Tras meses de protesta social, los chilenos consiguieron uno de sus objetivos: votarán si desean o no una nueva Constitución. La protesta social podría desterrar una de las principales herencias del pinochetismo.

Nueva Sociedad, diciembre 2019

Correspondencia de Prensa, 4-1-2020

Hace pocas semanas, legisladores y líderes de casi todas las facciones políticas chilenas llegaron a un acuerdo histórico. En medio de las persistentes protestas sociales en el país, anunciaron un referéndum para un nuevo proceso constitucional. ¿Cómo pudo un alza de 3% del precio del metro estremecer el fundamento de un país supuestamente estable y próspero y convertirse en una verdadera revolución constitucional?

Los analistas han explicado que la historia de éxito macroeconómico en Chile eclipsó serias fracturas socioeconómicas y políticas en la sociedad. Aunque la riqueza de los multimillonarios en Chile equivale casi a 25% del PIB del país, la clase media está cada vez más endeudada y lucha por mantenerse a flote frente a los altos costos de la educación y del sistema de salud, y percibiendo pensiones precarias e inestables. Otros han destacado las fallas políticas: el poder político está muy concentrado entre las elites económicas, lo que crea en los chilenos una sensación generalizada de enajenación política. La desconfianza en los partidos políticos y en las instituciones creció debido a bloqueos políticos permanentes en el Congreso y a los escándalos de corrupción.

Las actuales protestas son el producto de un antiguo descontento y expresan tensiones latentes. Durante la pasada década, se produjeron manifestaciones contra la desigualdad en el acceso a la salud, contra el inequitativo sistema de pensiones y contra los altos costos de acceso a la educación. Ahora, la consigna de los manifestantes en la «revolución de los 30 pesos», como se la ha llamado, es que «no es por 30 pesos, sino por 30 años de abuso del poder». En el principio, las protestas eran contra la Constitución de 1980, con la que Augusto Pinochet cimentó un modelo político-económico basado en el mercado dentro del sistema económico del país. En efecto, muchos de los desbalances socioeconómicos y políticos de Chile se desprenden de esta Constitución.

La gran sombra de Pinochet

Probablemente, el acuerdo entre Pinochet y la oposición para mantener la Constitución de 1980 –aunque con enmiendas– haya sido el fundamento para la aclamada democratización pacífica de Chile en 1990 y el garante de la estabilidad y prosperidad en el mediano plazo. Pero la Constitución también impedía una transformación estructural de los éxitos económicos del país en un Estado de Bienestar basado en la distribución. Además, limitaba el desarrollo a largo plazo de una democracia de pleno derecho.

El arquitecto de la Constitución de 1980, Jaime Guzmán, construyó regulaciones y normas legales e institucionales que consolidaron la visión política del régimen socioeconómico neoliberal al final de la dictadura. Uno de los más importantes «enclaves autoritarios» fue el sistema electoral binominal que, efectivamente, creó un sistema bipartidista.

Por mucho tiempo, este sistema estuvo dominado por coaliciones de centroizquierda y centroderecha y excluía a partidos minoritarios de la participación política. Además, tenía varios requisitos de mayorías extraordinarias y alto quórum para enmendar la Constitución y sus «leyes orgánicas» (vinculadas al sistema de educación, al sistema electoral y al Tribunal Constitucional). Para colmo, le otorgaba de facto poder de veto a una minoría política (que incluye a los herederos políticos de la dictadura). Finalmente, el Tribunal Constitucional, predominantemente conservador, fue investido con poderes de gran alcance, entre ellos el poder de descartar medidas legislativas que considerara inconstitucionales de forma preventiva, mientras estas eran discutidas en el Congreso.

Esta situación fomentó la «política de los acuerdos», es decir, la búsqueda de consenso entre centroderecha y centroizquierda que caracterizó la toma de decisiones post-Pinochet. Las reformas políticas no se discutían a través de deliberación participativa, de elecciones o de debates legislativos, sino a través de negociaciones a puertas cerradas entre las elites políticas. Este sistema trajo consigo estabilidad política pero a expensas de una débil representación democrática y de la ausencia de reformas socioeconómicas fundamentales.

Desde el final de la dictadura se han ido eliminando los «enclaves autoritarios» de Pinochet. La Constitución de Chile fue enmendada en más de 30 ocasiones. Se abolieron las secciones más explícitamente autoritarias de la Constitución, se reformaron las atribuciones de los tres poderes del Estado y, finalmente, se sustituyó el sistema electoral binominal por un sistema de representación proporcional, aunque se mantuvieron los requisitos de mayorías extraordinarias para las reformas constitucionales.

