En Ciudad Juárez se ha hecho evidente la tríada que somete a México: esa en la que se articulan las políticas antimigrantes, la militarización de la frontera con Estados Unidos y el crecimiento de un ejército industrial con salarios baratos para la maquila.

Nueva Sociedad, octubre 2019

Correspondencia de Prensa, 8-11-2019

El 5 de agosto de 2019, el gobierno federal mexicano y la asociación empresarial de maquiladoras INDEX inauguraron el centro de migrantes Leona Vicario en Ciudad Juárez. Ubicado en una antigua maquiladora de esta ciudad, el centro es el primero de varios que se abrirán a lo largo de la frontera norte de México para apoyar a individuos y familias que han sido devueltas por Estados Unidos a México para presentar sus solicitudes de asilo bajo el programa «Permanece en México» de la administración Trump. Las políticas de este programa han convertido las ciudades fronterizas mexicanas en una virtual «sala de espera» para miles de migrantes que buscan entrar Estados Unidos. Según los comunicados de prensa del gobierno, el nuevo centro conectará de manera más eficiente a estos migrantes, principalmente de países centroamericanos como El Salvador, Honduras y Guatemala, con algunas de las casi 50.000 vacantes en el sector maquilador a lo largo de la frontera norte de México.

Los programas federales como éste, diseñados para integrar una fuerza de trabajo migrante en el mercado laboral fronterizo de la industria maquiladora, deben analizarse en relación con las políticas antimigrantes actualmente promovidas por los gobiernos de Trump y López Obrador en el contexto de la nueva agenda comercial impulsada por la renegociación del tratado de libre comercio estadounidense llamado T-MEC. Visto desde esta óptica, es posible argumentar que, en lugar de estar frente a esfuerzos para lograr significativos aumentos salariales de trabajadores de la maquila y fomentar el bienestar del trabajo, la conjura entre la política antimigrante y la integración de fuerza de trabajo migrante a las maquilas evidencian un nuevo esfuerzo entre los gobiernos de Estados Unidos y México para profundizar la precariedad laboral a lo largo de la frontera entre ambos países.

La vinculación tríadica que podemos observar en la actualidad, donde se articulan las políticas antimigrantes, la militarización de la frontera entre Estados Unidos y México y el crecimiento de un ejército industrial con salarios baratos para la maquila, no es algo nuevo en esta zona del mundo. Históricamente, la «competitividad global» de esta región industrial se ha sustentado sobre la base de la criminalización y vulneración de la migración como fuente fundamental en la creación de un mercado laboral precario para la industria maquiladora, de manera que la guerra contra la migración que podemos observar hoy en esta frontera de más de 3 mil kilómetros es tan sólo un nuevo giro de tuerca para apretar el mismo tornillo.

«México exporta bienes, no personas»

El primer momento en el cual se vinculó el desarrollo de la industria maquiladora y la generación de un ejército industrial por medio de políticas antimigrantes fue en la década de los años 60, cuando se daba inicio a esta industria de exportación. El desarrollo industrial del norte de México en la década de 1960 convirtió a ciudades fronterizas como Ciudad Juárez y Tijuana en centros industriales maquiladores para la exportación. En sus primeros días, la maquiladora fue enunciada bajo el Programa de Industrialización Fronteriza, como un mecanismo para emplear a los millones de ex braceros sin trabajo que fueron devueltos a México cuando se canceló el Programa Bracero en 1964. En realidad, estos empleos industriales precarios fueron cubiertos por miles de mujeres jóvenes, que migraron en masa desde comunidades rurales de los estados fronterizos del norte de México. Este desarrollo industrial temprano de la frontera norte de México que dependió del trabajo de los migrantes mexicanos rurales, también estuvo acompañado por políticas estadounidenses que resultaron en la restricción, control y criminalización de los flujos migratorios desde México y América Latina hacia Estados Unidos. En ese escenario destacó la Operación Intercepción en 1969, durante el periodo presidencial de Nixon, que aumentó el personal de las fuerzas de seguridad a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México enmarcándose como un ejemplo temprano de la militarización fronteriza. Si bien no impidieron que los migrantes mexicanos cruzaran a los Estados Unidos en busca de trabajo, esta política de militarización sirvió para aumentar la condición vulnerable, y bajar el valor de su trabajo, de los trabajadores mexicanos en ambos lados de la frontera. En otras palabras, la industria maquiladora nació bajo la egida de una política animigrante que buscó criminalizar a la fuerza de trabajo migrante con el fin de perpetuar la condición de inseguridad en el mercado laboral y profundizar la precariedad salarial con el fin último de mantener «competitiva» a la industria de exportación en esta región.

