La imagen del presidente del parlamento, el opositor Juan Guaidó, saltando la verja del capitolio local para superar a los militares que bloqueaban su acceso a una sesión crucial insufló nuevos bríos a una oposición que aparecía dividida y debilitada. Al mismo tiempo, dejó en evidencia otra vez la fuerza con que se impone el gobierno de Nicolás Maduro.

Humberto Márquez, desde Caracas

Brecha, 10-1-2020

Correspondencia de Prensa, 10-1-2020

La elección de la directiva de la Asamblea Nacional, ritual de cada 5 de enero en ese parlamento unicameral de Venezuela, se convirtió esta vez en el pistoletazo de salida para una nueva ronda en la áspera poder que fractura al Estado mientras se ahonda la crisis económica, social y de migración que postra al país y afecta a sus vecinos. Cada vez son más esquivos los acuerdos, los entendimientos y las reglas de juego compartidas para el discurrir de la vida política.

Se han elegido dos directivas de la Asamblea. Una presidida por Juan Guaidó, líder de la oposición firme al presidente, Nicolás Maduro, y otra por Luis Parra, de un grupo que ha desertado de la oposición tradicional y fue impulsado por la bancada oficialista. Un escenario posible es que ahora Venezuela tenga tres parlamentos, los que encabezan Parra y Guaidó, y la Asamblea Nacional Constituyente, integrada sólo por oficialistas y que se ha atribuido funciones legislativas.

La Asamblea Nacional fue elegida en 2015 y su período termina en enero de 2021. La oposición ganó aquellas elecciones ampliamente, dos tercios, 112 de los 167 diputados, y el oficialismo, sólo 55. Esa mayoría calificada fue inmediatamente truncada por el Tribunal Supremo de Justicia, que suspendió a cuatro diputados y luego, progresivamente, anuló las leyes y resoluciones que fue aprobando el parlamento, declarando que el cuerpo legislativo estaba “en desacato” a sus mandatos judiciales.

En 2017 Maduro convocó la elección de una asamblea constituyente –rechazada por la oposición– de tipo corporativista, que aún no ha presentado un nuevo texto constitucional, pero que asume funciones atribuidas al parlamento por la Constitución de 1999. El Supremo y la Constituyente abrieron procesos judiciales contra unos treinta parlamentarios opositores, entre principales y suplentes, y varios están exiliados, presos o en la clandestinidad.

Maduro además ha gobernado desde 2015 bajo decretos de emergencia económica, con lo que evade el control parlamentario de sus actos, y como comandante en jefe prohibió a las fuerzas armadas que atiendan las solicitudes que se le hagan desde la Asamblea.

El parlamento, despojado de poder en la práctica, ha mantenido dos bazas: una es que su voto es necesario para los contratos de interés nacional, y que los gobiernos y corporaciones extranjeras se arriesgan a que en un futuro se desconozcan los tratos con el Estado, dueño en Venezuela de las palancas económicas esenciales, como petróleo, minas, industria pesada y servicios básicos.

La otra es que, tras la reelección de Maduro en 2018 en unos comicios boicoteados por la mayor parte de la oposición, Guaidó se proclamó “presidente encargado de la República” en su condición de titular del parlamento (quien sucede al presidente si este falta) desde enero de 2019. Aquello motivó grandes manifestaciones de apoyo en los primeros meses del año pasado.

Más aun, inmediatamente Estados Unidos lo reconoció como “presidente legítimo” y rompió relaciones con Maduro. Más de cincuenta gobiernos, de cuatro continentes, consideran a Guaidó presidente, y a la Asamblea que dirige, como único poder legítimo en el país. Los otros poderes, Ejecutivo, Judicial, Electoral, Ciudadano (Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo), más la fuerza armada, están alineados con Maduro.

