Policías vestidos de civil esperaron hasta el final de la Marcha del Agua (realizada el viernes 22 de marzo) para llevarse a un detenido. Con este operativo se consolida un modelo de actuación policial que incluye la infiltración, la video-vigilancia y las detenciones a cargo de oficiales sin uniforme ni orden judicial. Diversas organizaciones repudiaron el operativo, que fue justificado en un comunicado por el Ministerio del Interior.

Venancio Acosta

Brecha, 29-3-2019

Correspondencia de Prensa, 30-3-2019

La marcha había terminado. En plaza Independencia, dos tiras sacaban fotos a algunos manifestantes, quienes se arrimaron a preguntarles si eran policías. “Ojalá”, les contestaron los oficiales vestidos de civil. Después se sabría que, según la versión de la propia Policía, habían ido a buscar a un joven de 19 años que vieron marchando a través de las cámaras de 18 de Julio y relacionaron con incidentes ocurridos durante la marcha en repudio de la cumbre del G 20, el 30 de noviembre del año pasado.

El objetivo general detrás de ese operativo particular era dar con las personas que identificaron en marchas anteriores –la del G 20, pero también la última del 8M– por grafitear y romper vidrios de instituciones públicas y privadas o tirar bombas de pintura a la iglesia del Cordón, y que habían fichado a través del rostro, pero de las que no tenían nombre y apellido, explicó a Brecha Fernando Gil, encargado de la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior (MI). Sin camuflaje, la estrategia policial consiste en aprovechar cada nueva manifestación y, fotos en mano, esperar a que esas personas aparezcan marchando ante las cámaras que el ministerio tiene a lo largo de la avenida. Luego se las seguiría, se las esperaría hasta después de la proclama y se las detendría cuando la gente se hubiera dispersado. Si la identificación no resultara por las buenas, se decidiría llevarlas en averiguaciones, para lo que cuentan con hasta dos horas, según lo establece el nuevo Código del Proceso Penal. En la dependencia policial se las interrogaría para poner nombre al rostro y presentar el caso ante un fiscal.

Pero la ejecución del operativo salió mal, al menos en lo que respecta al intento de los oficiales de pasar desapercibidos: el muchacho al que querían detener y varios militantes de la organización Por el Costado de la Vía caminaron hasta Andes y Colonia, donde los esperaba una camioneta para cargar el carrito de Upm que llevaron a la marcha, como símbolo de la protesta contra la instalación de una nueva planta de celulosa. Luego de ser sorprendidos por la espalda por los mismos oficiales de civil que habían visto tomando fotos, los militantes –según contaron a Brecha y explicitaron en las denuncias que presentaron tanto a la Policía como a la Institución Nacional de Derechos Humanos– solicitaron que los oficiales se identificaran (cosa que no hicieron), pidieron el nombre del encargado del operativo (tampoco lo obtuvieron) y luego se resistieron al arresto, debido a las condiciones irregulares en las que se estaba realizando. La detención fue grabada por los militantes y también por vecinos que, alertados por la situación, tomaron registro del accionar policial, videos en los que puede verse cómo los militantes piden explicaciones, particularmente una de ellas que se presentó como abogada. Ante la resistencia, la policía insiste con forcejeos, mientras llegan cada vez más patrulleros y oficiales. Finalmente, logran llevarse a quien buscaban y a un segundo detenido, con el argumento de “desacato”.

El segundo detenido contó a Brecha que durante el traslado al Grupo de Reserva Táctica (Grt) lo golpearon y amenazaron con un “te voy a partir todos los huesos”, y que luego lo tuvieron esperando mientras interrogaban al otro detenido: de él, poco les interesaba saber. Más tarde los llevaron a una policlínica, donde se constataron las lesiones, como el propio comunicado del MI lo informa: “a ambos se les diagnostican ‘lesiones agudas al examen en segundo cuadrante (hombro)’”. Finalmente los liberaron.

Los antecedentes policiales

La forma en que se llevaron adelante las detenciones expone parte del modus operandi que el MI ha puesto en práctica con el fin de judicializar algunas expresiones de la protesta social que involucran daños a la propiedad. De las actuaciones judiciales emprendidas a raíz de algunas manifestaciones de los últimos años surgen detalles acerca de la forma de proceder de la Policía en este terreno, cuyo objeto principal es la individualización de los manifestantes.

El episodio más reciente en este sentido fue el de la marcha del G 20, que resultó en la formalización de dos personas por “violencia privada agravada”. La causa fue liderada por el Área de Investigaciones de la zona operacional 1, al mando del comisario Luis González, en coordinación con la Fiscalía de Noveno Turno, a cargo del fiscal Fernando Romano. El grueso de la investigación se basó en las cámaras de vigilancia. Según pudo confirmar Brecha, la identidad de los formalizados –que durante la marcha se encontraban con el rostro cubierto– fue develada a partir de una minuciosa reconstrucción fílmica realizada por la Policía, que recabó imágenes de varios puntos de la ciudad y obtuvo un registro de sus movimientos por el centro de Montevideo desde antes de la manifestación y hasta el momento de los incidentes.

