Ni traición ni reinstitucionalización: el gobierno de Moreno es la deriva del debilitamiento del correísmo, es el populismo en crisis.

Ecuador Debate N° 107, julio-setiembre 2019

Correspondencia de Prensa, 7-9-2019

 

Populismos   

Los populismos latinoamericanos son una variante particular de bonapartismo: surgen de momentos de equilibrios altamente inestables en medio de crisis agudas cuando ninguno de los contendientes principales ha logrado derrotar al adversario y se produce un desgaste mutuo que los debilita a am-bos (algo similar a la situación que Gramsci denominó “empate catastrófico”). Las clases dominantes ven aceleradamente deteriorada su hegemonía, al paso que las subalternas, aunque fuertes para erosionar el dominio, no lo son tanto para construir una fuerza contrahegemónica (por ejemplo, el Ecuador entre 1981 y 2005). Esas situaciones son propicias para el aparecimiento de un tercero en discordia que, real o aparentemente, carece de vínculos orgánicos con ellos y se postula como árbitro de los conflictos y como la única reorganización posible de una sociedad polarizada y fatigada.

Pero para hacerse aceptar como el gran árbitro, el populismo requiere hacerse de recursos económicos y políticos que le permitan negociar con los grupos económicos dominantes. Los dos principales recursos utilizados por los populistas son, por un lado, un Estado fuerte controlado desde la función Ejecutiva y desde el poder personalizado de un caudillo y, por otro, el control político de la mayoría de la nación, devenida en masas incapaces de representarse a sí mismas.

Las condiciones para el control de un Estado fuerte se generan en el debilitamiento de la capacidad hegemónica de las clases dominantes, que quedan incapacitadas en ese momento para ejercer el gobierno directamente y se ven abocadas, de buen o mal talante, a aceptar la tutela advenediza del populismo, oscilando entre la tolerancia huraña y las alianzas de intereses a través de su participación abierta o encubierta en negocios con el Estado.

Las condiciones para el control político de las mayorías pueden haber “estado allí”, pues en el antecedente del surgimiento o afirmación de los populismos se encuentra no sólo la crisis de las fórmulas políticas dominantes sino también, y en concordancia, masivas movilizaciones sociales, incluso revoluciones populares, que se han desgastado o desfigurado, o que han sido derrotadas; es decir también una crisis real o en ciernes de las direcciones políticas y sociales del campo popular. Si se ha tratado de derrotas suficientemente fueres, el populismo se encuentra a las masas incapaces ya de autorepresentarse políticamente; pero si ese no es el caso, entonces debe crear esa incapacidad cooptando y corrompiendo, o persiguiendo y desarticulando los espacios organizativos y sociales que pudieran crear o sostener la tendencia hacia la autonomía. Y en ambos casos debe hacerlo presentándose como vengador de los desafueros cometidos anteriormente contra las mayorías, o como representante de sus necesidades y reivindicaciones preteridas.

En el Ecuador (y en varios otros países latinoamericanos), la posibilidad de autonomía de las clases subalternas no se restringe a las dinámicas de cada actor particular, sino que se amplía a los encuentros y articulaciones posibles entre ellos, lo que ocurre cuando se agudizan los conflictos y alguno de los actores subalternos se encuentra con una mayor capacidad de organización, movilización y capacidad propositiva. En Ecuador los ejemplos son varios: el movimiento estudiantil universitario (FEUE, Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador) en la década de 1960 y parte de la de 1970, el movimiento sindical (FUT, Frente Unitario de los Trabajadores) entre fines de los años 70 y mediados de los 80, y el movimiento indígena (Conaie, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) entre 1992 y 2000. Por eso, el ataque a la tendencia hacia la autonomía se dirige tanto a las posibilidades de encuentro cuanto a los actores particulares.

El asalto contra las posibilidades de despliegue de la autonomía popular no se produce únicamente con el ataque a los sectores organizados independientes, sino tratando de atraerse a los sectores subalternos de condiciones organizativas más frágiles o inexistentes. Para esto se utiliza tanto el discurso populista de reconocimiento y adulación a los sectores populares, como la adopción y puesta en marcha de las políticas sociales que subsanan, en cierta medida, los abandonos a que los regímenes liberales someten a la población carenciada. Pero, aún en este caso, esas mismas políticas sociales son utilizadas para producir discordia al interior de las clases subalternas (el ataque a las organizaciones y a los dirigentes, la expropiación del salario indirecto de los tra-bajadores formales para financiar mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores precarizados, etc.). Y, por supuesto, la identificación de la masa desprovista de autonomía con el líder o caudillo, identificación en la que actúa como uno de los factores principales justamente esa imposibilidad de representación propia, que induce a buscar una representación-protección-dominio que se les aparece como superior y poderosa.

Mirado en conjunto, esto significa que los populismos tienen, al mismo tiempo, un costado redistribuidor y democratizador y otro autoritario y reaccionario; y eso no tiene que ver ni con tal o cual ideología ni con tal o cual pro-grama o modelo de desarrollo: simplemente, tienden a ser más redistribuido-res y democratizadores mientras más se aproximan a la movilización autónoma subalterna y a sus expresiones, y más reaccionarios y autoritarios mientras más se alejan de ellas; más democratizadores mientras aún dependen de la movilización popular y más reaccionarios mientras más se desembarazan de ella y logran domeñarla.

