Los efectos del encarcelamiento exceden a la sanción penal y tienen costos asociados para la comunidad.

La Diaria, 16-3-2019

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Correspondencia de Prensa, 17-3-2019

Fiorella Ciapessoni es socióloga y está terminando un doctorado en Políticas sociales y Trabajo social en la Universidad de York, en Inglaterra. Su tesis tiene que ver con el vínculo entre el delito, la privación de libertad y la situación de calle en Montevideo. Es una de las pocas académicas con este enfoque. Desde 2005 estudia el tema; sus tesis de grado y de maestría fueron sobre la situación de calle. Es integrante del Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia y docente en la Universidad de la República.

Las personas en situación de calle presentan extrema vulnerabilidad en áreas clave, como salud, educación, empleo, entre otras. Su esperanza de vida está entre los 45 y 50 años. Tienen diez veces más probabilidades de suicidio que la población general. 94% son varones adultos solteros. 64% tiene menos de 40 años, uno de cada tres tiene entre 31 y 40 años. 55% tiene menos de seis años de educación. El empleo más común: cuidacoches (60%). 80% consume sustancias y seis de cada diez pasaron por la institucionalización.

La situación de calle aparece como una consecuencia colateral de la experiencia de privación de libertad. El encarcelamiento masivo y los limitados recursos para programas son parte del problema. 40% de las personas liberadas que salen a vivir en las calles regresan a la cárcel entre seis y nueve meses después.

Se habla de que estar en esta situación acarrea múltiples y graves desventajas, que, sumadas al estigma que padecen las personas por vivir en la calle, generan una exclusión muy severa. Algunas de las más comunes son la ruptura de vínculos, la falta de recursos, la poca educación, los problemas de salud, el abuso de sustancias y haber pasado por la cárcel.

“Las personas no terminan en la calle como si fueran una baldosa, hay un montón de exclusiones por las que pasaron que condujeron a ese lugar. Hay que ver esos problemas entrelazados para atender desde la política”, dice Ciapessoni, que considera que Uruguay es un país que se encarga de esta problemática, que está aumentando “porque hay otro tipo de problemas que no se están atendiendo y desembocan en esto”. Al respecto, conversó con la diaria.

-¿De qué hablamos cuando hablamos de situación de calle?

Hablamos de personas que habitan a la intemperie en espacios públicos y llevan consigo sus pertenencias, sin un lugar que pueda caracterizarse como vivienda. También se considera a las personas que habitan en refugios o centros nocturnos, que no tienen un alojamiento estable. Muchas veces se tiende a pensar que las personas que están en situación de calle son como un gran conjunto de personas que están fijas ahí, pero no. Hay una cuestión con la movilidad de estas personas, modifican su situación residencial cada vez que tienen la posibilidad de hacerlo. Cuando consiguen una pareja o un empleo que les permita dejar de vivir en la calle lo hacen. Estas personas son inestables residencialmente, cada vez que pueden se alejan de esa situación, cada vez que pueden van a dormir donde consiguen hacerlo. Eso hace parte de la explicación del fenómeno, porque a la hora de trabajar en política hay que pensar en la inestabilidad residencial. Los problemas de salud mental y de uso problemático de sustancias, y el vínculo con el sistema penal son determinantes. Las personas declaran tener esos problemas, pero no han recibido tratamiento.

-Lo que vemos en 18 de Julio (principal avenida de Montevideo), en particular en las inmediaciones de la Plaza de los Bomberos y el Banco República, ¿es representativo?

Si hablamos de situación de calle y pensamos en las personas que duermen en la agencia 19 de Junio del Banco República estamos hablando de la definición más estricta: personas que no tienen dónde estar y que están en el extremo de la exclusión sociohabitacional. Esa es la idea de intemperie. Pero la situación de calle es mucho más que eso y tiene que ver con la idea de inestabilidad. Si no introducimos esta idea nos quedamos hablando sólo de las personas que duermen a la intemperie o en refugios. Si observamos la inestabilidad vemos que es un fenómeno mucho más amplio. Ahí es donde entra la dimensión de la vivienda y se puede entender esto como un problema estructural. Hay ciertas personas que no acceden a una solución habitacional, y capaz que no tienen ningún tipo de problema, sino que el empleo no les da para pagar lo que el mercado pide.

