Entrevista a Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea

Torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extra judiciarias…El informe de la ONU sobre los derechos humanos en Venezuela, presentado el 5 de julio, es claro y tajante para con el gobierno de Maduro. En él aparecen detallada la represión a los opositores, las faltas graves sobre la atención médica y la alimentación de la población, así como sobre la administración de la justicia.

Jean-Baptiste Mouttet

Mediapart, 6-7-2019

Traducción de Ruben Navarro – Correspondencia de Prensa, 9-7-2019

El estilo es sobrio, diplomático y sin embargo, el informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, expone al lector los horrores y las absurdidades del autoritarismo. (Informe del Alto Comisionado en castellano en Provadavinci).

Fue publicado el 4 de julio y presentado por la Alta Comisionada Michelle Bachellet, ex presidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018), el viernes 5 de julio en Ginebra. Una serie de cifras mórbidas: 5287 personas fueron asesinadas por “resistencia a la autoridad” en 2018, 15045 fueron detenidas por motivos políticos entre enero de 2014 y mayo de 2019. Este 31 de mayo, había aún 793 personas privadas arbitrariamente de libertad…

“Desde 2016 (…) ha aumentado la represión selectiva de la oposición política”, señala el informe. Luego surgen episodios terribles, protagonizados por algunas de las 588 personas interrogadas por la Organización, como los de las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), que llegan armadas en vehículos negros, camuflan droga y dejan armas en la escena del crimen, simulando un enfrentamiento con delincuentes.

La ONU afirma que ciertas víctimas fueron asesinadas por haber participado en las manifestaciones contra Nicolás Maduro en 2019. “Las autoridades pueden utilizar las fuerzas de seguridad como un instrumento para (…) mantener el control social. (…) El control incluye también las ayudas públicas, en particular, la distribución a precios módicos de alimentos.”

Las víctimas temen recurrir a la justicia, sobre la que el informe demuestra las fallas. Al aspecto represivo hay que agregar los incumplimientos del gobierno sobre las necesidades sanitarias y alimentarias de la población del país, para el que el FMI prevé 10:000.000% de inflación en 2019.

La ONU recomienda al gobierno, entre otros puntos, la “disolución de las FAES”, la liberación de “las personas privadas arbitrariamente de sus libertades” y el restablecimiento de “la independencia de la justicia”.

Por su parte, el gobierno niega una buena parte de los hechos que le son reprochados y denuncia errores metodológicos  en el informe. En los comentarios del gobierno, remitidos junto con la encuesta de la ONU, se puede leer que la liberación de las personas detenidas “por motivos políticos” es “inaplicable” ya que “no existen personas detenidas bajo tales condiciones”.

Las ONG venezolanas recibieron el trabajo con el alivio de observar en el mismo la confirmación de sus propias investigaciones y denuncias. Ciertos dirigentes de ONGs, como Rafael Uzcátegui, de Provea (Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos) , apuntan de ahora en adelante a la Corte Penal Internacional en la que se estudia en este momento un pedido de investigaciones por crímenes contra la humanidad, un pedido efectuado por seis países (Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú).

El militante anarquista no esconde su desconfianza hacia el chavismo. Para el autor del libro crítico, desde la izquierda del chavismo, “Venezuela, la revolución como espectáculo” (Malatesta, 9-2010), Nicolás Maduro no respeta los derechos de los venezolanos. Uzcátegui critica también la oposición frontal de Juan Guaidó.

-El informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denuncia severamente la actitud del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias del informe para Venezuela?

Es un organismo respetado y que tiene mucho peso a nivel internacional. El hecho de que sea precisamente esta alta comisionada, Michelle Bachelet, la que goza de cierto prestigio dentro de la izquierda internacional, es importante. Es esencial que la ONU siga documentando la situación venezolana.

 

-Después de la visita de Michelle Bachelet, dos especialistas de los derechos humanos se quedaron en Venezuela, pero no han podido visitar los centros de detención ni entrevistarse con prisioneros políticos. Entonces, ¿qué otros mecanismos pueden ser activados después de este informe?

Nosotros pedimos la instalación de una comisión de investigación de la ONU para trabajar sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Los trabajos de esa comisión serían determinantes para decidir o no el inicio de una investigación en la Corte Penal Internacional sobre nuestro país por crímenes contra la humanidad. Es importante utilizar todos los mecanismo y demostrar al mundo que no hay voluntad política por parte de Maduro para hacer respetar los derechos de los venezolanos.

-La apertura de una investigación en la Corte Penal Internacional (CPI) fue pedida en el informe de 2018. Esta última vez, no fue así.

Gran parte de la investigación y de las recomendaciones está escrita en el idioma diplomático de la CPI y se dirige entonces a esa institución. Allí se subraya que no es posible que Venezuela investigue sola sobre el respeto de los derechos humanos. Una de las recomendaciones dice que es necesario investigar de “manera imparcial” y con “la ayuda de la comunidad internacional” sobre los casos de  ejecuciones extra judiciales en Venezuela.

