Aislado en el Congreso, donde se enfrenta a la derecha tradicional, y con su popularidad en caída libre, el presidente Jair Bolsonaro recurre a los militares como pivote de sus políticas, mientras reivindica el legado de la dictadura.

Marcelo Aguilar, desde San Pablo

Brecha, 29-3-2019

Correspondencia de Prensa, 30-3-2019

El portavoz de la Presidencia de la República, el general Otávio Rêgo Barros, dio el anuncio este lunes: Jair Bolsonaro determinó que se hagan celebraciones en los cuarteles militares en conmemoración del 31 de marzo de 1964, inicio de la dictadura militar que duró hasta 1985.

A casi tres meses de asumir la presidencia, las encuestas dicen que Bolsonaro ya perdió 19 puntos porcentuales de aprobación. Cada vez más aislado y con varios frentes de ataque abiertos al mismo tiempo, el ultraderechista se muestra caprichoso e inexperto. Y no parece importarle tanto. Actúa –él y algunos de sus aliados– como si todavía estuviera en campaña, y su propensión al diálogo y a la negociación es escasa. Pero los alcances históricos de algunos de sus impulsos son todavía difíciles de dimensionar.

Ayer y hoy

La opinión prodictadura del ahora presidente siempre fue conocida y viene de larga data. Siendo diputado, y en una entrevista al programa Cámara abierta de la emisora Band, en mayo de 1999, dijo: “Yo soy favorable a la tortura y el pueblo es favorable también”. Y agregó: “A través del voto no va a cambiar absolutamente nada en este país. Infelizmente las cosas cambiarán si un día vamos a un guerra civil aquí dentro, haciendo el trabajo que el régimen militar no hizo, matando unos 30 mil, empezando por FHC (Fernando Henrique Cardoso, presidente en la época). Si mueren algunos inocentes, todo bien. En todas las guerras mueren algunos”.

En un video en 2014 frente al Ministerio de Defensa en Brasilia, Bolsonaro aparece tirando bombas de estruendo al cielo con una bandera amarilla de fondo que dice: “Felicitaciones, militares. Gracias a ustedes Brasil no es Cuba”. En la tragicómica cinta, el actual presidente cita a los actores que articularon el golpe, al que califica de “gloriosa contrarrevolución” y “segunda independencia de Brasil”: “Felicitaciones a los militares, a las mujeres en las calles, (1) a la Iglesia Católica y a los grandes medios que evitaron en 1964 que Brasil se convirtiera en un satélite de la Unión Soviética”.

En entrevista dada este miércoles al programa Brasil Urgente, también de la Band, Bolsonaro dijo que “no hubo dictadura” y que “al igual que los casamientos” todos los regímenes tienen “algún problemita”. La líder actual de la bancada oficialista en el Congreso, Joice Hasselmann, twiteó que “este es el regreso de la narrativa verdadera de nuestra historia” y dejó en claro el sentimiento que esto le evoca: “orgullo”.

La Procuraduría General de los Derechos Humanos del Ministerio Público Federal ya había publicado este martes una nota en la que afirma que “festejar la dictadura es festejar un régimen inconstitucional responsable por graves crímenes de violación a los derechos humanos. Esa iniciativa suena como apología a la práctica de atrocidades masivas, y, por tanto, merece repudio social y político, sin perjuicio de sus repercusiones jurídicas”.

Solo y a los tumbos

Más allá de la gravedad de estas declaraciones, es necesario ponerlas en contexto. El gobierno, que casi llega a los tres meses, se muestra vacilante y no consigue avanzar en las pautas que colocó como prioritarias. Una de ellas es el “paquete anticrimen” presentado por Sergio Moro, el ex juez “héroe” del Lava Jato y ahora ministro de Justicia de Bolsonaro. La iniciativa cuenta con pasajes muy polémicos, como el que se refiere al “excluyente de ilicitud” con el que el juez podrá reducir la pena a la mitad o no aplicarla en caso de que el exceso “provenga de miedo excusable, sorpresa o violenta emoción”, lo que desde los movimientos sociales es visto como una legitimación de los asesinatos policiales. El proyecto está en trámite y ha generado rispideces con el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia. Mientras Moro quiere celeridad en su tramitación, Maia ha dicho que es una iniciativa importante, pero que la prioridad la tiene la reforma de las jubilaciones, y mandó a analizar el paquete anticrimen por un grupo de trabajo, lo que en la práctica es congelarlo. El grupo incluye a los izquierdistas Marcelo Freixo (Psol) y Paulo Teixeira (PT), lo que puede ser leído como una chicana política, efectuada en momentos en que el ex presidente Michel Temer y el ex ministro Wellington Moreira Franco eran detenidos por la Operación Lava Jato (véase más adelante). Es que Maia fue el protegido de Temer en el Congreso y es yerno de Moreira Franco.

