El asesinato de excombatientes no es el único problema crítico del proceso de paz. Los espacios donde se concentraron los exguerrilleros están a punto de caducar formalmente. Pero no desaparecerán. Se terminarán de transformar en asentamientos permanentes, y el Gobierno tiene allí otro gran desafío.

Revista Semana, 30-6-2019

Correspondencia de Prensa, 1-7-2019

En Montañita, Caquetá, los excombatientes de las Farc comenzaron a echar raíces con los 745.000 pesos que les consigna el Gobierno cada mes. Desde que dejaron las armas hace dos años, la mayoría de las 13.010 personas que participan activamente del proceso de reincorporación estiran como pueden la plata. Mientras que unos ahorran, otros se juntan para sacar adelante iniciativas productivas, y un tercer grupo se las ingenia para asegurar el pedazo de tierra que ocupan. De los 24 espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR), que albergan 3.296 hombres y mujeres de la antigua guerrilla con sus familias, este del sur del país es tal vez el más exitoso.

El grueso de los excombatientes de las Farc se integran a la vida civil colectivamente, bajo esquemas de cooperativas de trabajo asociado y en forma muy ligada a los territorios donde alguna vez hicieron la guerra.

El ETCR de Montañita lo jalonan 210 antiguos miembros de la tropa élite que tuvo alguna vez el temido bloque Sur de las Farc. Ahora todos son labriegos. En la reciente cosecha sacaron más de 200 toneladas de piña. Sin intermediarios, comercializaron la fruta en los mercados de Florencia, Bogotá y Pitalito. Pero el agro no es la única iniciativa que tienen ellos y las comunidades que hay a su alrededor.

En torno a esta aldea de la paz han brotado también negocios relacionados con el turismo, la vivienda, la educación y la piscicultura. Solo en el segundo semestre de 2018 vendieron más de 20 toneladas de pescado. Asimismo, mes a mes reciben, cuando menos, 250 turistas que llegan para conocer la naturaleza exuberante y observar centenares de murales que tienen pintados en las casas. Eso los llevó a construir un hospedaje de dos módulos con 12 habitaciones cada uno.

Para resolver el problema de la tierra, que tantos choques venía despertando con el Gobierno que no dejó una mención específica en el acuerdo de La Habana, algunos decidieron resolver el tema por su cuenta. Hace un año, después de una corta negociación, un sacerdote, dueño de los predios que ocupa este ETCR, se ofreció a venderles 169 hectáreas por 200 millones de pesos, que pagan en un lapso de siete años y sin intereses.

“Con toda la mano de obra que tenemos hay muchos proyectos para poner a andar. La tierra aún no es suficiente, pero por algo se empieza”, le dijo a SEMANA Federico Montes, líder de la zona. Ahora se enfrentan a una difícil tarea: lograr que la Agencia Nacional de Tierras les titule los predios en forma colectiva a nombre de la cooperativa que conforman 170 asociados. Pero la pesada tramitología legal no se mueve al ritmo de los excombatientes.Colombia107 Dos

Montañita, como casi el resto de ETCR, se convirtió en una ciudadela. Sin armas y sin una razón para huir, los excombatientes dejaron atrás la vocación de nómadas para volverse sedentarios. Sobre terraplenes de cemento se levantaron postes de madera, techos de Eternit y cableados eléctricos para casitas elementales de 24 metros cuadrados, donde viven familias de hasta 15 personas. Su construcción en serie se asemeja a un barrio. Además, tienen aulas, acueducto, invernaderos, auditorio comunal, sanitarios y duchas. Todo ello en medio de la selva, como en el ETCR La Carmelita, en el departamento de Putumayo. En la cima de las montañas, como en Miravalle, Caquetá, o en medio de la llanura, como en Charras, Guaviare. El plástico y la cabuya, que tanto usaron para resistir frías noches en la penumbra de la guerra, los reemplazaron las ganas de construir sus proyectos de vida a punta de ladrillo y cemento.

