La excarcelación de más de 300 presos políticos marcó el año político 2019, pero la dictadura no cumplió el acuerdo de liberarlos a todos

Wilfredo Miranda Aburto/Maynor Salazar

Confidencial, 31-12-2019

Correspondencia de Prensa, 2-1-2020

La excarcelación de la mayoría de los presos políticos, entre ellos varios de los líderes representativos de la protesta cívica contra la dictadura, marcó el año político en 2019. Aunque fueron liberados bajo la polémica ley de autoamnistía, aprobada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, su excarcelación representó un nuevo aliento a la demanda nacional de justicia, democracia y la exigencia de la salida de la dictadura del poder.

La excarcelación no fue completa. Desde junio a diciembre de 2018, el régimen volvió a nutrir sus celdas con 170 reos de conciencia. Nicaragua experimenta, por segundo año consecutivo, una Navidad con presos políticos. La demanda de la liberación total y sin condiciones de todos los reos de conciencia sigue definiendo la agenda del cambio político. La propuesta de reformar el sistema electoral, antepone como condición sine qua non la liberación de todos los reos políticos, entre ellos al menos nueve presos políticos reencarcelados.

La represión sostenida, que incluye asesinatos selectivos en el campo y la ciudad a mano de policías y paramilitares, así como la persecución encarnizada contra la Iglesia católica, han determinado la nueva etapa de la crisis sociopolítica iniciada en abril de 2018. Sin embargo, la obstinación del régimen por mantener un estado policial ha chocado con la resistencia ciudadana.

La comunidad internacional también ha redoblado la presión por abonar a una salida cívica y negociada a la crisis, que pasa por elecciones adelantadas, libres y transparentes. Ante la intransigencia de los Ortega-Murillo, las sanciones han sido la respuesta internacional, aislando a un régimen que alega, sin credibilidad, que fue “víctima de un golpe de Estado”. Estados Unidos sancionó en 2019 a dos hijos de la pareja presidencial: el “delfín” Laureano Ortega Murillo, y Rafael, el principal operador de las finanzas de El Carmen. El Gobierno liberal de Canadá, que encabeza Justin Trudeau, también se sumó a sancionar a personeros de la dictadura ante las perturbadoras pruebas de las violaciones de derechos humanos cometidas contra los nicaragüenses. Mientras, la Unión Europea se alista para endurecer y “tomar acciones concretas” contra el régimen.

En paralelo a las sanciones, a nivel diplomático la Organización de Estados Americanos (OEA) inició el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que en caso de concretarse supondría la expulsión de Nicaragua del organismo. Mientras, las proyecciones económicas para Nicaragua apuntan a un tercer año consecutivo de recesión económica, en tanto no se arregle la crisis sociopolítica.

Estos son los doce hitos del balance del 2019 en Nicaragua, frente a una región latinoamericana convulsionada por protestas sociales, la renuncia de Evo Morales, en Bolivia, y la amenaza de un juicio político contra Donald Trump, en Washington.

Antes y después de la excarcelación de los presos políticos

Nicaragua amaneció convulsa la madrugada del martes 11 de junio: la dictadura liberó a la mayoría de los más de 400 presos políticos que mantenía en las cárceles tras las protestas que estallaron en abril de 2018. Los rostros más visibles de la oposición azul y blanco, entre ellos líderes sociales, universitarios, campesinos y periodistas fueron excarcelados.

Semanas antes, el régimen había liberado a cuenta gotas a otros reos de conciencia, a medida que el diálogo con la Alianza Cívica, que contó con el acompañamiento del nuncio apostólico Stanislaw Waldemar Sommertag y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La liberación de los presos políticos finalmente fue ejecutada bajo la ley de autoamnistía, aprobada por el régimen, que más que proveer libertad a los detenidos, propicia la propia impunidad de los autores de la masacre. Sin embargo, la liberación de la mayoría de los presos políticos fue asumida por la ciudadanía como una victoria ante la dictadura, revitalizando el ánimo de la lucha cívica. Los excarcelados nunca se rindieron y se convirtieron en una nueva fuerza política en la lucha que demanda el fin de la dictadura. Este 30 de diciembre la presión cívica obligó al régimen a liberar a 91 reos de conciencia más.

La demanda de liberar a los últimos 168 rehenes políticos

Tras la liberación de la mayoría de los presos políticos, la Alianza Cívica denunció que el régimen no excarceló a más de 80 reos de conciencia. De junio a diciembre, el número aumentó a 168, ya que el estado policial continúa deteniendo a los ciudadanos que siguen manifestándose contra la dictadura. Al final, tras la excarcelación este 30 de diciembre, en las celdas de la dictadura quedaron 65 personas.