Cambiar la Asamblea

El oficialismo se trazó como objetivo cambiar la cúpula de la Asamblea, para suprimir el molesto aspecto de poder dual. Mientras tanto, en los meses finales de 2019 se fueron alejando de los partidos opositores algunos parlamentarios que criticaron la gestión de Guaidó, y los diputados del oficialista Partido Socialista Unido (Psuv), que se ausentaron del parlamento desde 2017, regresaron a las sesiones.

Fue entonces cuando varios grupos pequeños se apartaron de la línea de las cuatro principales formaciones de la oposición y acudieron a una mesa de diálogo con el gobierno. Otro pequeño grupo, de derecha, se deslindó de la línea de Guaidó juzgándola demasiado débil. Esas jugadas, más algunas medidas del Supremo y de la Constituyente que ahuyentaron a parlamentarios, así como una merma en la popularidad de todos los políticos, conformaron el pasado diciembre un cuadro que hacía dudosa la reelección de Guaidó.

Algunos opositores declararon que el gobierno compraba diputados, sin mayores pruebas. Pero entonces el portal de periodismo de investigación Armando.infopublicó algunos documentos reveladores. Según estos, diputados opositores, incluido Parra, habían gestionado en el exterior la exculpación de un empresario vinculado al gobierno, Alex Saab, para que se desestimasen acusaciones en su contra por corrupción en la compraventa de alimentos subsidiados que se entregan a familias pobres, el mayor programa social del gobierno.

Los partidos políticos concernidos expulsaron a estos militantes y pidieron que se les investigase, pero los señalados, además de reivindicar su inocencia, declararon que se les cobraba su posición crítica respecto de Guaidó y los grupos políticos que lo respaldan abiertamente. El resultado es que, tras el asueto de fin de año, Parra, otros varios sancionados por partidos opositores, más algunos discrepantes con Guaidó, sumados a los diputados efectivos del Psuv, hicieron una tumultuaria sesión el 5 de enero y a mano alzada eligieron una nueva directiva para la Asamblea Nacional.

Tanto Parra como sus vicepresidentes, Franklyn Duarte y José Noguera, son políticos de provincia con una gris figuración en la escena política nacional. El oficialismo, por boca de Maduro, y su número dos en el Psuv, Diosdado Cabello, han reconocido a Parra como nuevo presidente de la Asamblea Nacional, pero presentan su enfrentamiento con Guaidó como una pugna interopositora. “Parecen borrachos peleando por una botella vacía”, comentó el siempre polémico Cabello.

Verja simbólica

Durante esa jornada, un hecho anecdótico se convirtió en un gesto de valor político. Un dispositivo policial-militar restringió el acceso al área del capitolio de los diputados de oposición y de los medios de prensa privados. Hay diputados que el gobierno no reconoce, aunque sí lo hace la directiva saliente del parlamento que encabezó Guaidó. El líder parlamentario reclamó a los militares que “o pasamos todos o ninguno”, mientras dentro del recinto los oficialistas y los opositores disidentes apuraban su sesión. Hubo forcejeo, asedio y agresiones de grupos irregulares oficialistas frente al capitolio, y, en el intento de superar el cerco, Guaidó probó a saltar sobre la verja que rodea el edificio. Los militares lo impidieron. Esa imagen no sólo fue recogida por la prensa nacional e internacional en el sitio, sino que a través de las redes sociales enfervorizó a sus partidarios. Más aun, opositores extremos que no pensaban sufragar por su candidatura le ofrecieron sus votos. Los países que desconocen a Maduro y apoyan a Guaidó protestaron por las trabas a los parlamentarios para que pudieran reunirse para sesionar. Y se sumaron a la protesta tres nuevos países: Argentina, México y Uruguay.

Mientras la imagen de Guaidó subido a la verja atraía nuevamente la atención internacional sobre Venezuela –bajo un timing adverso por la atención mundial al conflicto entre Estados Unidos e Irán, recordó a Brecha el analista argentino Andrés Serbin–, los diputados opositores realizaban en la sede del periódico opositor El Nacional una sesión con la compañía de diplomáticos europeos, y reeligieron a Guaidó con los votos nominales de 100 diputados. Parra reivindica 81 votos. La Asamblea no puede contar más de 167, pero unos y otros utilizaron suplentes, y la disparidad de números es parte del caos propio de toda la situación.