Un triunfo casi cantado

A diferencia de los procesos de paz que el país vivió con el M-19, el EPL (Ejército Popular de Liberación) o con las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia, paramilitares) desde un principio se supo que la reinserción de los excombatientes de las Farc no sería con un taxi en Bogotá ni con un proyecto productivo individual en el Valle. Alrededor de 1.600 miembros del ahora partido Farc tienen empleos formales con instituciones del Estado, como la Unidad Nacional de Protección, la agencia para el desminado Humanicemos, la Agencia para la Reincorporación y Normalización o en las UTL de las diez curules otorgadas en el Congreso. Pero esas son situaciones excepcionales. El grueso de los excombatientes de las Farc se integran a la vida civil colectivamente, bajo esquemas de cooperativas de trabajo asociado y en forma muy ligada a los territorios donde alguna vez hicieron la guerra.

Así las cosas, en cabeza del presidente Iván Duque se tomó la decisión de comprar la mayoría de predios, titularlos a nombre de la Agencia para la Reincorporación a fin de, más adelante, otorgárselos a los excombatientes.

Hace dos semanas, cuando el Gobierno reunió a los alcaldes de los municipios donde están ubicados los ETCR, se llevó una gran sorpresa. No tuvo eco la propuesta de levantar 11 de los espacios y trasladarlos a nuevos territorios. La idea hacía parte del paquete de respuestas en las que vienen trabajando el Ejecutivo para atender la situación de los reincorporados, pues el 15 de agosto vence la figura de transitoriedad que tienen esos asentamientos. Ante la reacción de los alcaldes, se ha planteado un diálogo con cada una de las comunidades para ver qué se hace con el problema de la tenencia de tierras cuando los espacios están en resguardos indígenas, territorios colectivos o zonas de reserva.

Además, según le informó a SEMANA la Agencia para la Reincorporación, hay 500 predios en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que han sido expropiados y podrían ser utilizados en caso de que definitivamente se requiera un traslado o falte tierra. Con la otra mitad de los ETCR, que no fueron objeto de discusión, el Gobierno decidió cambiar su estatus transitorio y hacer lo que corresponde para poder incluirlos en los Planes de Ordenamiento Territorial de cada uno de los municipios donde están ubicados.

De acuerdo con el sistema organizativo local, cada uno de los espacios se convertirán en pequeños poblados, veredas, asentamientos o barrios. El respaldo que mostraron las autoridades locales en parte se debe a la visibilidad que los espacios les dieron a esos territorios. De alguna forma, a muchos de ellos el Estado entró por primera vez mientras cumplía los compromisos que se acordaron con las Farc. En no pocos casos, para su construcción fue necesario levantar carreteras o reforzar puentes para transportar los materiales. Es innumerable la cantidad de campesinos que bajo la sombrilla del proceso de reincorporación han aprovechado para acceder a educación, un empleo e incluso a servicios de salud.

Si bien la última encuesta Gallup Poll detalla que el país ve el vaso medio vacío cuando se habla de paz, lo cierto es que otra parece ser la percepción que tienen aquellas comunidades cercanas a los espacios territoriales. Estas sí han sentido la presencia institucional así sea de manera indirecta. Ahora, con los ajustes que se comenzarán a introducir, la apuesta del Gobierno es fortalecer la reincorporación a largo plazo.

Así las cosas, en cabeza del presidente Iván Duque se tomó la decisión de comprar la mayoría de predios, titularlos a nombre de la Agencia para la Reincorporación a fin de, más adelante, otorgárselos a los excombatientes.

Bien atrás quedó el fantasma del Caguán y de las repúblicas independientes tipo Marquetalia; tras dos años de funcionamiento, el Gobierno entendió que muchos excombatientes no tenían más opción que quedarse a vivir allí. Por eso, luego del pulso que la Farc sostuvo con el Gobierno Santos, la directriz ahora es darles algo de tierra para consolidar el enraizamiento.

Esto, en parte, se debe a que muchos exguerrilleros, como rompieron sus vínculos con el mundo exterior por llevar tanto tiempo en armas, no tenían a dónde ir luego del armisticio; y otros, debido a que su nivel de escolaridad es tan bajo que no ven viable trasladarse a una ciudad en busca de oportunidades. Pero, sin duda, lo que más pesó es el notorio esfuerzo de los excombatientes que se vienen incorporando a la vida civil de manera colectiva. Eso es lo que ha ocurrido en los 24 ETCR y otros 30 puntos dispersos por el país, donde se estima que hay otros 8.600 excombatientes que informalmente se han juntado para reiniciar sus vidas.