La condena contra las dos personas data del 11 de diciembre de 2018. Sin embargo, las averiguaciones no finalizaron allí. Investigaciones de zona 1 continuó las actuaciones de forma independiente, sin mayor contacto con la fiscalía. Como resultado, logró identificar el rostro de un tercer participante, que durante la marcha por el Día Internacional del Agua, el pasado viernes, fue reconocido y abordado, con el desenlace relatado. Esta vez el operativo fue liderado por el oficial ayudante Marcelo Pérez, encargado del Departamento de Delitos contra la Propiedad de la zona 1, que en los videos difundidos por los manifestantes aparece con una gorra deportiva con la leyenda “England”. Pérez es uno de los oficiales que durante el operativo actuó vestido de particular y es señalado por los manifestantes agredidos como protagonista de actitudes violentas contra el grupo, durante la detención primero y en las dependencias del Grt después. También fue quien se comunicó con el fiscal Leonardo Morales para informarle de las detenciones.

La presencia de policías de civil (tiras o infiltrados, que el MI insiste en llamar “observadores”) no es una novedad. Junto a la utilización de registros fílmicos y las detenciones callejeras sin orden judicial para identificar manifestantes, esta práctica tiene otros antecedentes recientes. Por ejemplo, los episodios sucedidos en el desalojo de estudiantes de secundaria de las oficinas centrales del Codicen, en 2015, y las marchas de los Mártires Estudiantiles y del Hospital Filtro, de 2013. También ocurrieron procedimientos similares durante el desalojo del Centro Social La Solidaria y el posterior allanamiento a la Casa de la Filosofía, donde además se registró la usurpación de equipos informáticos a los militantes detenidos. Esta última práctica volvió a registrarse durante la investigación por los sucesos de la marcha contra la cumbre del G 20: aunque haya sido condenado hace más de dos meses, uno de los dos manifestantes todavía espera la devolución de su computadora incautada.

Ante este recurrente accionar, organizaciones sociales y el Pit-Cnt se pronunciaron contra la intervención policial de la Marcha del Agua. En uno de los comunicados, que firmaron 16 organizaciones y entre las que se cuenta Amnistía Internacional, Redes Amigos de la Tierra y la Intersocial Feminista, se señaló la “notoria arbitrariedad e ilegitimidad, tanto jurídica como política” del operativo y se sostuvo que fueron “débiles” las “excusas presentadas por la autoridad ministerial en comunicado de prensa” (Brecha intentó, sin éxito, obtener explicaciones de las autoridades, pero desde el ministerio se respondió que no se agregaría nada más allá de lo dicho en el comunicado), que “dan cuenta de un modo explícito de la constante vigilancia y persecución del ejercicio de los derechos civiles y políticos”. Las organizaciones agregaron que “es un hecho que en nuestro país se ha extendido la peligrosa práctica de ‘infiltrar’ marchas mediante policías encubiertos con el fin de sabotear reivindicaciones sociales, obtener información de militantes, criminalizar la protesta y la disidencia, así como generar temor”.

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Colectivo de organizaciones denuncia represión policial a marcha por el Día Mundial del Agua

La Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida a la opinión pública

Este viernes 22 de marzo se desarrolló en Montevideo la marcha por el Día Mundial del Agua: miles de personas marcharon en la capital del país bajo la consigna “Vamos por el agua Ya! En defensa de los territorios y la vida. Contra UPM 2”.

Bajo un clima de alegría, con música, carteles y múltiples colores la marcha apeló a múltiples manifestaciones artísticas que acompañaron el desarrollo de la manifestación desde la Explanada Municipal por 18 de julio hasta la Plaza Independencia.

El reclamo de los colectivos que impulsaron la Reforma Constitucional de 2004 y la recolección de firmas contra la Ley de Riego confluyó con múltiples organizaciones que alertan sobre los efectos nocivos del actual modelo de desarrollo sobre el agua y la vida rechazando la instalación de la mega planta de celulosa en el Río Negro, alertando sobre los efectos de los agrotóxicos en la contaminación de los cursos de agua y la política general de saqueo, bajo la cual también se pretende instalar el llamado “Puerto Chino” en el oeste de Montevideo.

Denunciamos que:

Durante toda la marcha, se vieron personas vestidas de civil, ajenas a la movilización (como luego se constató, pertenecientes al ministerio del interior), sacando fotos a los manifestantes, en clara actitud intimidatoria y provocativa.

Luego de finalizada la marcha y cuando los participantes estaban dispersándose, sin que mediara motivo fundamentado, personas vestidas de civil sin identificarse, detuvieron a dos integrantes de la marcha, uno de ellos había participado en una representación artística con una careta de Tabaré Vázquez, y el otro intentó retenerlo en su detención.

