Viento Sur, 21-9-2019

Correspondencia de Prensa, 23-9-2019

El fracaso de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno y la consiguiente convocatoria de nuevas elecciones el próximo 10-N han venido a confirmar no sólo la resistencia de los dos viejos grandes partidos a adaptarse al nuevo escenario multipartidista a escala estatal, abierto a partir de las elecciones generales de diciembre de 2015, sino sobre todo las dificultades para la gobernabilidad de un régimen en crisis que, pese al reflujo del 15M y a las limitaciones del bloque soberanista catalán, está lejos de cerrarse.

Con todo, este fenómeno no es exclusivo del caso español, ya que estamos comprobando también que en otros países europeos la crisis de los regímenes políticos surgidos después de la Segunda Guerra Mundial, reflejada en la pérdida de centralidad de los viejos partidos sistémicos, se hace cada vez más patente frente al ascenso de otras formaciones políticas y, sobre todo, ante el rápido desgaste que sufren los nuevos gobiernos en medio de las turbulencias climáticas, económicas, sociales y geopolíticas que agitan el nuevo desorden global, con el Brexit como ejemplo extremo en nuestro contexto más próximo.

Nos encontramos ante un panorama de crisis de gobernanza global que puede agravarse en los próximos años y que ha llevado incluso a quien fue uno de los padres del social-liberalismo, Felipe González, a reconocer que “la sostenibilidad de este modelo económico va a fracasar. Las sociedades no soportarán una nueva crisis” (El País, 08/09/2019).

En el caso español conviene recordar que esa crisis de régimen se inició con el giro austeritario de Rodríguez Zapatero en mayo de 2008, siguió con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el nuevo Estatuto catalán de julio de 2010, conoció una creciente y doble fractura social y nacional-territorial con los ciclos de movilización paralelos del 15M y del soberanismo independentista catalán, y tuvo su expresión más inmediata en la crisis de representación política (reforzada por la percepción de una corrupción sistémica que ha ido afectando a todas las instituciones, incluida la monarquía) desde las elecciones europeas de mayo de 2014. Y, en fin, hay que recodar que los nuevos partidos han sido incapaces de cristalizar ni siquiera en un proceso de regeneración política.

Esas fracturas continúan abiertas y no dejan de agravarse en el plano social –basta referirse al informe de Intermón-Oxfam de este año sobre el aumento constante de las desigualdades y del precariado, así como la profundización de las distintas brechas, como las de etnia, género o edad- y en el nacional-territorial, en donde, además de la competencia fiscal entre CC AA (Comunidades Auntónomas) como la que protagoniza el gobierno del PP de Madrid, es innegable la persistencia de un movimiento soberanista e independentista que, pese a la derrota sufrida a finales de octubre de 2017, no deja de reclamar el derecho a decidir su futuro y, también, una sentencia absolutoria en el juicio al procés.

En ese contexto no puede sorprender que el proyecto (si es que alguna vez lo fue) de nuevo PSOE que llevó a Pedro Sánchez a recuperar la Secretaría General se haya quedado en una frustración más para esa base militante que le exigió en la noche del pasado 28 de abril: “¡Con Rivera, no!”. Haciendo oídos sordos a ese grito, desde ese día hasta el martes 17 de septiembre, la intención del líder socialista no ha sido otra que la de tratar de presentarse como el único capaz de recomponer el régimen frente a extremistas e independentistas y ante una derecha radicalizada que no hace más que abrir nuevas guerras culturales que favorecen una mayor polarización política y social.

Para esa tarea Sánchez ha contado con la ayuda inestimable de los grandes poderes económicos que, una vez fracasadas sus presiones al Partido Popular y a Ciudadanos para que se abstuvieran, no han ocultado su disposición a apoyar la convocatoria de nuevas elecciones antes que cualquier fórmula de acuerdo con UP que pudiera contar con el apoyo del independentismo. Así lo expresó en julio Antonio Garamendi, presidente de la CEOE: “Es necesario que España cuente con un gobierno estable y moderado, aunque eso pase por repetir elecciones”. Le siguió luego el del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, quien el 12 de septiembre afirmaba: “La repetición de elecciones sería mejor. Parece que saldrá más o menos lo mismo, pero puede dar un respiro y quizá algunos partidos reconsideren su postura”. Tras el fracaso de la fórmula del gobierno de coalición, este último no ha tardado en decir, al igual que Sánchez, que ahora va a poder dormir tranquilo…

Tampoco cabría menospreciar el papel que han podido jugar en estos meses portavoces del Estado profundo (que va desde la tecnoburocracia a un aparato coercitivo que se mueve muy bien en las cloacas, sin olvidar al poder judicial) que, con Felipe VI a la cabeza, cada vez pesa más en la política gubernamental, pese a la absurda y vergonzosa apelación que hizo Pablo Iglesias al Rey para que presionara a Sánchez.

Porque es evidente que la responsabilidad principal de la convocatoria de nuevas elecciones recae en el líder del PSOE: nunca tuvo interés en la formación de un gobierno de coalición con UP. Ni siquiera aceptó a última hora la posibilidad de su apoyo a una investidura gratis por parte de esta formación; opción que sin embargo no llegó a plantearse ante su renuncia a volver a presentar su candidatura a presidente del gobierno.