-El informe establece que las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia “recurren de manera habitual” a la tortura, ya sea asfixia, descargas eléctricas, golpes, para “sonsacar informaciones”. Recientemente, el 29 de junio, falleció el capitán de corbeta, jubilado, Rafael Acosta Arévalo. Estaba detenido por la Dirección general de contrainteligencia militar (DGCIM). Hay fuertes sospechas sobre torturas al militar fallecido. ¿Tiene usted confianza en la investigación llevada a cabo por el gobierno?

No. El nivel de confianza en este gobierno es tan bajo que incluso el Alto Comisionado concluye que ni el fiscal general, ni los jueces, ni el defensor del pueblo, conducen correctamente las investigaciones. No puede haber investigación transparente, estamos viendo los primeros resultados. Las dos personas que fueron detenidas (Ndt: en el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo) no han sido acusadas de haber cometido actos de tortura, lo que impide que pueda realizarse cualquier investigación sobre los autores intelectuales de las mismas. Nicolás Maduro garantiza la impunidad a los violadores de los derechos humanos.

 

-¿Se sabe con certeza que fue torturado?

-Provea está en contacto con un abogado del capitán. Este abogado estuvo presente en el momento de la primera audiencia y fue testigo de los malos tratos infligidos a su cliente. Entonces sí, nosotros tenemos la certeza absoluta de que fue víctima de torturas. (Ndt: el gobierno todavía no ha entregado el cuerpo del capitán a su familia). Estaba retenido en los locales de la DGCIM, un organismo que, según los datos de Provea, es el que más ha torturado en el año 2018. Para ese año, constatamos 100 casos de torturas. 75% de las víctimas estaban detenidas por la DGCIM.

-¿Por qué la DGCIM tortura más que otras instituciones?

-Porque el año pasado hubo una serie de detenciones de militares acusados de conspiraciones. Se habla de malestar profundo en las fuerzas armadas. Yo pienso que el gobierno intensifica entonces las investigaciones y las detenciones en ese sector. Son “castigos ejemplares”. La tortura, los tratos inhumanos y degradantes, son utilizados para enviar un mensaje a los militares.Venezuela907 Dos

-Las Fuerzas de Acciones Especiales, un comando de la policía nacional, son calificadas por testigos como “escuadrones de la muerte”. ¿Las FAES son entonces la piedra angular del control de la población?

Hoy, es el cuerpo policial encargado de las operaciones contra los delitos en las comunidades. Sin embargo, las FAES fueron creadas en 2017 y siguieron entrenamientos para actuar en situaciones de alto riesgo, secuestros, actos terroristas… Es el brazo del “terrorismo de Estado”, como lo calificamos en Provea.

-El informe destaca también las “violaciones al derecho a la salud”, “a la alimentación”, “a la vida”. ¿Cómo se explica eso siendo que el gobierno pone de relieve la distribución de alimentos a través de los Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), los programas sociales para la salud como la misión Barrio Adentro?

El gobierno de Hugo Chávez podía contar con ingresos importantes entre los años 2006 y 2010 gracias a las ventas de petróleo y pudo promover una política para combatir la pobreza. Con la disminución del precio del petróleo en 2012, la situación cambió.

Otros países de América latina que conocieron la misma situación, adoptaron medidas para promover una política duradera. Venezuela no lo hizo. Como aparece en el informe, el origen de la crisis venezolana está vinculado, entre otras cosas, a una corrupción muy importante, sin control institucional del poder.

Las obras que estaban planificadas no fueron hechas, el dinero fue dilapidado, robado y hoy, el Estado no tiene capacidad de respuesta a las necesidades de los ciudadanos. El único comportamiento sancionado hoy en Venezuela es la disidencia política. Desde los comienzos del chavismo, hay una especie de tolerancia de la corrupción.

-El informe evoca también el control social, en particular a través de la venta a precios subvencionados de alimentos distribuidos por los Clap. ¿La crisis favorece ese control?

Enormemente. Como lo muestra el informe, quienes critican al gobierno pueden ser privados de Clap. En Venezuela tenemos una economía dual. Hay quienes reciben dólares de sus familiares o allegados que se han radicado en el extranjero o que tienen salarios en dólares.

El otro sector de la población, ampliamente mayoritario, sigue cobrando sus ingresos en bolívares. Este sector de la sociedad depende de la ayuda del gobierno. Esas personas no pueden ir a las manifestaciones, no se expresan libremente, por miedo de no conseguir alimentos.

-La ONU habla de represión selectiva de la oposición, de una homogenización comunicacional, de una justicia sumisa y a las órdenes y sin embargo, no califica al gobierno de “dictadura”, como lo hace Provea.