Con todo ello, los regímenes populistas pueden cabalgar por sobre los conflictos centrales y secundarios de la sociedad, pretendiendo representar los intereses generales de las élites dominantes  y, a la vez,  los intereses de los sectores más desfavorecidos; así se encuentran en mejores condiciones para materializar una relativa autonomía del Estado y representar de mejor manera los intereses estratégicos del capital, es decir, los requerimientos para relanzar la acumulación ampliada, aun si para hacerlo deben confrontar con esta o aquella facción de la burguesía, o incluso con toda ella en su conjunto.

Y así como el populismo juega el rol de restaurador de las condiciones para el despliegue de la acumulación ampliada del capital, juega también -por ello mismo- el rol de normalizador de las relaciones entre las clases, dotándolas de cierta “racionalidad” que aplaque la conflictividad social y, por sobre todo, estableciendo los mecanismos necesarios para tornar nuevamente subalternas a las clases populares que se habían vuelto peligrosamente insumisas al calor de las sostenidas resistencias al neoliberalismo.

Esto y así, más o menos, fue el populismo correísta.

El correísmo y el campo de conflictividad

El populismo extrae su fuerza de los conflictos (igual de los que le dieron origen, que de aquellos que desata) y de su capacidad para arbitrar en ellos como presunto representante de un interés superior.

Un conjunto de conflictos se convirtió en el eje medular de la década correísta. Los conflictos que expresaban la integración de las formaciones socia-les dependientes, el Ecuador entre ellas, a las nuevas condiciones de disputas hegemónicas en el capitalismo mundial; los conflictos que relacionaban y oponían al gobierno con las clases dominantes; los conflictos intraestatales; y los conflictos entre el Estado y las clases subalternas.

Los conflictos en torno a la hegemonía global vivieron más de un momento: el mundo unipolar surgido por la desaparición de la Unión Soviética y del mal llamado “socialismo real” fue prontamente reemplazado por un nuevo juego de fuerzas alentado por el alto crecimiento económico de la China, la recuperación de la presencia política y militar de Rusia, y la emergencia de Brasil, la India y Sudáfrica como potencias intermedias; de allí salió un nuevo bloque de poder que articula a los llamados BRICS. La crisis mundial del capitalismo debilitó el poderío norteamericano y permitió el crecimiento de la presencia china en las periferias latinoamericanas y africanas. Los nuevos populismos “progresistas” pudieron aprovechar estas nuevas condiciones para ganar un poco de autonomía, aproximándose a China y Rusia, pero la crisis tocó finalmente a la China, y los progresismos latinoamericanos, sobre todo el brasileño, por sus intereses particulares, no dieron el suficiente empuje a la posible integración latinoamericana, mientras que con Trump los Estados Unidos volvieron a su tradicional política imperial frente a su “patio trasero” y los propios progre-sismos latinoamericanos entraban en crisis y eran derrotados en contiendas electorales (Argentina, Chile) o en golpes palaciegos (Brasil). La política exterior del correísmo siguió estos desplazamientos: la confrontación inicial con el FMI, con los gobiernos norteamericanos y con el gobierno colombiano se convirtieron, hacia el final, en búsqueda de aproximaciones, en el monitoreo de la economía ecuatoriana por el FMI, en la firma del tratado comercial con Europa y en la participación del Ecuador como observador en la Alianza del Pacífico.

Como bloque de poder, el correísmo representó una alianza muy particular entre una capa de intelectuales y tecnócratas de clase media con sectores del gran capital monopólico y capitales transnacionales. Pero era una alianza populista, es decir, que intentaba sostener una autonomía relativa del Estado frente a los intereses particulares de las diversas fracciones de la clase dominante. El correísmo generó para los empresarios avances muy importantes en la dotación de condiciones generales para la producción y un ambiente favorable por la inversión de los recursos petroleros en obra pública, además de la contención de las luchas sociales. Pero les exigió compartir el excedente con el Estado (impuestos y corrupción) y también con los sectores populares (afiliación a la seguridad social e incrementos salariales que fueron más significativos al inicio de su gestión que al final-). Las confrontaciones más fuertes las tuvo con la banca, a la que obligó a rebajar el costo del dinero. De cualquier manera, la confrontación inicial dio paso al diálogo (importantes durante los golpes más fuertes de las crisis internacionales y en torno al 30S), a acuerdos (Código de la Producción, ley de Alianzas público-privadas, etc.), y a ofertas en principio insospechadas (TLC con Europa, privatizaciones, flexibilización laboral).

La relación fue más conflictiva con las representaciones políticas e ideo-lógicas de las clases dominantes: los partidos de derecha, con los que competía por el manejo del Estado, y los grandes medios de comunicación de alcance nacional, que nunca abandonaron su fidelidad al programa neoliberal.

Los conflictos con las clases subalternas derivaban de la propia naturaleza populista del gobierno: necesitaba crear un vacío de representación popular autónoma. Por eso la criminalización de la protesta social, el amedrenta-miento al conjunto de la sociedad, la persecución y la represión a las luchas…

Los conflictos al interior del Estado se fundieron con los conflictos al interior del movimiento Alianza País (AP): en ambos casos el presidente disciplinó, controló y sometió tanto a su movimiento político como a las diversas funciones e instituciones estatales a través de una sucesión de “pequeños gol-pes de Estado”, verdadero itinerario de la afirmación bonapartista del correísmo. Este itinerario comenzó con la propia Asamblea Constituyente en 2008 y la subordinación de AP al aparato estatal para asegurar el dominio del caudillo; y terminó definiéndose con la consulta popular del año 2011 que le permitió a Correa “meter las manos en la justicia”.

