Habrá elecciones parlamentarias en enero próximo

Mariana Álvarez Orellana *

Rebelión, 3-10-2019

Correspondencia de Prensa, 4-10-2019

El presidente peruano Martín Vizcarra, se afianzó en el poder tras disolver el Congreso, apoyado por la cúpula militar, gobernadores y alcaldes, pese al rechazo del propio Legislativo, dominado por fujimoritas y apristas, que en respuesta quiso imponer a la vicepresidenta Mercedes Araoz como gobernante “interina”.

Pero ante la falta de apoyo institucional, urgida por la OEA y con la calle exigiendo “que se vayan todos”, La “autoproclamada” Aráoz, representante de la oligarquía y el empresariado renunció por tuit al nombramiento y pidió adelantar las elecciones generales, considerando que “no hay las condiciones mínimas para ejercer el encargo que me dio el Congreso”.

El lunes, tras conocerse la disolución del Congreso, varias manifestaciones coloridas y bulliciosas se celebraron en todo el país en respaldo a Vizcarra. Nadie salió a las calles a apoyar al Congreso, cuya postura es rechazada por casi 90 por ciento de la ciudadanía, según todos los sondeos de opinión. Recientes manifestaciones populares exigieron “que se vayan todos” los políticos.

La Organización de Estados Americanos (OEA), de cara a la desestabilización que se podría generar en el país, esta vez no reconoció a la autrproclamada, e instó el martes al Tribunal Constitucional peruano a dirimir si la decisión de Vizcarra se ajusta a la Constitución, en vez de intervenir en la controversia.

A través de la Conferencia Episcopal, la Iglesia llamó al diálogo y la calma, así como a “actuar de acuerdo al orden constitucional y democrático”, a la espera de qué sector se imponía.

El choque entre poderes ocurrió luego de que tras disolver el Congreso, controlado por la oposición fujimorista del partido Fuerza Popular, Vizcarra, de la formación Peruanos por el Kambio, indicó que convocaría a elecciones el 26 de enero de 2020, apegándose al plazo que establece la Constitución.

Diputados de la oposición acusaron al gobernante de dar un “autogolpe de Estado” y la noche del lunes el Congreso disuelto declaró la vacancia temporal del Ejecutivo nombrando como presidenta interina a la vicemandataria Araoz, quien recibió inmediatamente el apoyo de las centrales empresarias.

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas expresó su “enérgico rechazo a la violación de la Constitución y al sistema democrático perpetrado por el presidente, que ha sumergido al país en una grave incertidumbre”.

Fuerza Popular, mayoritario en el Congreso, es el partido de Keiko Fujimori, hija del encarcelado exdictador genocida Alberto Fujimori. Keiko actualmente está en prisión preventiva por acusaciones de lavado de dinero.

La crisis política en Perú se intensificó hace tres años, cuando el banquero Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) venció ajustadamente a la populista Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales, pero el fujimorismo ganó una abrumadora mayoría en el Congreso con la que mantuvo contra las cuerdas a Kuczynski hasta forzarlo a dimitir en marzo de 2018.

La corrupción institucionalizada

Vizcarra, quien asumió el 23 de marzo de 2018, fue vicepresidente del Kuczynski, quien dimitió tras 20 meses en el poder por su involucramiento en el caso de corrupción de la constructora trasnacional brasileña Odebrecht.

Precisamente, el ex jefe de esta trasnacional en Perú, Jorge Barata, comenzó este miércoles a revelar en Curitiba el nombre de 71 “codinomes”, entre ellos los de varios parlamentarios. E ntre marzo del 2010 y el mis mes de 2011 se registraron nueve entregas de dinero por 455.776 dólares para la llamada Campaña Legislativa, y se espera que Barata identifique para qué o quiénes fueron.

El presidente había lanzado el domingo un ultimátum al Congreso al advertir que lo disolvería si le negaba el lunes un voto de confianza para reformar el método de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, con lo que buscaba impedir que el proceso estuviera dominado por la oposición.

