Lleno de ambigüedades, ausencias y… concreciones peligrosas

Jaime Pastor*, Viento Sur, 13-11-2019

Correspondencia de Prensa, 14-11-2019

Ayer martes a mediodía nos llegó la inesperada noticia del preacuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para formar un gobierno de coalición con vocación de durar toda una legislatura de 4 años. Después de medio año de frustradas negociaciones y de unas nuevas elecciones en las que tanto el PSOE como, sobre todo, Unidas Podemos (UP) han conocido una pérdida de votos y escaños, era lógico que este pacto exprés provocara consiguiente sorpresa general, sobre todo tras haberse dado el giro a la derecha que el líder del PSOE había mostrado a lo largo de la campaña.

Una lectura del preacuerdo obliga a entenderlo como una mera declaración de intenciones, llena de generalidades y ambigüedades salvo, casualmente, en dos cuestiones centrales de la política que debería desarrollar el nuevo gobierno. Una es la relacionada con Catalunya, en donde el texto sostiene en su punto 9: “Garantizar la convivencia en Cataluña: el Gobierno de España tendrá como prioridad garantizar la convivencia en Cataluña y la normalización de la vida política. Con ese fin, se normalizará el diálogo en Cataluña, buscando fórmulas de entendimiento y encuentro, siempre dentro de la Constitución. También se fortalecerá el Estado de las autonomías para asegurar la prestación adecuada de los derechos y servicios de su competencia. Garantizaremos la igualdad entre todos los españoles”.

Como se puede ver, ese párrafo supone asumir las tesis, no sólo del PSOE sino también del PP y de un Cs en descomposición, de que la cuestión catalana es un conflicto entre catalanes y no de una mayoría de catalanes con el Estado español. Se propone, además, buscar “fórmulas de entendimiento y encuentro, siempre dentro de la Constitución”, a lo que se suma la coletilla final de que “garantizaremos la igualdad entre todos los españoles”, falso argumento para negar la diversidad nacional y cultural dentro del Estado español. Nada de plurinacionalidad ni de voluntad de abordar un rechazo a la judicialización del conflicto y a las consecuencias represivas que ha tenido y sigue teniendo.

El otro punto que, dentro de su ambigüedad, queda también explicitado es el 10, en donde, aunque habla de “justicia fiscal” (¿cómo?), asume la disciplina presupuestaria de la UE con el eufemismo de “equilibrio presupuestario. La evaluación y el control del gasto público es esencial para el sostenimiento de un estado del bienestar sólido y duradero”. En resumen, se acepta implícitamente las constricciones austeritarias neoliberales, sin ninguna mención a la derogación del artículo 135 de la Constitución cuya reforma en septiembre de 2011 constitucionalizó la obediencia a la deudocracia.

Es cierto que en los otros puntos se habla de “combatir la precariedad laboral” (pero no de la derogación de las dos últimas reformas laborales de PSOE y PP), del “blindaje de las pensiones”, de “la vivienda como derecho y no como mera mercancía” (¿cómo?), de la “lucha contra el cambio climático” (aunque en el punto 1 se habla de “consolidar el crecimiento”), del “derecho a una muerte digna”, de “España como país de memoria y dignidad”, de “políticas feministas” o de “apoyo a la España vaciada”… Pero, como se puede comprobar, sin concreción alguna y con olvidos llamativos, como es la ausencia de mención alguna a un cambio en la necropolítica migratoria en el Mediterráneo o al cierre de los CIES o a la derogación de las leyes mordaza –la vieja y la nueva-, en contraste con los puntos 9 y 10 ya mencionados y que constituyen el núcleo duro de la política que el PSOE quiere seguir manteniendo para asegurarse su hegemonía en el posible nuevo gobierno. Algo que todavía está por ver ya que ha de conseguir los votos necesarios para la investidura, al menos en una segunda vuelta, por mayoría simple.

A la vista de la aritmética parlamentaria resultante de las últimas elecciones, las miradas se dirigen ahora a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la cual ha mostrado en los últimos tiempos una disposición al diálogo con el PSOE, hasta ahora sin éxito. Sin embargo, ni la continuidad de la política represiva, ni la previsible convocatoria de nuevas elecciones catalanas en primavera facilitan mucho margen de maniobra a la dirección de ERC, en competición abierta con Junts per Catalunya y la CUP, dispuestas a votar No a la investidura. La reacción de ERC, por tanto, ante este preacuerdo ha sido la exigencia de “crear una mesa de negociación y diálogo entre iguales”, de ámbito estatal y en la que pueda hablarse de todo, como el reconocimiento de que la cuestión catalana es un conflicto político que debe resolverse políticamente y no judicialmente y, por tanto, que se pueda debatir sobre el derecho de autodeterminación. Cuestiones todas ellas que, más allá de las buenas palabras, difícilmente aceptará Pedro Sánchez, aunque no cabe descartar algunos gestos de distensión en las próximas semanas. Su baza fundamental será, probablemente, acusarles de lo que significaría votar junto con Vox, PP y Cs contra la investidura para poder conseguir finalmente su abstención.

