Un vistazo a la economía venezolana de los últimos años indica que, lejos de ser la razón de la crisis actual, las sanciones sirven de excusa al gobierno de Maduro para desviar la atención de sus graves errores. Al mismo tiempo, complican aún más el ya difícil acceso de los venezolanos a medicinas y alimentos.

Brecha, 13-9-2019

Correspondencia de Prensa, 13-9-2019

Venezuela tiene actualmente la crisis más severa en la historia de América y una de las más destructivas en la historia del capitalismo. Las estimaciones más moderadas calculan la caída del Pbi, para el período comprendido entre 2013 y el primer trimestre de 2019, en alrededor de 60 por ciento. Una destrucción sin precedentes. Para tener una idea, entre 1939 y 1943 la Polonia devastada por la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial sufrió, según historiadores como el británico Mark Mazower, una contracción del 43 por ciento del Pbi. En medio de este hórrido panorama, se yerguen una serie de sanciones financieras y económicas, impulsadas por Donald Trump, que buscan atizar los efectos de la crisis hasta el extremo y completar la tarea de devastación.

Por motivos de espacio no se podrá detallar el complejo devenir de la crisis venezolana, la totalidad de sus razones y causas, ni ver en profundidad la ristra de sanciones y asfixias económicas que Estados Unidos ha impuesto con inusual ferocidad al país caribeño.(1) Ahora se buscará, más bien, explicar las principales interrogantes que este tema suscita: ¿La crisis de Venezuela se debe a las sanciones? ¿Cómo afectan estas a la población venezolana? ¿Son útiles para impulsar el cambio político en el país? Veamos.

El auge y desplome del chavismo y la crisis rentística

En 1998 el chavismo surge como alternativa política con base en un discurso nacionalista que retrotrae al imaginario de la Gran Venezuela, de los tiempos de Carlos Andrés Pérez. Con una retórica popular y patriótica, el proyecto bolivariano se vendía como una esperanza de regreso a los años de esplendor de la economía.

El período dorado del gobierno bolivariano fue entre 2004 y 2008. La primera crisis puramente económica (la crisis de 2002-2003 fue completamente política) se desarrolló entre 2009 y 2010, motivada por la caída en los precios del petróleo como efecto de la crisis mundial de 2008 y por una gestión económica que no ahorró durante los tiempos de bonanza rentística. En 2014 y 2015 el precio del petróleo empezó a caer otra vez. El ritmo incrementado de gastos del gobierno y la hipertrofia en las importaciones hicieron que precios del petróleo cinco o seis veces más altos que los observados a inicios de la década del 2000 –según cifras de 2016 del Banco Central de Venezuela (Bcv)– luzcan ahora como “pequeños”. En 2014 y 2015 empezó la contracción de las importaciones, la caída en la oferta de bienes y servicios, y comenzaron a reflejarse los resultados de un proceso de desindustrialización que, en favor de un entusiasmo importador, llegó a traer leche líquida, cemento, gasolina, plástico, e incluso obreros (desde China) para construir viviendas.Venezuela1309 Tres

La caída estrepitosa de la producción y de la productividad hizo más patente la escasez de bienes, con lo que se agudizó el incremento en sus precios. La enorme impresión de dinero inorgánico, componente útil para la expansión del gasto y la cobertura de déficits fiscales, se vio reflejada en un aumento de la base monetaria en más de 125 mil por ciento (desde enero de 1999 a enero de 2017). Todo ello incrementó, para 2015, las tasas de inflación a casi el doble de las más altas de la historia del país, registradas en 1996. En Venezuela, apenas acaece un descenso de la renta, parece inhibirse la producción agrícola e industrial y tiende a diluirse el salario, como bien lo explica el estudioso del sector petrolero venezolano y ex representante de los gobiernos chavistas ante la Opep, Bernard Mommer, en su libro Petróleo global y Estado nacional.

La crisis, hiperinflación, fuga de capitales y destrucción económica

Por quinto año consecutivo, según la Asamblea Nacional (AN), el país exhibirá la inflación más alta del mundo, estimada por la AN, ya para 2018, en 1.698.488,2 por ciento. Aunque puede considerarse la estimación de la AN como exagerada, la cifra oficial para el año pasado ofrecida por el Bcv –130.060 por ciento– parece quedarse muy corta debido a que la metodología empleada subestima los precios de muchos bienes, al tomar sólo las versiones “reguladas” por el gobierno nacional.

Según la Comisión de Finanzas de la AN, la economía se contrajo en un impresionante 50,61 por ciento en el breve período que va desde 2013 hasta 2018. La estimación oficial del Bcv no se queda muy lejos de esa cifra y ubica la contracción en un 47,7 por ciento. El colapso es innegable. El valor del dólar paralelo (que sirve para fijar casi todos los precios de la economía) se incrementó en más de 88 mil por ciento en 2018, lo que ha desintegrado por completo el poder adquisitivo. El salario real medido en divisas descendió, en el período 2013-2018, un 95 por ciento.

