Un paquetazo que en nombre de la emergencia promete recortes de 2,2 % del producto o incluso más, para ir a negociar con los acreedores privados y el FMI. Los grandes ganadores de la era Macri, no pagan los platos.

Semanario Ideas de Izquierda, 22-12-2019

Correspondencia de Prensa, 22-12-2019

Terminó una semana cargada de definiciones en materia económica. Las principales están comprendidas en el paquetazo que aprobó el Congreso a solo cuatro días de ser presentado. Esta ley decreta numerosas emergencias (económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social), lo que se traduce en una amplia delegación de facultades para el ejecutivo.

Alberto Fernández quedó así habilitado para tomar en los próximos 180 días numerosas decisiones sin tener que someterlas al Congreso. En primer lugar, negociar la deuda, obligándose apenas a “remitir un informe” al parlamento con los resultados alcanzados. Tiene así la carta blanca para empezar a diseñar, en conversaciones con el FMI, la hoja de ruta del reperfilamiento o reestructuración de los pasivos. Al mismo tiempo, en otras muestras de buena fe hacia los acreedores, la ley habilita al Tesoro a endeudarse con el BCRA para adquirir dólares, que solo podrán usarse para pagar deuda. También habilita mayor emisión de deuda con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es decir apropiarse de “la plata de los jubilados” para pagar deuda como hicieron Cristina Fernández y Mauricio Macri. Mientras se votaba el proyecto, el ejecutivo postergó el viernes el pago de Letes por USD 9.000 millones hasta el 31 de agosto de 2020, al mismo tiempo que emitió nueva deuda por USD 18.846 millones.

Otro punto saliente, puesto en discusión nada menos que a dos años de aquel diciembre de 2017 en el que Macri hizo votar el cambio de la movilidad jubilatoria (que es el principal causante de la pérdida de 25 % del poder de compra de los haberes durante el gobierno de Macri), es la habilitación para suspender por 180 días la aplicación de dicha ley. Justo cuando la fórmula iba a arrojar por primera vez, en marzo y junio, aumentos acumulados por encima de la inflación prevista (entre 25 5 y 28 %) el ejecutivo queda habilitado para reemplazarla por aumentos definidos por el presidente vía decreto.

Los cuadros tarifarios de los servicios públicos serán revisados en los próximos 180 días, pero mientras tanto los últimos aumentos de Macri quedan en pie. Podrá elevar retenciones, con topes de 33 % para la soja y 15 % para las demás exportaciones. Y todo un largo etcétera de medidas, que van desde la moratoria fiscal para Pymes hasta la promesa de “un plan federal de salud”. Pero hay un fantasma que recorre todo el proyecto: el de la deuda pública.

La “solidaridad” es con los bonistas

Ya desde el propio nombre del proyecto, las ideas de “emergencia” y de “solidaridad” quedan íntimamente entrelazadas. En paralelo al proyecto de ley, Fernández anunció un bono, a cobrar en diciembre y enero, por quienes reciben la mínima, por $ 5.000. Todos quienes ganan más que la mínima y hasta $ 19.068 cobrarán la diferencia, para que no haya ningún haber por debajo de ese nivel. Ajuste y compensación van de la mano. Una lógica similar será utilizada para justificar los ajustes en los haberes, en marzo y junio. Como dice la ley, los aumentos que se apliquen vía decreto se harán “atendiendo prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos”. Es decir, se elimina la uniformidad que rige con la ley actual, y lo hacía también con la que se había aprobado durante el gobierno de Cristina Fernández, y que rigió hasta diciembre de 2017, que permite que todos los haberes (y las asignaciones) se incrementen en igual porcentaje. Fernández repitió ayer que “los jubilados dejarán de perder”, pero se trata de un planteo indefendible. Si no es para ahorrarse dinero, imponiendo un aumento inferior al que surgiría de la fórmula vigente, no hay explicación que justifique el apuro. Podría reemplazarse la ley actual por una ley que no dé menos que la movilidad ahora suspendida. Como al mismo tiempo el ministro de Economía Martín Guzmán habla de la necesidad de “desindexar”, y Mirta Tundis, “especialista” en la materia vinculada al oficialismo advierte que el sistema como está no es sostenible, todo cierra: contrariando la afirmación de Fernández, todo es para que al menos una buena parte de quienes reciban una jubilación vuelvan a perder.

