Un documento enviado este miércoles (27 de marzo) a las superintendencias regionales del Incra, afirma que la paralización ocurre por cuenta de reducción presupuestal. Es la segunda vez en el año que el órgano suspende la política de creación de nuevos asentamientos rurales.

Daniel Camargos/Ana Magalhães

Repórter Brasil, 28-3-2019

Traducción de Ernesto Herrera – Correspondencia de Prensa 1-4-2019

Por segunda vez en este año, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) suspendió la reforma agraria por tiempo indefinido en Brasil. Una orden del general João Carlos de Jesus Corrêa enviada el miércoles 27 de marzo a los superintendentes regionales del instituto determina la “expresa suspensión” de las inspecciones en los inmuebles rurales.

Sin las inspecciones no es posible desapropiar los inmuebles y, consecuentemente, crear nuevos asentamientos. La primera tentativa del gobierno del presidente Jair Bolsonaro de paralizar la reforma agraria ocurrió a los tres días de tomar posesión del cargo, conforme reveló en su momento Repórter Brasil. Con la repercusión negativa, retrocedió.

El memorando enviado ayer por el general Corrêa argumenta que la suspensión de las inspecciones en inmuebles rurales se debe a la reducción presupuestaria prevista en la Ley Presupuestaria Anual (LOA, por su sigla en portugués) de 2019, “evitándose la expectativa de compromisos que no podrán ser cumplidos”, justifica el documento. La suspensión afecta de forma inmediata por lo menos 250 procesos de adquisición de tierras para asentamientos rurales, según informaciones del instituto.

Entre 2018 y 2019, el presupuesto destinado a la adquisición de inmuebles rurales para la reforma agraria se redujo 50%, cayendo de R$ 83,7 millones para R$ 42 millones. En 2015, el valor destinado a la adquisición de inmuebles era de R$ 800 millones.

El pedido de “expresa suspensión” de las inspecciones de inmuebles rurales confirma la actuación del Incra en este año. Según el órgano, ningún asentamiento fue creado y ningún predio desapropiado en los dos primeros meses del gobierno Bolsonaro. El Incra intervino apenas en la segunda etapa de la reforma agraria, que es la legalización de tierras ya desapropiadas y emisión de títulos definitivos de posesión de la tierra. En enero y febrero, fueron emitidos 150 títulos de propiedad y 2.587 contratos de concesión de uso de la tierra.

Para los funcionarios del Incra escuchados por Repórter Brasil, que no se identificaron por temer represalias, la estrategia significa el fin de la reforma agraria, pues no transfiere la propiedad de tierras para las familias sin tierra.

La secretaría especial de Regulación Fundiaria del Ministerios de Agricultura informó que la paralización es una “cuestión temporaria y presupuestaria”, Según la secretaría, fue constatado R$ 1,2 bilhão de pasivos judiciales y el pago de esa deuda tiene prioridad en relación a otros procesos.

Corte de cargos y de superintendencias

Los funcionarios del Incra atribuyen la suspensión de la reforma agraria al secretario especial de Regulación Fundiaria del Ministerio de Agricultura, Luiz Antônio Nabhan Garcia, que articuló contratos entre Bolsonaro  y empresarios rurales durante la campaña electoral.Brasil014 II

Nabhan Garcia es presidente, en licencia, de la Unión Democrática y Ruralista (UDR). La entidad fue protagonista en los enfrentamientos con el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST en la región del Pontal do Paranapanema, en San Pablo, hace 20 años.

Bajo la gestión de Nabhan Garcia, el Incra creó un grupo de trabajo para formular la nueva estructura de la entidad y reducir 30% de los cargos. El objetivo sería limitar la estructura a una superintendencia por estado, cambio que extinguiría dos superintendencias regionales en Pará, la de Santarém y la de Marabá.

La superintendencia de Santarém fue creada luego de la muerte de la misionera Dorothy Stang, en 2005. Solamente en Anapu, donde Dorothy ejercía su activismo social, 16 trabajadores rurales fueron asesinados en los últimos tres años. La superintendencia de Marabá, surgió después de la masacre de Eldorado dos Carajás, en 1996, cuando 19 trabajadores rurales ligados al MST fueron asesinados por policías militares.

“Al distanciar el órgano de la realidad local, los movimientos sociales son apartados, afirma el abogado y profesor universitario, José Vargas Junior, que actuó en defensa de las familias víctimas de otra masacre, la de Pau D’arco, donde 10 trabajadores rurales fueron muertos por policías civiles y militares en abril de 2017. La ciudad también está en el área de la superintendencia de Marabá.

Además del presidente del Incra, otro oficial del ejército fue elegido por Nabhan para hacer parte del órgano: se trata del coronel João Miguel Souza designado para comandar la oficina agraria. Una de sus primeras medidas fue prohibir el diálogo con el MST. Tres días después, el Incra reculó, luego de una recomendación contraria del Ministerio Público Federal que apuntó una serie de irregularidades en la medida.