Para la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, hay personas tan “rotas” que necesitan un “acompañamiento de por vida” por tener “escindida su capacidad de sentir de su capacidad de pensar”.

Juan Pablo Mosteiro y Juan Pittaluga

Búsqueda, 2-1-2020

Correspondencia de Prensa, 7-1-2020

Cuando se licenció en Lingüística por la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, Ana Juanche nunca pensó que iba a terminar a la cabeza del sistema carcelario uruguayo. Hay un gran trecho del estudio del latín a gestionar un mundo caótico con las personas más violentas del país, pero una carrera profesional orientada a los movimientos sociales y los derechos humanos acortó ese camino.

Fue justamente esa sensibilidad humanista la que derivó en el llamado de Eduardo Bonomi, ministro del Interior, para que Juanche se integrara en 2016 al equipo directivo del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Desde entonces se ha enfocado en aportar una mirada alternativa para llegar, “casi 50 años después”, a los programas educativos, laborales y psicológicos que se aplican a los reclusos en los países anglosajones.

Desde junio tiene la posibilidad de profundizar en ese enfoque, cuando la fuga de Rocco Morabito ocasionó su ascenso ante la renuncia del entonces director Alberto Gadea. Pero la tarea no es fácil: Uruguay tiene un récord de 11.519 presos con prioridades presupuestales que “van por otro lado” e impiden, según Juanche, sacar de las prisiones al menos a 2.500 personas de bajo riesgo; la falta de inversión determina también que no existan las suficientes “intervenciones cognitivas y conductuales” para que un delincuente aprenda a ser vulnerable cuando la víctima le implora “¡no me mates!”.

Para Juanche, esa es la única forma de disminuir los altos índices de robos, rapiñas y homicidios que alcanzó Uruguay, y también de evitar la pena de muerte y la cadena perpetua. “No es un pensamiento naif. Lo mejor que puedan volver esas personas redunda en beneficios de todos”. A continuación, un resumen de la entrevista de la primera mujer en dirigir el INR con Búsqueda.

—¿Con qué se encontró en estos seis meses como directora del INR?

—Este recorrido como directora ha sido breve, por lo cual el balance debería hacerlo desde octubre de 2016, cuando pasé a integrar el equipo que dirige la institución. En ese momento cuando el ministro me convoca me pide trabajar en tres cosas muy concretas: la clasificación de la población privada de libertad, la promoción de los programas de rehabilitación y aumentar la posibilidad de que las personas trabajaran y estudiaran. A partir de ahí comencé a trabajar con una mirada integral. Lo primero que hice fue un plan estratégico a tres años, hasta 2019, y con esa herramienta pudimos reorganizar un poco el curso institucional, que era muy urgente y le faltaba un poco la mirada más a mediano y largo plazo. Y creo que con ese plan pudimos ordenar bastante el rumbo, aunque quedan muchas cosas por consolidar y otras tantas por desarrollar.

—Da la sensación de que el país no tiene una política carcelaria definida.

—Al Uruguay le hace falta una política pública para la ejecución penal, que trascienda al INR y que trascienda al gobierno de turno, al partido político de turno. Para entender la rehabilitación el Estado se debe comprometer y debe adecuar sus políticas al contexto de la privación de libertad y al perfil de las personas que transitan esa situación. El INR tiene la directriz de liderar esas políticas pero hacen falta muchas otras cosas: una política educativa que se adecue al contexto; una política integral de la salud que atienda los múltiples problemas, de drogas, mentales, de alimentación, bucales; las políticas habitacionales, porque la persona si sale tiene que retornar al barrio donde consumió drogas y se vinculó al delito, vuelve a la misma rosca y no quiere hacerlo, pero no tiene alternativas certeras ni suficientes; y por supuesto en el área de trabajo, donde las personas para generar una vida fuera del delito deben tener alternativas laborales reales, porque si no se pueden insertar eficientemente en el mercado de trabajo, van a tener poca sostenibilidad en la sociedad.

—Desde 2010 han pasado por el INR siete directores distintos, incluida usted. ¿Cómo se logra esa política a largo plazo con tan alta rotación en el cargo más importante?

—El cambio del gestor es secundario si la política está trazada. El problema es cuando se conjugan las dos cosas. Y este INR actual no es el mismo de hace tres años cuando yo ingresé. Ahí era más complejo, entiendo yo que el viraje que hemos dado en estos últimos tres años es el rumbo a mantener. Por ahora se ha organizado todo con actos administrativos internos porque no hay una ley de organización del INR y en eso el Estado es omiso: para legitimar, además del presupuesto y de la idea hay que ponerle norma. Hace falta una ley de ejecución de penas que diga qué es lo que le compete al INR, tenemos una ley vetusta que es el decreto 14.470 del año 1976, de la dictadura. El sistema mutó, no podemos seguir con un marco legal parcial, desactualizado, que deja muchos agujeros y mucha discrecionalidad a la administración penitenciaria.

