La Diaria, 21-12-2019

Correspondencia de Prensa, 21-12-2019

El Primer Comando de la Capital, conocido como PCC, es la organización criminal más grande y poderosa de Brasil. Inspirado en el Comando Vermelho –y aprovechando su debilitamiento–, se fundó en 1993 en la cárcel de Taubaté, en San Pablo, como espacio de identificación, protección y crimen organizado para las personas privadas de libertad.

Hoy tiene focos en todos los estados brasileños y está asociado al tráfico de drogas en varios países. Tras la identificación de grupos en Paraguay y Bolivia, se investiga la aparición de una posible célula en Uruguay, con núcleo en algunas cárceles del país, en particular en la Unidad 7 (cárcel ubicada en el departamento de Canelones). Lo que el PCC busca en nuestro país estaría asociado al tráfico internacional de drogas hacia África y Europa.

Cuestiones operativas

A principios de la década de 1990 hubo un motín en la cárcel de Carandiru que tuvo como saldo 111 presos asesinados por la Policía Militar. Tiempo después, ocho de los presos que estuvieron involucrados en “la masacre de Carandiru” fueron trasladados a Taubaté, la prisión de máxima seguridad de la época, y allí se cree que formaron el PCC, para exigir mejores condiciones en las cárceles y “combatir la opresión dentro del sistema penitenciario”. También para que se esclarecieran los homicidios asociados al motín, o para vengarlos.

Los miembros fundantes del PCC son Misael da Silva (Misa), Wander Ferreira (Eduardo Cara Gorda), Antonio de la Pasión (Pasión), Isaías Moreira del Nacimiento (Isaías Raro), Ademar de los Santos (Dafé), Antonio de los Santos (Bicho Feo), César Roris da Silva (Cesinha) y José Felício (Geleião). De ese grupo reducido pasaron a ser, según las estimaciones actuales, unos 20.000 miembros, a los que se conoce como “hermanos”. De ellos, 6.000 están dentro de cárceles.

La banda se financia por el aporte mensual de sus integrantes y por derivados de otras acciones delictivas, dentro y fuera de las prisiones. Los aportes son diferenciales: los que habitan las cárceles pagan 50 reales al mes, y 500 los que están en libertad. Se estima entonces que mensualmente la organización recibe casi 1.800.000 dólares por este tipo de aportes. Además está la comisión de delitos, que genera ingresos mucho mayores.

Las actividades del PCC se asocian principalmente al tráfico de drogas, armas y robos a bancos y remesas. El dinero suele invertirse en compra de armas y drogas, así como para financiar rescates de personas relacionadas con el grupo.

Coordinación intercarcelaria

El PCC tiene altísimos niveles de coordinación intercarcelaria. La primera gran demostración de esto fue en 2001, cuando organizó la mayor rebelión de la historia en las prisiones brasileñas, provocando motines en 29 cárceles en simultáneo, con el resultado de 16 personas privadas de libertad asesinadas. Otra seguidilla de motines que estaría asociada a esta organización emergió en 2017; se la conoce como “masacre de Manaos” y tuvo como saldo más de 100 personas asesinadas.

El actual líder máximo del PCC es Marcos Herbas (Marcola). Otros referentes son Rogério de Simone (Gegê do Mangue), Edison Borges (Birosca) y Fabiano Alves de Souza (Paca).

El liderazgo de Marcola generó un quiebre en el modelo de organización. De hecho, dejó de funcionar como un comando: el poder dejó de ser piramidal y centralizado para adoptar una modalidad despersonalizada y con un modelo de distribución comunitario, lo que aumenta la fidelidad y dificulta las posibilidades de desplegar estrategias enfocadas en su combate. También se dice que esto provocó una expansión y hoy en día, si bien hay muchas personas que no forman parte del PCC porque no fueron bautizadas, responden a sus ideas.

Sin embargo, la banda está hoy en plena disputa fratricida entre sus líderes. Además, pelean por el poder asociado al tráfico de drogas y armas y el control de las cárceles con otras organizaciones del crimen organizado, mientras analizan su expansión a nuevos territorios.

