El egreso penitenciario

Cada año, más de la mitad de las personas que estaban presas salen en libertad. Son casi 6.400 egresos anuales, pero el Estado desconoce si los liberados tienen familia, casa y trabajo, problemas de salud o de consumo, cuál es su nivel educativo. En un país con altísimas tasas de reincidencia, conocer a la población que egresa y tener políticas adecuadas resulta una cuestión de seguridad pública, dicen los entrevistados. Si bien la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali) comenzó a implementar un paquete de políticas que, a juicio de autoridades y especialistas, parecen prometedoras, aún se encuentran lejos de abarcar a todos.

Daiana García

Brecha, 15-3-2019

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Correspondencia de Prensa, 15-3-2019

“¡Dale, negro, apurate que te vas, vení a juntar las cosas!”, le gritó un compañero desde dentro del módulo. Ese día volvía de trabajar en el Polo Industrial de la Unidad número 4 (ex Comcar) y fue así, por otro preso, que se enteró de que los 16 meses de encierro llegaban a su fin. “Pensé que era joda. Cuando entendí que era cierto, el corazón me explotaba”, cuentaAdrián, que salió en libertad en setiembre de 2018.

Desde que escuchó ese grito desde atrás del alambrado hasta que el personal vino a avisarle y se lo llevó para empezar los trámites, pasaron unos cuarenta minutos. Recuerda que sólo se llevó la muda de ropa que solía usar en las visitas, cartas de la novia y algunos certificados de exámenes que había rendido dentro de la cárcel. Lo demás quedó todo: es una costumbre, un código, dejar las cosas a los compañeros que seguirán adentro y la tendrán peor.

También recuerda que le dio para avisar a la familia y que antes de salir a la calle –unas tres horas después de que el primer funcionario le diera la noticia– pasó por un montón de oficinas: “Me sacaron fotos, y en todas me preguntaban lo mismo: los nombres de mis padres, mi cédula y el delito por el que estaba ahí. En ningún momento me preguntaron si tenía a dónde ir”. Ese día salían otros tres compañeros, que estaban “locos de contentos”, más que eufóricos por la salida, y al cruzarse con un par de funcionarios les gritaron: “¡Nos vamos, nos liberaron!”. La alegría se chocó de frente con la respuesta de uno de los trabajadores: “Dale, nos vemos el lunes”. A Adrián, el cinismo le llenó el pecho de bronca. Luego se enteraría por sus compañeros que estos saludos son comunes, porque gran parte de los que salen vuelven a reincidir a los pocos días de estar en libertad.

Cuando cruzó el portón del Comcar, eran más de las nueve de la noche y todo su capital era un boleto de Cutcsa que le habían dado antes de liberarlo. Su destino era la casa materna, en Gruta de Lourdes. Desde Santiago Vázquez, donde se ubica la cárcel, hay que tomar al menos dos ómnibus de línea y, como no tenía tarjeta Stm, el boleto le permitía sólo un viaje. Caminó hasta la ruta y tomó un ómnibus a Paso Molino para al menos arrimarse. El resto fue patear hasta llegar, unos seis quilómetros. Lo esperaban su madre y algunos de sus hermanos más chicos. Adrián aclara que, si bien se trata de una familia de bajos recursos, siempre supo que al salir tendría un sillón donde dormir y un plato de comida. Por poco que parezca, son muchas las personas que salen liberadas sin tener siquiera la certeza de un techo.

Relatos como el suyo no son la excepción, casi todos se enteran poco tiempo antes y salen con lo puesto, a veces sin tener a dónde ir, algunos luego de muchos años de encierro. Salen a patear a la ruta, manguear para un boleto o caminar hasta que den las piernas. Salen desorientados, como un cachorro perdido, a veces sin saber siquiera para qué lado queda el Centro.

A Leonardo, que salió en febrero, le fueron a avisar de mañana, y todavía estaba durmiendo. Saltó de la cama y agarró lo que pudo. Estuvo siete veces preso y calcula que en total suma unos diecisiete años; todas las veces, cuenta, se enteró de que se iba en el momento.

