México continúa sumido en una espiral violenta. El gobierno de López Obrador, lejos de sus proclamas progresistas, mantiene una vieja política de los gobiernos de derecha: la militarización del país. Lisa Sánchez, directora de la organización México Unido contra la Delincuencia, plantea la necesidad de un programa progresista en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Además, asegura que el movimiento feminista y los colectivos indígenas son los únicos que encaran una verdadera lucha contra la militarización del país.

Mariano Schuster

Nueva Sociedad, noviembre 2019

Correspondencia de Prensa, 2-12-2019

-En los últimos años han aparecido diversas organizaciones que alertan y trabajan sobre el estado de situación de la violencia, la criminalidad y las erráticas políticas de seguridad estatales en México. Una de ellas es México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), en la que usted se desempeña como directora. ¿Podría comentarnos en qué consiste el trabajo de la organización?

Por supuesto. Debo decir, en primer lugar, que México Unido contra la Delincuencia es una organización de la sociedad civil que nació en 1998 y que, desde entonces, ha trabajado temas de seguridad ciudadana, atención a víctimas, además de formación ciudadana sobre temas de legalidad para el Estado de derecho. Sin embargo, desde hace nueve años tiene, además, un programa muy intenso sobre política de drogas, a partir del cual se ha dedicado a hacer una serie de actividades mucho más orientadas a la acción política que al diagnóstico o al estudio específico.

-¿Cuál es la situación de la violencia y la inseguridad en México hoy en día?

Es una realidad de urgencia, en tanto el narcotráfico ha crecido de manera exponencial. Desde 2006 hasta ahora lo que vemos es una desestabilización de la escena ilegal, en la cual la política de represión, de descabezamiento de carteles y de desintegración de organizaciones criminales ha generado una atomización del crimen organizado, que cada vez es más móvil y más difícil de rastrear. Esto ha provocado un incremento en la violencia producida por el Estado. Ninguna de las políticas que se han adoptado desde 2006 hasta ahora han redundado ni en un menor mercado ilícito ni en un menor consumo. Tampoco se evidencia menor tráfico ni menor cantidad de cultivos ilícitos. Por el contrario, se ha generado mayor violencia y una mayor actividad criminal neta. Lo que vemos es un país que sigue produciendo y traficando drogas hacia los mercados de consumo, pero cuya escena criminal es muy distinta de la que solíamos tener anteriormente. México ya tiene las condiciones de un conflicto armado no internacional dentro de sus propias fronteras. Cotidiana y sistemáticamente se presentan enfrentamientos que se llevan vidas humanas. Es por eso que hay un alza de homicidios importantísima, un fenómeno de desapariciones masivas y un aumento importante de la extorsión.

-En América Latina se escuchan al menos dos discursos sobre las políticas del Estado mexicano en combate contra la delincuencia organizada. Por un lado, se afirma que parte del Estado está en connivencia con los carteles de drogas y con las organizaciones delictivas. Por otro, sin embargo, se afirma que el Estado intenta desarrollar una política de enfrentamiento a esta situación. ¿Qué es cierto y qué es falso en estos relatos?

Suceden ambas cosas. El Estado mexicano se relaciona como parte activa y cómplice del mercado ilegal y se beneficia de él. La elite política mexicana está manchada. Tenemos 17 ex-gobernadores perseguidos por la justicia, algunos de los cuales se encuentran prófugos y otros en proceso. La mayoría de ellos están siendo procesados por complicidad con el tráfico internacional de drogas y por lavado de dinero proveniente de la delincuencia organizada. Por otro lado, el Estado mexicano también se relaciona con el narcotráfico desde una posición de combate frontal, desde una oposición completa a sus actividades. Sin embargo, esta oposición termina vinculándose y focalizándose en las actividades de menor envergadura, como el combate al narcomenudeo, la erradicación forzada de cultivos y el apresamiento masivo de usuarios particulares de drogas o la lucha contra las «mulas» (aquellas mujeres que transportan las drogas). Esta estrategia de operativos y patrullajes militarizados pretenden, en teoría, disuadir la actividad criminal y apresar a la mayor cantidad de líderes de los carteles. Sin embargo, esta política ha generado un mayor nivel de violencia.

-Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente mexicano, parecía comprometido a adoptar una política distinta a la de los gobiernos de derecha. ¿Qué sucedió con las promesas de López Obrador? ¿Se cifran mayores esperanzas en el mandato de un presidente progresista en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia organizada?