Las transiciones populistas

El populismo se define como una relación política entre las clases socia-les y no necesariamente por una política determinada ni un programa o una ideología. Los populismos suelen también estar marcados por una fuerte im-pronta caudillista -que, por cierto, no es exclusiva de ellos-. Por lo demás, viniendo su fuerza de los conflictos y de sus posibilidades de presentarse como árbitro supremo, uno e indiscutible, su devenir exitoso depende del modo en que esos conflictos se desarrollen y cómo se muevan las relaciones de fuerzas. De modo que las transiciones populistas no suelen ser fáciles.

El PRI (Partido Revolucionario Institucional) mexicano podría ser visto como paradigma del transición populista ordenada; pero se afirmó así recién en los años treinta y cuarenta del siglo anterior, y solo después de la transformación de la revolución en una guerra civil irregular que trataba de solucionarse con el asesinato de caudillos rivales (Zapata en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923, Obregón en 1928) y de las guerra de los cristeros (1926-1929 y 1934). En seguida, la confrontación entre Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas se saldó con la ruptura política y la creación de un nuevo partido por parte de Cárdenas: el partido de la Revolución Mexicana, que luego derivaría en la estabilidad priísta; terminado el sexenio, el caudillo saliente deja espacio político para la afirmación del siguiente. Acá diríamos que el caudillo es el partido, la maquinaria. En los años 80, el PRI se deslizó al neoliberalismo, y se produje-ron nuevas rupturas, dando lugar al PRD (Partido de la Revolución Democrática) en 1989, del que se separó luego Morena (Movimiento Regeneración Nacional), del actual presidente López Obrador.

Tras la revolución boliviana de 1952, el MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) pasó de la transición ordenada a la fragmentación. Hubo un primer momento de transiciones ordenadas: 1952-56, Paz Estenssoro; 1956-1960, Siles Suazo; 1960-64, Paz Estenssoro; y un nuevo período de Paz Estenssoro (1964) fue interrumpido por el golpe de Barrientos, que era su vicepresidente. Pero luego comenzó a desgranarse: del tronco común se desprendieron varias fracciones tras los caudillismos de Víctor Paz Estenssoro (MNR), Hernán Siles Suazo (MNRI, Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda, 1969), Walter Guevara Arze (PRA, Partido Revolucionario Auténtico, 1960); y el “populismo clasista” de Juan lechín Oquendo (PRIN, Partido Revolucionario de la Izquierda Nacionalista, 1963), hegemónico en la dirección de la Central Obrera Boliviana hasta la década de 1980. Sin embargo, Paz Estenssoro, Siles Suazo y Guevara Arze encabezaron 7 gobiernos entre 1952 y 1989 y atravesaron todo el espectro de políticas económicas: en su primer gobierno, Paz Estenssoro nacionalizó las minas, a inicios de los 70 se alió con la dictadura de Hugo Bánzer y en su último mandato inició las contrarreformas neoliberales.

El peronismo se quedó preso del mito de Perón y aún no logra procesar su transición. Desde el inicio acomodó en su interior corrientes extremas de izquierda y de derecha. Por un lado, de John William Cooke y los Montoneros a López Rega y la Triple A. El caudillo es el mito que encubre los pequeños caudillismos encontrados entre sí que crecen a la sombra del mito, un mito que puede ser estirado tanto hacia la izquierda como hacia la derecha.

En el Ecuador, hasta ahora se habían producido populismos débiles. El velasquismo y el bucaramismo no lograron aliento más allá de la vida de sus líderes. El PRE de Abdalá Bucaram, el PSP de Lucio Gutiérrez y el PRIAN de Álvaro Noboa no resistieron el momento en que empezaba a eclipsarse la estrella de sus líderes-propietarios.

Las transiciones populistas no son fáciles, y tampoco iba a ser sencillo para el correísmo con Lenín Moreno en la presidencia.

A primera vista, el conflicto se presentó como el anuncio de un “nuevo estilo” de gobierno ofrecido por el candidato Moreno; pero al poco tiempo de iniciado el nuevo gobierno se evidenció el choque entre el presidente anterior y el nuevo presidente. Mientras Moreno procuraba bajar las teníiones provocadas por la alta conflictividad generada en el período de su antecesor, Rafael Correa insistía en que cada paso de su sucesor era “un desaire innecesario” contra su gobierno. El resultado fue que Alianza País tenía el gobierno y encabezaba la oposición al mismo tiempo: la ruptura se tornó inevitable.

Pero en el trasfondo de esta crisis populista estaba la transformación de las propias condiciones que dieron surgimiento al correísmo. Había cambiado la situación internacional: por un lado, la crisis de los gobiernos “progresistas” y el triunfo de nuevas derechas neoliberales muy apegadas a los intereses de los capitales y del Estado norteamericanos; por otro lado, las modificaciones operadas en la disputa por la hegemonía del capitalismo global, sobre todo en las relaciones entre China y los Estados Unidos, como se mencionaba más arriba. En consecuencia, se vio bruscamente reducida la capacidad de maniobra para ensayos distintos al neoliberalismo y al sometimiento a los dictados del gobierno norteamericano; una situación que marcó ya el final del gobierno de Correa y que reflejaba el fracaso de los intentos de integración latinoamericana.

