Correspondencia de Prensa, 28-11-2019

M. Gari desde Madrid

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos, tras conocer el resultado de las elecciones para el Parlamento español del pasado 10 de noviembre han anunciado un preacuerdo para formar un gobierno de coalición, al que no califican de izquierdas, sino “progresista”. Lo que no fue posible tras los comicios de abril de 2019 tras varios meses de negociación, ha sido de inmediato en 24 horas al conocer ambos su retroceso electoral y el hastío de población con los “juegos de tronos” de los partidos en su búsqueda de mayores cuotas de poder. En estos momentos y con un secretismo antidemocrático, ambos partidos, que hace meses decían estar dispuestos a realizar sus negociaciones ante las cámaras, están realizando tres tareas: improvisar un programa de gobierno, acordar la estructura ministerial y los nombres de los ministros, y buscar los apoyos parlamentarios suficientes para lograr la investidura de Pedro Sánchez del PSOE como jefe del gobierno. Atrás han quedado las acusaciones recientes y mutuas de incompatibilidad, falta de honestidad, etc. Asuntos nada novedosos pues forman parte de la más vieja, rancia y burguesa forma de hacer política cuando lo que guía a sus protagonistas es única y exclusivamente lograr cuotas de poder gubernamental.

Mal momento para formar un gobierno con el PSOE que acaba de conocer el pasado miércoles la sentencia judicial contra muchos de sus máximos dirigentes andaluces por uso indebido, opaco e incontrolado de 600 millones de euros con fines clientelares. Mal momento para formar gobierno cuando se acaba de anunciar por parte del Banco de España que de los más de 60.000 millones de euros de las arcas públicas dedicados al rescate bancario se han recuperado 5.000 y se consideran irrecuperables entre el 80 y el 90% del resto. La lucha contra la corrupción y por la recuperación del coste del rescate bancario han sido dos de las banderas de la izquierda a la izquierda del PSOE.

Recordemos los antecedentes

Durante un largo periodo España ha vivido un tiempo de inestabilidad política. El fin del bipartidismo en el que el PSOE y el Partido Popular (PP) se turnaban en el gobierno, ha dado paso a un mapa político más fragmentado y complejo. Ambos partidos han sido y son los pilares del régimen del 78 , siguen siendo los más votados en el cómputo de todo el territorio del Estado español, pero no logran actualmente las mayorías del pasado. Junto al fortalecimiento de los partidos nacionalistas en Cataluña y País Vasco, han aparecido nuevos partidos.  En la izquierda nacieron Podemos y diversas alianzas en Galicia y Cataluña que representaban el espíritu del 15M.  En la derecha surgió Ciudadanos (Cs) impulsado por importantes sectores empresariales y financieros como opción “liberal de centro” que hiciera de contrapeso a Podemos y también surgió Vox, una escisión ultraderechista del PP que progresivamente adquirió peso e importancia a partir del resurgir del nacionalismo españolista anti catalanista. Estos nuevos partidos, que reflejan la crisis de credibilidad y legitimidad de los viejos partidos deslegitimados en ambos casos por la corrupción y por sus políticas antisociales dictadas por la Comisión Europea (CE), han intentado disputar la hegemonía en sus propios campos. Al no lograrlo, el viejo bipartidismo ha sido sustituido por una nueva polarización entre dos bloques, en torno al eje derecha-izquierda- de geometría variable.

Todo ello ha sido una consecuencia de la crisis del régimen político que se manifestó en dos ámbitos y que puso sobre la mesa la necesidad de la apertura de un nuevo proceso constituyente alternativo a la Constitución de 1978. En primer lugar, se expresó en la aparición del 15 M que puso en cuestión el sistema de representación política y las políticas económicas y sociales simbolizadas por la reforma del artículo 135 de la Constitución que ordena dar prioridad al pago de la deuda en detrimento de la inversión y el gasto social. En segundo lugar, en el cambio de orientación del nacionalismo catalán que ha cambiado de una posición autonomista dentro del marco estatal a una posición independentista y que ha logrado una importante, masiva y persistente en el tiempo movilización popular.