Con todo, la orientación desarrollada por el líder de UP a lo largo de estos últimos meses también tiene su parte de responsabilidad. Siendo consciente del papel clave que juega el PSOE como uno de los pilares del régimen y del bloque de poder transnacionalizado que le sustenta, de las diferencias que les separan en las políticas socio-económicas y en la cuestión catalana y, sobre todo, de su desigual relación de fuerzas, no tenía sentido reclamar la participación en un gobierno de coalición que les habría llevado a la subalternidad más pronto que tarde. Las sucesivas concesiones que ha ido haciendo Pablo Iglesias en el proceso de negociación, hasta el punto de prometer la obediencia a la disciplina gubernamental en las decisiones con las que no estuvieran de acuerdo, han puesto de relieve una vez más la obsesión por gobernar que le caracteriza y que ya criticamos en un artículo anterior.

Ahora entramos en una nueva fase en la que el hartazgo ante la clase política amenaza con un descenso notable de la participación electoral entre las clases populares, porque a diferencia del 28-A ya no va a funcionar la amenaza del ascenso de la extrema derecha. En cambio, es probable que por la derecha sí funcione esta vez el voto útil al PP en detrimento de Cs y de Vox; ahora bien, en Catalunya también es probable un aumento del voto independentista y a favor de la amnistía tras la sentencia del procés.

En cuanto al PSOE, su discurso basado en presentarse como el principal garante de la gobernabilidad en tiempos turbulentos (a lo que le puede ayudar el previsible triunfo electoral de su homónimo portugués el próximo 6 de octubre, salvo que interfiera en ello la sentencia sobre los ERE de Andalucía antes de la fecha electoral) puede compensar el desgaste sufrido por su líder entre una parte del voto prestado el pasado 28 de abril; pero no parece que vaya a ser suficiente para que supere significativamente el número de escaños que actualmente posee. Algo que no parece preocupar a Sánchez, ya que desde su vocación de centro a lo Macron, espera que lo conseguido le baste para volver a emplazar a Cs –una vez constatada por Rivera su incapacidad para superar al PP- a la formación de un gobierno de coalición o a un pacto de legislatura… siempre que los escaños sumen, cosa que tampoco será fácil. En cualquier hipótesis, lo que parece evidente es que Sánchez no va a querer contar siquiera con la abstención de los partidos independentistas, apuntándose así al cordón sanitario que contra ellos llevan practicando las derechas, con lo que la inestabilidad política está asegurada.

Por una izquierda de izquierdas

UP se puede encontrar, sin embargo, con un escenario peor que en las pasadas elecciones si finalmente irrumpe la candidatura encabezada por Íñigo Errejón, al menos en la Comunidad de Madrid, ya que si bien éste puede arrebatar votos al PSOE, también lo hará a una UP que en los últimos tiempos ha desarrollado un discurso similar al que aquél defendió en Vistalegre II. Por eso mismo, esta vez el reto que tiene por delante UP es mayor que en contiendas pasadas: tiene que elegir entre insistir en mantener la reclamación permanente de un gobierno de coalición con el PSOE o, por el contrario, extraer lecciones de la experiencia vivida en estos meses y reformular su discurso recuperando una estrategia rupturista en el plano ecosocial, feminista y plurinacional a la altura de los desafíos que tenemos por delante. Una estrategia que debería ir acompañada de la reconstrucción de sus relaciones con los movimientos sociales apoyando a fondo sus demandas y buscando articularlas en programas comunes que apuesten por un camino distinto frente al nuevo proceso de recomposición del régimen y de mayor austeridad neoliberal que se buscará ensayar después del 10N.

Una orientación que ayudaría a combatir la abstención entre las gentes de izquierda y que no es incompatible con mostrar una disposición táctica a facilitar desde el parlamento –y no desde el gobierno- una nueva investidura de Sánchez después del 10N basada en el compromiso de aplicar medidas (no meras declaraciones) de emergencia climática, social y política que permitan hacer frente al bloque de las derechas y, a su vez, garanticen la vigilancia del cumplimiento de las mismas desde el parlamento, la calle y los centros de trabajo.

En todo caso, no cabe engañarse sobre la deriva actual del PSOE hacia nuevos pactos de Estado con las derechas de ámbito estatal; les unen la defensa del artículo 135 de la Constitución, reformado para ponerlo al servicio de la deudocracia, y la amenaza del 155 en Catalunya en nombre de la “unidad de España”; y les unirá la reforma del 99 para evitar que se repita el bloqueo en futuras investiduras. Y no va a ser fácil contrarrestarla en las condiciones de reflujo y desilusión que cunden en la mayoría social. Empero, se anuncian síntomas esperanzadores de reactivación de la protesta, protagonizada ahora por una nueva generación que está irrumpiendo en la escena política alrededor de las movilizaciones feministas y ecologistas, y también en la lucha por el derecho a la vivienda o en confluencia con otras como, además de la previsible respuesta masiva desde Catalunya a la sentencia contra el procés, las que se están desarrollando contra el racismo institucional de la UE o en defensa de unas pensiones dignas.

Más allá del 10N, será desde la removilización social y la confluencia con ella de una izquierda de izquierdas (retomando la casi olvidada fórmula que gustara a Pierre Bourdieu), dispuesta a mantener su autonomía frente al PSOE y a asumir la defensa de las demandas de los movimientos en el parlamento, como podremos ir cambiando la relación de fuerzas actual e ir abriendo un nuevo ciclo.

– Jaime Pastor es politólogo y editor de Viento Sur.