Cuesta arriba

De los seis grandes puntos negociados en La Habana, el del fin del conflicto que incluye la reincorporación es el que avanzó a mejor ritmo: registra 42 por ciento de cumplimiento, según el último informe del Instituto Kroc, encargado de hacer el seguimiento al proceso de implementación del acuerdo de paz.

Con un porcentaje marginal, por debajo de esta cifra, aparece la reforma rural con avances de solo el 4 por ciento. Los programas que incluyen una solución al problema de las drogas apenas llegan a 2 por ciento de cumplimiento, mientras que la participación política y los acuerdos sobre las víctimas registran 12 por ciento cada uno.

Un análisis punto por punto ubica la dejación de armas como el compromiso ejemplarmente agotado. Los fusiles se depusieron hace ya dos años con todos los requisitos de ley satisfechos. Y frente a las tareas pendientes, hay que decir que este primer semestre ha habido un repunte en el cumplimiento de lo que aún falta en el plano de la reincorporación socioeconómica. Se ha acelerado el proceso de aprobación de proyectos productivos, ha surgido un amplio conjunto de iniciativas locales con comunidades aledañas, y el Gobierno decidió prorrogar el acceso de los excombatientes a la renta básica que solo estaba pensada para dos años. La diferencia con la nueva resolución es que estará condicionada para aquellos que participen activamente de todo el proceso de reincorporación.

La atomización, sin embargo, de todos los excombatientes por el territorio nacional se convirtió en el mayor reto de las autoridades que deben encontrar una fórmula para adaptar las medidas de seguridad de la reincorporación a la nueva geografía. Desde la firma del acuerdo de paz, alrededor de 133 excombatientes de las Farc han sido asesinados. Ante la posibilidad que tienen desde que colgaron el fusil de moverse sin restricción por todo el territorio, se disparó el número de muertes, especialmente en zonas que se disputan los grupos armados.

Para analistas consultados por SEMANA, el escenario en las próximas elecciones regionales será muy complejo si no se recuperan las medidas de seguridad pactadas en el acuerdo y, además, se aplican las 23 propuestas que presentó el presidente Duque el pasado jueves ante el Consejo Nacional de Paz.

Durante los seis años que duró la negociación, además de las víctimas, el otro corazón que bombeó fue la participación política. Restringir o no poder garantizar que quienes estén interesados en participar de la contienda electoral lo puedan hacer sería otro duro ataque a la esencia del acuerdo. Por eso, como parte de las medidas que no requieren mayor presupuesto, está la activación de escenarios de interlocución como la Comisión Nacional de Garantías, que solo se ha reunido una vez.

La semana pasada que una comisión de Bruselas visitó Icononzo, un funcionario del Gobierno les propuso cambiar de plan e ir a visitar asentamientos de venezolanos. De ahí que haya quienes creen que se quiere domesticar el papel de la comunidad internacional.

Además, poner en marcha estrategias como el pacto para eliminar la violencia de la política o la articulación coordinada del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, que es el paraguas que cobija a los excombatientes de las Farc, opositores políticos y líderes sociales. Son ellos los que creyeron en la paz, le apuestan a la implementación y están poniendo el pecho en los territorios.

Si bien todo el bloque de fin del conflicto avanzó a buen ritmo especialmente por la agilidad con la que se adelantó la concentración y la dejación de armas, en materia de seguridad los avances han sido mínimos. A pesar que este tema ha sido el de mayor preocupación para el Instituto Kroc que ha emitido una alerta en cada uno de sus informes, no hay repuesta. De hecho, pese a las 28 alertas tempranas que ha emitido la Defensoría del Pueblo y que involucran zonas con presencia de excombatientes en proceso de reincorporación, las soluciones del Ministerio del Interior han sido no solo ineficientes sino también desarticuladas.

