Cien mil mujeres al año no podrán acceder a la jubilación si el gobierno argentino no extiende la vigencia de una ley que permite regularizar la falta de aportes. La situación tiene como marco un creciente proceso de feminización de la pobreza en Argentina.

F. Alcaraz, desde Buenos Aires

Brecha, 21-6-2019

Correspondencia de Prensa, 21-6-2019

Con 60 años cumplidos, lo primero que hizo Beatriz Villegas fue ir a la sede de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) más cercana a su barrio en Monte Grande, en la provincia de Buenos Aires. Iba con la ilusión de poder tramitar la jubilación por moratoria, aquella que regula la ley 24.476, que permitió que 1.796.439 mujeres se jubilaran hasta el año 2016 sin haber llegado a los 30 años de aportes. Una normativa que reconoció el trabajo doméstico y de cuidados que hacen, mayoritariamente, las mujeres y a la vez les dio la posibilidad de jubilarse a quienes sus patrones mantenían en la irregularidad. Sin embargo, Beatriz se encontró con una negativa. Arbitrariamente le dijeron que no, que tenía que esperar a los 65 para obtener una pensión. Su ilusión se hizo un bollito de papel. Su hija, para ayudarla, consultó con dos abogadas previsionales, pero tampoco le dieron una solución ni una alternativa. Beatriz, que trabajó como empleada doméstica y cuidadora de ancianos, hace dos años terminó una relación de más de tres décadas y pudo salir del círculo de violencia en el que estaba inmersa. Desde el año pasado, cuando le negaron la posibilidad de jubilarse, busca trabajo, pero no encuentra. Consiguió evadir el maltrato en el interior del hogar, pero no logra la autonomía económica fundamental para vivir una vida libre de violencias.

La historia de Beatriz es sólo una entre tantas que se replican en el marco de un proceso de feminización de la pobreza y que reflejan los números de desocupación, los promedios de brecha salarial y otras estadísticas, pero también las decisiones y las omisiones gubernamentales: el próximo 23 de julio vence el plazo para que las personas que tengan entre 60 y 64 años y menos de 30 años de aportes puedan jubilarse. Por ahora, la gestión actual no propuso una prórroga.

Relaciones

“Ni una jubilada menos”, dice el cartel que levanta una chica joven en el medio de la marcha del 3 de junio por Ni Una Menos. La convocatoria, impulsada para exigir un freno a los femicidios, pone de manifiesto la relación que existe entre las violencias femicidas, que en 2018 terminaron con las vidas de 278 niñas, adolescentes, mujeres, lesbianas, travestis, y las violencias económicas, que precarizan las vidas de quienes sobreviven al femicidio. Desde que asumió Mauricio Macri en Argentina, cada convocatoria feminista se plantó como oposición a la propuesta de ese gobierno y fue sumando demandas que expresan esas urgencias. Este año el reclamo por la moratoria estuvo presente en el documento que se leyó en la Plaza de Mayo.

El 86 por ciento de las personas que accedieron a la última moratoria previsional fueron mujeres. Amas de casa, empleadas domésticas, trabajadoras en su mayoría precarizadas que no superaban los ocho a diez años de aportes. La diputada del Frente para la Victoria, Luana Volnovich, que propuso en el Congreso el Plan de Inclusión Previsional Argentino –que postula una prórroga de cinco años–, plantea que 100 mil mujeres al año se quedarán sin su jubilación si no se revierte el plazo de caducidad. En la actualidad, en Argentina hay 2,5 millones de mujeres que son amas de casa. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), hay un 34 por ciento de trabajadores no registrados o registradas. Pero si se observa este número con la lupa de género, las tasas de la informalidad son más altas para ellas: el 31 por ciento son varones y el 37 por ciento son mujeres. Las cifras que aporta Volnovich son alarmantes: sólo el 14 por ciento de las mujeres logra jubilarse en tiempo y forma.