Y habían mutado también las relaciones de fuerzas  en el Ecuador: el correísmo ya no era  más una estrella ascendente en medio del vacío político: su debilitamiento se había hecho evidente en las elecciones locales de 2014, cuan-do -apenas un año después de que Correa fuera reelegido presidente en prime-ra vuelta con más del 57% de los votos- Alianza País no logró ganar las alcaldías de casi ninguna capital provincial y perdió en las ciudades más pobladas y en los principales centros económicos del país; la credibilidad y la capacidad de atracción de su discurso se habían reducido ostensiblemente y se recuperaba en cambio la capacidad de movilización de las organizaciones sociales in-dependientes, sindicales, indígenas y campesinas, y de las clases medias, cada vez más atraídas por el mensaje de la derecha.

La situación de las diferentes oposiciones al correísmo (las derechas y los movimientos populares) era distinta. Las organizaciones sociales, aunque realizaron algunas movilizaciones importantes antes de que inicie el proceso electoral, habían sufrido constantes ataques del gobierno y se encontraban también débiles. Por el contrario, los diez años de correísmo se habían traducido en un fortalecimiento de la burguesía: fortalecimiento económico, por el crecimiento capitalista y la concentración de la riqueza; relativa recuperación política de las fuerzas de derecha: si bien no encuentran aún posibilidades cie-tas de unidad se afirman desigualmente sus nuevas expresiones políticas (CREO, Concertación, Suma) y el partido Socialcristiano recupera espacios sociales y territoriales. Estas modificaciones se relacionaban con una clara conservadurización de la conciencia social, muy marcada sobre todo en las clases medias; fenómenos que seguramente no serán pasajeros.

Un gobierno débil

Así, pues, las condiciones que generaron al correísmo ya no existían para el gobierno de Moreno. Como consecuencia, es un gobierno débil. Una debilidad que le llegó como la gerencia inevitable de un pecado original y que, luego de un primer momento de repunte, él mismo se ha encargado de precipitar en un rumbo ya sin retorno.

Las herencias recibidas

El gobierno de Moreno cargaba con el peso de la debilidad en la que había entrado el correísmo, complicada por una elección discutida. Más allá de si hubo o no fraude (lo que no llegó a comprobarse), el resultado fue apretado. Moreno tuvo, por lo tanto, que buscar mecanismos para posicionarse, optando por la apertura del diálogo y por el llamado a una consulta popular. El diálogo le permitió rebajar las tensiones en varios frentes: con la prensa, a la que aseguró un ambiente de libertad de expresión; con los militares y policías, a quienes les prometió que no crearía la nueva guardia presidencial ideada por Correa; con el movimiento indígena, al que ofreció tratar los casos de los dirigentes y militantes acusados de terrorismo y sabotaje, además de asegurarle la permanencia en su sede de Quito, que Correa intentó quitarle.

Estos nuevos aires fueron bien vistos por la población, y la popularidad de Moreno comenzó a crecer. Pero le cayeron muy mal a Correa, que acusó al presidente de causarle esos “innecesarios desaires” que citamos anteriormente y de impulsar una estrategia “desleal y mediocre”. Moreno respondió convocando a una consulta popular, que se realizó en febrero de 2018. Por un lado, la consulta golpeó a Correa, porque aprobó desestructurar el Consejo de Participación Ciudadana, organismo creado por la constitución de 2008 para nombrar a un conjunto de autoridades que antes  lo hacía el Congreso (Contraloría, Judicatura, Consejo Nacional Electoral), y que fue utilizado por Correa para poner bajo su control a las distintas funciones estatales; y aprobó también impedir la reelección indefinida, lo que limitaba las aspiraciones de Correa por volver a ocupar el sillón presidencial. Por otro lado, la consulta mostró que el correísmo aún tenía una cierta fuerza, obteniendo alrededor de 30% de los votos en las preguntas de su interés.

En este distanciamiento y ruptura de Alianza País tuvo un papel fundamental la responsabilidad de Correa y de su círculo íntimo en la corrupción. Diversas denuncias sobre hechos de corrupción afectaron desde un inicio la continuidad del “correísmo” en el gobierno. Primero fue desplazado el “correísmo duro” (Glas, Hernández, Patiño, Pavón); pero luego han caído en des-gracia también el “morenismo” y sus aliados de “centroizquierda”. El vicepresidente Jorge Glas fue enjuiciado y condenado en octubre de 2017; fue reemplazado por María Alejandra Vicuña ,  proveniente de, Alianza Bolivariana Alfarista, uno de los grupos satélites de AP, quien se vio forzada a renunciar en diciembre de 2018, en medio de un escándalo por supuestos cobros de “diezmos” a sus asesores en la Asamblea.

Moreno eligió entonces como su tercer vicepresidente a Otto Sonnenholzner, reforzando así su alianza con los grandes grupos monopólicos.