Las expectativas sobre las medidas que tome el gobierno para encarar el problema de seguridad son bajas, pero la preocupación de que no lo haga con prontitud aumenta. A pesar que este 8 de julio el presidente Iván Duque le presentará al país su Plan Democracia para las elecciones regionales, según supo SEMANA no contempla ninguna medida de protección para excombatientes ni opositores. La estrategia desconoce el nuevo panorama político que vive el país con los cambios que introdujo el acuerdo de paz. No más la semana pasada trece familias de miembros del partido de la Farc se desplazaron a Antioquia por problemas de seguridad.

Al tema de falta de garantías de seguridad se suma el tropiezo de otros escenarios en la reincorporación. A pesar de que hace dos años la Ley de Amnistía vio la luz en el Congreso y la Corte Constitucional, aún hay más de 160 excombatientes de las Farc que fueron acreditados por el Gobierno, pero no han recibido el beneficio jurídico.

Asimismo, hay excombatientes que recuperaron su libertad, pero a los cuales no se les han levantado las órdenes de captura y quedan en una encrucijada cada vez que hay un retén de la Policía. A esto se suma que apenas a los excombatientes que fueron vinculados laboralmente a la Unidad Nacional de Protección se les ha otorgado la libreta militar.

Otro punto de honor de la Farc es la lista de 1.111 excombatientes que el Gobierno no ha querido revisar para determinar si cumplen con las condiciones para acceder a los beneficios del acuerdo de paz. Mientras que los funcionarios aseguran que la lista se cerró el 15 de agosto de 2017, la exguerrilla sostiene que la medida se tomó de manera unilateral cuando ellos todavía tenían centenares de hombres que no habían podido contactar.

La semana pasada, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, se refirió a una cifra inquietante: 724 excombatientes de las Farc que no aparecen. Aunque se ha especulado que se podría tratar de personas con el perfil para reincidir, de acuerdo con lo que pudo investigar SEMANA no hay mucha certeza sobre quiénes lo integran. No solo sería ligero suponer que están delinquiendo cuando no hay ninguna prueba de ello, también se estaría opacando el proceso que jalonan más de 10.000 excombatientes que cumplen a cabalidad.

El Gobierno la tiene cuesta arriba. A pesar de los notorios actos que ha dado para demostrar el compromiso que tienen con la paz, hay otros que nadie entiende como el que ocurrió esta semana con el documento que se filtró sobre las condiciones que se les estarían tratando de imponer a las embajadas que quieran visitar los espacios territoriales.

El tema es clave si se tienen en cuenta los 20 millones de euros que aporta la Unión Europea y los 10 del fondo multidonante de Naciones Unidas. La comunidad internacional ha invertido especialmente en el proceso de reincorporación económica. De hecho, esta semana que una comisión de Bruselas visitó Icononzo, un funcionario del Gobierno les propuso cambiar de plan e ir a visitar asentamientos de venezolanos. De ahí que haya quienes creen que se quiere domesticar el papel de la comunidad internacional.

En los próximos meses, el Gobierno de Iván Duque se la jugará por la sostenibilidad del proceso de reincorporación. Paulatinamente, ha entendido que lo que haga por el proceso no es solo en favor de los excombatientes, sino también por quienes habitan la Colombia rural. Tener a las Farc trabajando del lado de la legalidad y produciendo en el campo, bien aprovechado, se podría convertir en un efecto cascada que consiga transformar las dinámicas que han impuesto los grupos armados. Ojalá sea ese el norte hacia el que avance el país entero.

El lío de los que no aparecen

El alto comisionado para la paz habla de 724 excombatientes que estaban en las listas originales, pero de los que no se tiene noticia desde hace dos años. La Farc insiste en que no necesariamente se trata de desertores del proceso.

La semana anterior, el expresidente Álvaro Uribe desató una controversia al asegurar, citando “informes de la Fiscalía”, que las disidencias de las Farc contaban ya con 5.000 hombres, un número que duplica las estimaciones del Gobierno y que, como era de esperarse, levantó gran polvareda entre los círculos cercanos al proceso de reincorporación.