El corazón del asunto de la crisis estriba en la vertiginosa exportación de la renta petrolera ingresada al país. Ello se realizó a través de una hipertrofia importadora y de una fuga de capitales vigorosa. Las importaciones entre 2003 y 2012 se multiplicaron por cuatro veces y media, y la fuga de capital se conjetura en alrededor de 600.000 millones de dólares si consideramos bajo ese concepto las importaciones fraudulentas. Si vamos a los términos de intercambios aplicados a las exportaciones no petroleras, podemos ver que el precio pagado por cada quilogramo exportado de mercancías subió en apenas 11 por ciento en el período 1998-2014, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (Ine), lo que no justifica un aumento tan fuerte en los precios de las importaciones.

¿Son las sanciones culpables del colapso económico?

El profundo colapso económico en que está sumido el país no tiene nada que ver con las sanciones. Como ya se ha explicado, la crisis estalló en 2014, varios años antes de las primeras sanciones económicas de importancia. Desde el año 2004 se han venido llevando a cabo políticas que facilitaron e incentivaron la exportación de la renta petrolera. Puntualmente, la sobrevaluación de la moneda, la expansión importadora estatal y privada, la fuga de capitales a través de elementos financieros y la tríada endeudamiento externo-sobrefacturación importadora-sobreprecios en la importación. Todo ello condujo a la destrucción del aparato productivo tanto industrial como agrícola, ya que una importación artificialmente barata hacía imposible que la producción a nivel nacional fuese rentable. Así las cosas, la producción y la productividad cayeron en picada tan temprano como 2009. Otro auge petrolero permitió entonces estirar la dilapidación rentística de capital, gracias a que el precio del petróleo subió a niveles nunca antes vistos. Pero ya en 2013 la crisis que se estaba gestando era muy grande y el endeudamiento externo muy severo y costoso. La caída en el precio del petróleo y la disminución en el ritmo de su extracción (por la falta de inversiones en el mantenimiento industrial de esa actividad) evidenciaron que el modelo era insostenible. En 2014 aún se estaba a tiempo para frenar esa avalancha, pero, a falta de renta petrolera para mantener el gasto hipertrofiado, se recurrió a la emisión excesiva de dinero inorgánico para tratar de dar la impresión de que el Estado podía gastar más, aún cuando la sociedad producía menos. Con esas gestas vino la hiperinflación y la producción intensificó su caída. De nuevo, todo ello sucedía al margen de las primeras sanciones de cierta importancia, que llegaron en agosto de 2017.

¿Afectan las sanciones a la población venezolana?

Para setiembre de 2019 las sanciones han alcanzado su punto más alto, luego de su acumulación importante sobre diversos sectores, desde el armamentístico hasta el petrolero, pasando por las finanzas y la economía. El verdadero efecto de las sanciones económicas recién está manifestándose, ya que las sanciones financieras de agosto de 2017 sólo habían venido a refrendar legalmente una imposibilidad cierta: nadie desea adquirir bonos de Venezuela y de Pdvsa, y los tenedores actuales se niegan a negociar una reestructuración. El impacto real arrancó con las sanciones económicas de finales de 2018, mientras que las sanciones petroleras (sin dudas las más fuertes y destructivas de todas) apenas se han iniciado en enero de 2019 (contaron, además, con “licencias generales”, emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ofrecieron ciertas excepciones hasta mediados de julio de 2019). Por ende, el real efecto de estas vigorosas sanciones recién está asomando su rostro, con consecuencias considerables, pero lejos de ser la razón de la crisis.

Los connotados economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs argumentan, en su trabajo para el Centro de Investigación en Economía y Política (Cepr), de Washington, “Sanciones económicas como castigo colectivo: el caso de Venezuela” (abril de 2019), que, gracias a esas medidas de Estados Unidos, Venezuela ha perdido el crédito internacional necesario para su desarrollo. El asunto es que la gravedad de los problemas económicos ya habían alejado a los prestamistas internacionales, que desde 2016 ven imposible que Venezuela pueda cancelar sus compromisos de deuda. Así las cosas, desde hace casi cuatro años el Banco de Desarrollo Chino no le presta más a Venezuela, tampoco el Banco de Asia.