Al cautiverio te entregaste

Cuando, gracias a la consulta popular, parecía que el gobierno encontraría el espacio político para recobrar una amplia legitimidad, sus propias acciones le pusieron un freno. Según sus propias palabras, Moreno creyó encontrar la fórmula del equilibrio perfecto para gobernar con la “centroderecha” y con la “centroizquierda” al mismo tiempo: a los primeros, es decir, a los grandes grupos empresariales, entregó el manejo de la economía; a los segundos, es decir, al campo “progresista” que venía de Alianza País y de sus antiguos o nuevos aliados, las políticas sociales.

Pero se trata de un equilibrio imposible, igual que el resultado de los diálogos. En los diálogos, Moreno cedía cada vez más a los intereses empresa-riales de abrirse espacios en el gobierno para imponer su programa, que seguía siendo el mismo programa neoliberal de las décadas de 1980 y 1990. Tratando de mantener la ficción del equilibrio, las concesiones de Moreno no llegaban a las metas de los grupos monopólicos, que consideraban “insuficientes” las medidas y exigían cada vez más; a continuación, Moreno realizaba nuevas con-cesiones, que volvían a ser consideradas insuficientes, y así en adelante. Cada nueva concesión acicateaba la voracidad de los empresarios. Un juego de tira y afloja que se decidió finalmente a inicios de este año al firmarse la carta de in-tención con el Fondo Monetario Internacional.

Y mientras más concesiones hacía en materia económica, más debía retroceder en lo político y en lo social. De modo que los representantes de “centroizquierda” de su gabinete terminaron desplazados uno tras otro, proceso que parece haber culminado a mediados de este año, tras los más recientes cambios ministeriales. El tiempo de permanencia de los ministros de “centroizquierda” es muy corto, de manera que queda excluida la posibilidad de desarrollar procesos, con la excepción de la ministra del Interior, María Paula Romo. Por lo demás, las medidas económicas neoliberales terminan afectando a las políticas sociales, tanto por las limitaciones presupuestarias exigidas por el FMI, cuanto por los efectos de dichas medidas en el deterioro de las condiciones de vida de la población trabajadora; dicho de otra manera, las políticas económicas condicionan, constriñen y debilitan a las políticas sociales.

Este mundo es un conflicto

El conflicto más visible fue el que se desató dentro de Alianza País, entre el presidente electo y el expresidente, a lo que ya nos referimos en líneas anteriores. Sin embargo, esto no era más que la cara visible; a medida que avanzaba el tiempo y se movían las fuerzas, podía verse que detrás de este enfrentamiento se desenvolvía la conflictividad que dejó el correísmo.

Hoy, en un escenario modificado en favor de la derecha política y de las élites económicas, el campo de conflictos y las relaciones de fuerzas se han re-organizado en torno a un conjunto de cuestiones centrales: la economía, el trabajo, el Estado y la democracia. Y quizás el cambio más importante sea que las contradicciones de clase están abandonando la zona de opacidad en que las mantuvieron el discurso populista y la lógica de la diferencia.

La cuestión del imperialismo y la dependencia se resuelve con el sometimiento del gobierno de Moreno a los dictados del Fondo Monetario Internacional y en su alineamiento impúdico con las políticas norteamericanas, dejando para el olvido sus iniciales críticas a la política migratoria de Trump. Su afán de agra-dar al presidente imperial fue patente con la vergonzosa entrega de Julian Assange a la policía británica y con su cambio de orientación frente a la crisis venezolana. Igual de obsequioso se muestra con el capital transnacional: incremento de la deuda externa, llamados a que vengan a beneficiarse de las anunciadas privatizaciones de las empresas estatales más grandes y rentables, im-posición de la minería a gran escala, y anuncio de la firma de varios tratados de libre comercio para abrir el mercado interno a productos de las grandes multinacionales. Se reforzará así el papel de la economía ecuatoriana como productora de materias primas y consumidora de productos elaborados provenientes del exterior.

La cuestión económica ha sido el elemento central para sellar la alianza en-tre el gobierno y los grandes capitales. Esta ha seguido los lineamientos establecidos por el Fondo Monetario Internacional y por las cámaras empresariales, empeñados ambos en imponer el recetario neoliberal que, debido a la resistencia popular, no lograron completar en los 25 años transcurridos entre 1981 y 2005: perdón de multas e intereses por las deudas que los empresarios mantenían con el  Servicio de Rentas Internas (SRI), con las municipalidades y con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), exenciones de impuestos a nuevas inversiones, reducción del pago de impuesto a la renta de las grandes fortunas y su reemplazo por el incremento de impuestos indirectos, sobre todo el IVA. También forman parte del paquete la reducción de la inversión pública y las privatizaciones (justificadas estas últimas en la ley de alianzas público-privadas, aprobada en la última parte del gobierno de Correa). Por las condiciones del modelo de acumulación, todo esto está atado a la persistencia del extractivismo y al despojo a las comunidades y pueblos indígenas de la tierra y el agua, con toda la violación a sus derechos que esto conlleva.

Cuando de neoliberalismo se trata, la cuestión del trabajo se convierte siempre en un elemento central. Las reformas laborales han sido una permanente exigencia de los gremios empresariales y de su aparataje mediático, que siempre resintieron la limitada redistribución de la riqueza social a que les obligó el populismo correísta. Para revertirla, han optado por la sobreex-plotación del trabajo: tal es el único objetivo de las contrarreformas que pro-mueven.