Esta última vez no le dieron ni para el boleto: quienes estaban a cargo de la tarea ese día no estaban, la oficina no abría, no le explicaron muy bien. Salió, cruzó al almacén y pidió para hacer una llamada. Se comunicó con un amigo que lo pasaría a buscar unas cinco horas más tarde. Tampoco tenía otros planes; Leonardo podía esperar o, en todo caso, arrancar a caminar. Tuvo suerte: en menos de una hora una funcionaria entró al almacén, le preguntó si precisaba para el boleto y le dio 100 pesos, que le salvaron la espera. Junto con él salieron otros dos liberados; a uno lo esperaba la familia del otro lado del portón; el otro no tenía quién lo esperara o a quién llamar.

A ciegas

Según la oficina del Comisionado Parlamentario, en 2016 recuperaron la libertad 6.344 personas, en 2017 fueron 6.377 y durante el primer semestre de 2018 (momento hasta el que se cuenta con información procesada) salieron 3.197. Sin embargo, muy poco se conoce de ellas. No se sabe cuántas tenían una casa al salir, pero sí que muchas no recibían visitas, algo que puede deberse a la falta de lazos familiares, que se traduce, en definitiva, en el hecho de no tener a dónde ir cuando se cruza la reja.

Tampoco se sabe si les esperan oportunidades laborales afuera o si adquirieron un oficio. No se conoce cuántos de los liberados se han formado y en qué, así como tampoco si tienen problemas de consumo. Muchos habrán reincidido o estarán viviendo en la calle, pero tampoco se tiene claro cuántos, aunque el último estudio del Mides, realizado en 2016, ya señalaba que más del 47 por ciento de las personas que están en situación de calle habían estado privadas de libertad. Y estos números han ido aumentando, estiman los especialistas.

Para la investigadora Fiorella Ciapessoni, la privación de libertad es la puerta principal de la situación de calle: “A medida que la prisionalización aumenta, también crecen los egresos y la gente que no tiene a dónde ir a vivir”. Una de las principales consecuencias de la cárcel es la pérdida de redes, y, además de escasas, las soluciones a las que pueden acceder no son estables. La investigadora, que se dedicó especialmente al vínculo entre el sistema penitenciario y la situación de calle, relata que el primer contacto con la calle tiende a aparecer en los primeros dos meses después de la salida, y en un número no menor de casos estas personas vuelven a reincidir, por lo que se habla de una “puerta giratoria” entre la calle y la cárcel.

Como si le vendaran los ojos, a la política pública le es muy difícil trabajar sin diagnósticos, y, con la escasa información y procesamiento de datos de las casi 6.400 personas que salen liberadas anualmente, el diseño de un instrumento eficaz para trabajar el egreso parece aún muy lejano. Alberto Gadea, director del Instituto Nacional de Rehabilitación (Inr), reconoce las carencias de información que tiene el sistema y destacó que la generación de datos es una de las principales necesidades. Para eso, en 2018 se empezaron a implementar dos software que permiten unificar las evaluaciones de las personas que ingresan al sistema penitenciario, así como sistematizar una gran cantidad de información de su pasaje por él: centros en los que la persona estuvo, traslados, nivel educativo, capacitación laboral. A juicio de Gadea, la implementación de estas herramientas redundará en un mejor conocimiento de la población penitenciaria y de los egresos, pero hoy “sabemos muy poco”.

La punta del iceberg

Para Ciapessoni, las carencias en el encare del tema generan, por un lado, un problema de salud pública, debido a que los liberados representan aproximadamente la mitad de la población en situación de calle, y, por otro, de seguridad pública, ya que no se logra evitar la reincidencia en el delito. Si bien los números varían según el año, se estima que más del 60 por ciento de las personas privadas de libertad son reincidentes, es decir, hay un número no menor de casos en los que la política de rehabilitación tras las rejas así como el trabajo en el egreso no lograron su objetivo.

En conversación con Brecha, Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario, explicó que “no hay un sistema de rehabilitación, hay piezas sueltas” que no logran conformar una política penitenciaria, sino más bien “una suma de decisiones y resultados. No se puede decir que haya una política en el sentido estricto, que parta de una planificación”. El comisionado lo ilustra como un puzle que no termina de encastrarse y cuyas piezas son la salud, la cultura, la vivienda, la educación y el tratamiento de las adicciones.