Antes de que llegue el plazo estipulado, son cada vez más las historias de quienes, como Beatriz, se encuentran con obstáculos, cuando tienen derecho a jubilarse antes de la fecha que dice la ley. La única alternativa que el gobierno les ofrece es la Pensión Universal de Adultos Mayores (Puam), que tiene un monto que representa el 80 por ciento de la jubilación mínima, y para acceder a ella la persona tiene que haber cumplido 65 años.

“La ley de moratoria buscó atender el déficit de cobertura del sistema previsional y abrió una ventana para las personas que no tuvieran los registros contributivos suficientes. Esa ventana benefició a las mujeres que históricamente han tenido trayectorias laborales más débiles. La alternativa que se propone es la Puam, que cambia el paradigma y exige cierta vulnerabilidad económica: carencia de ingreso y falta de propiedades”, dijo a Brecha la economista feminista Corina Rodríguez Enríquez, investigadora del Conicet y del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas. “Estamos ante un escenario de profundización de la exclusión, con un claro componente de género. Las mujeres, otra vez, llevamos las de perder.” Rodríguez Enríquez apuesta a que la demanda que se cristaliza en las redes con el hashtag #NiUnaJubiladaMenos pueda trasladarse a la discusión de políticas públicas que repiensen el sistema previsional.

La crisis económica y el ajuste tienen un fuerte impacto de género desde donde se los observe y analice. Si se mira a quienes tienen trabajo y un salario promedio, los números señalan que en estos años se profundizó la brecha salarial, según el informe de Evolución de la distribución del ingreso. Cuarto trimestre de 2018 del Indec, los hombres ganan hoy 30 por ciento más que las mujeres. El mismo reporte pero del primer trimestre del año anterior señalaba que la brecha era del 26,2 por ciento. Antes, el ingreso promedio de una mujer era de 13.353 pesos argentinos, mientras que el de los hombres llegaba a los 18.096. De acuerdo con estas cifras oficiales seis meses después, ellas pasaron a ganar 15.241 pesos argentinos, mientras que ellos, 21.792.

Y si la lupa se pone sobre quienes ganan más y quienes ganan menos, la brecha se vuelve un abismo. El 20 por ciento de las mujeres ganan menos de 6 mil pesos, en tanto que sólo el 10 por ciento de los hombres gana eso. En la otra punta, donde se ubican quienes tienen mayores ingresos, ellas representan el 10,5 por ciento, mientras que ellos, el 21,5. Hace seis meses, ellos eran 19,7 por ciento.

En 2018 la tasa de desempleo en Argentina cerró en 9,1 por ciento, pero para las mujeres no bajó de los dos dígitos durante todo el año pasado. La última medición habla de una tasa de 10,2 por ciento. El grupo poblacional más afectado por la falta de empleo son las jóvenes de entre 14 y 29 años, que duplican ese número: 21,4 por ciento.

En ese marco, hay un dato que llama la atención: entre finales de 2016 y finales de 2018, la participación laboral femenina aumentó más de 3 puntos porcentuales, mientras que la de ellos se mantuvo. Las especialistas en la temática aseguran que quienes se ocupaban en el interior de sus hogares de las tareas domésticas y de cuidados salieron a buscar trabajo afuera como una forma de compensar la caída de los ingresos familiares. Este ingreso al mundo laboral de las mujeres fue también una entrada a la precariedad. La mayoría consiguió empleos informales o trabajos por cuenta propia. Es decir: ingresaron al mercado, pero sin cargas sociales.

Un informe del programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la Universidad de San Martín señala que los niveles de informalidad aumentaron tres puntos porcentuales entre las mujeres para alcanzar el 37 por ciento, mientras que la tasa de empleo no registrado se mantuvo inalterada entre los varones.

Mientras se discute sobre candidatos y candidatas, en un año electoral, las demandas de los feminismos en Argentina colman las calles con manifestaciones y dejan claro que el ajuste, los tarifazos y la crisis económica golpean con más fuerza a quienes se ven históricamente afectadas por la desigualdad estructural. A su vez, la multitudinaria marcha por Ni Una Menos, la quinta que se repite en esta fecha, muestra que, ante la feminización de la pobreza, las resistencias también se feminizan.