Originalmente, las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la paz y a la justicia teníamos muchísimas más esperanzas en la administración de López Obrador por varios motivos. Durante la campaña electoral, se refirió a tres agendas que para nosotros eran fundamentales. La primera era la reorientación del combate contra las drogas. Esta quedó expresada específicamente en su Plan Nacional de Desarrollo, donde afirma la necesidad de sustituir paulatinamente la ilegalidad de ciertos mercados por mecanismos regulatorios. Esa era una muy buena noticia, dado que se hablaba de despenalización de los eslabones más bajos de la cadena. La segunda era la apertura de una justicia transicional. Es decir, se trataba de terminar el conflicto, de abrir procesos de sometimiento a la justicia, de dar amnistías que acercaran a la justicia a ciertos criminales para pacificar el país. Esto habilitaba la tercera y última política que a nosotros nos emocionó mucho y que era un tema trascendente: la política de «verdad, memoria y no repetición». Hoy en día, estas tres agendas se encuentran muy abandonadas. Se trabajaron durante el periodo de transición entre el anterior gobierno y el actual en ciertos foros de pacificación y escucha a víctimas, pero las políticas tradicionales permanecen incólumes. El gobierno de López Obrador está siguiendo (quizás por inercia o por incapacidad de innovación) las mismas políticas que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Me refiero específicamente a la sobreutilización del Ejército para tareas de seguridad pública. Además, han continuado las incautaciones y la persecución de los eslabones más débiles de la cadena delictiva. López Obrador está haciendo tres cosas que son más propias de un gobierno de derecha que de uno de izquierda. La primera es la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva automática. Prácticamente ya todos los delitos tienen prisión preventiva automática y eso va a afectar muy específicamente a los más vulnerables y a los más pobres. Lo segundo que está haciendo es una reforma al sistema de justicia penal, volviendo a un modelo que privilegia la cárcel por sobre las mediaciones. En tercer lugar, está desarrollando una reforma al Poder Judicial que mina la última frontera de autonomía que teníamos las organizaciones de la sociedad civil para pelear contra los abusos del Ejecutivo y del Legislativo.

-¿Cuánto pesan las posturas de Estados Unidos para que se mantengan los niveles de militarización que se viven hoy en México?

La posición de Estados Unidos pesa muchísimo. Olga Sánchez Cordero, la actual secretaria de Gobernación, abandonó la idea de una posible legalización de la amapola luego de un pronunciamiento contrario a esta política por parte de las autoridades estadounidenses. Es decir, la agenda de legalización se abandonó desde la reacción de Estados Unidos. La posición estadounidense pesa mucho porque son ellos quienes realizan la inteligencia en la mayor parte de los operativos militares contra el tráfico ilícito de drogas. Y, además, pesa porque presionaron de manera contundente para que se ampliara el mandato de los militares en materia de seguridad y de la persecución de los flujos migratorios.

-¿Se están militarizando, al día de hoy, funciones que corresponden a civiles?

Sin duda alguna. Se están militarizando funciones de autoridades civiles y se están militarizando culturalmente instituciones como la Policía. México está sometido a un proceso de propaganda en el que los militares son prácticamente omnipresentes y en el que se está transmitiendo que los únicos capaces de solucionar el caos son ellos, en completa ausencia del gobierno civil.

-¿Se evidencia algún tipo de posición alternativa a la de la militarización de México? ¿Existen organizaciones o partidos progresistas y de izquierdas que estén planteando una perspectiva diferente de la que se ha venido desarrollando en el país?

Desafortunadamente desde los partidos políticos no lo vemos. En sus pronunciamientos de tribuna y en sus pronunciamientos ante los medios de comunicación, todos parecen de acuerdo en que la militarización no es la solución. Pero al momento de aprobar las reformas de gran calado que redundan en una militarización real, terminan todos votando igual. El costo de no hacerlo, sobre todo en el actual contexto del gobierno de López Obrador, es muy alto. López Obrador ganó con 30 millones de votos y mantiene niveles de popularidad por encima de 70%. Nadie quiere una confrontación directa con el presidente. Además, López Obrador tiene una característica muy peculiar. Tiene una capacidad de encuadre narrativo tremendo, aunque sea a partir de falacias. Es capaz de decir que aquellos que se oponen a la militarización se oponen, en realidad, a la paz. Pelear una guerra narrativa con López Obrador es sumamente difícil. La luz, sin embargo, la podemos ver en dos movimientos. El primero es el movimiento feminista, que ya tomó no solo la bandera de luchar por una sociedad pacífica que deje de agredir sistémica y estructuralmente a las mujeres, sino que incluyó en sus demandas la lucha contra el militarismo en la seguridad pública (dado que los militares tienden a ejercer la violencia de género de modo mucho más frecuente). El movimiento feminista es uno de los pocos que hoy rechaza abiertamente el papel que cumple la llamada Guardia Nacional. El segundo movimiento que puede arrojar luz sobre esta situación es el vinculado a las organizaciones indígenas que se están oponiendo a los grandes proyectos de infraestructura del presidente, como por ejemplo la construcción del Tren Maya, la construcción de plantas hidroeléctricas, la refinería de Dos Bocas. Estos proyectos afectan directamente sus entornos y, a partir de ahí, ellos están rechazando la participación del Ejército.

– Lisa Sánchez es magíster en Gestión y Gobernanza Pública por la London School of Economics y licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico de Monterrey y el Instituto de Estudios Políticos de París. Es directora de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).