La respuesta legislativa fue suspender al presidente por “incapacidad temporal” como primer paso para destituirlo, y designó en su lugar a Araoz.

El presidente denunció que el proceso de elección de jueces era poco transparente. La Constitución peruana prevé que el presidente está facultado para disolver el Congreso si se le niega en tres ocasiones ejercer un voto de confianza. La del lunes fue la tercera.

Los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía expresaron su lealtad a Vizcarra, quien también recibió el apoyo de numerosos gobernadores regionales, así como de la Asociación de Alcaldes.

El mandatario ganó popularidad al impulsar una cruzada contra la corrupción en un país donde los cuatro presidentes anteriores fueron acusados de recibir fondos ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht: Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, y Alan García, quien se suicidó el 17 de abril de un disparo en la cabeza cuando estaba a punto de ser arrestado en su domicilio.

En un mensaje a la nación, Vizcarra sustentó su decisión diciendo que “el cierre del Congreso busca dar una solución democrática y participativa a un problema que el país viene arrastrando desde hace más de tres años”. Dijo que la iniciativa busca dar paso a una “nueva elección parlamentaria, y que sea finalmente el pueblo el que decida.

En abril de 1992 el entonces presidente Alberto Fujimori encabezó lo que fue calificado de “autogolpe” y asumió plenos poderes dictatoriales con apoyo de los militares. Vizcarra, en cambio, invocó la Constitución para dar este paso… y obtuvo el respaldo castrense.

Hasta las elecciones pautadas ahora para fines de enero funcionará la Comisión Permanente del Congreso, de 27 miembros, 18 de ellos fujimoristas. Los legisladores cesados no pueden postularse a la relección y, de hecho, ya perdieron sus privilegios.

De realizarse las elecciones en enero, el mandato de los nuevos legisladores culminará en julio de 2021, igual que el de Vizcarra. Los integrantes del disuelto Congreso perderán su inmunidad parlamentaria en 30 días según la Constitución.

Mariana Álvarez Orellana es antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

***

La crisis peruana

Del caos destituyente al ciclo constituyente

Hugo Cabieses/Oscar Ugarteche *

Brecha, 4-10-201

Al menos desde diciembre de 2016, el Perú oficial está en una crisis de Estado. La sociedad marcha desde entonces de un proceso destituyente a uno constituyente. Toda la institucionalidad oficial está en crisis. Lo que ha sucedido entre el domingo 29 de setiembre y el miércoles 2 de octubre –cuando el presidente de la república, Martín Vizcarra, disolvió el Congreso y este pidió la vacancia presidencial por incapacidad moral, y la vicepresidenta de la república, Mercedes Aráoz, juramentó en el Congreso, recién disuelto, y renunció menos de 24 horas después– es la expresión dramática y de opereta del desacuerdo entre dos sectores oficiales de poder, con la población mayoritariamente expectante.

La coyuntura

El primer eje de la situación actual está relacionado con el nombramiento por el Congreso de jueces del Tribunal Constitucional, con la intención de usar ese órgano para liberar a Keiko Fujimori, lo que desató una crisis alimentada por la corrupción pública, privada y de los políticos en general. Pero el segundo eje es el cansancio social generado por el piloto automático del “modelo” neoliberal con “silla giratoria” impuesto por el fujimorismo en los noventa, que ha significado:

  1. La captura corrupta del Estado, la concentración de la riqueza y la tierra, y la ofensiva sobre las políticas sociales, con impacto en la distribución del ingreso, que ha profundizado la pobreza y la desigualdad social.
  2. La ofensiva sobre el petróleo, los minerales, el agua, la tierra, la biodiversidad y el aire, que proporciona ganancias extraordinarias a las grandes empresas y a la corrupción privada y pública, mediante la apropiación de la plusvalía social recaudada por el Estado.
  3. La ofensiva sobre los derechos conquistados históricamente por los trabajadores, los pueblos indígenas, las mujeres y los trabajadores, entre otros sectores.
  4. La dominación de corazones y mentes por la ideología neoliberal.