La moción de censura parlamentaria contra Mariano Rajoy el 1 de junio de 2018 conllevó la caída del gobierno del PP y la investidura de Pedro Sánchez del PSOE como presidente del Gobierno de España e inauguró un periodo de provisionalidad gubernamental. No logró conformar un nuevo gobierno con Cs tal como proponían la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) que representa a la gran patronal y las empresas cotizadas en Bolsa que forman parte del selectivo índice Ibex 35. Tampoco llegó a acuerdos con Podemos. El gobernante socialista también fracasó en su intento de aprobar unos nuevos presupuestos y ha tenido que gobernar con los heredados del PP. Ello provocó la convocatoria de elecciones generales al Parlamento en abril de 2019 que tampoco lograron la formación de un gobierno con suficientes apoyos y abocó a la convocatoria de las recientes elecciones del 10 de noviembre de 2019.

Mientras los problemas económicos y sociales se acumulaban y los problemas políticos, en torno a la cuestión nacional catalana y las libertades públicas, se agravaban. El gobierno en funciones del PSOE solo ha hecho una política de gestos y buenas palabras sin solventar los problemas de la mayoría social. Y la única respuesta ante las demandas catalanas ha sido echar mano del repertorio de ideas y métodos de la derecha negando la existencia de un problema político con el Estado español intentando reducirlo a una cuestión de orden público, judicial y de mera convivencia en el seno de Cataluña. Se puede afirmar que el equipo de Sánchez ha protagonizado un giro hacia la derecha tras la moción de censura y posteriores avatares.

Esta interinidad del gobierno junto a la repetición forzada de nuevas elecciones (debido a cálculos burocrático-partidistas) ha degradado aún más el ambiente político e incrementado la desafección de amplios sectores de la población respecto a los políticos, pero al contrario que en el momento del 15 M, esta vez, el hastío no se ha traducido en acciones de masas impugnadoras con una orientación hacia la izquierda. Bien al contrario, una de las características de los últimos meses ha sido la ausencia de movilizaciones populares importantes en la mayor parte del Estado español tanto en el plano de la lucha social y la sindical, como en el de las propuestas políticas, si hacemos la excepción de la muy importante lucha por la autodeterminación en Catalunya -sin correlato en otros territorios- y del incipiente movimiento juvenil contra el cambio climático o las acciones defensivas de protesta frente a las agresiones machistas. Mientras tanto, la derecha comenzó a ocupar las calles y los partidos de la derecha jalearon a las fuerzas policiales como nuevos actores políticos. Dentro de la derecha se dieron mutaciones y se abrió una carrera entre Cs, el PP y Vox por hegemonizar el sentimiento nacionalista centralista español, las salidas autoritarias respecto a Cataluña y las salidas alternativas económicas ultraliberales. Toda la agenda política española viró a la derecha. Y en ese contexto se explica el rápido crecimiento electoral de Vox a costa del PP y sobre todo de Cs que está en plena bancarrota ideológica, política y electoral.

Mientras tanto, Unidas Podemos (UP), la coalición de Izquierda Unida con Podemos, ha renunciado a una parte sustantiva de sus planteamientos programáticos y ha centrado sus esfuerzos en lograr entrar en el gobierno como un fin en sí mismo. Para Pablo Iglesias la cuestión “para qué gobernar” va perdiendo importancia pues el medio se convirtió en el fin. Y de la mano de esta mutación, UP fue cambiando de naturaleza para convertirse en la mera izquierda del régimen, abandonando cualquier horizonte destituyente / constituyente, cualquier estrategia impugnadora, igualmente abandonó la radicalidad en las exigencias sociales e incrementó las ambigüedades sobre la cuestión nacional catalana ya que en su seno coexisten posiciones nacionalistas españolas y soberanistas catalanas. Con esta evolución hemos conocido el último acto que certifica el fin del ciclo político abierto por el 15M.