Un asunto ideológico

A los integrantes del PCC los une mucho más que el delito: los une una ideología. No se manejan bajo el imperativo de órdenes, sino que lo entienden como una fraternidad, una “metodología de vida” a la que adhieren y cumplen a rajatabla, o lo pagan con la vida.

Un estatuto de 16 puntos plantea la misión y las condiciones de integración y permanencia de sus miembros. Para unirse a esta red delictiva, los “hermanos” son bautizados. La condición es que sean presentados por otro miembro del grupo y cumplan con el estatuto.

Dentro de las cárceles y los múltiples códigos que existen, la banda también se identifica como “15.3.3”, por el orden de las letras en el alfabeto portugués (la P es la letra 15 y la C es la tercera). El saludo “salve geral” es la orden que se da para que los miembros cometan acciones criminales (la expresión dio nombre a un film de 2009 sobre diversos episodios que involucraban al PCC). En teoría este código surgió como una venganza, luego de un episodio en el que la Policía mató a personas sospechosas de integrar el grupo. Se dice que por cada miembro asesinado darían muerte a un policía, y una seguidilla de homicidios a uniformados fue asociada a esta ola de venganza.

Cómo se fortaleció el PCC

El caos carcelario, la política de encarcelamiento masivo, las condiciones marginales de las periferias y la acción policial violenta y arbitraria son factores claves para el fortalecimiento del PCC. La captación penal de integrantes de la banda no ha significado un debilitamiento de la organización, incluso ha generado un efecto contrario.

El rol destacado que ocupan las economías ilegales en América Latina favoreció el crecimiento de esta banda, en particular en lo que respecta a la expansión de los mercados de armas y drogas. El PCC no quiere dominar el mercado de drogas sino expandirlo, y en lugar de presionar para tener el máximo poderío tiende a buscar nuevos mercados para explotar.

Las políticas de seguridad asociadas al falso combate de los mercados ilegales provocaron el fortalecimiento de los grandes proveedores de la ilegalidad, que ante una ofensiva fallida de persecución sofisticaron sus mecanismos y lograron captar aun más los mercados, aumentando sus ingresos. La regulación de los mercados es una alternativa posible para encarar esta realidad, aunque pocos gobiernos parecen estar dispuestos a asumirla.

Otro elemento que fortaleció al PCC tiene que ver con una cuestión de clase: el pobre no confronta con el pobre, porque la guerra es contra el sistema. “Los presos tienen que estar unidos, no pelear unos con otros, para enfrentar a un enemigo común: el sistema carcelario”. El objetivo principal que tienen es “el progreso de sus hermanos” y “la lucha violenta y silenciosa contra el sistema”.

Crimen, estado y religión

Los vínculos entre las economías ilegales y el Estado existen. A este combo se le suma la explotación de las religiosidades en los territorios. Distintas iglesias ocupan espacios estratégicos en los barrios y ofrecen respuestas que el Estado no brinda: desde el diseño de políticas públicas paraestatales hasta la cobertura de las necesidades cotidianas.

El caso más claro, con fuerte incidencia en Uruguay, tiene que ver con el tratamiento del uso problemático de sustancias. Ante la ausencia de programas de salud que aborden esta realidad, aparecen instituciones como Beraca, que incluso reciben derivaciones judiciales.

Estas iglesias operan también como espacio de identificación y como fuente de operación ideológica contra el avance de los derechos, con énfasis en el restablecimiento del orden familiar tradicional.

Estas redes, con claros objetivos políticos, tienen alta incidencia sobre la organización de distintos territorios. El desarrollo de estas iniciativas en las últimas décadas ha sido visible, y han llegado incluso a formar parte de parlamentos democráticos en América Latina. Crimen, poder político y religión convergen y se potencian estratégicamente con un público objetivo muy definido: las y los más vulnerados. Aunque no hay información que señale que el PCC quiere formar parte del sistema político, se considera que incide en el poder político.

El PCC también opera desarrollando una especie de justicia alternativa para las y los más pobres. Es una justicia en la que no media la ley ni el Estado. Adopta formas violentas de justicia popular, con mecanismos asociados a la vigilancia, los linchamientos y el sicariato.

