En Rio de Janeiro, el Gobierno lanza una cruzada contra los excluidos bajo el pretexto de luchar contra la delincuencia y el narcotráfico.

Alberto Azcárate, en Río de Janeiro

El Salto, 21-9-2019

Correspondencia de Prensa, 25-9-2019

El Estado de Rio de Janeiro, junto con el de Ceará, es pionero en un modelo que emerge como “huevo de la serpiente” en el país más densamente poblado del Cono Sur latinoamericano.

En un estudio comparativo entre la realidad de las favelas de Rio y los territorios palestinos ocupados, la investigadora Gizele Martins reflexiona: “Lo que los vecinos del conjunto de favelas A Maré vivieron durante la Copa Mundial de Fútbol no es demasiado diferente de lo que viven los palestinos. La militarización de la vida es algo constante y asustador. Allí son los cazas que atraviesan diariamente la vida de la gente, aquí son los blindados aéreos (helicópteros blindados y artillados). Lo trágico es percibir que hay una naturalización mundial de la violencia que ambos pueblos sufren por parte de los poderes estatales y militares”.

En efecto, existen una serie de relaciones y analogías, que autorizan la comparación: el Batallón de Operaciones Especiales carioca entrena en Israel. Brasil es el quinto mayor comprador mundial de armas israelíes. Los carros blindados que ruedan en las grandes ciudades brasileñas son de esa procedencia. Rio de Janeiro, como Palestina, ostenta su “muro de la vergüenza”, construido en 2009 para el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos, cerca el complejo de favelas A Maré. Las autoridades lo llamaron “barrera acústica”, argumentando que era para preservar a sus habitantes del ruido de los automotores —la favela existe desde 1940—. A nadie escapó que el muro fue levantado para evitar que los extranjeros que asistieran a los eventos se enteraran de que —para demasiada gente— la ciudad distaba de ser maravillosa.

Otros muros se construyeron en otras tantas favelas de la ciudad. También los controles de entrada y salida de los habitantes por parte de los militares conforman una escena comparable. Además, anualmente se celebra una gran feria de armas en Brasil, la LAAD Security, unas veces en Rio, otras en São Paulo, a la que asisten sistemáticamente fabricantes israelíes. Según especialistas, el ejército brasileño desarrolló un fuerte know how cuando en 2004 comandó la intervención en Haití. Al volver, lo aplicó en las favelas cariocas de A Maré, Rocinha, Jacarezinho, Alemão y, ahora, en el resto del país. Según testimonios recogidos en A Maré, los militares comentan que “era más fácil actuar con los haitianos, porque aquí hay muchos activistas que denuncian”.

La creación de un Estado policial

La estrategia de construir un Estado policial en el Brasil de Bolsonaro pasa por la creación de un imaginario de guerra que, al tiempo que siembra el terror entre sus potenciales víctimas lanza una apelación garantista hacia el mundo empresarial y las capas medias, eterno campo fértil para el imperativo securitario. “Cuando el asunto es la seguridad, decir que el Estado está quebrado instala el terror en la cabeza de las personas. Es una narrativa producida para conseguir más recursos. Le hace creer a la gente que es necesario invertir en seguridad, porque así se va a resolver el problema de la sociedad. Venden el pánico y la sociedad acaba apoyándolos”, contaba una vecina de la favela de A Maré.

La creciente militarización tiene varios frentes. Por una parte, han disminuido las competencias de la Policía Civil. Sus delegacias (comisarías) actualmente sirven de intermediarios entre la sociedad civil y la Policía Militar (PM), que es una fuerza de choque. De conseguir su objetivo, la PM quedaría legitimada para actuar sin mediaciones.

En paralelo, se ha producido una legalización de las milicias, una vasta red paramilitar —con la que el clan Bolsonaro mantiene íntima relación— a través de la propuesta de creación de una PM voluntaria. Aún sin aprobación legislativa, la iniciativa de Wilson Witzel —gobernador del Estado de Rio de Janeiro— pretende crear un cuerpo remunerado, según escalas diferenciadas por edad y responsabilidades. No parece fácil que consiga la aprobación legislativa, al menos por el momento.