La flexibilización de la jornada laboral todavía no afecta, aparentemente, el límite de 40 horas semanales; sin embargo, la jornada puede distribuirse al antojo de los empleadores, pudiendo llegar hasta 12 horas por día, incluidos los fines de semana. Los trabajadores sufrirán un mayor desgaste físico y espiritual y se verá afectado el tiempo que ahora pueden dedicar al descanso y a sus familias; la alharaca de las derechas conservadoras sobre la protección de la familia no incluye, por lo visto, a las familias trabajadoras. Pero, eso sí, los empresarios se ahorrarán el pago de horas extras: se trata, por lo tanto, de una apenas encubierta reducción salarial.

Otra de las propuestas está encaminada a extender el período de prueba de tres a seis meses o, según los más entusiastas neoliberales, a tres años. Na-die puede creer en serio que un empleador necesite 36 meses para darse cuenta si un trabajador es productivo y le reporta ganancias, pero la extensión del período de prueba permite facilitar los despidos y volverlos más baratos, que es el verdadero objetivo de la medida. Por eso, otra reforma habla directamente de limitar las indemnizaciones por despido, independientemente del número de años que una persona lleve laborando en una empresa.  Para los trabajado-res, el tiempo de empleo pasará a ser un paréntesis entre dos desempleos, lo mismo que ocurría en la época neoliberal con la tercerización y los contratos por horas; recordemos que, en aquellos años y tras sucesivas reformas, las em-presas podían tener hasta 3 de cada 4 trabajadores contratados por horas. De igual manera, estos trabajadores, al no tener estabilidad, quedan excluidos del derecho a la sindicalización. En síntesis, se trata de una medida para imponer la inestabilidad, incrementar el desempleo y debilitar la posibilidad de organización; todo en uno.

Otras medidas son más creativas: por ejemplo, aquella en que el Estado ofrece a los empresarios pagar las remuneraciones de los jóvenes que ingresan a trabajar por primera vez… ¿y esta es la forma en que la empresa privada crea empleo?: ¡trabajadores gratis! Como reflejo de los deseos profundos del capital, no está nada mal…

Y todo esto en un momento en que tanto la empresa privada como el Estado han lanzado una enorme oleada de despidos, produciendo en apenas cinco años una caída del “empleo pleno” de 49 a 38% de la población económica-mente activa y que, sólo en un año, entre marzo de 2018 y marzo de 2019, más de 260.000 personas han perdido su “empleo pleno” .

La cuestión del Estado se nos presenta, en el discurso oficial, como “reinstitucionalización”; pero eso no se compadece con la realidad, porque las instituciones pre-Correa no eran ni tan estables ni tan democráticas, ni tampoco contaban con la legitimidad suficiente. Se deja de lado que la falta de independencia de las funciones estatales y su subordinación a los deseos de los presidentes, la pérdida de capacidad legislativa y fiscalizadora del Parlamento, la utilización de la justicia con fines políticos, la modificación antojadiza de las leyes, incluso las veleidades caudillistas, no fueron un invento del correísmo ni son asuntos exclusivos del populismo.

La referencia a la “reinstitucionalización” como “descorreización” peca igualmente del mismo inmediatismo y, además, oculta que “descorreizar” tiene diferente significado para las distintas oposiciones que se construyeron durante el gobierno de la “revolución ciudadana”. Para la oposición de derechas se trata de retirar los obstáculos que podrían oponerse al retorno neoliberal. Para la oposición popular se trata de recuperar libertades y derechos conculcados.

Pero, más allá de esto, de fondo, hay por lo menos dos aspectos a considerarse: el primero tiene que ver con la secuencia neoliberalismo-populismo (de la que hablaremos después), es decir, con el papel del Estado en el desarrollo del capitalismo. El segundo, en cambio, se relaciona con la secuencia populismo-socialismo, es decir, con el horizonte estratégico de la transformación social; desde esta perspectiva, la cuestión es si el sujeto del cambio es el Esta-do, o los espacios de organicidad autónoma subalterna, volcándose sobre la política y haciéndola suya.

Situar la cuestión de la democracia no es tan sencillo como pudiera parecer. El discurso liberal de hoy pretende instalar una lectura única y plana: donde la democracia sólo puede ser la democracia liberal, o la imagen idealizada que de ella brindan los estudios de los politólogos anglosajones, o -incluso- la versión rebajada, que busca excluir a la aspiración a la igualdad de las promesas de-mocráticas; poco importa que los regímenes liberales realmente existentes no se parezcan mucho a los modelos que publicitan sus ideólogos.

Sin embargo, la limitación más grande de estas visiones es la separación que realizan en dos cuestiones: entre democracia política y democracia social, en donde el ensalzamiento retórico de las libertades políticas oculta los atenta-dos que se realizan contra las condiciones de vida de las mayorías, es decir, el cabal incumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales; y, por otra parte, entre política y economía, momento en el que velan púdicamente un hecho esencial: la contradicción irresoluble entre la pretensión de lograr sistemas y comportamientos democráticos en la organización de la política y la necesidad irrenunciable de mantener el control despótico de la economía.

Este arsenal discursivo les parece suficiente para reclamar el monopolio de la democracia, y para desterrar de su paraíso al socialismo igual que al populismo.