—Así como en la educación especialistas y autoridades miran a Finlandia como modelo, ¿existe algún país al cual a usted le gustaría aproximarse en materia carcelaria?

—Más que un país modelo nos inspiramos en los modelos anglosajones, que funcionan muy bien desde la década de los 70. Fíjense, estamos llegando casi 50 años después a cosas que estos países tienen muy resueltas como la clasificación y la evaluación de las personas según un perfil de riesgo, criminológicos. Venimos llegando después para entender que trabajar y estudiar es fundamental pero no suficiente para que las personas se rehabiliten. Nosotros en estos tres años hemos ordenado el sistema, clasificando y evaluando a las personas con un modelo de riesgo. Antes una persona entraba a una cárcel dependiendo del técnico que la recibiera, sin transparencia ni trazabilidad. Hoy tenemos un sistema con una misma herramienta de evaluación para todos, con un destino que lo decide una junta nacional según el perfil criminológico y social de la persona.

—Y una vez dentro del sistema, ¿cómo debe tratarse al recluso?

—Las decisiones de las personas privadas de libertad están condicionadas por sus necesidades criminógenas: si es un usuario problemático de drogas, probablemente tome malas decisiones y salga a robar para consumir, que es el delito que tiene más representación del total. En Uruguay ocho de cada 10 personas que ingresan al sistema penitenciario declaran ser usuarios problemáticos de drogas, y de esos ocho entre seis y siete dicen que en los últimos meses la motivación para cometer el delito fue consumir. Es evidencia pura. Entonces para modificar esas necesidades criminógenas hay que trabajar sobre las conductas, sobre los pensamientos. Los sistemas anglosajones tienen programas de control de agresión de género, de agresión sexual, de control de adicción de drogas que se trabajan inmediatamente, enseguida que una persona ingresa al sistema, y por varias fases. Son intervenciones cognitivas conductuales donde las personas aprenden a modificar sus conductas y que se mantienen una vez que las personas egresan del sistema. Son programas masivos, disponibles para todos, pero nosotros los tenemos solo en algunas unidades, de manera incipiente, con mucho esfuerzo. Y se necesitan si queremos que una persona aprenda a ser vulnerable al grito del otro cuando le dice “¡no me mates!”. Que aprenda a escuchar al otro y pueda poner su necesidad en segundo plano frente al dolor del otro y pueda pensar que está vulnerando una vida.

—¿Por qué no se amplían estos programas?

—Implica una inversión muy grande del Estado, pero es una inversión imprescindible, porque trabajando con la población privada de libertad es que vamos a abatir los índices de delitos. Esta evidencia internacional muestra que los modelos basados en riesgo y necesidad de respuesta funcionan. Esto está probado que funciona porque baja la tasa de retorno al sistema a mediano y largo plazo. Esa tasa hoy en Uruguay es del 64%. Con ese tipo de programas, en vez de que salga de la cárcel por tentativa de hurto y a los cinco días vuelva a ingresar porque intentó abrir un auto o robar una garrafa, capaz que la próxima entrada la prolongamos dos meses y la siguiente seis meses. Pero estamos en un país que tiene recursos finitos y un presupuesto acotado. El país va a tener que ver cómo negocia las prioridades.

—La directora del Inisa (Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente), Gabriela Fulco, dijo el año pasado que “el quiebre de códigos” en algunos jóvenes infractores es tan profundo que no hay esperanza de rehabilitarlos. ¿Comparte?

—Creo en la posibilidad del cambio de la persona, si no, no podría liderar una institución como esta, porque asumiría que gestiono el horror, la miseria, lo peor del ser humano, y sería la mía una gestión hipócrita. Si no, creemos en la posibilidad del cambio de la persona, ¿qué vamos a hacer? O le ponemos un acompañamiento de por vida o vamos a medidas más drásticas como las que ponen otros países, como la pena de muerte, como la cadena perpetua, que son debates que nosotros ya hemos superado ampliamente como sociedad. La de hoy no es la cárcel del siglo XVIII, de encierro y castigo.

—Pero qué hacer con aquellas personas que son más difíciles de recuperar.

—Sí, hay personas que por su grado de deterioro socioemocional el trabajo es muy duro. Diariamente nos enfrentamos con personas que están muy rotas, muy rotas, que están quebradas, que tienen escindida su capacidad de sentir de su capacidad de pensar. Disocian el pensamiento del sentimiento y con eso es que tenemos que trabajar. Pero tenemos que pensar que por suerte no tenemos pena de muerte ni tenemos cadena perpetua, entonces esas personas van a volver a la sociedad, y lo mejor que puedan volver redunda en beneficio de todos. Todos los reclamos y opiniones que piden que estas personas “pasen mal, que sufran”, solo refuerzan eso que ya está roto, y si les decimos a estas personas que no valen un plato de comida digna, un colchón cómodo, una celda sin insectos, reforzamos su parte negativa. Sé que no es una tarea fácil, que es difícil, pero se puede hacer porque muchos sistemas con índices de violencia mucho más altos han podido revertir ese tipo de conductas. Si queremos que la persona vuelva, aun tras cometer el peor crimen de todos, con una sentencia de 30 años, yo voy a querer que esa persona vuelva en otras condiciones.

