Mediapart, 6-4-2019

Traducción de Ruben Navarro – Correspondencia de Prensa, 10-4-2019

Más de diez semanas de pulseadas políticas y sin salida en el horizonte. Mientras que los que apoyan al gobierno madurista y a la oposición van a manifestar de nuevo el sábado que viene, que los dos campos amenazan con lo peor, una salida pacífica parece cada vez más lejana. Sin embargo, se alzan voces en bandos diversos, cada vez con más insistencia, llamando a negociar.

Se ha vuelto una cita semanal. Quienes apoyan a Maduro, así como la oposición liderada por Juan Guaidó, manifiestan nuevamente este sábado, buscando demostrar que el apoyo popular está de su lado. En medio de amenazas, cada uno muestra sus músculos. El adversario del presidente socialista convierte el 6 de abril en “el principio de la operación libertad”, la que, a corto o mediano plazo, llevará a los manifestantes hasta el palacio de Miraflores, sede del gobierno. Mientras que la confrontación amaina, el ala radical de la oposición pierde la paciencia. Juan Guaidó asegura, como lo hizo el 30 de marzo, que la Asamblea Nacional va a invocar el artículo 187 de la Constitución, cuyo apartado 11 autoriza “el empleo de misiones militares (…) extranjeras en el país”.

Por su parte, el bando madurista llega a este 6 de abril templado por los golpes que pudo asestarle a la oposición. Poco a poco, logra asfixiar a su adversario, como para testear sus respuestas y también las respuestas de su principal aliado, los Estados Unidos en primer lugar.

El 21 de marzo, el brazo derecho de Juan Guaidó, Roberto Marrero, fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) por conspiración, traición a la patria y usurpación de funciones.

El 2 de abril, la amenaza de arresto de Juan Guaidó se perfila. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), enteramente pro-gubernamental, levantó la inmunidad parlamentaria del opositor que se proclamó presidente el 23 de enero. De esta manera, autoriza la apertura de causas penales en su contra por usurpación de función.

Nicolás Maduro no desea quedarse ahí en su demostración de fuerzas y anunció que el “13 o 14 de abril”, más de dos millones de milicias van a ser “movilizadas en armas”, en ocasión de un gran acontecimiento.

Esa pulseada es internacional. Los Estados Unidos infligen al país unas sanciones económicas por encima de la crisis económica ya existente. Tal como lo recordó la Alta Comisaria de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el 20 de marzo en un informe oral sobre la situación venezolana, la crisis comenzó “antes de la imposición de las primeras sanciones económicas de 2017”, pero Bachelet expresa su preocupación por el hecho de que “las recientes sanciones sobre las transferencias financieras, fruto de la venta del petróleo venezolano a los Estados Unidos, contribuyen al agravamiento de la situación económica.”  Por otra parte, Washington sigue agitando la amenaza de una intervención armada, con la ya famosa expresión “todas las opciones siguen estando encima de la mesa.”

En respuesta a las “agresiones”, el gobierno venezolano recurre a sus aliados. En primer lugar, Rusia, que mantiene su presencia militar en el territorio venezolano. En el marco de la cooperación entre ambos países, Rusia entregó dos bombarderos TU-160 a Venezuela en diciembre último. A fines de marzo, 99 militares y 35 toneladas de material aterrizaron en Venezuela y se inauguró un centro de formación militar para pilotos de helicópteros.

El encuentro entre el Ministro de relaciones exteriores, Jorge Arreaza, con el presidente sirio Bachar Al-Assad, no augura nada bueno tampoco. El ministro venezolano dijo que hay “similitudes y diferencias entre los dos procesos” y que el enfrentamiento armado debe ser evitado pero, a su vez, declaró haberle dicho “al presidente Al-Assad que la experiencia siria nos sirve, Al-Assad nos da ideas para ganar esta guerra”.

“Un momento excepcional” que puede favorecer las negociaciones

En ese contexto, es difícil que emerja una salida de crisis negociada. “Una negociación no es imposible, pero es muy poco probable”, confirmó el abogado venezolano especialista en relaciones internacionales, Mariano de Alba.