Si bien reconoce avances, para Petit hay dos problemas: por un lado, el alto número de personas privadas de libertad (mientras que en el mundo hay una persona presa cada tres o cuatro con medidas no privativas, en Uruguay por cada privado de libertad hay menos de uno con penas alternativas) y, por otro lado, la falta de una política integral que junte esas piezas e involucre a los distintos actores que tienen parte en el asunto.

Para Petit, la política de egreso empieza desde el primer día en la cárcel, porque la entiende como un espacio de rehabilitación y no de castigo. Si se “hicieran los deberes bien”, eso redundaría en el momento del egreso, porque es “cuando se pone a prueba lo que pasó adentro”. En cambio, entiende Petit, hay una gran desconexión de la política penitenciaria con las políticas sociales. Primero mientras la persona está presa, “porque tenés una asistente social para 3 mil personas”, y después con el resto de los organismos, como las intendencias y los ministerios, y es necesario que el Inr no sea el único que se encargue del tema.

En la misma línea, Gadea reconoce que el egreso penitenciario “quizás debería ser una política de Estado”, para la que todos estén destinando recursos y haciendo su parte. Diego Grau, integrante de la Subdirección Nacional Técnica del Inr, plantea que cuando una persona mayor de 18 años llega al sistema penitenciario, “ya hay otras instituciones que fallaron”, y luego de la cárcel también deberían intervenir los ministerios de Vivienda, Salud, Educación y Desarrollo Social.

En el egreso, dice Petit, es cuando “converge todo: si la persona pudo completar sus estudios, aprender un oficio, si atendieron su salud, si se trató su consumo de drogas, si conformó vínculos y si sale con alternativas laborales y de vivienda”. Y agrega: “En los lugares en los que hay trabajo en el egreso tenés tasas de reincidencia nórdicas, de menos del 20 por ciento. Si bajamos ese porcentaje, el resultado son miles y miles de delitos menos”.

Tanto Ciapessoni como Petit reconocen que el trabajo de la Dinali y del Inr es prometedor y positivo para el sistema, pero consideran que las posibilidades de generar un cambio real siguen siendo acotadas.

Peor es nada

La Dinali es el organismo que se encarga de trabajar sobre los egresos penitenciarios y que, según la definición que da en su web, tiene como objetivo “reinsertar” en la sociedad a los adultos que egresan del sistema penitenciario. Se trata de una reconversión del viejo Patronato del Liberado, que viene ensayando diversas medidas en torno al egreso, a cargo de su director, Jaime Saavedra. Sin embargo, aún su alcance sigue siendo testimonial.

Además de la Posada de Camino (véase “El achique”), la mayor novedad es el trabajo del programa de preegreso, que pretende abordar la problemática antes de que la persona sea liberada. Según la referente del programa, Laura Cotelo, comenzaron en mayo del año pasado y hoy ya están trabajando en todas las cárceles metropolitanas. El criterio establecido consiste en trabajar con aquellas personas que están a seis meses o menos de salir en libertad, en tres etapas diferentes. En la primera se identifica a estas personas, se les brinda folletería e información. Ya en una segunda etapa se realizan entrevistas individuales para conocer si la persona ha accedido a una capacitación laboral y cuál es su situación personal y familiar, con el objetivo de determinar el panorama de salida. La tercera etapa ocurre en libertad, para acompañar el proceso de reinserción social positiva. Es en ese momento que se deriva a la posada los casos más críticos con relación al acceso a la vivienda. Para Cotelo, una de las principales ventajas de este trabajo es que se llega con la información a la mayoría de los usuarios, y que esta es “real” y no genera falsas expectativas. Antes, cuenta la referente, las personas ni siquiera sabían que existía un lugar como la Dinali.