Estos encontronazos influyen también en la tan mentada reforma de las jubilaciones. Maia dice que el encargado de articular su aprobación es el Poder Ejecutivo, y Bolsonaro dice que su papel en la reforma ya está cumplido y que ahora “la pelota está en la cancha del Legislativo”.

Mientras Bolsonaro intenta distanciarse de lo que tacha de “vieja política”, para Michel Neil, politólogo y doctor en la Universidad de Brasilia, el presidente se aísla y mina su base de apoyo, y encima deja al mercado “aterrado”: “Se esperaba que este gobierno tuviera una curva de aprendizaje, algo natural para todos los gobiernos que nunca estuvieron en el poder. Esa curva haría que pasase de un gobierno desarticulado a uno con una base de apoyo real –para inclusive aprobar las medidas que entienda necesarias–, pero lo que hemos visto hasta ahora, en estos cien días, es que pasa de un gobierno desarticulado a un gobierno aislado”. Para Neil, el presidente “está sembrando cizaña con todos los poderes, y eso es muy peligroso”. En ese marco es que analiza la exaltación de la dictadura militar hecha por Bolsonaro: “Estas cizañas son muy preocupantes desde el punto de vista de la gobernabilidad, porque se corre el riesgo de que el país llegue a un punto en el que se torne ingobernable. Y es más preocupante todavía cuando los militares son tratados como el punto de equilibrio del gobierno, los adultos en la sala”. El politólogo explica que cuando Bolsonaro trata asuntos excéntricos o pautas morales y no asuntos económicos “demuestra que todavía no se bajó del estrado después de la elección”. Agrega que el presidente “no definió las reglas de juego de forma clara, ni lo que significa de hecho esa ‘nueva política’. Es justo que intente colocar nuevas líneas, pero tiene que dar señales de qué son y hacia dónde van”.

Los últimos choques se dieron este miércoles. Después de que Bolsonaro insinuara que Maia estaba dolido por la prisión de su suegro, el presidente de Diputados le salió al cruce y aprovechó para jugar para la tribuna: “Dolidos están los brasileños, que desde el 1 de enero están esperando que el gobierno empiece a funcionar. Son 12 millones de desempleados, 15 millones abajo de la línea de pobreza, la capacidad de inversión del Estado brasileño disminuyendo, 60 mil homicidios y el presidente jugando a presidir el país”. En tanto, el vicepresidente de la República, el general Hamilton Mourão, dijo que le parece que hay “ruido en la comunicación con Maia”, pero que el presidente de la Cámara es “imprescindible”. El propio Bolsonaro restó peso al enfrentamiento con Maia este jueves, pero todavía está por verse qué pasará con los proyectos del oficialismo.

Dentro Temer, Fora Temer

La orden de Bolsonaro de conmemorar el aniversario del golpe militar se dio en un momento turbulento de la política nacional. El jueves 21, una fuerza de tareas de la Operación Lava Jato detuvo al ex presidente Temer, en cumplimiento del mandato de prisión preventiva emitido por el juez Federal de Rio de Janeiro, Marcelo Bretas. Temer es acusado de liderar desde hace cuarenta años una organización criminal para desvío de dinero público. El ex mandatario fue liberado este lunes por un juez de segunda instancia, quien consideró que no existen motivos legales para mantenerlo preso hasta su juzgamiento.

Patrick Mariano, magíster en derecho, Estado y Constitución –también de la Universidad de Brasilia–, dijo a Brecha que el decreto de prisión contra Temer “carecía totalmente de fundamentos”, pero dice no sorprenderse, porque “esta ha sido la tónica de la Operación Lava Jato, su método de actuación”. Es que en realidad la prisión de Temer no sorprendió, ni siquiera a él mismo. Ya se especulaba con esa posibilidad desde que el impeachment contra Dilma Rou-sseff lo llevó a la presidencia. Para Neil, seguir suelto es hoy el mayor desvelo de quien fue el presidente más impopular, convertido ahora en una figura algo intrascendente: “En términos de país, hoy Temer representa muy poco, es como un cuadro que ya salió de la pared”. Y explica: “A pesar de que tiene cierto poder partidario, dentro de una de las formaciones más grandes del país como es el Pmdb –y eso hace que todavía mantenga un séquito de seguidores–, nunca fue un político popular, ni tiene aspiraciones públicas a futuro”. Sin embargo, dentro del juego político de Brasilia, Temer y sus aliados todavía tienen influencia. “Su prisión detona la reacción y contrarreacción de varios actores, y eso se reflejó en el Congreso y en movimientos de varios poderes que buscaron protegerse”,dice Neil. El politólogo cree, además, que con la llegada de Moro al Ministerio de Justicia empezó el declive del Lava Jato, que vio minado su imagen de imparcialidad.