El “embargo” de Citgo (2) es gravísimo, pero no es la causa de la caída en la producción de petróleo, como de alguna manera aseveran Weisbrot y Sachs. Si bien Citgo llegó a comercializar, en tiempos relativamente recientes, hasta 580 mil barriles diarios de Pdvsa, las cantidades que esta ya no puede enviar a Citgo se pueden colocar en otros mercados. Los diluentes y el petróleo liviano también se pueden adquirir en otros espacios (aunque a un precio mucho mayor, lo que reduce el beneficio). Lo cierto es que este “embargo” no puede justificar la caída de alrededor del 70 por ciento en la producción petrolera venezolana ocurrido entre 2008 y 2019. Dicha caída se puede apreciar como un tobogán que arranca ya en 2009, como lo señalan en un trabajo conjunto el economista y ex ministro de Planeamiento de Venezuela Ricardo Hausmann y el investigador Frank Muci (Americas Quarterly, 2-V-19), casi nueve años antes de las sanciones petroleras. De hecho, ya para 2016 y según el Atlas de Complejidad Económica (Oec), la exportación de petróleo crudo había caído un imponente 68 por ciento. La caída en la producción petrolera tiene múltiples factores causales por completo ajenos a las medidas de reciente data contra Pdvsa. Entre ellos, la reducida inversión efectiva, la escasez de fuerza de trabajo calificada generada por los bajísimos salarios, la enorme corrupción en los manejos de la empresa, el insuficiente ingreso interno al “regalar”la gasolina, expropiaciones y problemas con transnacionales contratistas y el endeudamiento exagerado para captar divisas, que posteriormente eran regaladas en el mercado interno a un precio irrisorio.

¿Cómo influyen las sanciones en la crisis?

De 2014 a 2016 la economía se había desplomado ya en casi 25 por ciento –según el informe de marzo de 2017 de la consultora económica venezolana Ecoanalítica– al sufrir, por primera vez en su historia, una caída sostenida de 12 trimestres. Las sanciones financieras irrumpieron recién en agosto de 2017. En los primeros dos trimestres de ese año, la economía había disminuido en alrededor de un 8 por ciento adicional. Por tanto, cuando las sanciones ingresaron al escenario financiero, la economía ya estaba en una gravísima senda de destrucción acumulada.

Ahora bien, como dice el director de política internacional del Cepr, Alexander Main, las sanciones “incrementan” el sufrimiento del pueblo venezolano (Nacla, 17-V-18). Estas sanciones encarecen y dificultan la importación de alimentos y materias primas. De hecho, imposibilitan los procesos necesarios para que empresas estatales o privadas puedan generar divisas con las que adquirir medicinas y alimentos.

Según una extensa investigación realizada en 2017 por el entonces investigador de la Universidad de Mánchester Dylan O’Driscoll, en la mayoría de los casos las sanciones no alcanzan el resultado deseado, y cuando se combinan con el sufrimiento humano que provocan, a menudo pueden ser comparables a intervenciones armadas, aunque sin la misma “tasa de éxito” a nivel de cambios de régimen. En otro estudio, publicado en 2015 en el European Journal of Political Economy por Matthias Neuenkirch y Florian Neumeier, se ha comprobado que en 67 países sancionados entre 1976 y 2012, las sanciones han tenido un impacto muy severo en el crecimiento económico. El impacto observado ronda, en promedio, un 2 por ciento de caída del Pbi per cápita interanual.

¿Las sanciones son determinantes para el cambio político?

Como explica el estudio Targeting autocrats: Economic sanctions and regime change, del profesor de economía internacional de la Universidad de Lucerna Manuel Oechslin, en el que se examinó países sancionados entre los años 1914 y 2000, sólo en el 21 por ciento de los casos las sanciones colaboraron en provocar una transición de gobierno. En el 65 por ciento de los casos las sanciones fueron abandonadas sin apenas conseguir sus objetivos. Aún el 14 por ciento de esas naciones seguía teniendo sanciones sobre sus espaldas en el año 2000, sin producir cambio político alguno.Venezuela1309 Dos

Las sanciones son ideológicamente muy útiles a los gobiernos que las sufren. Al ser, en efecto, medidas que buscan destruir la economía del país afectado, asfixiarlo económicamente, sirven de excusas geniales para culpabilizar al “enemigo externo” de los propios errores locales. Ello permite moralizar a las bases de adeptos y victimizar al gobierno local, que empieza a gastar ingentes recursos en propaganda contraria a las sanciones.

Además, al incrementar notablemente las limitaciones para importar y conseguir alimentos, las sanciones potencian en muchos casos la efectividad moral y material de los programas de asistencia social clientelares del gobierno sancionado. En situaciones de miseria como la actual, la caja de alimentos que reparte el gobierno venezolano mediante comités chavistas de abastecimiento (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), mayoritariamente distribuida con criterios políticos, ha pasado a ser mucho más importante que el salario, al que incluso ha llegado a superar por ocho veces. Las sanciones potencian, así, la efectividad clientelar de una dádiva que en la actual situación de pobreza extrema es, prácticamente, el único sustento de muchos.

Manuel Sutherland es economista, magister en ingeniería industrial y director del Centro de Investigación y Formación Obrera de Venezuela (Cifo).

Notas

1) He realizado dicho trabajo en extenso en Impacto y naturaleza real de las sanciones económicas impuestas a Venezuela Provea, 2019.

2) Empresa estatal venezolana con sede en Estados Unidos, dedicada a refinar petróleo y a comercializar allí sus derivados (N de E).