Mientras el Congreso argentino se prepara para aprobar una ley de emergencia alimentaria, las historias de nuevos pobres que intentan sobrevivir a la crisis se convierten en expedientes judiciales bajo la figura de flagrancia. Robos por comida y otros hurtos menores, en ocasiones para comprar medicamentos, son castigados con saña por el sistema penal, como revela un informe de la fiscalía porteña.

María Florencia Alcaraz, desde Buenos Aires

Brecha, 13-9-2019

Correspondencia de Prensa, 13-9-2019

Un queso fresco, dos chocolates grandes y una botellita de aceite de oliva: un total de 900 pesos fue lo que Vicente Ferrer se llevó sin pagar del supermercado Coto del barrio porteño y turístico de San Telmo la tarde noche del 16 de agosto. Dos empleados lo corrieron, forcejearon con él, lo tiraron al suelo y lo golpearon hasta matarlo. Cuando llegaron los policías, lo encontraron inconsciente. El hombre, de 68 años, tenía el cráneo partido.

Detrás del panorama de extrema crueldad que evidencia la muerte de este jubilado se multiplican cada vez más las historias cotidianas de hombres, mujeres y adolescentes que roban productos de primera necesidad para comer, higienizarse, vestirse o para su salud. Así como aumentaron las personas en situación de calle –7.251, según el segundo censo popular de esa población (véase“La expulsión”, Brecha, 3‑V‑19)–, se incrementaron los casos de robos y hurtos menores, de comida u objetos de poco valor para revender.

Robos pequeños y sin armas

En la ciudad de Buenos Aires, la judicialización de la pobreza se esconde bajo el eufemismo de flagrancia, una de las figuras jurídicas que impulsó el oficialismo en los primeros meses de gobierno de la alianza Cambiemos. La ley que habilita estos procedimientos detalla que son sólo aplicables a delitos cuya pena prevista no exceda los 15 y los 20 años de prisión.

Un minucioso informe elaborado por la fiscala Mónica Cuñarro, de la Fiscalía Criminal y Correccional número 16 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al que accedió Brecha, revela su “preocupación respecto de distintas cuestiones que han surgido a partir de la implementación del trámite de flagrancia, las que se reagudizaron con la creación de las comisarías comunales, que entorpecen y tornan ficticia la celeridad del acceso a la justicia que se tuvo en miras con la incorporación de esta reforma”. El reporte, que evalúa la aplicación de la ley que habilitó los procedimientos de flagrancia, fue elevado al procurador Eduardo Casal. Una de las conclusiones de este informe es que entre junio de 2018 y junio de 2019 el 90 por ciento de los casos que llegaron a judicializarse fueron delitos menores.

¿Quiénes son estos nuevos pobres perseguidos por el sistema penal? En su mayoría varones, jóvenes de entre 18 y 30 años, desocupados recientes, trabajadores de la construcción, changarines con primaria completa o secundaria incompleta, en situación de calle o reciente situación de calle, bonaerenses, consumidores de sustancias prohibidas o alcohol, o ambos, con familia disgregada. La mayoría de los delitos que cometen no involucran armas: robos pequeños, de celulares, otros objetos que se revenden o comida.

El informe de Cuñarro cuestiona la figura jurídica en la que se engloban estas causas: “El procedimiento de flagrancia llevó a que, en lugar de que surjan causas complejas, se judicialice la pobreza, ya que el relevamiento realizado muestra que, mientras que el año pasado aumentaban los procedimientos sobre personas que se encuentran en situación de marginalidad, en situación de calle, varones, desempleados, esto va creciendo, con familias, con mujeres y niños, y con severos problemas de adicciones”. Y no sólo personas en situación de calle: “Este año aumentan los hechos no ya sobre personas en situación marginal, sino aquellos que tienen trabajo en blanco”, señaló la fiscala.