El rol de esta banda delictiva como mediadora e impartidora de justicia tiene que ver con las necesidades punitivas y las respuestas en seguridad no cubiertas por el Estado. Los homicidios asociados a la marginalidad tienen un bajo nivel de esclarecimiento. La impunidad asociada a delitos que golpean los niveles socioeconómicos más bajos, como es el caso de los “ajustes de cuentas” o mejor llamados “homicidios asociados a conflictos criminales”, hace que las necesidades punitivas de determinados núcleos aumenten y se recurra y valide este tipo de justicia alternativa.

Operando adentro y afuera

Además de tener incidencia en las cárceles, el PCC opera en distintos territorios, en particular en algunas favelas de San Pablo. En 20 años hubo una caída abrupta de los homicidios en esta ciudad. La reducción fue de 90% en la tasa de homicidios: pasó de 52,5 cada 100.000 en 1999 a 6,1 cada 100.000 en 2019.

Una reducción tan drástica de la letalidad llama la atención, y podría tener que ver con acuerdos realizados con este grupo criminal. Se le adjudica también a esta banda el haber “impuesto orden en la delincuencia”.

Posible célula uruguaya

Desde hace unos meses se especula con la creación de una célula del PCC en Uruguay. A través de la Operación Magnesio, con fuerte articulación policial y judicial, se realizó una investigación que terminó por desarticular una asociación para delinquir con presunta vinculación con la organización criminal brasileña.

En colaboración con la Agencia Brasileña de Inteligencia, se interceptaron teléfonos dentro y fuera de las cárceles uruguayas y se dio con comunicaciones que podrían estar relacionadas con este movimiento. Algunos medios locales hablaron de un posible reclutamiento de unas 80 personas privadas de libertad, aunque esto no fue confirmado.

El líder de este movimiento es Fernando Frabasil, un hombre de unos 60 años que cumplía prisión domiciliaria en San Antonio (Canelones) por una patología de salud. Antes cumplía pena en la Cárcel de Las Rosas (Unidad 13, en Maldonado). Estaba procesado por homicidio y tenía una tobillera electrónica para apoyar la medida impuesta por la Justicia. La Policía encontró evidencia de un posible plan de fuga, así que cesó su prisión domiciliaria y ahora cumple su pena en la cárcel.

Otro responsable que se señala es Mario Bentancur. Tras las escuchas, él y Frabasil fueron procesados con prisión preventiva por asociación para delinquir. Las parejas de ambos fueron procesadas como cómplices y cumplen prisión domiciliaria.

Sin embargo, los dos hombres y sus parejas fueron capturados hace unos días en Progreso, Canelones. Una rapiña a una estación de servicio los puso en el mapa y catalizó la investigación que tuvo como resultado la desarticulación del movimiento y el procesamiento de las y los involucrados.

Las investigaciones avanzan y hasta ahora nada confirma que la estructura del PCC quiera instalarse en Uruguay. Se cree que este emergente se asocia a uruguayos que han estado presos en Brasil o que se han relacionado a través de negocios delictivos con el PCC.

La relación, entonces, estaría más cerca de la admiración que de un vínculo real. Quieren usar la ideología y las técnicas de reclutamiento para organizar asaltos a remesas y otras instituciones de altos niveles de flujo financiero. Los núcleos más propicios para generar estos grupos son las cárceles, por la alta demanda de protección y la necesidad de identificación y asociación para la supervivencia.

Lo que se sabe hasta ahora es que el PCC viene a Uruguay a comprar armas. Año a año se incautan en Brasil muchas armas que fueron robadas en Uruguay. Por este dato se confirma que hay quienes roban y acopian armas en el país para luego “exportarlas” al norte.

Otra de las hipótesis que se han manejado es que desde el PCC estén evaluando a Uruguay a través de análisis contables y jurídicos para montar estructuras para lavar dinero, pero se cree que aún no han logrado montar estas empresas.

Denisse Legrand es licenciada en Gestión Cultural y tiene estudios en pedagogía en contexto de encierro y en penalidad juvenil. Es coordinadora del programa cárceles del colectivo Nada Crece a la Sombra. (Redacción Correspondencia de Prensa)