A mediados de noviembre, la demanda por la liberación total de los presos políticos tuvo como epicentro la iglesia San Miguel, en Masaya. Madres de los reos de conciencia realizaron una huelga de hambre bajo la tutela del sacerdote Edwin Román, durante nueve días. El régimen ordenó cercar el templo para impedir que a las mujeres les llegara agua y medicamentos. Cuando un grupo de 13 activistas de la Unidad Nacional Azul y Blanco, entre ellos la excarcelada Amaya Coppens, intentó llevarles agua, fueron detenidos y querellados por cargos inverosímiles como tenencia ilegal de armas de fuego. Los familiares de presos políticos comenzaron por segundo año consecutivo una cruzada demandando Navidad sin presos políticos.Nicaragua201 II

Las ejecuciones extrajudiciales en el norte

La familia Montenegro, originaria del Cerro Kilambé, en Jinotega, representa a cabalidad una de las nuevas etapas de la represión en Nicaragua: las ejecuciones selectivas de campesinos en el norte de Nicaragua, en especial en las zonas rurales de Jinotega. Cuatro integrantes de la familia Montenegro fueron ejecutados de forma violenta en 2019. Es una familia opositora que participó en los tranques levantados durante la Rebelión de Abril. En diez meses, en el campo se desató una espiral violenta: 66 personas fueron asesinadas, de acuerdo a la investigación de Elvira Cuadra, socióloga y experta en temas de seguridad. Lo llamativo es que las víctimas y las personas que cometieron los asesinatos tenían una vinculación política. Los perpetradores de los crímenes se vinculan con policías y, principalmente, paramilitares.

El asesinato de Eddy Montes

Antes de la excarcelación de la mayoría de los presos políticos, el 16 de mayo el reo de conciencia, Eddy Montes, fue asesinado por un custodio de la cárcel La Modelo. La muerte de este ciudadano norteamericano, que residía en Matagalpa, sacudió al país, confirmando de la peor manera los malos tratos contra los reos de conciencia en las prisiones de la dictadura. El asesinato de Montes, que hoy se mantiene en la impunidad, provocó el retiro de la Alianza Cívica en el diálogo nacional, así como un paro nacional en protesta, demandando la liberación de los presos políticos.

Los asesinatos políticos también continuaron en las ciudades. En la ciudad de León, la Policía asesinó al joven autoconvocado Bryan Murillo López. En Matagalpa, el paramilitar Juan Pablo Ortiz fulminó de un disparo en la frente a la joven ciudadana estadounidense Ariana Enid Martínez. Y en diciembre, la Policía abatió en Masaya a José Isaías Ugarte, alias Chabelo, quien participó en la Rebelión de Abril y estaba clandestino hasta que fue acribillado por los oficiales.

El estado de sitio policial

Tras el fracaso del segundo diálogo nacional, la dictadura redobló el estado de sitio policial en todo el país. Patrullas rondan día y noche las ciudades con el único fin de impedir manifestaciones y la libertad de movilización. Pese al férreo control de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, los ciudadanos se manifiestan, desafiando la represión. La imposición del estado policial refrendó la falta de voluntad política para asumir los compromisos adquiridos en la mesa de negociación con la Alianza Cívica, como es la restitución de las libertades públicas.

La demanda por un paro nacional indefinido continúa siendo un reclamo de diferentes sectores de la ciudadanía, en Nicaragua y en el exilio, que aún no es consensuado entre los diferentes actores políticos y económicos.

La persecución contra la Iglesia católica

La dictadura desató una campaña de persecución contra la Iglesia católica, asediando a obispos, sacerdotes y feligreses, que se solidarizaron con las víctimas de la represión.

Durante la Semana Santa, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, anunció su exilio forzado en Roma, a solicitud del papa Francisco.

Las iglesias católicas se convirtieron para la ciudadanía en refugios para protestar contra el Gobierno y burlar el estado policial impuesto en las calles. Los templos, que parecían lugares sagrados y seguros, fueron profanados por oficiales, paramilitares y simpatizantes sandinistas.

La Catedral de Managua, de León, e iglesias en Matagalpa y Masaya fueron atacadas y cercadas por el régimen. La profanación de templos se inscribe en una escalada de violencia de la dictadura contra la Iglesia católica. Sacerdotes, monjas y hasta obispos han sido agredidos físicamente.

La demanda de justicia de las Madres de Abril

A pesar de que la Fiscalía no dio paso a ninguna investigación para encontrar a los verdaderos culpables de la matanza orteguista, la Asociación Madres de Abril (AMA), que reúne a familiares de las víctimas de la rebelión cívica, continuó exigiendo justicia por todos los asesinatos cometidos por los grupos irregulares del Gobierno.

AMA interpuso al menos 26 recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, que se recetó el régimen orteguista para tratar de proteger a los policías y paramilitares que participaron en la masacre del 2018.