Venezuela907 TresLo entiendo perfectamente. Eso forma parte de un tipo de lenguaje institucional que se debe contemplar. Esas afirmaciones son las críticas habituales a los informes de las ONG. Hubo presiones por parte de diferentes funcionarios del gobierno venezolano para modificar el informe. Como las presiones no tuvieron éxito, solo obtuvieron la posibilidad de adjuntar un documento adicional. Seguramente, van a empezar a cuestionar el informe de la alta comisionada.

-El informe indica que las sanciones económicas de los Estados Unidos no provocaron la crisis económica, que no hicieron más que empeorar la situación. Podemos preguntarnos si esas sanciones alimentan la propaganda madurista y si, finalmente, no se transforman en un justificativo para justificar la violencia.

Nosotros publicamos un informe sobre el impacto de las sanciones sobre los derechos humanos, realizado por el economista marxista Manuel Sutherland. Sus conclusiones son que esas sanciones son ineficaces como instrumento de presión, que van a agravar la situación de los más vulnerables y que son utilizadas como una herramienta de propaganda para justificar la ineficiencia del gobierno y para esquivar la responsabilidad en materia de respeto de los derechos humanos. En Provea, mantenemos el reclamo de un levantamiento de las sanciones financieras, pero seguimos pidiendo que las sanciones individuales a los altos funcionarios venezolanos sean más fuertes.

-La estrategia de la oposición, como el levantamiento del 30 de abril, ¿no es también un hecho que provoca violencia?

-Nosotros criticamos la estrategia del 23 de febrero, cuando trataron de utilizar la entrada al país de ayuda humanitaria para obtener una ruptura en las Fuerzas Armadas. Pensamos que el único objetivo de una ayuda humanitaria debe ser el de salvar vidas y el de aliviar los sufrimientos. Desde el 23 de febrero, Juan Guaidó, carece de estrategia clara y definida. El 30 de abril fue una consecuencia de ello. Rechazamos todo simulacro de rebelión militar en nuestro país. Nosotros impulsamos una petición, firmada por 500 personas, en la que rechazamos toda salida del conflicto por la fuerza.

-¿La salida del conflicto pasa por las negociaciones en Noruega, entre otras posibilidades?

-Los mecanismos de diálogo son importantes y necesarios. Es un proceso largo y requiere mucha paciencia, pero es el más eficaz. Una presión de la sociedad puede llegar a obtener que el pueblo venezolano sea consultado para elegir su futuro por la vía de un proceso electoral democrático.

-En un artículo provocador, usted critica un “colonialismo de izquierda” que viene, sobre todo, de los Estados Unidos. ¿No le parece exagerado calificar a Noam Chomsky de “colonialista”?

Yo pienso que los intereses políticos en los EEUU no son los mismos intereses que los del pueblo venezolano. La única explicación sobre las movilizaciones, sobre la insatisfacción, no es que éstas sean estimuladas por Donald Trump. Tenemos nuestras propias razones para exigir la democracia en nuestro país.

-¿Le parece que las izquierdas, a nivel internacional, tienen una responsabilidad sobre lo que está pasando en Venezuela?

Sí, porque siguen siendo el principal apoyo a Maduro en el ámbito internacional. Muchos funcionarios siguen siendo fieles a Maduro porque temen no encontrar espacio político en el futuro político venezolano. La ausencia de una crítica de izquierda acentúa esta visión.

Hay una izquierda que sigue diciendo que todos aquellos que critican a Maduro son conservadores, de derecha. Aquí, no estamos en una confrontación ideológica entre la izquierda y la derecha, sino en una confrontación entre los que quieren la democracia y los que quieren mantener la dictadura. En las filas de los que quieren la democracia, se encuentran muchos que se identifican a sí mismos domo chavistas, como revolucionarios, de izquierda.

-¿Provea es atacado por el gobierno?

Somos centro de una campaña de desprestigio. Tenemos que tomar precauciones de seguridad para no ser atacados por personas que forman parte del militantismo oficial. No nos dejamos intimidar.

-La independencia de Provea ha sido cuestionada. Ustedes son financiados por diferentes organizaciones, entre las cuales las Open Society, de George Soros. Algunos periodistas dicen que ciertos fondos vienen de la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional).

Nunca recibimos ayuda de la USAID. Eso forma parte de la campaña de denigración. Nos financian las mismas organizaciones que reclaman la justicia para Santiago Maldonado, desaparecido en 2017 en Argentina, que financian las campañas de defensas de los Mapuches en Chile. Nuestros dos donantes históricos son la Open Society y una organización católica alemana, Misereor. En 1993, gracias a esas ayudas financieras, Provea pudo visitar a Hugo Chávez cuando estaba preso, después de su golpe de Estado fallido. Con esos financiamientos, pudimos también ayudar a Nicolás Maduro cuando era todavía sindicalista.