanzar en conjunto.

El gobierno, las derechas, las cámaras empresariales y su prensa han construido una fábula negra sobre la protesta, acusándola falsamente de vandalismo, desestabilización, intento de golpe de Estado, terrorismo, guerrillas urbanas, de haber estado manipulada por el correísmo, por el dinero de Venezuela o por cadenas televisivas internacionales. Todas esas patrañas con la pretensión de justificar lo injustificable: declararle la guerra al pueblo. Vuelven entonces a poner en circulación las “teorías” del enemigo interno, utilizadas por las dictaduras genocidas en las décadas de 1960 y 1970 y reavivadas en el anterior período neoliberal para alegar la necesidad de que las fuerzas armadas se conviertan en el poder detrás del poder.

Es necesario desmontar ese cúmulo de mentiras, pregonar nuestra verdad a los cuatro vientos y no dejarnos engañar ni confundir; el desborde popular de octubre fue la protesta legítima del pueblo para rechazar las medidas neoliberales que ya se implementaron y fracasaron entre 1981 y 2005. Y fue un ejercicio de construcción democrática, como se demostró al obligarle al gobierno a dialogar con el pueblo sobre las políticas que deben implementarse.

Las luchas de octubre tuvieron una enorme importancia, pero la derogatoria del decreto 883 fue solo un episodio: el resto del programa neoliberal sigue allí, agazapado en la carta de intención que el gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional. Las luchas decisivas están adelante y seguramente poblarán el 2020.

Mario Unda es sociólogo, activista del movimiento urbano-popular. Militante del  Movimiento Revolucionario de los Trabajadores (MRT). Este artículo se publica simultáneamente en El Conejo, periódico de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (CEDOCUT).