Las Madres de Abril dignificaron la memoria de sus familiares en el Museo de la Memoria contra la Impunidad, que reúne las historias de 71 víctimas de la represión, con fotografías, videos, recuerdos y más de 200 objetos personales. Fue instalado por dos meses en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (Ihnca) de la UCA, y permanece activo virtualmente en una plataforma multimedia.

Las sanciones internacionales a funcionarios y empresas orteguistas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en 2019 a nueve funcionarios del régimen orteguista y cuatro empresas ligadas a la pareja dictatorial de El Carmen. Entre los sancionados están dos hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo: Laureano y Rafael.

Las sanciones al mayor de los hijos de Ortega, fueron “un duro golpe al poder económico” del régimen, pues este administra de manera discrecional la cooperación venezolana para patrocinar a la familia gobernante desde el 2007.

Además de las afectaciones individuales, el Tesoro sancionó al Banco Corporativo, la red de gasolineras DNP Petronic, Inversiones Zanzíbar y El Goliat. A las sanciones de Estados Unidos se sumaron las impuestas por Canadá.

Junto con los hermanos Ortega Murillo fueron sancionados, a lo largo del año, Ramón Avellán, subdirector de la Policía; Lumberto Campbell, magistrado del Consejo Supremo Electoral; Roberto López, director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. También Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Sonia Castro, exministra de Salud; Orlando Castillo, director de Telcor, y Óscar Mojica, titular del MTI.

El segundo año de recesión económica: decreció el PIB

El Producto Interno Bruto del país decreció por segundo año consecutivo, y no pronostica mejoría en 2020, convirtiendo la recesión en una depresión económica que traerá más consecuencias negativas sobre las familias y las empresas, que verán menor actividad y mayor pobreza y desempleo. El Fondo Monetario Internacional estima que el PIB 2019 decrecerá en -5.7%, lo que, a juicio de economistas independientes elevaría la tasa de pobreza general, de 29.4% en 2019, a 31.9% en 2020, llevando a 2.1 millones de nicaragüenses a vivir con 1.76 dólares, o menos, al día.

OEA inicia aplicación de la Carta Democrática

La presión internacional contra el régimen orteguista aumentó a lo largo de 2019. Además de las sanciones impuestas por Estados Unidos, una Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó que en Nicaragua existe una “alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático”, por lo que recomendó al Consejo Permanente convocar “inmediatamente un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para examinar” el tema. La recomendación de llamar a una sesión extraordinaria —en la que participarían los cancilleres de todos los países— está basada en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, que se activó este año para tratar la crisis nicaragüense. Por su parte, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que demanda al régimen el cese de la represión, que retome el diálogo político, el desmantelamiento de los paramilitares, la liberación de todos los presos políticos, y la propuesta de enviar una delegación a Nicaragua que, entre otros temas, evaluaría el futuro del Acuerdo de Asociación del que Nicaragua podría ser suspendido.

Hacia una “gran coalición opositora”

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco dieron el primer paso para la construcción de la gran coalición opositora, que podría hacer frente en unas elecciones al dictador Daniel Ortega o al candidato que disponga el Frente Sandinista. Después de sostener varias reuniones a lo largo del año, finalmente estas dos organizaciones presentaron una propuesta unificada de reformas electorales que se basa en la premisa de la liberación de todos los presos políticos, y el restablecimiento de las libertades democráticas que han sido conculcadas por el régimen.

Los representantes de la Unidad Nacional y la Alianza Cívica, consideran que dichas organizaciones deben verse como “bloque fundacional” para la creación de esta gran coalición democrática nacional. Se autodefinen como un proyecto político no electorero, amplio y sin exclusiones, para brindarle gobernabilidad al país después de desalojar del poder a la dictadura. Si bien este es el primer paso, todavía faltan otras organizaciones del espectro político que tienen que ser incorporadas para edificar la coalición.

El inicio del retorno político del exilio

El retorno político de algunos exiliados, entre ellos figuras de la protesta social, copó las portadas de los medios de comunicación en 2019. Primero Félix Maradiaga regresó a pesar de no tener garantías de seguridad. Luego Lesther Alemán, el estudiante que demandó la renuncia de Daniel Ortega en el primer diálogo nacional. También retornaron los periodistas Aníbal Toruño, director de Radio Darío en León, el comentarista político Jaime Arellano, y Carlos Fernando Chamorro, director de CONFIDENCIAL y Esta Semana.

Maradiaga y Alemán coincidieron en que regresaban al país a continuar “la lucha” por una nueva Nicaragua y continuar denunciando las violaciones de derechos humanos. A pesar del retorno político, todavía continúan en el exilio decenas de miles de ciudadanos. Costa Rica sigue siendo el principal destino, con unos 80 000 nicas huyendo de la persecución política de la dictadura. Al menos 55 500 han solicitado asilo político.