La idea básica es que “no hay” para todos, porque hay emergencia. Entonces los “privilegiados”, que si juzgamos los criterios que rigieron para el bono quedarán establecidos en un umbral de $ 19.068 (que es la mitad de lo que necesitaría cobrar una jubilada o jubilado para adquirir la canasta mínima de la tercera edad), tendrán que poner algo. Pero este discurso “redistribucionista” es el sendero sinuoso por el cual el peronismo buscará hacer lo que la fórmula de Macri pudo hacer en 2018, pero fracasó en seguir haciendo en 2019 por el salto de la inflación: ajustar los haberes. Veamos: si no hubiera aumentos de jubilaciones para nadie por 6 meses (por la movilidad suspendida en marzo y junio) el ahorro de Anses sería más de 2 % del PBI. Si solo hubiera aumentos de haberes para quienes perciben la mínima durante ese semestre, dejarían de gastar el equivalente a 1 % del PBI. Si quienes cobran más que la mínima reciben aumentos, pero inferiores a los que habría arrojado la movilidad suspendida, igual se llevarían un porcentaje considerable, que podría ser de 0,6 % del PBI. Tengamos en cuenta que 0,5 % es lo ahorrado en jubilaciones en 2018 con el cambio de la movilidad jubilatoria de Macri.

El bono para los que ganan menos jubilaciones acompañado de un anticipo del criterio selectivo para los aumentos futuros, dio una primer muestra de lo que parece van a ser los lineamientos de la economía política del gobierno de Fernández. Podemos adivinar que acá se muestra una viga maestra de cómo Alberto Fernández administrará lo que le toca, que es la escasez de un país hiperendeudado (de una deuda que nadie salvo la izquierda propone siquiera investigar, y mucho menos repudiar) y sin crédito para afrontarla. Bajo el paraguas de la emergencia, que plantea un sentido de urgencia para atender a los más necesitados, se convoca a la “solidaridad” a un sector de los asalariados y jubilados, que en la mayoría de los casos reciben ingresos por debajo de lo que sería necesario para cubrir una canasta familiar, para arropar a quienes están peor. Quienes son obligados a ceder (algo o mucho) son presentados como poseedores de algún grado de “privilegio”, aunque más no sea el de no estar en el fondo del abismo. Quienes protesten o se opongan, quedarán señalados como defensores de su ventaja individual, carentes de solidaridad. El mismo tipo de argumentos utilizados por Cristina Fernández, durante su segundo mandato, para desestimar los reclamos por el aumento del Mínimo No Imponible del impuesto a Ganancias de cuarta categoría, el llamado “impuesto al salario”. No faltó quien aquel entonces calificara como “aristocracia obrera” a los sectores asalariados alcanzados por el gravamen, e incluso propusiera una curiosa teoría de “redistribución de los salarios”. Como si la plata recaudada con el impuesto al salario no estuviera yendo en esos años mayormente a subsidiar las ganancias y realizar “pagos seriales” de deuda.

Como ocurrió entre 2012 y 2015, salvando las distancias con una situación que hoy se mueve al borde del abismo del default y con desequilibrios macroeconómicos, el mandato de Alberto se inicia teniendo que compensar lo que pueda otorgar a algunos sectores con lo que saque a otros.