En cuanto al PP, que es la otra opción de pacto de investidura por la que presionan los grandes poderes económicos y el Estado profundo, no puede sorprender su reacción airada frente a este preacuerdo. En efecto, pese a las declaraciones de su líder rechazando cualquier posibilidad de pacto, esperaban la llamada de Sánchez para dejarse querer e imponer sus condiciones para una posible abstención por sentido de Estado con el fin de evitar una nueva convocatoria de elecciones. Respecto a Vox, no hace falta extenderse sobre su reacción llamando a la lucha contra la alianza del PSOE con el comunismo y el bolivarianismo…

Entre las gentes de izquierda, en cambio, es lógico que se esté dando una sensación de alivio y de realista y modesta esperanza de cambio, más bien de freno frente a la amenaza que supone el ascenso de Vox y a la hipótesis de un pacto con el PP. Con todo, seguimos pensando que ni la naturaleza del PSOE como principal partido del régimen, ni la peor relación de fuerzas con que se encuentra UP tras los resultados electorales permiten pensar que, en el caso de que se forme ese gobierno (¿será posible la convivencia de Pablo Iglesias como vicepresidente con Nadia Calviño, la predilecta de la UE, también como vicepresidenta?) vayamos a encontrarnos con un giro significativo en lo que debería ser la respuesta a los dos principales desafíos del régimen: la resolución democrática del conflicto catalán-español y la desobediencia a los dictados del neoliberalismo autoritario.

Seguiremos, por tanto, las posibles concreciones de ese preacuerdo que se vayan dar en las próximas semanas insistiendo por nuestra parte en los riesgos que corre con su entrada en minoría en el gobierno una UP subordinada a un hiperliderazgo creciente y con una estructura partidaria enormemente debilitada para contrarrestar un proceso de transformismo ya iniciado y que, mucho me temo, pueda llegar a ser difícilmente reversible.

En todo caso, recordemos que una cosa es formar gobierno y otra gobernar en el marco de las correlaciones de fuerzas que se dan en el Congreso y en el Senado y, sobre todo, de las constricciones sistémicas en que se va a desarrollar la legislatura. Nuestra tarea debería consistir en no asistir como espectadores en las próximas semanas y meses y, como ya está ocurriendo en Catalunya desde el Tsunami Democratic, volver a dar centralidad al conflicto, a las luchas en las calles y en los centros de trabajo, para reivindicar un giro a la izquierda y radicalmente democratizador desde la movilización, la autoorganización y el empoderamiento popular frente a un régimen en crisis permanente.

* Editor de Viento Sur.

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Gobierno de “coalición progresista” en la crisis del régimen del 78

Gustavo Buster/Daniel Raventós*

Sin Permiso, 13-11-2019

Poco menos de treinta y seis horas después de conocer los resultados de las elecciones del 10 de noviembre, lo que había sido imposible el 28 de abril se hizo factible: un gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. Tras la firma de un vago documento como primera piedra, queda lo más fácil -ampliar el apoyo parlamentario a Más País-Más Compromis, regionalistas cántabros y canarios, BNG y PNV- y lo más difícil: conseguir la abstención al menos de ERC y Bildu.

En este breve espacio de tiempo han quedado descartadas las otras dos opciones posibles: a) La Gran Coalición PSOE-PP, o una versión menor como la abstención del PP ante un gobierno en solitario del PSOE de Sánchez; y b) un gobierno en solitario de Sánchez, apoyado por Unidas Podemos y otras fuerzas de izquierda y regionalistas que contase con la abstención de los 10 diputados restantes tras el descalabro de Ciudadanos.

La primera de ellas era la fórmula preferida por la patronal y los “poderes fácticos” del régimen del 78, como han defendido con toda claridad. En la reunión de balance de las elecciones de la ejecutiva del PP, su portavoz Cayetana Álvarez de Toledo la ha articulado como un frente constitucionalista que incluyese a Ciudadanos y que mantuviese el cordón sanitario contra Unidas Podemos y los independentistas catalanes, exigiendo la ruptura de las alianzas municipales y autonómicas del PSOE con ellos. Esta fórmula hubiera subordinado al PSOE al veto combinado de PP y Ciudadanos, situado la oposición y los partidos nacionalistas y autonomistas extramuros y abierto un proceso de radicalización a derecha e izquierda, de consecuencias previsibles para la ya erosionada legitimidad del régimen del 78.