Sin embargo, Neil cree que la operación judicial ya dejó un legado: “Hay una generación de jueces y promotores en todo el país convencidos de que la mejora de Brasil pasa por el activismo jurídico –y, por qué no decirlo, persecutorio–. El Lava Jato contribuyó mucho en ese sentido. Eso es muy peligroso, porque los fines empiezan a justificar los medios”.Mariano está de acuerdo y cree que “jueces como Moro y Bretas o el procurador (Deltan) Dallagnol –que se hizo famoso por el power point en que casi todos los males de Brasil apuntaban a Lula, y por la frase “contra Lula no tenemos pruebas, pero sí convicción”– piensan que están actuando en el terreno político, cuando en realidad están en el terreno jurídico”. Para él, “esta forma de actuación es inaceptable y transforma el derecho en un juego publicitario de jueces que quieren ser famosos”. Por su parte, Neil dice que estos jueces “aumentan su capital político creando hechos políticos”, pero se pregunta: “¿Por qué un juez precisa tener capital político? Pensando estrictamente en su actividad, teóricamente no deberían estar buscando ese tipo de exposición”.

Nota

1) La Marcha de la Familia con Dios y por la Libertad ocurrió el 19 de marzo de 1964 en San Pablo. Surgió como feroz respuesta conservadora al acto en que el presidente João Goulart anunció su programa de reformas, celebrado en Rio de Janeiro seis días antes. Según crónicas de la época, la marcha reunió a medio millón de personas, en su mayoría mujeres con rosarios en las manos. Es vista como el anuncio del golpe de Estado que llegaría días después.

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“Estamos en una guerra por la memoria”

Con Mariluci Cardoso de Vargas, posdoctoranda en historia en la Universidad Federal de Río Grande del Sur e investigadora de la Comisión Nacional de la Verdad, creada en 2012

—¿De dónde viene y cuáles son los alcances de esta decisión de Bolsonaro?

—Desde 1964 hasta 2011 los militares celebraron esta fecha oficialmente. El debate se inició cuando Dilma determinó que el golpe del 64 fuese retirado del calendario oficial de celebraciones de las fuerzas armadas, y esa orden fue acatada por el Ministerio de Defensa y cumplida por el comandante del ejército. Esta recomendación también aparece en el informe de la Comisión Nacional de la Verdad (Cnv) y se asocia a otras medidas respecto a las prácticas de las fuerzas armadas para lidiar con el pasado. Una de ellas es que justamente exista un reconocimiento de su responsabilidad en los crímenes cometidos. La Cnv trabajó en conjunto con otras comisiones de Estado, como la Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia, que hoy está bajo la órbita del Ministerio de la Familia, Mujeres y Derechos Humanos y viene sufriendo varios ataques. Estamos en un momento de destrucción e invalidación de estos grupos de trabajo. La orden de Bolsonaro, además de ser una afrenta contra la democracia, invalida el trabajo de estas comisiones de Estado y también da una señal que desacredita las voces de los sobrevivientes y las generaciones que heredaron las marcas de las persecuciones, trayendo así el peligro del negacionismo. No se trata de una opinión, de si hubo o no dictadura. La historia y estas comisiones de Estado ya comprobaron las muertes, las desapariciones, las torturas y el carácter sistemático de las graves violaciones a los derechos humanos, que configuran crímenes contra la humanidad y que, por tanto, deben ser repudiados. Lo que están haciendo es intentar deshacer la historiografía. Después de acumular tanto es un grave problema que esta cuestión sea colocada en estos términos por una figura como el presidente.

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—¿Hay un caldo que resulta proclive a este tipo de acciones?