Pero incluso para quienes “ya no pueden esperar”, como dijo Alberto Fernández, lo que el gobierno pueda otorgar se encuentra condicionado por un límite infranqueable: el peso primordial que juega la cuestión de la “sostenibilidad fiscal” de cara a la discusión de la deuda pública que está en “virtual default”, como afirmó el ministro de Economía Martín Guzmán.

El ajuste, no es con todo/as

Según el ministro Guzmán, el paquetazo “no es un ajuste”. Pero los números dicen lo contrario. Además de lo que puedan ahorrarse por la movilidad jubilatoria, las medidas impositivas incluidas en la ley implican un aumento neto de la recaudación de alrededor de 1,7 % del PBI. Esto es por el aumento de gravámenes, “neteado” de las pérdidas de ingresos que podrían representar la moratoria y la habilitación del ajuste por inflación. O sea que, si sumamos más recaudación y lo que se ahorren de jubilaciones, la cuenta puede dar mucho más que 2 puntos del PBI. El ajuste que Macri quiso hacer en 2019 y no llegó, hecho ahora con otra combinación de recorte y suba de impuestos.

¿Quiénes soportan este ajuste? Casi la mitad (0,8 % del PBI) corresponderá al pomposamente llamado “impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)”, que carga con un 30 % en la adquisión de dólares para atesoramiento, el turismo en el exterior y otras transacciones que impliquen directa o indirectamente la compra de divisas. Desde el nombre mismo se vende como un impuesto a “privilegiados”, pero alcanzará a buena parte de la población. No solo a quienes vacacionen en el exterior (de los cuales la mayoría van a países fronterizos) o que ahorren en dólares el modesto saldo que les pueda dejar un costo de vida cada vez más elevado. También la contratación de servicios que facturan en dólares (como Netflix, Spotify o un alquiler para vacacionar en la Argentina pagado por Airbnb) estará alcanzada por el gravamen. De esta forma, serán varios los consumos habituales de parte considerable de trabajadores y sectores medios que se verán encarecidos. Serán en buena medida sectores medios y asalariados quienes harán este forzoso aporte “solidario” para la mejora de las cuentas fiscales, que apunta también a desincentivar la compra de dólares. También lo pagarán mínimamente los sectores de mayor riqueza, pero en una proporción mucho menor: buena parte de los activos que canalizan hacia moneda extranjera, que exceden con creces los USD 200 de compra permitidos actualmente, van por la vía del Contado Con Liqui o el MEP (dólar bolsa), es decir que pagan un precio más alto pero sin tributar.

Después de este, le siguen en importancia las retenciones a las exportaciones (0,45 % del PBI). Estas se apropian de una parte de la renta agraria, que hoy es elevada. Los “chacrers” pusieron el grito en el cielo, pero la verdad es que los topes máximos que habilita la ley (de 15 % para todo lo que no sea soja) son sustancialmente menores que los que regían en 2015 para todas las exportaciones agrícolas y ganaderas. El tipo de cambio medido en términos reales, por otra parte, está en uno de los mejores niveles (para la rentabilidad de las patronales agrarias) desde 2007. Es decir que ganan mucho más de lo que ganaban cuando terminó el gobierno de Cristina Fernández, y la intención declarada es mantenerlo en este nivel, devaluando a medida que la inflación lo erosione. El presidente se cuida de que uno de los grandes ganadores de la era Macri (pese a que en 2018 tuvieron que tolerar un módico regreso de las retenciones) vea a este gobierno peronista como un socio. El agropower puede celebrar.