Las reformas, sin embargo, se lograron con una mínima participación pública y fueron el producto de negociaciones de alto nivel dentro de la elite política tradicional. Como resultado, las instituciones políticas seguían siendo más conservadoras que la sociedad chilena. De hecho, varias reformas socioeconómicas (fiscales, educativas, etc.) no atendieron los problemas reales de la población. Por eso, las sucesivas reformas no hicieron que la Constitución ganara mayor legitimidad. Muchos chilenos aún la consideran como la «Constitución de Pinochet».

Intento fallido de transformación constitucional de Michelle Bachelet

Desde 2006, la sociedad chilena ha tendido a descreer cada vez más de la idea fundamental de la Transición: la de garantizar un marco de estabilidad política y crecimiento económico, antes que atender los conflictos distributivos y las necesidades sociales. Antes de las elecciones presidenciales de 2013, un movimiento animó a los votantes a marcar en sus papeletas el lema «AC», en señal de reclamo para que se instituyera una Asamblea Constituyente fuera del marco institucional existente con el fin de redactar una nueva Carta Magna. Cerca de uno de cada diez votantes marcaron sus papeletas de esta manera.

La presidenta Michelle Bachelet ganó las elecciones de ese año y asumió el mando con una coalición de centroizquierda llamada Nueva Mayoría, con la aspiración de no solo cambiar el modelo político-económico (a través de reformas fiscales y educativas), sino también de abordar los últimos remanentes del legado institucional de la dictadura.

En 2015, Bachelet anunció un proceso constitucional ambicioso, participativo e inclusivo para sustituir la Constitución de 1980. Por primera vez, los ciudadanos chilenos estaban directamente involucrados en una reforma nacional a través de un proceso innovador, que incluía asambleas ciudadanas en toda la nación mediante encuentros locales autoconvocados o cabildos.

Sin embargo, el proceso se encontró frente a la pared de las costumbres que habían marcado la política chilena desde la transición. Generalmente, los políticos conservadores y de derecha dudaban de la necesidad de un cambio constitucional y destacaban que casi todos los «enclaves» de Pinochet habían sido erradicados. En ausencia de algún acuerdo entre los partidos sobre el mecanismo de enmienda constitucional (a través de Asamblea Constituyente o en el Parlamento), los políticos de centroizquierda no vieron una oportunidad realista para superar las barreras constitucionales de las mayorías extraordinarias.

Finalmente, el impulso de reforma constitucional se debilitó cuando el texto final se redactó a puertas cerradas. Líderes políticos de todos los sectores se sintieron enajenados del proceso y lo señalaron como una «estafa», lo que causó que muchos chilenos se sintieran decepcionados y desmotivados.

Volviendo al libreto tradicional de «grandes acuerdos», Sebastián Piñera –el sucesor conservador de Bachelet– retiró el borrador constitucional y puso fin al debate de una nueva Constitución. En su lugar, propuso un proceso de reforma institucional con eje en la resolución de problemas y la gestión, por sobre la representación y la consolidación democrática.

Marea de cambio constitucional

Frente a los disturbios en curso, la lógica tradicional del ambiente político en Chile parece estar modificándose. Los intentos de Piñera de apaciguar a los manifestantes con un cambio de gabinete y con promesas de reformas políticas mayores han sido en vano. Las cifras abismales de aprobación de un referéndum constitucional, el apoyo sin precedentes al cambio de Constitución por buena parte de los partidos políticos y también en distintos ámbitos de gobierno, incluyendo el Poder Judicial, finalmente presionaron al presidente Piñera.

El último intento participativo de redacción constitucional dejó una marca muy clara en los ciudadanos. Los chilenos de todo el país y en el extranjero han retomado los Cabildos, que fueron parte del proceso de redacción constitucional anterior. Los políticos se han dado cuenta de que la tradición antigua de «grandes acuerdos» no será suficiente esta vez.

En abril de 2020, los chilenos votarán si desean o no una nueva Constitución y qué forma tendrá el organismo constituyente. En cualquier caso, si los chilenos optan por una reforma constitucional, las negociaciones no se harán en las instituciones tradicionales, sino en una Convención Constituyente.

Aunque muchos detalles del proceso aún no están definidos y una Constitución no es una panacea, las protestas han abierto una oportunidad histórica para salir de la gran sombra de Pinochet y moverse hacia una sociedad más equitativa.

– Felix-Anselm van Lier es un estudioso de derecho público que se centra en los procesos de elaboración de constituciones. Actualmente trabaja como investigador en el Instituto Max Planck de Antropología Social, donde investiga el papel de la tecnología en la elaboración de constituciones. Es licenciado en Derecho y Antropología por las universidades de Bremen, Turín y la London School of Economics and Political Science. Completó su doctorado en la Universidad de Oxford en 2018. Entre otros, trabajó como consultor para el Centro Bingham para el Estado de Derecho, Democracy Reporting International, la Fundación Berghof y Abogados por la Justicia en Libia.