Por su parte, el populismo produce una reducción simétrica y opuesta. Las limitaciones de la democracia liberal deben ser corregidas, nos dice, resaltando la recuperación de los derechos sociales negados por los liberalismos oligárquicos: salarios dignos, estabilidad laboral, seguridad social, educación, salud, vivienda, acceso a la tierra y a los mercados; y poniendo en práctica mecanismos de democracia participativa. Tocan así justamente los límites de una democracia liberal que lleva en sí la marca indeleble de la mentalidad hacendataria y de la cicatería con las clases trabajadoras que caracteriza a la mentalidad de las clases dominantes. Pero creen que la reivindicación de estos aspectos, que no se puede negar son muy importantes, es suficiente para justificar el atentado a las libertades políticas y a los derechos a la libertad de expresión, a la libre organización, a la movilización y a la resistencia (todo sea dicho: en este campo, tampoco las democracias liberales pasan mucho más allá del reconocimiento formal). Al final de cuentas, libre expresión, libertad de organización y de movilización, son cuestiones fundamentales para que las clases subalternas se constituyan como sujetos históricos en la lucha por su emancipación.

Durante los 25 años de neoliberalismo quisieron convencernos de que el respeto de las formalidades de la democracia debía compensar suficientemente los violentos ataques a los derechos sociales (y a los componentes más sociales de las libertades políticas). Ahora, tras la crisis del populismo, el nuevo neoliberalismo viene a decir que, para recuperar ciertas formalidades de las liberta-des políticas, las clases subalternas deben resignar sus derechos económicos y sociales, sobre todo aquellos que tienen que ver con la disputa por el reparto del excedente.

Así, mientras los liberales desconocen que el populismo, sin dejar de ser autoritario, tiene elementos de democratización, los populistas en cambio, pre-tenden desconocer que derechos y libertades, conquistados por los trabajado-res mediante la lucha, son algo más que “prejuicios burgueses”.

Llegamos así al entrampamiento generado por las falencias de ambas lecturas de la democracia; sólo se podrá salir del atolladero construyendo nue-vos sentidos para la democracia: la democracia más allá del liberalismo y del populismo; la democracia como las condiciones que posibiliten el libre des-pliegue de la lucha por la justicia social; como el reconocimiento intransigente de la legitimidad del derecho de todos a disfrutar de sus derechos: los derechos de los pueblos indígenas, de los campesinos, de las mujeres, de los jóvenes, de los trabajadores, de los niños, de los géneros diversos;  la democracia como el diálogo y el aprendizaje mutuo de las luchas de los demás sectores oprimidos y postergados; como la construcción de espacios comunes de lucha contra la opresión del capital y contra toda opresión; como erradicación de la violencia ejercida por los fuertes contra los débiles; como recuperación, recrea-ción o reinvención de la solidaridad; como democracia en todos los ámbitos de la vida social; como el camino inacabable de la construcción de la autonomía; la democracia, pues, como autogobierno de la sociedad, como el derecho a to-mar el destino en las propias manos.

En conclusión, hoy se está configurando un nuevo campo de fuerzas constituido por la oposición de tres bloques: el bloque neoliberal en el poder; el populismo; y el campo subalterno.

El momento actual está caracterizado por una violenta ofensiva del gobierno, los grandes empresarios, los capitales transnacionales y los organismos de poder global (como el FMI), todos coaligados en contra de las comunidades y de los trabajadores: el extractivismo y el trabajo se han convertido en los ejes fundamentales de la conflictividad. Y todos coaligados, en nombre de su libertad de oprimir y de explotar, en contra de las libertades y los derechos la in-mensa mayoría de la población, y empeñados en provocar un retroceso de proporciones gigantescas en la democracia y en las condiciones de existencia de la mayoría. Ellos constituyen el bloque en el poder. Hasta ahora han tomado como oponente discursivo “ideal” al correísmo, queriendo encubrir con los desmanes del gobierno anterior sus violentos atentados contra las condiciones y formas de vida de las clases y sectores subalternos, que son su oponente real.

El segundo bloque es el populismo correísta. Erosionada su hegemonía, desplazado del poder y dado por desaparecido, mantiene todavía un cierto ascendiente sobre importantes sectores sociales, aunque ahora no sea posible establecer la extensión de esa influencia. Este sector construye sus oponentes a dos bandas.  Por un lado, el morenismo, al que acusa de traicionar los principios de la revolución ciudadana y de restaurar el neoliberalismo; junto al mo-renismo ubica al Fondo Monetario Internacional y determinados grupos eco-nómicos; pero silenciando que el rumbo neoliberal fue iniciado bajo el gobierno de Correa y que los grupos monopólicos fueron los más beneficiados de su gobierno. Por otro lado, a las organizaciones sociales independientes y a sus dirigentes; en este caso, el correísmo fuera del gobierno sigue los mismos pasos que transitó durante su estadía en el poder. Finalmente, si quiere renacer como alternativa de gobierno debe volver a existir un espacio vacío de autorepresentación subalterna, y en ese afán, los movimientos que no pudo controlar siguen siendo un obstáculo en esta nueva etapa.