Finalmente, la nueva ley da marcha atrás con parte de la reforma tributaria que realizó Macri en 2017. Aumentan los Bienes Personales, que vuelven a tener las alícuotas que regían en 2016, antes del blanqueo que las bajó. Su aporte podría llegar a 0,37 % del PBI. Por el monto a partir del que se paga, este impuesto recauda en buena medida sobre sectores medios, y le pide proporcionalmente poco a los más ricos, por la baja alícuota de 1,25 % que regirá para quienes más paguen (estaba hasta hoy en 0,75 % y antes de la crisis de 2018 Macri planeaba eliminar el impuesto en su último año de gobierno). Las contribuciones patronales a la seguridad social también serán más elevadas, y aportarán 0,25 % del incremento previsto en la recaudación. Pero hay que advertir que lo que pagarán las patronales como porcentaje del salario continuará en niveles más bajos que en 2015, al menos durante 2020: esto es gracias a la existencia de mínimos no imponibles que introdujo Macri, es decir una parte del salario que se deduce para aplicar la alícuota que afrontan las patronales (de $ 7.000 para las grandes empresas y $ 17.000 para el resto), algo que no existía hasta la reforma tributaria de 2017 y fue en aumento año a añño. Estos mínimos no imponibles quedarán fijos en los valores nominales actuales, o sea que lo que paguen las firmas irá aumentando como proporción del salario a medida que la inflación licúe los montos, salvo que futuras disposiciones los actualicen. Lo que paguen las grandes empresas como proporción del salario será de apenas 16 % (todavía menos para las Pymes). Más de lo que están pagando hoy, pero menos que en 2015. Recordemos que hasta 1993 habían sido de 33 %. Las empresas tampoco recibirán la reducción del impuesto a los dividendos no distribuidos que estaba prevista en la ley impuestos de 2017, que establecía para 2020 una alícuota de 25 %. Esto aporta 0,13 % de la recaudación adicional.

Las Pymes por otra parte se benefician de una moratoria bastante generosa pero de impacto fiscal limitado (costará alrededor de 0,13 % del PBI de ingresos en 2020).

Las empresas ponen algo, pero todo en su medida y armoniosamente. “Empeoran” respecto de los regalos fiscales que les hizo Cambiemos, pero siguen tributando menos que al final del gobierno de Cristina Fernández. En síntesis, el programa esbozado en el proyecto hace recaer más de la mitad del esfuerzo “solidario” en la clase media y asalariados, que vienen de perder fuerte con Macri. La otra mitad, que cae sobre los sectores de mayor riqueza y las empresas, se limita a reducir algunos de los beneficios que recibieron en 2016-2019.

Mientras tanto, hay sectores a los que no se les pide ni impone ningún aporte “solidario”. En primer lugar las empresas energéticas, que consiguieron que las retenciones a las exportaciones apenas aumenten 3 puntos, para ubicarse en un irrisorio 8 %, mientras Guillermo Nielsen prepara un régimen a la medida de las petroleras todavía mejor que el que consiguió Chevron en 2013. Igual tratamiento recibirán las exportaciones mineras, mientras en Mendoza se premia a las empresas del sector con la eliminación de la Ley 7722, lo que les da vía libre para contaminar el agua usando cianuro y otras sustancias tóxicas.

Los bancos, que con las devaluaciones, desregulación de tasas y el negocio de prestarle al Tesoro y al Banco Central hicieron fortunas con Macri (tal como lo hacían antes con Cristina Fernández también), no tienen en la ley ninguna medida que los afecte.

De lo que se ahorre por más impuestos y menos pagos de haberes, parte podrá destinarse, otra vez, a aumentar los subsidios a las empresas que Macri redujo. Acá hay un sector que con Macri mejoró astronómicamente sus dividendos y espera continuar la misma senda. La consultora Elypsis calcula que el costo fiscal de aumentar subsidios podría llegar a 0,3 % del PBI durante el semestre. Con esto, el saldo neto para el fisco sería de 1,4 %.