Y como telón de fondo: todo el proceso del aparato judicial (y la represión policial) contra el movimiento independentista catalán está suponiendo -como denuncian ya expertos constitucionalistas y penalistas- una puesta en cuestión antidemocrática de la ya de por si poco democrática Constitución española. En Cataluña (y en el País Vasco) se ha degradado la legitimidad del sistema político vigente, lo que supone un factor de primer orden en la crisis del régimen del 78 y dificulta realizar una restauración del propio sistema político.

El marco descrito es el que nos puede permitir comprender el debilitamiento electoral del PSOE y de UP, pero también la derechización del marco discursivo en el conjunto del Estado español que ha rentado importantes beneficios para Vox en detrimento del PP que se encuentra entre la espada y la pared, lo que de momento ha resuelto compitiendo en la carrera antidemocrática.

Significado político del resultado electoral

El PSOE ha obtenido en noviembre el 28,8% de los votos y 120 escaños sobre un total de 350, por lo que ha perdido 3 diputados respecto a los obtenidos en abril y le han abandonado más 700.000 votantes. UP, la coalición de Podemos con Izquierda Unida, ha perdido entre ambas elecciones más de 635.000 votos, obteniendo 35 escaños por lo que pierde 7 y no logra revertir la tendencia de pérdida de votos en cada contienda electoral desde su momento álgido en 2015 e incluso las que obtuvo en 2016, año en el perdió un millón de votos. En noviembre de 2019 la pérdida no se ha compensado con los resultados obtenidos por Más País, el pequeño partido impulsado por el ex dirigente de Podemos Iñigo Errejón, que solo obtiene 2,41% de votos y 3 diputados. El PP ha obtenido el 20,82% de votos, recupera 23 diputados y obtiene un total de 89. Cs sufre un descalabro pues no supera el 6,79% de votos, obtiene 10 escaños y pierde 47. Vox logra el 15,09% de votos y sube de 28 diputados a 52, por lo que es la tercera fuerza política. Y junto a estos partidos entran otros 10 partidos en el parlamento cada vez más fragmentado y que muestra una gran volatilidad de los votos entre la participación y la abstención -que aumentó- y dentro de cada bloque con cambios masivos de votos dentro del de derechas. Ello da un resultado que sólo augura inestabilidad y grandes dificultades para la gobernabilidad en medio de una escena muy polarizada en términos ideológicos en la que Vox cuya normalización y crecimiento fue alentado por PP y Cs al darle carta de partido honorable en la conformación de gobiernos autonómicos y municipales y cuyos argumentos xenófobos, machistas y autoritarios la derecha no ha querido combatir y la izquierda no ha logrado todavía contrarrestar.

Todo ello son también manifestaciones de que la crisis del régimen del 78 no se ha cerrado, lo cual no significa que en el futuro la alternativa triunfante sea democrática y hacia la izquierda porque esa crisis puede tener una “solución” restauracionista que exigirá un aumento del autoritarismo. Pese a las dificultades las espadas están en alto, nadie ha dicho la última palabra. El futuro está en disputa, pero la correlación de fuerzas en la sociedad deberá modificarse para poder avanzar en términos rupturistas democráticos.

Pero estas elecciones, además de verificar el retroceso del PSOE que no logra recuperar su papel del “gran partido de la izquierda” y el declive electoral de UP que no retrocede más porque hay un sector popular amplio que se resiste a volver a votar PSOE o a la abstención, también han puesto en evidencia la diferencia del mapa electoral en el País Vasco y Cataluña respecto al resto del Estado español. Podemos afirmar que hay una especificidad vasca dónde se produce un avance importante del nacionalismo tradicional del Partido Nacionalista Vasco (PNV) pero también del independentismo de izquierdas de Bildu. Y también podemos afirmar que hay una especificidad catalana con un avance, aunque limitado, del voto independentista de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC en sus siglas en catalán) y del partido de Puigdemont, Junts per Catalunya, pero sobre todo dónde cabe destacar la aparición en la escena parlamentaria estatal con dos escaños de las Candidaturas de Unidad Popular (CUP) que es un agrupamiento nacionalista anticapitalista. Los comportamientos electorales en Cataluña y País Vasco son disonantes respectos a las tendencias en el resto del Estado español. Y si bien la orientación política de masas no es la misma en esos dos movimientos nacionales, su lógica en ambos casos es de impugnación del régimen del 78.