—Yo se lo atribuyo a las fallas de la democracia, que no consiguió hacer que la historia de la dictadura cívico-militar y la memoria de los sobrevivientes sean colocadas como incuestionables. Todavía hay sospechas sobre la legitimidad de los relatos de los sobrevivientes y sobre los crímenes a ser repudiados. La propia Cnv en sus conclusiones demostró la práctica sistemática de violaciones y problematizó su continuidad. El año pasado tuvimos un grave atentado contra la democracia con el asesinato de Marielle Franco, así como en 2013 tuvimos el caso de Amarildo (de Souza, albañil desaparecido y asesinado por la policía en Rio de Janeiro), en el que fue comprobada la muerte por torturas. Sabemos que las prácticas de las fuerzas de seguridad en Brasil todavía tienen ese carácter extremadamente violento, sobre todo con la población de las periferias, pobres, negros, indígenas, campesinos y militantes de derechos humanos. Tenemos en el país números alarmantes de violencia policial, violencia de Estado. Es muy difícil captar cómo y dónde ese terrorismo de Estado configurado en los años de dictadura permanece y se desdobla en violencia de Estado en el período democrático. El problema no ha sido superado, y son prácticas en las que no hay consenso respecto al repudio. Hay una falla en la formación en cuanto a estructura política, que tiene su base en el autoritarismo y permite que esas prácticas sigan su curso y esas memorias e historias de vida de los sobrevivientes no ganen el sentido común. Esto está bastante marcado en la sociedad brasileña, y la última elección lo explicitó todavía más. A pesar de las declaraciones que Bolsonaro venía haciendo antes de ser electo, del homenaje a Carlos Alberto Brilhante Ustra (militar torturador de la última dictadura) en la tribuna del Congreso el día del impeachment, y los indicios que venía dando sobre su forma de relacionarse con ese pasado, no pasó nada que impidiese su candidatura. En otros países del continente, cuando hay una celebración o apología a los militares, hay una repercusión y combate inmediato, e inclusive en caso de órganos públicos, exoneración o alejamiento del cargo. Es bastante difícil de combatir ese discurso cuando no hay ningún tipo de punición ni medida administrativa o jurídica contra expresiones de odio. Esto hace que las personas se sientan autorizadas.

—¿A cosas como esta se refiere como “fallas de la democracia”?

—Creo que son fallas sí, porque aparece un autoritarismo que se sobrepone a los valores democráticos. La polarización política permite que se construya un sentido común que entiende que la eliminación de un opositor político es posible. Eso es una falla grave, porque no se entiende la discrepancia y la oposición como algo a ser resuelto dentro de los marcos del Estado de derecho. Se evoca entonces la violencia como forma de resolver las diferencias, y eso es terrible desde el punto de vista democrático. Lo preocupante es que los crímenes sobre las poblaciones que mencionaba antes son vistos dentro de un estado de normalidad y no como casos que deberían ser de excepción.

—¿Cómo evalúa el proceso posdictadura en relación con la búsqueda de justicia y sus avances y retrocesos?

—Tenemos una barrera en el ámbito de la justicia que es la ley de amnistía de 1979, que sigue vigente y es interpretada como un impedimento y una obstrucción para la posibilidad de juzgar a los autores de graves violaciones a los derechos humanos. Esta ley contribuye a reforzar el olvido. La justicia tiene ese papel pedagógico también en el ámbito de la memoria. A pesar de que hemos avanzado bastante en algunos sentidos –como en las políticas de verdad, memoria y reparación, en la difusión de los testimonios de los sobrevivientes, con las comisiones–, no conseguimos alcanzar la justicia. Todos los mecanismos que contribuirían a reforzar el repudio a un período que dejó tantas marcas traumáticas para el país están obstaculizados.

—¿Cuáles serían los efectos de esa política del olvido?

—Los efectos son los que estamos viviendo en este momento. Esta es una forma muy infeliz de lidiar con el pasado, una batalla de la memoria que se viene dibujando con líneas graves desde hace bastante tiempo. Lo que vemos ahora es contundente: hay una guerra evidente por la memoria. Al mismo tiempo que se llama a los militares a celebrar el 31 de marzo dentro de los cuarteles, también hay varios llamados a actos de resistencia en varias regiones del país.

—¿Cuáles pueden ser los impactos de estos fenómenos?

—Es muy difícil hacer una proyección. Estamos viviendo un día a la vez, sorprendidos por cosas graves no sólo en el ámbito de las fuerzas armadas, sino en general, con ataques a la educación, a los derechos laborales, entre tantos otros. Son muchos ataques al Estado de derecho, retrocesos que pueden tener consecuencias muy negativas para la sociedad. Pero más que pensar en eso, me parece importante pensar y discutir las estrategias que podemos tener para combatir y denunciar este tipo de situaciones, y que no nos quieran hacer perder la memoria. Son muchas también las personas que intentan contribuir en la medida de lo posible en la defensa de la Universidad, de la educación pública, gratuita y de calidad para que podamos fortalecer el combate al autoritarismo. Eso implica deconstruir esa falsa versión de que el golpe debe ser celebrado. Fortalecer la democracia está en el orden del día.