Dentro de este esquema, la PM tiene cada vez más recursos y equipamientos: helicópteros blindados, granadas, armas de guerra de última generación. Para ello, el gasto en Seguridad experimentó un aumento exponencial: en 2017, el Gobierno autonómico destinó a este rubro unos 2.600 millones de euros, prácticamente el doble de los que dedicó a Salud Pública.

Además, el Gobierno promueve activamente la posesión y el uso de armas de fuego. De hecho, la fábrica de armas local Taurus hizo lobby para el triunfo de Bolsonaro. El proyecto de liberalización de las armas de fuego fue frenado en el Congreso, pero el Gobierno ha conseguido la autorización para algunas categorías del personal de seguridad.

Otra de las medidas más polémicas permite a los policías prestar servicios particulares fuera del horario de trabajo. Por si fuera poco, en los últimos tiempos es habitual que la policía haga desfilar sus batallones por las calles bajo el artificio de maratones y jornadas con un perfil casi lúdico, con la evidente finalidad de mostrar su poderío ante la sociedad. Desfilan mientras corean consignas de orden y amenazas hacia “los bandidos”.Brasil2509 III

La militarización también se ha dejado ver en las escuelas. Comenzó durante las legislaturas del PT, cuando Sérgio Cabral —político del PMDB hoy preso por corrupción— comandaba el Gobierno autonómico. Se normalizó la presencia policial en las escuelas de las 44 favelas cariocas. Aprovechando las frecuentes carencias en el profesorado los policías cubrían ese vacío, haciendo música, leyendo libros y revistas del ejército, como Recrutinha (Soldadito), que contenía letras de himnos militares y dibujos de tanques y vehículos de guerra para colorear. De paso, inhibían a algunos profesores de perfil crítico a dar clases de Historia.

La militarización viene de lejos

El proceso de militarización y la violencia policial aumentaron exponencialmente en 2018 con la intervención militar en Rio de Janeiro durante la presidencia de Michel Temer, pero vienen de mucho antes. Según datos del Instituto de Seguridad Pública, entre marzo de 2016 y el mismo mes de 2017, el número de homicidios derivados de la acción policial aumentó un 96,7%, pasando de 61 a 120 víctimas. Y, entre enero y septiembre de 2018 se habían contabilizado 813 personas asesinadas por policías autonómicos, en todos los casos la policía apeló al conocido eufemismo “resistencia a la autoridad”.

La figura de “resistencia a la autoridad” fue creada a partir del Acta Institucional-5 de diciembre de 1968 de la dictadura militar. La prensa la adoptó para hacer suyas las versiones oficiales y evitar la prisión en flagrante de policías y militares autores de homicidios. Pasó a ser la expresión que aludía a las muertes resultantes de acciones policiales.

En 2019, el Instituto de Seguridad Pública registró 434 casos de “resistencia a la autoridad” —tal como se suele denominar a las muertes producidas por las fuerzas policiales o militares— solo en los primeros cuatro meses del año. Son los peores indicadores de los últimos 20 años, con el agravante de que con harta frecuencia las autopsias verifican que los disparos se han efectuado a menos de un metro y en la cabeza o la nuca. Por si no bastase, los militares intentan ahora una vuelta de tuerca en la legitimación de los asesinatos ypropugnan que el concepto “resistencia a la autoridad” sea sustituido por el de “legítima defensa”.

Otro antecedente oriundo de aquel período es la “gratificación far west”, un bonus monetario que premiaba a los policías que más mataban. Promovió la aparición de grupos de exterminio de siniestra fama que dejaron un reguero de masacres: en 1993, la de Vigario Geral con 21 asesinados; en el mismo año, la de La Candelaria, con el asesinato de ocho niños en situación de calle o la de Acarí, con la desaparición de 19 personas.

Las Unidades de Policía Pacificadora (UPP)

Son unidades especiales creadas por el PT en 2008, como alternativa al fracaso de las anteriores políticas de combate al narcotráfico. Para algunos operadores del poder público y especialistas en seguridad fue un modo eficiente de combatirlo, sin embargo, para familiares y moradores de las favelas las UPP representaron una forma adicional de control de la población negra y pobre.

En los últimos diez años 16.000 personas murieron víctimas de acciones policiales en las favelas. En la Baixada Fluminense, según cifras de la propia Policía Civil, entre 2010 y 2015 hubo 2.046 actos de “resistencia a la autoridad”.