La segunda suponía volver a la opción defendida por Sánchez tras las elecciones del 28 de abril, en la segunda oportunidad que pidió al convocar las nuevas elecciones. No hay que decir que el fracaso de esta estrategia ha sido clamoroso: el PSOE ha perdido tres escaños y la mayoría absoluta del Senado y el supuesto bloque parlamentario “progresista” que debía apoyarlo ha caído de 165 a 158 diputados (y el alternativo de “centro” con Ciudadanos de 180 a 130).

Pero es que, además, el anunciado crecimiento de VOX, que ha obtenido 28 escaños adicionales, sitúan la alternativa de gobierno de la derecha en 152 escaños, de los 150 con los que contaba el 28 de abril, escorándola sustancialmente hacia la extrema derecha. El hundimiento de Ciudadanos, que ha motivado la dimisión de su jefe y su vuelta “a la vida privada”, ha traspasado votos al PP y a VOX, poniendo de manifiesto los vasos comunicantes de los tres partidos de derechas españoles.

En cuanto al bloque independentista catalán, de cuya abstención el PSOE había abjurado para mostrar su acatamiento a los limites legales impuestos por la vigente Constitución, ha aumentado en más de 3% (del 39,4% al 42,6%) y el bloque a favor de la autodeterminación en Cataluña se sitúa en el 57,4%.  A lo que hay que sumar los nuevos escaños obtenidos por Bildu, CUP y BNG.

Todo ello ha pesado, sin duda, en la rápida decisión de Pedro Sánchez en una encrucijada política que le podía arrebatar lo que le restaba de iniciativa a manos de los mismos “poderes fácticos” que le expulsaron de la secretaria general del PSOE en octubre de 2016, cuando se negó a asumir la abstención que abriría el gobierno a la alternancia bipartidista del PP. Como probablemente también los gritos de los militantes de su partido, congregados ante la sede de Ferraz en Madrid la noche de las elecciones: “Con Casado no, con Iglesias sí”.

Una vez firmado el documento con Unidas Podemos, las tres derechas han cerrado filas, a pesar de insistir en que todavía se estaba a tiempo de una Gran Coalición. Pero el objetivo era ya simplemente aumentar el desgaste por la derecha del PSOE y poner de manifiesto su dependencia de la abstención de ERC y Bildu.  Los intentos de tantear a Ciudadanos en paralelo han sido cortados en seco por Arrimadas, que ha hecho de la defensa de la alternativa de derechas la plataforma de su sustitución continuista de Rivera (consciente de los problemas económicos que amenazan la existencia del partido).  Y Casado ha reiterado que en la Gran Coalición que defiende, el “constitucionalismo” lo aportaría el PP, no el PSOE de Sánchez…

La creciente polarización política no es, por lo tanto, una mera sustitución del bipartidismo dinástico por un “bloquismo” hegemonizado por el PP y el PSOE, sino la consecuencia de la crisis del bipartidismo y la erosión del consenso constitucional del régimen del 78, sin que haya una alternativa al mismo.

¿Estabilidad? Cada nuevo proceso electoral desde 2015 ha puesto de manifiesto las crecientes dificultades, que reflejan la crisis estructural del régimen del 78 que hemos analizado tantas veces en Sin Permiso. El bloqueo electoral, con la crisis del bipartidismo, el reforzamiento de una situación completamente diferente al resto del reino en la Comunidad Autónoma Vasca (ni un acta parlamentaria para PP, Ciudadanos o Vox), Navarra y Cataluña (con la novedad de la irrupción de la CUP por primera vez en unas elecciones españolas, y un porcentaje de votos al PP, Ciudadanos y VOX muy minoritario, con 6 diputados en total de 48), y el peso determinante de fuerzas autonomistas en un número creciente de Comunidades, son el reflejo de la crisis profunda del estado de las autonomías, uno de los elementos constitutivos esenciales del régimen del 78. Pero también de la crisis de un estado que niega la existencia de la pluralidad nacional, y los mecanismos para articularla funcionalmente, para afirmar una sola soberanía que, a pesar de pretenderse fruto de un pacto “constitucionalista”, ha reforzado paulatinamente su carácter nacionalista y conservador heredado del franquismo, del que hoy se beneficia tan claramente VOX, pero también el PP y sectores de Ciudadanos.

El cordón sanitario establecido contra el conjunto del independentismo, que VOX quisiera ampliar hasta el PNV y los partidos regionalistas -a excepción de Unión del Pueblo Navarro, remedo de la red clientelar del viejo carlismo franquista-, se ha reclamado también para Unidas Podemos por parte de las organizaciones empresariales. Ese veto a su participación en un gobierno de coalición con el PSOE de Sánchez, reiterado por las organizaciones patronales hasta después de la misma firma del acuerdo,  lo es al aumento del salario mínimo interprofesional, a una reforma fiscal progresista que redujera el déficit social con la media de la zona euro, a un programa redistributivo de reconstrucción del estado del bienestar tras los estragos de las políticas neoliberales y del rescate bancario de la Gran Recesión, a las puertas de su segunda fase.