El primero que se refirió al tema fue el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, quien aseguró que de las listas presentadas por la guerrilla con corte a agosto de 2017, y en las que figuraban un total de 15.005 excombatientes, solo 724 no habían aparecido a la fecha. A esa cifra se llegó, según explicó, luego de varios hallazgos de duplicidades y errores.

Aunque la cifra de Ceballos es abismalmente menor a la que sin sustento lanzó Uribe, no deja de ser preocupante. El gran temor es que la razón para que esos 700 hombres no se hubiesen acreditado aún después de dos años ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y, por ende, no estuvieran recibiendo la renta básica a la que tienen derecho, es que podrían haberse incorporado a los grupos al margen de la ley. SEMANA obtuvo información de una alta fuente del Gobierno que dio cuenta del perfil de quienes no aparecen. “La mayoría –dijo la fuente– pertenecía al ala guerrerista de las Farc, por lo que tememos que efectivamente estén delinquiendo”, dijo.

Colombia107 Tres
Pastor Alape, delegado de la Farc en el Consejo Nacional de Reincorporación

Pastor Alape, delegado del partido Farc (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) en el Consejo Nacional de Reincorporación, desestimó tales aseveraciones, aunque coincidió en que estructuras criminales pueden estar reclutando. Además, aseguró que no se están teniendo en cuenta variables como la imposibilidad de ubicar a muchos excombatientes que permanecen en territorios apartados. “Por ejemplo, para llegar a Mandé, entre Chocó y Antioquia, se necesitan dos días de caminata o ir en helicóptero”, dijo. Por su parte, Marcos Sánchez, otro de los excombatientes que hace parte del Centro de Pensamiento de la Farc, agregó que “Yo mismo no estaba en el radar de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) debido a que el contacto que tengo con el Gobierno no es a través de un facilitador como ocurre con el grueso de los excombatienes y, por eso, no estaba en el conteo”. En ese sentido, Alape insiste en que son muchas las circunstancias que pueden explicar la ausencia de cientos de excombatientes. Por tanto, pidió establecer una mesa conjunta entre el partido de la Farc y la ARN para revisar uno a uno cada caso a fin de establecer realmente quién está y quién no.

¿Quién está matando a los excombatientes?

El pasado 15 de abril, luego de recibir seis disparos en el caserío La Novia, en Murillo, Caquetá, Lucero Jaramillo se convirtió en la única mujer de las Farc asesinada tras los acuerdos por su condición de exguerrillera. Su historia parece una fotografía del panorama sangriento de sus compañeros hombres, ultimados desde que dejaron las armas y las botas de caucho.

La primera similitud es la dirección hacia donde apuntan las investigaciones. De la misma forma que en el caso de Lucero, en el que ya hay tres órdenes de capturas vigentes, la Fiscalía cree que quienes están detrás de las muertes son mayoritariamente los llamados grupos armados residuales, es decir, disidencias.

De 69 hechos esclarecidos entre atentados, asesinatos y desapariciones forzosas desde la firma de los acuerdos de paz, 25 fueron cometidos por esos grupos. La Fiscalía sostiene que el 80 por ciento de los crímenes perpetrados tuvieron a organizaciones al margen de la ley como responsables. En la lista, además de las disidencias, aparece el denominado Clan del Golfo y las guerrillas del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y el EPL, entre otras estructuras delictivas. Ahí, sin embargo, no aparece el suceso que puso a temblar la credibilidad del proceso de reincorporación: las imágenes del cadáver abaleado del excombatiente Dimar Torres el pasado 22 de abril en la vereda Carrizal, en Convención, Norte de Santander. Ese suceso hizo que el comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, general Diego Luis Villegas –inmerso en un proceso de falsos positivos–, le pidiera perdón a la comunidad por lo que se habría tratado de una ejecución extrajudicial. Sobre eso, el propio presidente Iván Duque aseguró que su gobierno no permitirá que miembros de la fuerza pública “deshonren el uniforme”. El otro patrón que hace icónico el caso de Lucero Jaramillo, quien se desempeñaba como secretaria de la Junta de Acción Comunal y promotora del programa de sustitución de cultivos ilícitos en Murillo, es el lugar en el que ocurrieron los hechos.