-Decís que la salud mental y el uso problemático de sustancias no son causas sino consecuencias de la exclusión social.

Ni la salud mental ni el abuso de sustancias son causas que originan la situación de calle, ni siquiera están asociadas directamente. Estos problemas están asociados con la victimización temprana, ya sea en la familia, durante la niñez o la adolescencia. En general, han estado privados de libertad. Hay un impacto muy alto de las experiencias de victimización dentro de la cárcel para la salida. La evidencia muestra que cuando alguien sufre –como víctima directa o como testigo de victimización dentro de la cárcel– queda afectado profundamente en lo biopsicosocial, y eso impacta directamente en las probabilidades de que se reintegre de forma eficaz a la sociedad, menos aun si no hay una política o instituciones que lo amparen.

-¿Cómo son las experiencias de institucionalización y qué provocan?

La experiencia de institucionalización más común para las personas que duermen en la calle es la privación de libertad. Entre 60% y 75% ha pasado por la cárcel. Se dice que hay más personas en situación de calle porque hay más gente encarcelada, por ende hay más gente que sale de la cárcel. Hay cada vez más gente en situación de calle porque hay otros problemas que los están originando. Hay una falla institucional que está provocando que esto pase. Si no hay programas que trabajen durante la privación de libertad, va a ser cada vez peor.

-Las soluciones habitacionales, de las que no se habla dentro de la cárcel, son un determinante fuerte para la reincidencia.

Tiene que existir la solución habitacional como posibilidad desde que la persona sale de la cárcel, previendo cómo se puede ahorrar la situación de calle. Además de que no se habla dentro de la cárcel, seguimos el “modelo de escalera”, que todas las evidencias demuestran que no funciona como solución habitacional. Primero se ingresa en un refugio nivel 1, después se pasa al nivel 2, y cuando se llega al nivel 3 se está potencialmente preparando para llegar a una casa. Y la realidad es que no va a llegar nunca, porque en ese régimen no llegás nunca. Al evitar hablar de una situación habitacional distinta a un refugio, lo que estás haciendo, en parte, es seguir culpando al individuo, sea porque tiene una patología psiquiátrica, un abuso de sustancias o una ruptura de vínculos hace diez años. No hay que trabajar en la inestabilidad residencial cuando el resultado ya está, sino antes. La solución habitacional es la gran ausente en toda esta discusión. Se deja de lado la cuestión de la vivienda, como si no fuera parte de la solución. También es una discusión de salud pública. Son potenciales portadores de problemas de salud, son víctimas de abuso y violencia. Es algo que cuentan: les tiran agua caliente, les queman sus pertenencias, los hacen despojarse de todo lo que les pueda quedar de lo que alguna vez fueron.

-¿Se discute sobre políticas de vivienda cuando se piensa en los egresos?

La discusión sobre vivienda es la gran ausente porque no hay ninguna política de vivienda que esté por detrás de esto, más allá de la recientemente inaugurada posada de medio camino de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado [Dinali]. Fuera de esto y de los refugios no hay nada. No todas las personas que salen de la cárcel quieren ir a un refugio ni continuar la institucionalización. Necesitamos otro tipo de soluciones, en las que se generen herramientas para que las personas puedan sostener autónomamente una vivienda. Hay personas que no pueden hacerlo de manera autónoma, y ahí pueden contar con un equipo, pero no todo el mundo lo precisa.

-La situación de calle es un fenómeno masculinizado.