Familiares y grupos del movimiento Favelas de Rio de Janeiro ofrecieron numerosos relatos y testimonios a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó la ciudad. En rueda de prensa posterior, el organismo conminó al Estado brasileño a revisar la figura de “resistencia a la autoridad”, exhortándolo a que dé explicaciones sobre las masacres, desapariciones forzadas y las numerosas violaciones cometidas por la policía y el ejército en las favelas y periferias cariocas.

Las milicias

Constituyen una red paramilitar y parapolicial nacida en las últimas décadas y mantiene estrechos lazos con las corporaciones del aparato del Estado. Están integradas por militares, policías, bomberos y funcionarios, expulsados por delitos de diferente tenor, hasta asesinatos en algunos casos.

En amplios sectores de la bolsa de pobreza que es la Baixada Fluminense, área periférica densamente poblada, proveen luz, gas, Internet, TV digital a un coste menor que las redes oficiales. Tienen hasta autobuses con destinos a media y larga distancia, incluso una aplicación propia que sustituye a Uber. Mandan cobradores mensualmente y cuando algún propietario se niega a pagar algún servicio, tiene que asumir el riesgo de un cartel en la puerta de su casa que reza: “Estás debiendo”.Brasil2509 II

Dada la influencia alcanzada en algunas áreas, consiguen elegir representantes políticos que integran los cuerpos legislativos autonómicos y municipales. Por su vasta implantación, se podría decir que operan en “territorios liberados”, noción propia de la estrategia militar. Un comerciante nos reveló que las milicias están empezando a llegar a los barrios de capas medias acomodadas. No lo hacen con la truculencia que exhiben en las comunidades carentes, sino vendiendo “seguridad privada”, bajo el argumento de evitar posibles asaltos.

Secuelas de la represión en las favelas

Controles policiales, cacheos humillantes, impedimentos arbitrarios del paso, circulación de vehículos de guerra, presencia de soldados armados, muerte de personas producto de acciones policiales son una constante en la vida de las poblaciones que habitan las favelas y periferias pobres. Esta dinámica brutal altera el cotidiano de esos colectivos, interfiere en el comercio, la asistencia de los moradores a sus lugares de trabajo, el funcionamiento de las escuelas y los puestos de salud.

Los testimonios lo dicen todo: el Estado, en vez de aportar soluciones para ayudar a la población más precaria, asume su aniquilación social y física

En 2017, las escuelas tuvieron que suspender su actividad 65 veces sólo en los primeros 22 días lectivos del año. Ha habido manifestaciones denunciando el cierre de escuelas y puestos de salud debido a los tiroteos. Los alumnos relatan que buena parte de los operativos policiales se realizan en horario escolar, a veces a la entrada o salida del aula. Bruna Silva, es vecina de la favela A Maré y madre del estudiante Marcus Vinícius, de 14 años, asesinado el año pasado durante un operativo policial.

La mujer destacó la depresión y angustia de muchos vecinos, debido al pánico por los disparos del helicóptero: “Nuestras calles están llenas de marcas de bala. Mi hijo solo quería estudiar, pero un tiro acabó con su vida”. Según Olivia Morgado Françozo, psicóloga y psicoanalista del Núcleo de Apoyo Psicosocial para Afectados por la Violencia del Estado, “el asesinato de un familiar por la violencia estatal causa un gran impacto, altera la vida de todo el entorno familiar. Las mujeres acaban creando sus propias redes de apoyo, ya que el Estado no garantiza atención a esas madres y familiares”. Los testimonios lo dicen todo: el Estado, en vez de aportar soluciones para ayudar a la población más precaria, asume su aniquilación social y física. Se trata de una cruzada contra los pobres en toda regla, bajo el perverso argumento de acabar con el delito y el narcotráfico.

Agradecimientos.

Agradecemos a las vecinas de las favelas y periferias que nos han brindado vídeos, imágenes e información, así como a Rogêria Pexinho y otras activistas, al profesor Affonso Pereira, a la diputada Mónica Francisco, al periodista Cid Benjamin; y ponemos en valor los documentados estudios de que nos hemos servido, de la investigadora Gizele Martins.