Las personas de civil no identificadas resultaron ser policías que se habían infiltrado en la marcha, generando disturbios cuando otros integrantes del colectivo al costado de la vía, intercedieron para evitar la detención irregular, lo que provocó forcejeos y la intervención de varios móviles policiales.

Las dos personas detenidas fueron liberadas en horas de la madrugada, a partir de la rápida actuación de abogados de varios colectivos, y luego de que se dieran evasivas acerca de los motivos y el lugar de la detención.

Manifestamos nuestra mayor solidaridad con los manifestantes detenidos y con aquellos que fueron violentados por la policía en dichos incidentes. Agradecemos las muestras de solidaridad, preocupación y compromiso, de los colectivos y cientos de compañeros en las horas de detención de estos dos jóvenes.

Desde la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida responsabilizamos al gobierno y al ministerio del interior en particular, por este accionar represivo, y exigimos que se identifique a los responsables del operativo policial y de la decisión de infiltrar una movilización absolutamente pacífica y detener personas sin motivos fundamentados.

Anunciamos que, como responsables de la convocatoria a la movilización, realizaremos las correspondientes denuncias ante el Poder Judicial y la Institución Nacional de Derechos Humanos en el entendido de que este tipo de operativos, atenta contra el derecho a la libertad de expresión e implica una clara criminalización de la protesta social que es absolutamente inadmisible en un estado democrático.

Montevideo, 23 Marzo 2019

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Comunicado de organizaciones sociales y colectivos

Sobre la intervención policial en la Marcha del Agua

Montevideo, 26 Marzo 2019

Las organizaciones y colectivos firmantes manifestamos nuestra preocupación por la intervención policial realizada el pasado 22 de marzo, contra la marcha pacífica organizada en el marco del Día Internacional del Agua, por su notoria arbitrariedad e ilegitimidad, tanto jurídica como política, atendiendo a las razones que siguen:

  1. Es un hecho que en nuestro país se ha extendido la peligrosa práctica de ”infiltrar” marchas mediante policías encubiertos con el fin de sabotear reivindicaciones sociales, obtener información de militantes, criminalizar la protesta y la disidencia, así como generar temor.
  2. El procedimiento policial realizado el día 22 de marzo en la marcha por el Día Internacional del Agua se enmarca en estas prácticas. La ”infiltración” y posterior persecución de militantes al finalizar la marcha, que derivó en un episodio de violencia institucional en las calles de Andes y Colonia, que afectó particularmente a mujeres y hombres del colectivo Por el Costado de la Vía y que terminó en la detención arbitraria de dos jóvenes, quienes fueron golpeados (presentando lesiones), representan un flagrante atentado contra las libertades protegidas por nuestra normativa vigente.

Las débiles excusas presentadas por la autoridad ministerial en comunicado de prensa, para pretender justificar lo ocurrido, no son de recibo, sino que dan cuenta de un modo explícito de la constante vigilancia y persecución del ejercicio de los derechos civiles y políticos: ”En ocasión de realizarse una concentración pacífica en la pasada jornada -convocada en defensa del agua- la Policía detectó el comportamiento sospechoso de algunos participantes gracias a la tarea de los visualizadores de las cámaras del circuito de video vigilancia. Particularmente, una persona -que fuera identificado como uno de los que participó en disturbios y daños provocados en ocasión de la manifestación en contra del G20 de noviembre del año pasado en nuestra capital- llamó la atención de los policías”(comunicado MINTERIOR)Uruguay303 II.jpg

  1. El derecho a la asociación, a la libertad de expresión, y a la protesta de un modo pacífico es objeto de especial protección en nuestro ordenamiento jurídico y su reconocimiento tiene plena vigencia para las y los habitantes de la República; es por ello, que recae sobre el Estado la obligación de tutelar estos bienes que hacen a la esencia misma del Estado de Derecho y a la efectividad de la democracia.

  1. Por lo anterior, le exigimos a las autoridades estatales pertinentes: a) el cese inmediato de las arbitrarias e ilegítimas prácticas de ”infiltración” y persecución de marchas, organizaciones sociales, o cualquier otra actividad de militancia y protesta pacífica; b) respeto por el orden legal vigente y sobre todo, el respeto y protección de los derechos fundamentales; c) tomar acciones legales por el actuar indebido de las fuerzas de seguridad en flagrante incumplimiento de la Ley de Procedimientos Policiales; d) y compromiso para garantizar los mecanismos de reparación pertinentes a las personas afectadas por todos los daños causados en el marco de las actuaciones denunciadas.

Firman:

Amnistía Internacional Uruguay

Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

Cotidiano Mujer

El Abrojo

Asociación Civil El Paso

Ecofeminismo Río Negro

Grupo por la humanización del parto y nacimiento Uruguay

Diálogo Político de Mujeres Afrouruguayas

HemisferioIzquierdo

Intersocial Feminista

La Cuarta Ola

Mujeres en Libertad

Mujeres en el Horno

Redes – Amigos de la Tierra Uruguay

Ovejas Negras

UAFRO