Casi el 70 por ciento de los crímenes contra excombatientes han acontecido en zonas rurales alejadas de las cabeceras municipales. Dentro de los firmantes del acuerdo de paz que han sido víctimas figuran 43 milicianos –integrantes de las Farc en centros urbanos– y dos mandos: Wilson Saavedra, excomandante del bloque occidental Alfonso Cano y encargado por algún tiempo del espacio territorial de capacitación y reincorporación (ETCR) de Marquetalia, en Tolima; y Juan Vicente Carvajal, Misael, quien fuera el segundo comandante del frente Décimo con influencia en Arauca. Sobre esas pesquisas, la Fiscalía ya le imputó cargos a uno de los sicarios que habrían participado en el primero de esos crímenes. El segundo, que ocurrió a pocos kilómetros del ETCR de Arauca, todavía es materia de investigación. En total, la Fiscalía da cuenta a 21 de junio de 115 homicidios, 16 tentativas de homicidio y 11 desapariciones forzosas ocurridas principalmente en Cauca, Nariño y Antioquia. Argelia, en el primero de esos departamentos, tiene la situación más grave: allá han asesinado a 7 excombatientes. La fiscal de la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales habla de no impunidad: “El índice de esclarecimiento que tenemos en casos en los que hubo un excombatiente víctima es del 48,5 por ciento, casi el doble del índice de esclarecimiento de homicidios dolosos a nivel nacional, que está en el 27 por ciento”, aseguró la funcionaria.

Proyectos productivos

Aunque no es el único camino para la reincorporación socioeconómica ni tampoco el tema más importante del proceso de reintegración, es innegable que los proyectos productivos sí constituyen uno de los puntos más atractivos y esperanzadores tras la dejación de armas.

Dos años después de la firma de los acuerdos solamente se han aprobado 24 de esos proyectos colectivos, una cifra que supone beneficios para no más de 1.500 excombatientes de un censo que sobrepasa los 13.000. A pesar del retraso, la mayoría de las aprobaciones corresponden al actual Gobierno.

Según lo ha documentado el Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz, se ha evidenciado en los territorios “el surgimiento de procesos de autogestión y articulación entre diferentes actores en pro de la reincorporación”. Eso, en palabras menos técnicas, se refiere a la aparición de más de 80 proyectos productivos en los ETCR y también en los nuevos puntos de reincorporación (NPR) que combinan recursos de los excombatientes, como mano de obra o capital, pero también de las comunidades aledañas, de las empresas locales y de cooperación internacional.

Respecto de los recursos que la ARN ha girado en especie, y que incluyen los 8 millones de pesos establecidos en el acuerdo por cada excombatiente (se alcanzó un global de 11.500 millones de pesos desembolsados), el dosier de emprendimientos resulta exiguo. Ahí aparece, por ejemplo, la ETCR de Miravalle, en Caquetá, que opera actividades extremas como rafting, o Casa Verde, en la ETCR de Mesetas, Meta, que ofrece la experiencia de convertirse en guerrillero por unas horas. Por ahora, los exguerrilleros en muchos lugares del país trabajan en la obtención de certificaciones, como del Invima, o en tratar de resolver la necesidad de músculo financiero, que se ha vuelto una talanquera. En ese sentido, entidades financieras como Finagro o Banagrario trabajan en líneas de crédito blando que se espera pongan a disposición de los excombatientes próximamente.

El Instituto Kroc advierte sobre Ecomún, la apuesta más grande en materia de proyectos productivos. Esta organización de economía social y solidaria se estableció en el acuerdo como un mecanismo para agrupar a varias cooperativas en territorio a fin de catapultar desde ahí diversos procesos productivos. Pero “A pesar de la conformación de más de 100 cooperativas en los territorios, solo alrededor de 25 cumplen con todos los requisitos legales (…). Ecomún no funciona como debería. Sus miembros no se reúnen con regularidad, no cuentan con una gerencia clara ni un plan estratégico para su sostenibilidad”, reza un informe de ese instituto académico. En síntesis, el panorama que ofrecen los proyectos productivos es tan confuso como estrecho.