Un estudio del Observatorio del Derecho a la Alimentación advierte que las internas no reciben la alimentación adecuada.

Montevideo Portal, 21-6-2019

Correspondencia de Prensa, 22-6-2019

El Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Universidad de la República (Udelar), integrado por la Escuela de Nutrición y la Facultad de Derecho, realizó un estudio sobre la alimentación de las mujeres privadas de libertad con hijos a cargo recluidas en la Unidad N°9 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), el cual advierte que la alimentación ofrecida por el establecimiento no garantiza el derecho a la alimentación adecuada a las internas y tampoco a sus hijos.

El objetivo general del trabajo fue determinar el cumplimiento de la observancia del derecho a la alimentación adecuada, reconocido por diversos instrumentos del derecho internacional, y entendido como insumo para el mejoramiento de las condiciones de reclusión.

“El derecho a la alimentación es el derecho a la alimentación adecuada, no solo a ser alimentado; tiene que ser en condiciones de dignidad y está ligado al resto de los derechos humanos, como el derecho a la salud y la vida”, explicó Andrea Echegoyen, una de las coordinadoras del proyecto, en diálogo con Montevideo Portal.

En la Unidad N°9 del INR hay 10 madres y 11 niños, los cuales fueron el objeto del estudio. De las 10 mujeres, 50% presenta malnutrición, ya sea por exceso o por déficit. 30% presenta malnutrición por exceso y 20% bajo peso. El resto tiene un estado nutricional normal. También se observó que la circunferencia de la cintura era de riesgo en el 60% de los casos, lo cual puede promover enfermedades cardiovasculares.

Entre los niños, que se dividieron entre menores de dos años y mayores de dos años, el estado nutricional de los más chicos era normal y en los mayores había algunos con malnutrición por exceso y otros con riesgo de retraso de la talla. No obstante, Echegoyen aclaró que el desayuno y el almuerzo lo realizan fuera del centro y solo ingieren merienda y cena con sus madres.

“Una cosa es lo que el centro ofrece y otra son las prácticas alimentarias de las madres -que también reciben alimentos externos al centro-. Ellas no tienen una práctica sana, tienen una alimentación rica en azúcares y grasas, y esto también se da en los niños”, indicó Echegoyen. Asimismo, el estudio revela que las internas presentan un grado elevado de consumo de tabaco y psicofármacos.

Respecto de la alimentación planificada por el establecimiento, se observó que es adecuada en hierro y calcio pero excesiva en calorías y pobre en fibra por la baja disponibilidad de frutas, verduras y carnes, tanto en cantidad como en variedad. Las preparaciones que más se repiten son los guisos, salpicones, estofados y fideos con tuco. Los únicos vegetales que recibe la unidad son zapallo, zanahoria y cebolla y las frutas banana, manzana y naranja. En cuanto a las carnes, se recibe pollo, cerdo y vaca pero no está presente el pescado.

A su vez, la alimentación planificada no contempla algunas patologías que padecen algunas madres, como gastritis o hipertensión.

En relación a lo que hace a la gestión de la alimentación, cuando se hizo el estudio (primeros meses de 2019) no había un licenciado en Nutrición referente en el centro. También se detectó que en el lugar físico donde se elabora la comida y en el comedor son malas las condiciones de conservación, aunque se destaca que todas las personas que elaboran la comida en la unidad cuentan con Carné de Manipulación de Alimentos emitido por la Intendencia de Montevideo.

Echegoyen señaló que durante el proceso se entrevistó a cada interna de forma individual y también se realizaron grupos focales. En estas instancias surgió que las madres no se perciben como sujetos de derecho, sino que ponen el foco en sus hijos. Asimismo, coinciden con la observación de las profesionales en que la alimentación ofrecida es baja en frutas y verduras y que las preparaciones son monótonas.

El estudio advierte que la escasa variabilidad de alimentos en los niños, en especial en los menores de dos años, podría comprometer la consolidación de hábitos alimentarios saludables en la vida adulta y que la inocuidad (lo que hace que un alimento sea apto para consumo) de los alimentos podría verse comprometida por algunas condiciones edilicias, la existencia de procedimientos de elaboración inapropiados y la carencia de un programa de limpieza.

El Observatorio del Derecho a la Alimentación funciona a nivel de América Latina y el Caribe bajo la órbita de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El estudio contó con el apoyo del comisionado parlamentario por el sistema penitenciario.