—Usted plantea una abordaje integral desde el lado humano…

—Sí, pero este no es un pensamiento naif.

—En junio la Guardia Republicana (Policía militarizada) pasó a hacerse cargo de la seguridad de las cárceles. ¿Cómo ha funcionado hasta ahora?

—En términos generales mi balance es que ha sido positiva la incorporación porque es mentira que la gente puede salir a estudiar o a trabajar en una unidad en un contexto inseguro. La seguridad es una pata básica, por eso no hablo de una mirada naif que prescinda de la seguridad. Sabemos que estamos trabajando en algunos casos con personas que son violentas, que no regulan sus conductas, que están atravesadas por síndromes de abstinencia, que actúan y después piensan. Todo eso hay que tenerlo muy bien controlado y eso se controla con la seguridad dinámica, del operador del INR que en la convivencia diaria está pendiente en forma permanente del micromundo de las personas, por ejemplo, de aquel que tiene deudas de drogas o problemas familiares  y de la seguridad estática, más vinculada a la Guardia Republicana, a la respuesta con el uso de la fuerza.

—¿Hay actualmente hacinamiento en el sistema penitenciario?

—No, ¡pero ojo: hoy! Porque esto… qué sé yo, si la operación que el Ministerio del Interior siempre hace en verano es efectiva y el índice de delito sube en verano como suele pasar, vamos a tener menos plazas en cualquier momento.

—¿Cuántas son las personas privadas de libertad al día de hoy?

—Hoy tenemos 11.519 personas privadas de libertad (1), por eso es necesaria una política de Estado, pensar qué se va a hacer con la política criminal, si nuestro país puede sostener de forma responsable el índice de prisionalización que tenemos, que es altísimo en la región y es altísimo en el mundo.

Uruguay701 I—¿Cuál cree que debe ser el límite de personas privadas de libertad?

—Yo creo que hoy dos de cada 10 que están presos no deberían estarlo. Hoy tenemos 2.500, casi 3.000 personas que podrían estar perfectamente en una medida no privativa de libertad. Hay que discutir profundamente a quiénes vamos a encarcelar. La clasificación y la evaluación hay que hacerla antes, previo a la sentencia: en el momento de la negociación, cuando la Fiscalía esté imputando a la persona, en el juicio se formalizó y está en la investigación, ahí hay que hacer el estudio del perfil criminológico y ver si tiene sentido encarcelar a la persona o tiene sentido fortalecer el sistema de medidas alternativas y acompañarla en el medio libre.

—¿No implica eso un peligro?

—No, en los sistemas modernos las personas con bajos riesgos no entran al sistema. Van a medidas alternativas que brindan determinadas prestaciones para que puedan cumplir la pena de otra forma, porque es poco probable que puedan cometer un delito. La evidencia internacional muestra que si una persona tiene bajo riesgo, cuando ingresa a la cárcel lo que hace es intensificarlo. Eso se llama contacto criminógeno. Esa gente no debería entrar a la cárcel para evitar un costo mayor a posterior que es fortalecer ese riesgo que era bajo. Sobre todo las personas primarias, jóvenes, que no vienen de trayectorias delictivas iniciadas tempranamente. Sí deben entrar las personas con riesgo medio y alto.

—¿Y deben hacerlo en cárceles masivas como el Penal de Libertad o en unidades más chicas, como las chacras policiales?

—Tengo una posición personal y en eso hay un consenso hasta del propio ministro del Interior. Nadie duda de que las unidades más pequeñas, de hasta 500 personas, son las unidades manejables a escala humana, donde uno puede conocer y seguir a todas las personas, e incluso a nivel administrativo y burocrático es más abarcable. Ahora, gigantes como los que tenemos nosotros como la Unidad Nº4 Santiago Vázquez… ¡3.500 personas o 3.600 personas! Eso es imposible de gestionar a escala de proximidad. Tendrías que tener un caudal de funcionarios que tampoco cabe ahí.

Nota

1) De las 11.519 personas encarceladas, el 98% son varones, la mayoría pobres y menores de 35 años, con poca experiencia laboral, baja escolarización, nacidos y crecidos en los barrios de las periferias urbanas. De ese total, 624 son mujeres que, en forma creciente, son condenadas por delitos como el robo, el hurto, la rapiña, la extorsión, y la tenencia y micro-comercialización de drogas ilegales..(Redacción Correspondencia de Prensa)