Guaidó luego –el martes 7– acudió con sus diputados al capitolio, de nuevo subió sobre la verja, sus compañeros forzaron el acceso y en el hemiciclo de sesiones aprobaron el acta de la nueva directiva. Guaidó juró además como presidente encargado de la República. Por otra parte, anunció que se independiza de su partido, el centrista Voluntad Popular, que dirige Leopoldo López –refugiado como “huésped” en la embajada de España–, para asumirse como conductor de todos los esfuerzos para que se desplace al actual gobierno y se elija uno nuevo. De modo que si bien el oficialismo puede expulsar del capitolio al sector del parlamento pro-Guaidó y otorgar reconocimiento y tareas al sector de Parra, Guaidó y los suyos logran galvanizar a la oposición e inyectarle nuevos bríos.

Semejante panorama presagia una renovada confrontación, lejos de las posibilidades de negociación y acuerdos para zanjar la crisis, mientras se ahondan los problemas sociales, marcados por el desplome de los servicios públicos como educación, salud, transporte, suministro de electricidad, gas para cocinar o agua potable. El sustrato es el hundimiento de la economía: el producto bruto interno es la cuarta parte de los 300.000 millones de dólares anuales que registró en 2012, la hiperinflación se mide en varios miles por ciento desde hace dos años, el dólar, que se cotizaba en 700 bolívares a finales de 2018, alcanzó los 78 mil bolívares 12 meses después. Los precios de los alimentos suben casi cada día y el salario mínimo ya ha perdido hasta su condición de referente, pues equivale a ¡menos de tres dólares al mes!

Los países vecinos tienen razones para preocuparse: son los principales receptores de 4,6 millones de personas que han migrado desde Venezuela (cuya población oficialmente es de 32 millones) desde 2015, según agencias de las Naciones Unidas. Esa cifra puede elevarse hasta 6 millones este mismo año.

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No contaban con mi astucia

El sorpresivo contragolpe de Guaidó

Ociel Alí López, desde Caracas

Brecha, 10-1-2020

La recuperación de Juan Guaidó del control del Legislativo este martes 7 de enero, tras haber sido sustituido dos días antes en circunstancias extraordinarias como presidente de la Asamblea Nacional, implica un reavivamiento de la política venezolana y genera nuevas expectativas en el campo opositor. Es que, desde que a comienzos de 2019 se intensificaron las presiones mundiales sobre Nicolás Maduro para que cediera su cargo como presidente de la república al presidente del Legislativo, por primera vez el oficialismo da un paso en falso al intentar suplantar a Guaidó y al grueso opositor a punta de tácticas y trabas que buscaban cambiar la correlación de las fuerzas en el parlamento.

La iniciativa de sacar a Guaidó del camino o, sobre todo, la forma en que se intentó hacerlo (el uso de la fuerza militar para limitar el acceso de algunos diputados al parlamento, el incumplimiento de las reglas mínimas para que la Asamblea sesione y la censura de la información de medios públicos y privados) es, hasta ahora, un fracaso del chavismo. Guaidó, cuyo liderazgo venía desfigurándose, logró dar un vuelco a la situación y revertir su desplazamiento, al menos temporalmente.

Cuando el domingo 5 un cordón de la Guardia Nacional Bolivariana permitió la entrada de todos los diputados menos de Guaidó y se dio con el apoyo del gobierno la votación y la juramentación relámpago –en medio de empujones y desorden– de un nuevo presidente de la Asamblea Nacional proveniente de un ala disidente de la oposición, todo era previsible. El gobierno de Maduro contaba con un nuevo panorama nacional e internacional que le permitía sacarle la silla a Guaidó, quien cuenta con el aval de Estados Unidos y ha sido reconocido por más de 50 países desde enero de 2019. Claro, ya en 2020, Estados Unidos privilegia el conflicto con Irán y muchos países de América Latina que impulsaron en su momento a Guaidó tienen crisis internas que les impiden generar acciones internacionales importantes. Además, las cartas que han puesto sobre la mesa la coalición opositora y Washington vienen fracasando estruendosamente en su objetivo de sacar a Maduro del poder. Así, todo parecía muy fácil para el oficialismo.