Desde el inicio del tema, en el que se acuñó el término homeless, siempre se pensó en varones que se movían de ciudad en ciudad en busca de trabajo y tenían algunos problemas. Las mujeres fueron siempre invisibilizadas, antes ni siquiera se estudiaban. Las mujeres tienden a poder tender redes de soporte, que evitan que terminen en la calle. Si bien son un número minoritario, tienen las peores desventajas. Son víctimas de violencia, de abuso sexual desde muy chicas, tienen problemas graves de salud mental, les sacan a sus hijos desde que son niñas. El abuso y la violencia familiar aparece siempre en estos casos, son grandes precipitadores de la situación de calle. En general son los padres los que ejercen la violencia. Esto también aplica en el caso de los varones jóvenes; muchos se van de sus hogares porque son una fuente de violencia. No soportan más la situación y se van a “un lugar mejor”, aunque ese lugar sea la calle. La peor situación la atraviesan las personas trans que están en la calle, que si bien es un número menor en comparación, sufren una violencia superior. Hay que diversificar las soluciones habitacionales de acuerdo a las necesidades y los problemas que tengan las personas. No es lo mismo una solución para una mujer con hijas o hijos que para un varón que sale de la cárcel.Uruguay173 dos

-La mayor reincidencia luego de la privación de libertad en las personas que duermen a la intemperie se produce entre los seis y nueve meses.

Eso responde a que los servicios que deberían aparecer cuando salen de la cárcel no aparecen. En lugar de tener una visión integral de la persona y de los riesgos a los que se enfrenta, es librada al azar y ahí se produce el delito. En general son delitos menores, no violentos, y tienen penas cortas. Son delitos que tienen que ver con la subsistencia. Además, la falta de soporte familiar, por la ruptura de vínculos provocada por la cárcel, genera un desamparo muy alto; ahí aparece el delito.

-“Todos vuelven”.

Todas las personas que pasaron por el sistema penal van a volver. Es un hecho, es algo que tenemos que saber. Tenemos que pensar en cómo vamos a recibir a esa población. Si vamos a seguir en una tesitura de rechazo y de no querer saber nada va a seguir pasando todo lo que está pasando, que es que cada vez tenemos peor percepción sobre la seguridad y que la inseguridad, de hecho, nos explota en la cara. En cambio, pensar en cómo recibimos a estas personas, sabiendo que van a volver, podría hacer que las cosas fueran distintas. Tenemos problemas muy graves de violencia dentro de las cárceles uruguayas. El reingreso a la sociedad no es fácil para ninguno de los liberados, porque además de que adentro de la cárcel seguro atravesaron situaciones de violencia, se agrega la complejidad que tiene que ver con reconstruir los vínculos familiares que se rompieron producto del encarcelamiento. Encima, si no tenés trabajo, vivienda y ningún servicio que te apoye se complica; ahí aparece la reincidencia.

-¿Cómo entra la idea de desistimiento, del alejamiento del mundo del delito, en este escenario?

El sistema penal es uno de los grandes generadores de inestabilidad residencial de las personas. No sólo por el impacto que genera a nivel biopsicosocial, sino por lo que produce el estar “entrando y saliendo”. La idea de desistimiento no cree que haya un corte abrupto del delito, sino que piensa que el delito es algo que va bajando gradualmente en intensidad y gravedad. Con el apoyo institucional en cuestiones básicas, como el empleo o la vivienda, se produce un cambio muy grande, porque se genera estabilidad. Tener un lugar para estar, para establecer una rutina alejada de lo que genera la cárcel, es un aporte para que paulatinamente te puedas alejar del delito. La estabilidad puede ayudar a que la reincidencia baje. Para pensar en el desistimiento hay que pensar en la integralidad: empleo, vivienda, apoyo biopsicosocial. Cuando se genera la idea de estabilidad puede suceder el alejamiento del delito.

-Decís que hay una puerta giratoria entre la cárcel y la situación de calle.

El vínculo entre la cárcel y la situación de calle existe, pero no se sabe qué conduce a qué, si la situación de calle origina el delito, y consecuentemente la privación de libertad, o si la privación de libertad provoca la situación de calle como un resultado. Hay una idea de puerta giratoria porque las personas que pasan por el sistema penal cuando salen no tienen dónde ir y se alejan, hay un aislamiento social. Muchas veces no tienen un hogar, no quieren ir a un refugio o no quieren volver al barrio para no reencontrarse con sus pares. Toda esta situación te lleva a estar en esta puerta giratoria: salís y volvés a entrar. Cuando no se trabaja para tratar de cortar ese círculo vicioso se convierte en una puerta giratoria. Si no hay políticas de egreso específicas para atender estas situaciones y la vuelta a la comunidad no hay forma de cortarlo.