¿Estabilidad? En el caso de la agenda social se trata de mantener los privilegios de las clases dominantes, su parasitismo clientelar del presupuesto del estado frente a las reivindicaciones más elementales y las movilizaciones de las clases populares que no han recuperado sus niveles de vida y que ahora ven como empeoran de nuevo. Es decir, estabilidad se refiere aquí también a la capacidad de represión, a una distopía reaccionaria cuya mejor expresión es VOX cuando se enfrenta localmente a los conatos de organización sindical de los trabajadores inmigrantes de los que depende la exportación agrícola al mercado europeo. Si hay una confluencia de la cuestión nacional y de la cuestión social evidente y reaccionaria es la de VOX. Su rápido crecimiento electoral es una expresión tóxica de la gravedad de la crisis del régimen del 78.

Más allá de las reivindicaciones sociales inmediatas frente a los estragos de la gestión neoliberal de la Gran Recesión y su próxima segunda fase, y más allá de las implicaciones antidemocráticas de la respuesta “constitucionalista” a la reivindicación popular del derecho de autodeterminación en Cataluña, los llamamientos a la estabilidad pretenden seguir difiriendo las soluciones políticas a la crisis estructural del régimen del 78. Ganar tiempo para las clases dominantes, a pesar de que cada vez les cuesta más seguir gobernando como antes y cada vez sus soluciones son más provisionales y se agotan más rápidamente.

En este contexto, las próximas semanas pondrán sobre la mesa este debate estratégico, aunque sea de forma deformada, entorno a la abstención de ERC y Bildu y la composición y programa del propio gobierno PSOE- UP.  El fracaso de la estrategia electoral de Sánchez le ha obligado a un giro táctico a la izquierda, pero convierte al nuevo gobierno en el escenario de todas las tensiones descritas. Conviene por ello recordar los limites implícitos en su gestación y que se puede esperar de él, de entrada. Porque tal vez el fracaso de la estrategia electoral de Sánchez cara al 10 de noviembre no haya sido tal por lo que se refiere a la naturaleza del nuevo gobierno de coalición que presidirá.

El punto de arranque de este análisis puede ser la “Propuesta abierta para un programa común progresista” del PSOE del pasado 3 de septiembre. Si se compara con el documento de coalición firmado el día 12 de noviembre -que no es un programa de gobierno, sino unos elementos de acuerdo para llegar a él-, más que ambigüedades lo que se repiten son los mismos silencios sobre la contra-reforma laboral de 2012, la Ley mordaza, la ausencia de la regulación de alquileres (una tradicional reivindicación del municipalismo de izquierdas) mientras que en los puntos 9 y 10 se especifica claramente la finalidad del “diálogo en Cataluña” no como un problema político, sino de orden público y “convivencia” en el marco constitucional y se subordina la reforma fiscal que “nos acerque a Europa” a los “acuerdos de responsabilidad fiscal”, que son la expresión del consenso neoliberal de Bruselas que representará en el nuevo gobierno Nadia Calviño. Si en septiembre a Pablo Iglesias le “sonó bien la música”, ahora ha aceptado la melodía como suya y la disciplina del socio mayoritario, dada la inexistencia de vetos, ante las objeciones de algún sector de la dirección de Unidas Podemos, como Alberto Garzón.

¿Será el gobierno de coalición PSOE-UP no solo un dique de contención frente a la alternativa de derechas de la oposición, sino también un terreno de disputa, como pretendía la estrategia eurocomunista que ha parecido orientar a Pablo Iglesias en estas tres convocatorias electorales? Más allá de las opciones coyunturales tácticas, la autolimitación de Unidas Podemos a ministerios sociales y la reafirmación de la lealtad como socio minoritario en la dirección política del gobierno plantea cuestiones de fondo, es decir, de voluntad política, sobre como intentará conjugar Unidas Podemos su papel de “partido de gobierno” y de “partido de lucha”.

Es pronto, por supuesto, para ninguna conclusión. Pero la prudencia exige aprender de los errores pasados, uno de los cuales es la renuncia a una estrategia republicana que aúne decididamente la llamada cuestión social con la democrático nacional y que mediante la experiencia colectiva vaya conformando una alternativa a la crisis irreversible del régimen del 78, del que el nuevo gobierno será una consecuencia y, en el mejor de los casos, un terreno más favorable de disputa para los movimientos sociales, pero también de una mayor polarización antagónica.

* Gustavo Buster y Daniel Raventós son editores de Sin Permiso.