De Vox lo importante en estos momentos es comprender que no es simplemente un partido de nostálgicos del nacional catolicismo franquista, sino que se ha inscrito muy rápidamente en la corriente internacional populista trumpista (negacionista del cambio climático, machista, xenófoba, patriotera, ultra neoliberal, que utilizan los mecanismos políticos a su alcance para destruir precisamente las herramientas políticas democráticas…) gracias a la ayuda financiera, comunicacional e ideológica masiva de Bannon. Es un error pensar que son una reedición nostálgica del pasado, desgraciadamente son las nuevas bestias del presente que aspiran a copar el futuro.

El gobierno de coalición

De momento hay un anuncio de preacuerdo que deberá recorrer un largo camino en búsqueda de apoyos para la investidura, diseñar un programa de gobierno que, en caso de poder formarse, estará sometido a grandes presiones parlamentarias, y en caso de formarse el gobierno este deberá sortear tensiones y crisis que hoy solo podemos intuir. De momento ya conocemos los límites a las políticas económicas anunciados Sánchez para calmar a la Unión Europea y a los mercados cuando en plena campaña electoral anunció que la vicepresidenta económica sería Nadia Calviño, pero también hemos conocido los chantajes alarmistas de la patronal de la CEOE y por las advertencias efectuadas el martes pasado por la Comisión Europea.  Bruselas después de estudiar los planes remitidos por el gobierno de Sánchez para 2020, acota los límites en los que deberán situarse los próximos Presupuestos Generales del Estado pronostica un “riesgo de desviación significativa” respecto a las reglas comunitarias, advierte del riesgo en caso de no respetar las reglas de ajuste fiscal y si no se reduce la deuda pública, a la que deberá dedicarse cualquier ingreso extra. Ese sería el caso si aumentan los ingresos tributarios de la Hacienda Pública o hay nuevas medidas para aumentar los ingresos para el fondo público de las pensiones de jubilación.

La obsesión del PSOE ha sido eliminar el peso de los partidos a su izquierda. Para ello ha intentado varias tácticas: desde la marginación de UP mediante un cordón sanitario para lograr la recuperación del grueso del voto de izquierdas para Sánchez (cosa que no ha logrado) a la apuesta por desgastarle mediante su normalización institucional con su entrada en un gobierno atado de pies y manos. Esta es la fórmula que por necesidad ha tenido que aplicar, de ahí la propuesta de formar gobierno de coalición que tendrá ante sí “retos” como reprimir al movimiento independentista en Catalunya o a los movimientos sociales en el resto del Estado, o la aplicación de los recortes que la Unión Europea y el capital exijan. De esta manera, lo más probable es que el campo a su izquierda quedará vacío por cooptación para el aparato de estado. De confirmarse esta hipótesis, significaría un grave retroceso para la izquierda.

El preacuerdo es una ambigua y genérica declaración de intenciones como: a) la voluntad de “combatir la precariedad laboral”, pero obvia la derogación de las dos últimas reformas laborales del PSOE y PP; b) apuesta por el “blindaje de las pensiones” sin explicar la forma de conseguirlo; c) proclama “la vivienda como derecho y no como mera mercancía” pero no hay propuesta sobre los desahucios o la ley hipotecaria o los planes de vivienda pública de alquiler; d) dice comprometerse en la “lucha contra el cambio climático” a la vez que en el punto 1 del acuerdo se habla de “consolidar el crecimiento”; e) de nuevo se reafirma en “políticas feministas” sin aportar las pistas de las misma. Y hay silencios clamorosos sobre política migratoria, el cierre de los centros de internamiento de emigrantes no regularizados, la derogación de las “leyes mordaza” contra la libertad de expresión y muy en concreto nada dice sobre proyecto del PSOE de control de internet para acallar disidencias.