Desde hace 30 años, los sectores más duros, conservadores y reaccionarios tienen el control del gobierno y el poder absoluto en Perú. El convencimiento sin fisuras de estos sectores es que el tiempo económico es siempre anterior y más importante que el tiempo político, social, ambiental y ético. En el fondo, su único interés es proteger las ganancias del gran capital y mantener el esquema de corrupción sistémica que instalaron en el país, buscando “blindarse” de los alcances de casos como el Lava Jato. Lo excepcional es que en Perú se investigue y castigue a los culpables, a diferencia del resto de los países.

En este contexto, la resistencia popular peruana, explosiva pero desarticulada, va generando un escenario destituyente, pero sin sujeto político popular capaz de abrir en el corto plazo un proceso constituyente que transforme el Estado, la economía y la sociedad.

Los actores

Las izquierdas y el movimiento popular aún se encuentran en plena crisis, con una caída de lo viejo y una lenta emergencia de lo nuevo. Se está produciendo un proceso de reagrupamiento y recomposición de los proyectos/organizaciones que atraviesa el conjunto de las izquierdas y el movimiento social, aunque se requiere una mayor acumulación de fuerzas para acometer tareas estratégicas.

Los actores políticos y sociales actualmente existentes en el país son los siguientes:

  1. El fujimorismo. Un populismo de derechas, ultraconservador, sostenido sobre redes corruptas, criminales y clientelares, que, desde la mayoría parlamentaria y en alianza con otras fuerzas políticas, viene generando las condiciones para la concentración política y el desplazamiento del poder de las elites tecnocráticas o su asimilación en un posible gobierno.
  2. Los empresarios de la Confiep y la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (Snmp), que han capturado, desde 1992, diversos flancos del Estado a través de sus técnicos de lujo o “pilotos de bombardero”, que arrojan bombas sin importarles qué sucede abajo e impulsan la “silla giratoria” (conflictos de intereses).
  3. El centro liberal. Alianza para el Progreso, Acción Popular, el partido Morado y otros capaces de aglutinar a las clases medias o los sectores emergentes asustados con la crisis.
  4. Las izquierdas. Divididas y enfrentadas por apetitos de poder, incapaces aún de actuar más allá de la lógica de frente en una apuesta de construcción ciudadana y popular más amplia.
  5. Los gremios de izquierdas. En crisis o marginales, debido a que atienden las demandas de sectores asalariados reducidos, sin la capacidad de renovarse política, organizativa y tácticamente.
  6. Los activismos ecologistas, indigenistas, Lgtbi y feminista. Atrapados en lógicas testimoniales sectoriales y vanguardistas, con dificultades para entablar un diálogo con las grandes mayorías.
  7. El senderismo, el antaurismo (de Antauro Humala, hermano de Ollanta, preso desde 2005, por intentar un levantamiento armado contra el gobierno) y el radicalismo. Aún marginales, pero con mucha voluntad política y avanzando en sectores sociales organizados de algunas regiones y ciudades.

En el escenario actual no parece definirse claramente una nueva polarización ni una alternativa política a la profunda crisis que vive el país. La debilidad y la incapacidad del gobierno y la irresolución de las contradicciones ancladas en la lucha contra la corrupción a nivel institucional no han sido resueltas. En la fase actual está en juego la lucha abierta no sólo contra la corrupción, sino además por un nuevo ciclo político: una economía para todos y una nueva representación política tanto en el Congreso como en el gobierno nacional.

Hugo Cabieses es licenciado en economía, asesor técnico de la Confederación Campesina del Perú y de la Mancomunidad Regional Amazónica, ex asesor parlamentario y ex viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente (2011). Oscar Ugarteche es doctor en economía y relaciones internacionales, coordinador del Observatorio Económico de Latinoamérica (Obela), del Instituto de Investigaciones Económicas de la Unam.