Pero la situación se complicó cuando dos días después Guaidó y los diputados opositores se presentaron en la Asamblea Nacional y, tras empujones con la Guardia Nacional y sorprendiendo a los diputados disidentes que sesionaban junto con los oficialistas, juramentaron otra vez a la junta directiva presidida por Guaidó. A pesar de que lo que sobresalió es la incapacidad de ambos bandos de generar solidez a la institucionalidad parlamentaria, esta toma intempestiva revirtió el momento de máxima debilidad de la oposición, y especialmente de la figura de Guaidó, y pasó a generar consecuencias adversas para el chavismo en varias esferas de interés.

Consecuencias de la pugna entre poderes. Por primera vez el chavismo acusa recibo de un contragolpe efectivo. De una manera inexplicable han quebrado sus defensas. ¿O ha habido negociación para permitir nuevamente la entrada de Guaidó? Se deja colar en el ambiente opositor la idea de que el gobierno puede ceder y es derrotable, algo que nadie creía desde hace algunos meses. Y que la misma toma que ocurrió en el Palacio Legislativo podría pasar, a pocas cuadras, en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo. La oposición siempre peca de sobredimensionar sus triunfos parciales, aunque esta vez, ciertamente logró volcar la situación.

A lo interno de la oposición, el contragolpe de Guaidó ha generado entusiasmo y ha unido sectores que, hasta hace horas, se enfrentaban agónicamente. Mientras se sucedían estos acontecimientos, Guaidó alcanzó a pedir a Voluntad Popular, su partido, que lo liberara de la militancia como forma de responder a la presión de los sectores que confrontan a su líder Leopoldo López. El partido accedió, y esto permitió, en parte, recomponer la mayoría parlamentaria.

Guaidó es hasta el momento el gran triunfador de estas jornadas. Condujo la toma del palacio y agregó una performance agresiva que le permitió cautivar nuevamente a los más radicales. Sin duda, ha tomado un nuevo aire con esta acción.

En el plano internacional, la acción del 5 de enero, llamada 5E, ha producido una ruptura profunda entre el gobierno de Maduro y los nuevos gobiernos progresistas de América Latina. Especialmente agresivo fue el intercambio entre el canciller argentino Felipe Solá y sectores del gobierno venezolano. México y España también condenaron la acción chavista. El 5E está produciendo un mayor aislamiento político de Caracas, que había expresado su deseo de establecer alianzas con el nuevo ciclo de gobiernos progresistas que apenas comienza.

La tardanza del gobierno en calificar y explicar el hecho de la toma de la Asamblea por parte de Guaidó aumentó la incertidumbre. No hay claridad de cómo va a reaccionar ante el hecho y si va a seguir reconociendo a la directiva parlamentaria escogida el 5 de enero.

Toda esta confusión puede tener un final feliz. Este año deben convocarse, por mandato constitucional, las nuevas elecciones legislativas. Al oficialismo podría interesarle, incluso, que ocurrieran en el primer trimestre del año para fomentar la división opositora entre los abstencionistas y los que llaman a participar. Antes de terminar el año pasado, la oposición amagó con asistir a los comicios cuando formó, junto con el oficialismo, un comité para preparar la nueva designación del Consejo Nacional Electoral. Los acontecimiento del 5 y 7 de enero tenderán a acrecentar la tendencia radical y abstencionista de la oposición y, en consecuencia y paradójicamente, a dejar el Poder Legislativo en manos del chavismo. En todo caso, el intento de desplazar a Guaidó parece haber sido un error de cálculo del gobierno, una iniciativa a todas luces innecesaria dada la proximidad de las elecciones legislativas.