Pero sí que se pronuncia claramente en dos cuestiones centrales. En primer lugar, respecto a Cataluña, ya que el texto en su punto 9 niega la existencia de un conflicto político entre un amplio sector del pueblo con el Estado y la Constitución, reduciendo la cuestión a un problema de convivencia entre catalanes y que aboga por un diálogo en el interior de Cataluña en el marco de la Constitución, la misma Constitución que impide el derecho a la autodeterminación. Ello es la cuadratura del círculo, máxime con un Senado que puede impedir cualquier reforma constitucional o decretar de nuevo la aplicación del 155. En el punto 10 el preacuerdo es aún más explícito e intenta otro desiderátum: lograr la justicia fiscal (sin concretar que es la misma) y hacerla compatible con la disciplina presupuestaria, a la que alude mediante una alambicada fórmula, fácil de desnudar: lograr el “equilibrio presupuestario” (…). La evaluación y el control del gasto público es esencial para el sostenimiento de un estado del bienestar sólido y duradero”, lo que significa la aceptación encubierta del artículo 135 de la Constitución.

Tanto el PSOE como Podemos e Izquierda Unida han convocado a sus bases a participar en una consulta con trampa, pues es un referéndum plebiscitario sin debate y sin contemplar otras soluciones alternativas a la de formar un gobierno de coalición.  Es la elección entre el gobierno de sin conocer el contenido del acuerdo o la repetición de las elecciones, que nadie quiere y que podrían suponer más abstención de izquierdas y avances de la derecha y ultraderecha. Pablo Iglesias en una carta a los inscritos ya anuncia que habrá que renunciar a objetivos, que, por cierto, eran irrenunciables hasta el día anterior. Demasiados vacíos e interrogantes como para confiar en ese hipotético gobierno con hegemonía social liberal. Este es un gobierno que viene de una derrota, la de la herencia del 15 M, y que nos recuerda en otro contexto y momento, las concesiones que acabó haciendo el gobierno de Tsipras tras su derrota ética y política. No hay memorándum, pero sí claras exigencias de la misma Troika.

Ante la amenaza de unas nuevas elecciones y el ascenso de la ultraderecha, el preacuerdo PSOE-UP ha podido suscitar una sensación de alivio en el pueblo de izquierdas, pero no ha levantado el entusiasmo. Incluso las burocracias sindicales que apoyan el preacuerdo de gobierno lo hacen sabedoras de que no van a poder esperar grandes logros sociales -dice Unai Sordo el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO)- y apelan a la tranquilidad del capital porque en el fondo nada va a cambiar -dice José María Álvarez de la Unión General de Trabajadores (UGT)-.

Para el futuro inmediato: habrá que seguir de forma rigurosa los acuerdos que se alcancen finalmente por parte del PSOE y UP, pero sobre todo el movimiento social y la izquierda deberá vigilar muy atentamente la acción de ese gobierno “progresista” en el supuesto de que finalmente se constituya.

* Militante de Anticapitalistas, integra el Comité de Redacción de Viento Sur. Artículo enviado por el autor. Publicado en francés el 23-11-2019: A l’encontre

Notas

1) Expresión que denomina al sistema político de la Constitución de 1978 pactado entre la oposición reformista al franquismo y los herederos políticos del dictador.

2)  Denominación del movimiento de los indignados que surgió el 15 de mayo de 2011 que marcó las pautas del debate político en el Estado español introduciendo temas y críticas en el conjunto de la sociedad que hasta ese momento solo planteaba la izquierda radical.