-¿Cómo trabajan las políticas de egreso en Uruguay?

Los cambios en la Dinali (Dirección Nacional de Apoyo al Liberado) y la construcción de la posada de medio camino son avances evidentes. El sistema penal tendría que trabajar más asociado con otros programas, como el programa de calle del Ministerio de Desarrollo Social. El egreso penitenciario necesariamente tiene que trabajarse con el afuera. La realidad nos dice que seis de cada diez personas que están en la calle pasaron por el sistema penitenciario. Hay un vínculo que hay que cortar. Esto lo está generando el sistema penal. Tenemos la tasa de prisionización más alta de América Latina. Cae más gente presa y sale más gente liberada. Esto hace que exploten otras cosas, como el fenómeno de las personas que duermen en la calle. Hay que trabajar en el sistema penal antes de que esto pase. Apoyar en procesos de liberación que se anticipen a estos problemas, comprender cuáles son los problemas que tienen estas personas, saber si ya ingresaron estando en situación de calle o no, saber a dónde van a ir. Es fundamental trabajar en egresos planificados, que consideren la dimensión residencial unida a la dimensión vincular y al sistema de salud. Es fundamental también comprender longitudinalmente la vida de estas personas, poder tener información previa sobre ellas, no sólo para saber sobre sus trayectorias residenciales y planificar los egresos de la cárcel, sino además para saber qué les pasó en otras dimensiones, en su familia, en la salud. Son indicios para planificar el egreso y para que la vuelta a la comunidad sea menos costosa también para la sociedad.

-¿Por qué pensamos en soluciones habitacionales de corto plazo?

Tenemos que cuestionarnos por qué pensamos en soluciones habitacionales que no son seguras, que son transitorias. Por qué no animarse a tratar de que estas personas puedan vivir autónomamente, acompañarlos desde otro lado, desde otro tipo de soluciones habitacionales. Tendemos siempre a seguir institucionalizando a las personas. En el sistema de refugios reina esa cabeza, parece que nos gusta tutelar a la gente. En otros lugares del mundo hay otras alternativas, como el subsidio de alquileres, con equipos multidisciplinarios que acompañan desde la reducción de daños. Se comprende a la vivienda como el puntapié, porque es lo primero que tiene que tener una persona para poder trabajar otras cosas, como la falta de empleo, los problemas con las drogas, etcétera. La vivienda es un derecho, y no algo que te voy a dar “si te portás bien”. Porque esta población, además, no es “la que se porta bien”.

-¿Qué pensás de quienes dicen que es un derecho vivir en la calle?

Un derecho es tener una vivienda, no vivir en la calle. Puedo entender que haya personas que digan que están acostumbradas a vivir en la calle, que están desde muy chicos y que no se imaginan en otro lado, pero si pensamos que eso es un derecho les estamos quitando su derecho real, que es vivir en una vivienda. El hogar es fundamental, es fuente de confianza, de seguridad, de estabilidad. Medidas como la ley de faltas no ayudan en nada a la seguridad y la convivencia. Seguimos viendo a las personas en situación de calle como inferiores e inhumanas, creyendo que además de todo requieren que se las penalice por su condición. Una cosa es ir contra las medidas que criminalizan a esta población, que nada bien hacen, pero otra es decir que las personas tienen derecho a vivir en la calle. Tienen derecho a tener una vivienda, a una solución habitacional, a tener un lugar a dónde ir. La calle no es hogar para nadie. La calle no es un hogar. Las personas que duermen en la calle tienen peores indicadores en absolutamente todo. Una persona tiene derecho a estar en una vivienda, sea cual sea el problema que haya tenido. Ya sea una patología, el abuso de sustancias o si cometió un delito. Las personas tienen derecho a habitar una vivienda y el Estado tiene que hacerse cargo de eso.

*Fiorella Ciapessoni, criminóloga especializada en personas en situación de calle