El tercer bloque es el de los subalternos, pero es un bloque por constituirse, y sólo podrá hacerlo confrontando las nuevas y viejas políticas neoliberales que implementa el gobierno de Moreno. Tendrá también que enfrentar algunos obstáculos, entre ellos, la conservadurización de la conciencia social y el individualismo que marca hoy el sentido común predominante, obstáculos que afectan incluso a ciertos segmentos populares, y que puede rastrearse en algunas reivindicaciones y prácticas sociales; las dificultades que el autocentramiento de algunas reivindicaciones, que determinados colectivos y movimientos oponen a la construcción de proyectos de unidad; la separación entre acción política y social; el inmediatismo de las acciones políticas. Y sólo podrá hacerlo si logra construirse independientemente, tanto del bloque neoliberal como del populismo.

Un tenue paréntesis: las elecciones del 24 de marzo

Las pasadas elecciones locales del 24 de marzo mostraron el escenario típico de un momento de transición. En primer lugar, la proliferación de movimientos, partidos y alianzas, producto del estallido del partido hegemónico en el período anterior y de la dispersión de las fuerzas políticas de todos los signos; esto arrastró consigo una similar dispersión del voto, fruto de lo cual, una gran cantidad de alcaldes y prefectos triunfó con un porcentaje muy reducido de votos y con escasa ventaja sobre sus competidores. En segundo lugar, resultados ambiguos para todos: cada cual puede sentirse triunfador y cada quien topó límites importantes. En tercer lugar, se muestran los contornos de tres campos políticos que disputarán en lo posterior la recomposición del sistema de partidos y la captura de espacios de representación: la derecha, cada vez con mayor presencia y fuerza, pero aún dividida; el populismo, que no ha desaparecido, que obtuvo algunos réditos significativos, pero cuya votación aparece fragmentada entre una expresión orgánica y otra más dispersa; y las izquierdas, que lograron algunos éxitos sorpresivos, que pese a todo mantienen una presencia no despreciable, pero que alcanzan una presencia muy reducida en las zonas más pobladas. La incógnita está ahora en lo que pueda ocurrir en la centroizquierda y en las alianzas que pudieran fraguarse hacia el futuro inmediato.

Seguramente las próximas elecciones nacionales de 2021 contribuirán a aclarar un poco más el panorama.

A modo de conclusión. Populismo y neoliberalismo

Así como en 2002 el gobierno de Lucio Gutiérrez fue un momento de transición entre el neoliberalismo y el populismo “progresista”, ahora el morenismo es un momento de transición entre el populismo y el neoliberalismo.

En las últimas tres décadas hemos tenidos dos modalidades de relación entre neoliberalismo y populismo: Una de “cuenta corta” y otra de “cuenta larga”. La modalidad de la cuenta corta nos habla de un determinado momento: por ejemplo, el encuentro extraño que encarnó en los populismos neoliberales (Menem, Fujimori, Abdalá Bucaram, Lucio Gutiérrez, aquellos que, en su momento, fueron bautizados como “neopopulismos”). Pero también la ficción de una oposición frontal entre ambos que, no obstante, anida continuidades no dichas.

En cambio, la modalidad de la cuenta larga nos habla de la relación entre populismo y neoliberalismo en la sucesión del tiempo, quizás podríamos hablar de ciclos o de “edades”: pues el populismo ha sido en América Latina una consecuencia de las crisis liberales. A una edad liberal, le sigue una populista. Pero el populismo también genera límites y crisis, que han pretendido ser “resueltas” con un retorno al liberalismo. Sin embargo, esta nueva edad liberal se repite y genera -más o menos- los mismos conflictos que su antecesora; y así va creando las condiciones para una nueva reaparición del populismo. De alguna manera, esta ha sido la historia de América Latina, por lo menos desde la década de 1920.

– Mario Unda es sociólogo, profesor en la Universidad Central del Ecuador, activista en el movimiento urbano-popular.

Notas

1) Las referencias que sustentan las ideas aquí expresadas son las que se indican a continuación: el punto de partida es El dieciocho brumario de Luis Bonaparte, de Carlos Marx; luego, los textos referentes al bonapartismo (o cesarismo) y a la historia de las clases subalternas contenidos en los Cuadernos de la Cárcel, de Antonio Gramsci; los artículos de León Trotsky sobre México y otros países de América Latina, recogidos en Escritos Latinoamericanos; varios textos de René Zavaleta, sobre todo 50 años y “Formas de operar el Estado en América Latina”; los estudios de Agustín Cueva sobre el velasquismo y el populismo en general, recogidos en varias compilaciones, por ejemplo, en Ensayos sociológicos y políticos; y la obra, menos conocida entre nosotros, de Milcía-des Peña, especialmente su Historia del pueblo argentino. También hay referencias a discusiones contemporáneas, entre ellos particularmente a los avances de Massimo Modonesi sobre subalternidad y revolución pasiva (Subalternidad, Antagonismo, Autonomía y “Usos del concepto gramsciano de revolución pasiva en América Latina”), a la lectura que hace de Juan dal Maso de la relación Gramsci-Trotsky (Hegemonía y lucha de clases) y a las interesantes interpretaciones desarrolladas por Maristella Svampa (en el capítulo 4 de sus Debates Latinoamericanos).

2) Los datos son del INEC. Ver: https://www.elcomercio.com/actualidad/inec-desempleo-subempleo-ecuador-marzo.html