Según Mariano de Alba, habrá negociaciones solo “si hay un cambio fundamental de las circunstancias, por ejemplo, si Maduro pierde el apoyo militar.”  Por ahora, y a pesar de algunas deserciones de unos pocos oficiales y soldados, no hay crisis en el ejército, que se mantiene fiel al gobierno. La ley de amnistía propuesta por la Asamblea Nacional no ha dado frutos: “Esta ley propone que aquellos que reconozcan a Juan Guaidó serán amnistiados, ¿pero amnistiados de qué? ¿De ser militares?”, dice Temir Porras, quien fue director de gabinete de Nicolás Maduro (2007-2013).

Las “circunstancias” son, sin embargo, dramáticas y pueden por sí solas justificar las negociaciones, según este allegado a Nicolás Maduro. “Contrariamente a los diálogos precedentes, Venezuela vive un momento excepcional”.

El Banco Mundial prevé una caída del PIB de 25% en 2019, o sea 60% desde 2013. Los apagones recurrentes y los cortes de agua corriente forman ya parte del paisaje cotidiano de los venezolanos, sin contar la inflación (estimada en 10: 000. 000% en 2019 por el Banco Mundial). El país se ha desintegrado y es difícil imaginar una recuperación mientras que el conflicto político continúe y que las sanciones se mantengan.

En su informe oral, Michell Bachelet dice estar “muy preocupada por (…) el impacto de la crisis actual sobre los derechos humanos”. Subraya el hecho de la no aceptación, por parte de las autoridades, de la crisis, así como la criminalización de las manifestaciones, el colapso de los servicios públicos… Y concluye que frente a “la polarización que agrava la situación (…) es necesario un acuerdo sobre una solución política que contemple a todas las partes”.

¿Acaso los dos bandos consideran la posibilidad de negociar? Es una hipótesis.

Geoff Ramsey, el director adjunto de los asuntos venezolano en el Wola (Washington Office on Latin America), creado en 1974 luego del golpe de Estado en Chile para alertar a los políticos estadounidenses sobre la situación de los derechos humanos en ese país, advierte que “sin condición previa, un diálogo no tiene ningún sentido (…)”, pero admite que “lo que hemos visto en estos últimos días es una tentativa de las dos partes para posicionarse de la mejor manera ante un proceso político de ese orden”.

El líder opositor aparece debilitado. La antropóloga venezolana Paula Vázquez Lezama estima que la situación internacional actual refuerza la tesis de que las amenazas de Donald Trump solo buscan impresionar. “Si esto se confirmara, podemos pensar que Juan Guaidó no está para nada protegido. Yo lo veo más vulnerable que nunca”, declaró Vázquez Lezama.

Geoff Ramsey confirma las declaraciones de Paula Vázquez Lezama. “La Casa Blanca sabe muy bien que una guerra sería un baño de sangre… En cambio, Trump es un hombre de negocios, muy orgulloso de sus aptitudes para negociar. Llegó incluso a escribir un libre llamado ‘El arte de la negociación’ [Art of Deal, editado en Francia bajo el título Trump par Trump]”. El enviado especial de los Estados Unidos a Venezuela, el neoconservador Elliot Abrams declaró el jueves 4 de abril que la activación del artículo 187 era prematura. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas  y fueron objeto de burlas por parte del todopoderoso Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Si hubiera negociaciones en este momento, Juan Guaidó no estaría en una posición de fuerza. Es probable que haya dejado pasar el momento propicio. La importancia de la movilización del sábado (6 de abril) será determinante.

Los abogados de las negociaciones

Mientras que los dos campos se enfrentan, algunas voces aisladas, claras pero aún tímidas, se transforman en abogados de las negociaciones. A nivel internacional, la iniciativa del “Grupo de contacto” (Francia, Alemania, Italia, Países bajos, Portugal, España, Suecia, Reino Unido, Ecuador, Costa Rica y Uruguay) apoya una opción “pacífica y venezolana”. Esta iniciativa no ha dado todavía resultados convincentes.