El segundo momento fundamental en esta configuración fue el de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en la década de los años 90, cuyas bases ampliaron la viabilidad de la industria maquiladora en todo el país. Para el año 2000, la maquila generaría el 48% de las exportaciones del país. Más importante aún, sirvió para profundizar las relaciones económicas y políticas de desigualdad y asimetría entre México y los Estados Unidos. Como ha sido documentado, el TLCAN, lejos de ser un acuerdo comercial, más bien se trató de un proyecto de protección de la inversión extranjera para que las grandes corporaciones estadounidenses pudieran ampliar el control sobre el territorio y la fuerza de trabajo mexicana. Mientras esta política impulsaba la apertura al flujo de bienes, restringía la movilidad de los trabajares. Así lo afirmó contundentemente el expresidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari, quien opinó que el objetivo de implementar el TLCAN era «exportar bienes y no personas».

Como en sus primeros días, la competitividad de la maquiladora bajo la arquitectura del TLCAN continuó enraizada en la centralidad de los bajos costos de mano de obra y atracción de fuerza de trabajo migrante. Entre los muchos resultados desastrosos que generó el TLCAN en México, destaca el abandonó estatal al incentivo de la producción agrícola y la ampliación del despojo territorial de las comunidades campesinas e indígenas en beneficio de las empresas trasnacionales. Como resultado, se produjo una masiva migración de comunidades rurales de los estados del sur, como Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz, para buscar trabajo en las maquiladoras de las ciudades del norte, o para llegar a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos respondió a este aumento del flujo de migrantes desarrollando reformas restrictivas de inmigración como la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de Inmigrantes, que criminalizaba aún más a los migrantes. Igual, profundizaba la militarización fronteriza, iniciando la construcción del muro fronterizo en la división entre Tijuana y San Diego, y se aplicó la Operation Gatekeeper, una iniciativa que amplió las inversiones en tecnologías de seguridad e intelegencia así como el número de agentes de la patrulla fronteriza desplegados para frenar coercitivamente los flujos de migración Al igual que en décadas anteriores, estas políticas tuvieron poco efecto en la reducción de la migración a los Estados Unidos, en cambio solo aumentaron la vulnerabilidad de los migrantes.

La vulnerabilidad de la fuerza de trabajo migrante

Con la implementación actual de nuevas políticas y prácticas que criminalizan y militarizan aún más a los migrantes y a las comunidades fronterizas, es posible afirmar que estamos presenciando señales de un tercer momento histórico en la articulación entre políticas antimigrantes, militarización de la frontera y ampliación del ejército industrial de reserva para la maquila. Coincidentemente, esta ofensiva contra migrantes ocurreen el marco de una nueva agenda estadounidense de libre comercio bajo las siglas del T-MEC que en esencia apuesta a redoblar el control que las corporaciones estadounidenses tienen sobre el territorio y la fuerza de trabajo mexicana. Por tanto, lejos de cualquier discurso triunfalista que coloque a la inversión extranjera y a la industria maquiladora como una palanca de desarrollo y escalamiento industrial, lo que estamos presenciando es la profundización de un modelo en el que la precariedad laboral continúa apuntalando la competitividad exportadora de la economía mexicana.