Pero si hay un claro beneficiario, estos son los acreedores privados. El corazón de este proyecto está dirigido a mostrar la vocación de Alberto Fernández de tomar las medidas necesarias para pasar del déficit fiscal al superávit, si no en 2020 en los años siguientes. Por eso, restringió al máximo lo que hasta hace semanas parecía ser una decisión tomada de apelar a la emisión monetaria para financiar el gasto, y busca aumentar la recaudación. Alguien podría decir que los bonistas también pondrán lo suyo. Esto es parcialmente cierto: no cobrarán completo el valor nominal de los bonos que emitió Macri y sobre los que se lanzaron de manera entusiasta. Pero como muchas medias verdades, esconde una falsedad completa. El default o una reestructuración con fuerte quita, son hace tiempo los escenarios evaluados como más probables, lo que explica que los bonos vinieran cotizándose a 40 o 50 % de su valor. Las intenciones de Fernández, hasta ahora, parecen ser de acordar años de gracia (hasta 4) pero con quitas mucho menores. Por eso, los bonos podrían tener subas de 50 % de su cotización actual o más, si se confirma una negociación en estos términos. Hay que ver si una propuesta de este tipo recibe el visto bueno del FMI, partidario de más quita a los privados para asegurarse cobrar lo suyo.

Lo que va quedando claro, es todo lo que encierra la meta de “asegurar la sostenibilidad de la deuda” planteada en el artículo 2 de la ley. Tal como advertimos en varias oportunidades, no hay “reperfilamiento” o “reestructuración” que evite el trago amargo de los ajustes fiscales severos, que siempre pagamos mayormente la clase trabajadora y los sectores populares. El ajuste, como anticipamos desde el Frente de Izquierda Unidad, es clave para iniciar las negociaciones. El recorte que trae el paquetazo es apenas el comienzo. Y se trata de un año 2020 durante el cual Guzmán sostiene que “no se puede” esperar superávit. Imaginémonos lo que puede venir para los siguientes, para los cuales el ministro sí perseguirá esa meta.

“Modelo” para armar

Hasta tanto se conozcan los términos de la deuda, no terminarán de definirse los contornos del programa económico de Alberto. Se van acomodando algunas piezas, faltan otras. En los próximos días podrían anunciarse aumentos salariales por decreto, quizás con la misma lógica que rigió el bono para los jubilados, de compensar a los sectores de ingresos más bajos.

Del proyecto, la pata casi ausente es la de “reactivación productiva”. Quienes esperaban algún proyecto “keynesiano” que estimule la demanda, deberan seguir esperando. Lo que más se acerca a ello es un alivio fiscal para empresas, por obligaciones impositivas que de todos modos ya no estaban pagando. El “shock” para que la economía se ponga en marcha queda limitado a los bonos a jubilados y lo que pueda ocurrir con los salarios, y a una promesa de reducción de las tasas de interés que realizó el titular del Banco Central, Miguel Pesce.

Lo que va quedando atrás es la idea de terminar con el ajuste, promesa que estaba asociada al final del gobierno de Macri. Como advirtió el Frente de Izquierda Unidad, aunque este se fuera, se quedaban el ajuste y el FMI. Los funcionarios de este último volverán a pasearse por el país en las próximas semanas. Como en los tiempos de Cambiemos, vendrán a evaluar la perspectiva después de la nueva ley de “solidaridad” y ver si dan el visto bueno, para un acuerdo que seguramente no incluya nuevos desembolsos pero sí acompañamiento de la negociación con los acreedores privados.

Con estas “restricciones”, que machacó Guzmán desde su primera conferencia de prensa, queda lejos cualquier planteo de “invertir las prioridades”, con el que coqueteó Fernández durante las elecciones. Solo rechazando el chantaje del FMI y los bonistas, pueden empezar a discutirse medidas en ese sentido.

Esteban Mercatante es economista. Miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) desde 2001. Coedita la sección de Economía de La Izquierda Diario, es autor de los libros Salid del Fondo. La economía argentina en estado de emergencia y las alternativas ante la crisis (Ediciones IPS, 2019) y La economía argentina en su laberinto. Lo que dejan doce años de kirchnerismo (Ediciones IPS, 2015), y compilador junto a Juan R. González de Para entender la explotación capitalista (segunda edición Ediciones IPS, 2018).