A nivel nacional, está la “plataforma” de defensa de la Constitución (de 1999), integrada por chavistas disidentes e intelectuales de izquierda, partidos políticos del ala izquierda de la oposición venezolana, como Avanzada Progresista, el partido de Henri Falcón, que se presentó a la elección presidencial contra Nicolás Maduro en mayo del 2018, analistas y universitarios e incluso Temir Porras, el que asegura que existen “esfuerzos” discretos en ese sentido.

El aterrizaje en Venezuela del ex presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero el 18 de marzo, motivó una serie de rumores en el país. El misterioso viaje de quien fuera negociador en República Dominicana entre fines de 2017 y principios de 2018, tuvo lugar sin el aval del gobierno español actual. El abogado Mariano de Alba recuerda que su imagen está de todas maneras muy “debilitada” desde el fracaso del precedente diálogo.

Por ahora, esas iniciativas merecen el rechazo de ambas partes. “Nos entrevistamos con Guaidó. Nos contestó que no había diálogo posible con Maduro, que tenía que irse. Tratamos de entregarle una carta a Maduro 4 o 5 veces. Sin resultado”, cuenta el ex Ministro de la Integración y del Comercio Exterior (2005-2007), Gustavo Márquez, de la “Plataforma”. Las reivindicaciones fueron hechas públicas. Los distintos escenarios propuestos no coinciden con la hoja de ruta de los dos adversarios. Todos desean, de una u otra manera, sobrepasar la “polarización” política que vive el país.

Para Gustavo Márquez, “Juan Guaidó quiere la capitulación de Maduro. Por eso, por ahora, su opción no tiene perspectiva.” Quien se declarar presidente interino insiste en su hoja de ruta: “Fin de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres” y presenta incluso un plan de gobierno. “Es una estrategia contra productiva y riesgosa”, escribe el analista político Dimitris Pantoulas, “porque no otorga a Maduro y a sus allegados contrapartidas suficientes para renunciar al poder”.

En lugar de instalar “un gobierno interino partidario”, el analista político propone que se favorezca la formación de un gobierno “más ampliamente representativo que pueda llevar a cabo reformas políticas cruciales”. Dentro del escenario posible de negociaciones, el gobierno socialista pediría el levantamiento de las sanciones económicas, que tendría enfrente a los Estados Unidos manteniendo su posición mientras que una transición clara no se establezca realmente. “La Casa Blanca dijo que las sanciones petroleras solo pueden ser levantadas si el control de PDVSA (la compañía petrolera pública) pasa a manos de Juan Guaidó o de un gobierno electo democráticamente”, señala Geoff Ramsey.

Los defensores de las negociaciones proponen nuevas elecciones. Nicolás Maduro, por su parte, está determinado a seguir en el poder cueste lo que cueste. Al principio de esta pulseada, el presidente socialista se decía favorable al diálogo, pero en términos evasivos. En febrero, afirmaba estar de acuerdo con un adelanto de las elecciones, pero no cualquier elección: las correspondientes a la Asamblea Nacional, la única institución controlada por la oposición, privada de sus poderes.

Frente a este impasse, Temir Porras propone una solución radical: “un diálogo nacional” que podría llevarse a cabo “con Juan Guaidó y Nicolás Maduro, pero también sin ellos. Hay que salir de esta minoría que tiene el poder”. El ex vice ministro de Relaciones Exteriores (2002-2013) “apuesta” que una mayoría de la población desea “una salida pacífica y el diálogo (…) agotada por un conflicto absurdo y envuelta en una locura binaria”.

Esas iniciativas diplomáticas requieren tiempo y calma, lo que les falta cruelmente a los venezolanos.

* Periodista independiente, entre América del Sur y Francia. Autor de “La gran revancha. Los amerindios buscan reconquistar su destino” (Autrement, 2013). Colabora regularmente con Mediapart. Ha publicado artículos en la revista RegardsBasta Mag o Barril.info, entre otros medios.