La intención, según López Obrador, «es organizar los flujos migratorios y proporcionar opciones de empleo alternativas, al mismo tiempo que mantener buenas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos para evitar una guerra comercial». Voces críticas denuncian que las políticas del gobierno mexicano no han sido diseñadas para proteger a los migrantes, y en su lugar continúan bajo el predominio de un enfoque que concibe la migración como un problema de seguridad nacional que debe resolverse con la militarización fronteriza. En el tiempo transcurrido desde que asumió el cargo, la actual administración federal en México se ha alineado con la política de mano dura diseñada en la Casa Blanca por medio del sorprendente aumentó  de tropas en la frontera y despliegue de una nueva guardia nacional encargada de frenar la migración.

En los meses transcurridos desde la vigencia de la política «Permanecer en México», más de 15,000 personas han sido devueltas a Ciudad Juárez. Los migrantes enfrentan violencia y carecen de acceso tanto al refugio como a la asesoría legal. En palabras de un migrante de Honduras, «prefiero ser detenido y encarcelado en los Estados Unidos que quedarme en México». Recientemente, unos abogados en El Paso nos dijo que la línea de tiempo para presentar una solicitud de asilo bajo el marco del programa ‘Permanecer en México’ es muy incierta, pero podría tomar hasta dos años. En este contexto, la creciente imposibilidad de cruzar desde México hacia Estados Unidos significa que los solicitantes de asilo centroamericanos pueden convertirse en la próxima población migrante semipermanente vulnerable que la industria maquiladora utilizará para llenar las vacantes a medida que aumente la demanda, lo mismo que se plantea desde el gobierno federal en cuanto a integrar a migrantes en megaproyectos planificados en el sur de México.

El presidente nacional de INDEX, Luis Aguirre Lang, explicó que en los próximos meses se intensificarán los esfuerzos para promover las vacantes para los migrantes centroamericanos que tienen un permiso de trabajo en México, citando los beneficios de emplear a los migrantes a trabajar en maquiladoras: «Estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo para crear una estrategia precisa para todos los migrantes centroamericanos que están varados en municipios fronterizos. Recuerde, nuestra industria se ha fortalecido por este tipo de fenómenos». El potencial de integrar a fuerza de trabajo migrante en la maquila, por el parte del goberino y el sector privado, también puede funcionar para la esfera empresarial como esfuerzo para aumentar el control sobre la organización de trabajadores, un control que ha sido desafiado por fuertes movilizaciones laborales en Ciudad Juárez y Matamoros en los últimos años. En cualquier caso, está claro que el centro Leona Vicario y otros similares que se abrirán a lo largo de la frontera, en una pequeña parte de un esfuerso continuo para poner a los inmigrantes a trabajar en las ciudades fronterizas del norte de México.

Ha pasado más de medio siglo desde el nacimiento de la maquila, que puso a Ciudad Juárez en el mapa como un centro industrial vinculado orgánicamente a las cadenas de producción y suministro mundiales. Actualmente, en 2019, asistimos a la etapa inaugural de un nuevo ciclo de este modelo industrial en el que se vinculan políticas de precarización laboral con políticas antimigrantes en la frontera norte. Al igual que el TLCAN, el T-MEC hace poca referencia a la reforma migratoria o la movilidad de los trabajadores, lo que, aunque no es sorprendente, ofrece pocas esperanzas para futuras revisiones positivas. En concierto con las recientes políticas comerciales y laborales, la gran cantidad de iniciativas antimigrantes actuales y los esfuerzos por militarizar aún más las comunidades fronterizas, han servicio para profundizar la precariedad e inmovilidad de los migrantes y los residentes fronterizos.

– Mateo Crossa es doctor en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Nina Ebner es candidata a doctora en Geografía por la universidad de British Columbia.