“Ninguno de los objetivos perseguidos por la ley, lamentablemente, se ha conseguido. Por diversos factores, tales como desorganización administrativa del auxiliar judicial, falta de capacitación, falta de recursos, mal utilización de los recursos humanos existentes entre los auxiliares judiciales, falta de capacidad o nula capacidad de investigación que redunde en la remisión de investigaciones complejas al Ministerio Público Fiscal (Mpf) o a la justicia, falta de recursos a la justicia como al Mpf, desaprovechamiento de los recursos humanos judiciales y del Mpf, falta de política criminal de parte de las autoridades locales y, por último, no es un dato menor que el tiempo de detención se ha duplicado en casos nimios”, detalló Cuñarro.

Por un ventolín

Detrás del análisis de la funcionaria judicial hay historias. Como la de un joven padre de 19 años que necesitaba comprar un Ventolín, un medicamento para aliviar el broncoespasmo. Como no tenía plata para comprarlo, optó por robar dos canillas de un convento porteño y revenderlas para así poder curar a uno de sus hijos, que había enfermado. Terminó preso por dos días y con una causa penal abierta, que todavía no se resolvió. Cuando fueron los operadores judiciales a constatar su domicilio en la localidad de Gregorio de Laferrere, en La Matanza, no pudieron hacerlo porque el barrio estaba completamente inundado. Ese mismo día en un solo juzgado se desarrollaron cinco audiencias por flagrancia. De los seis imputados, tres estaban en situación de calle y uno solo tenía trabajo. El objeto robado más caro fue un celular.

A Maximiliano y a Juan, dos hombres de 29 y 32 años, los descubrió un policía de la ciudad cuando intentaban robar una manija de bronce de un edificio sobre la avenida Cabildo en febrero. Maximiliano vive en la villa La Cárcova, en el partido de San Martín. Como no tenía trabajo formal, salía a cartonear y juntaba el equivalente a unos siete dólares por día. Juan pasa los días en un parador de Retiro. Tampoco tiene trabajo. Lo condenaron a dos años de prisión de cumplimiento efectivo y a pagar los costes del proceso. Para Maximiliano la pena fue más dura, porque tenía antecedentes por robo: tres años de prisión. Hasta el 27 de enero de 2032 esos antecedentes figurarán en sus registros. Conseguir trabajo cuando salgan de la cárcel no será una tarea sencilla.

Las personas aprehendidas en causas de flagrancia pasan entre uno y dos días privadas de libertad. En ese plazo, los juzgados tienen que poner en marcha los juicios orales, que duran una o dos audiencias. En general, quienes no tienen antecedentes penales recuperan la libertad rápido. Si reinciden, estos antecedentes se vuelven un agravante y quedan detenidos.

Guerra a los pobres

 Diálogos como el siguiente, sucedido en una audiencia por flagrancia, se repiten de manera recurrente:

—¿Fecha de nacimiento?

—No recuerdo.

—¿Domicilio?

—No, no tengo domicilio.

—¿Dni?

—No, no tengo nada de eso.

—¿Sabe leer y escribir?

—No.

En algunos casos, las causas terminan en sobreseimiento por insignificancia o permiten la posibilidad de la probation, como se conoce la suspensión del juicio a prueba que permite a una persona imputada evitar el juicio penal si cumple las reglas de conducta que ordenó el juez (sólo se puede aplicar a delitos cuya pena no supere los tres años de prisión y siempre que haya consentimiento del fiscal). La mayoría de los casos tiene como protagonistas a los supermercados barriales y las grandes cadenas. Las cadenas de supermercados recuperan los objetos robados. Sin embargo, algunos de sus representantes legales insisten con la cárcel para quienes les roban en una escala muy menor, y no aceptan la posibilidad de la probación.

La legislación que habilitó los procedimientos de flagrancia aprobada por el Congreso el 7 de setiembre de 2016 fue promocionada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, como una estrategia para pelear contra el crimen organizado. Sin embargo, el informe de la fiscalía demuestra que las fuerzas de seguridad no están detrás del crimen organizado, ni de las mafias, ni de los delitos complejos, sino de los nuevos pobres producidos por la crisis económica y social.