El programa, que aún no cumplió un año, no cuenta con números exactos de la gente que logró alcanzar, pero la evaluación cualitativa de los jerarcas es positiva, por lo que se pretende que sea replicado en las cárceles del Interior. Saavedra explica que el acercamiento es voluntario, porque no se puede obligar a las personas a pasar por los programas; sin embargo, están esperanzados en los resultados de adhesión que se puedan lograr. De todas maneras, reconoce que, con 6.400 personas saliendo anualmente, la demanda los supera ampliamente, por lo que están trabajando en medidas alternativas a la posada, como la posibilidad de generar una cooperativa de ayuda mutua y algún tipo de sistema de alquileres que contemplen las particularidades de esta población.

Algo similar sucede con lo laboral, ya que están trabajando en la construcción de un polo industrial para generar capacitación y empleo, a lo que se le suman convenios firmados con Inefop y un sistema de pasantías en organismos públicos. El director considera que se está lejos de satisfacer el universo de demandas, pero recuerda que muchos aspectos son competencia del Poder Ejecutivo. Saavedra está convencido de que, respecto a la situación penitenciaria y al abordaje de la salida, hay debates que aún la sociedad se debe: “Todos somos hijos de las oportunidades, y la seguridad siempre afecta a los más pobres, que son los que están presos. Las cárceles no están llenas de gurises de Pocitos, Malvín y Carrasco, y además son los barrios pobres los que más sufren los delitos”.En ese sentido, explica que la Dinali intenta “atender modestamente los factores asociados a la reinserción, pero las personas que salen en libertad tienen muchas necesidades similares al resto” de quienes pertenecen a los sectores más vulnerables. En definitiva, entiende que “tenemos que resolver los enormes problemas de desigualdad, que son los que explican el fenómeno delictivo”.

En primer lugar, quienes llegan al sistema penitenciario son mayoritariamente personas de nivel socioeconómico bajo. Y luego, como el sistema judicial tiene una alta tendencia a determinar la privación de libertad antes que una medida alternativa, hay una gran cantidad de presos, lo que aumenta el costo económico para sostener las cárceles y redunda en que existan pésimas condiciones de reclusión; en definitiva, en enormes dificultades para cumplir con el paradigma de reinserción y rehabilitación.

Se trata de un círculo: cuantos más presos hay, también hay más liberados que terminan en la calle, que reinciden y que vuelven a la cárcel. Como concluye el comisionado: “A veces nos preguntamos por qué alguien delinque, pero hay muchas situaciones en las que deberíamos preguntarnos: ¿cómo es que no delinquen?”.

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La posada para los liberados 

El achique

Queda claro que uno de los principales problemas de los liberados es el habitacional si se tiene en cuenta que los ex presos son casi la mitad de las personas que están en situación de calle. Y en mayo de 2018 la Dinali inauguró la Posada de Camino para que las personas que están en “mayor situación de emergencia” puedan tener una solución habitacional transitoria mientras se estabilizan, explicó Saavedra.

Se trata de un espacio mixto, aunque con una presencia mayoritariamente masculina (como lo es el sistema penitenciario), con 66 plazas disponibles. Hoy hay 55 ocupadas, 51 por varones y cuatro por mujeres. Jhon Manzzi, director de la posada, explicó en conversación con Brecha que, si bien hay técnicos acompañando el proceso individual y grupal de quienes habitan allí, la propuesta intenta ser fundamentalmente autogestiva: “Ellos se encargan de limpiar, cocinar, comprar los insumos, planificar las actividades y todo lo demás”. Los viernes se reúnen en asamblea para organizar la semana y repartir las tareas, o discutir por ejemplo cómo trabajar con el barrio. Hace unas semanas se formó una comisión que será la encargada de planificar algunas acciones como arreglar la plaza o colaborar en pintar la escuela.Uruguay153 II.jpg

La idea es que las personas estén no más de 90 días, y el máximo son 120, aunque se han hecho excepciones. Durante el tiempo de permanencia en la posada, las personas reciben capacitaciones y hay nivelación escolar con una maestra que va tres veces por semana. Según explicaron a Brecha Manzzi y Cotelo, las decisiones se toman en conjunto y la circulación diurna es absolutamente libre; la única contrapartida que se les pide es el cuidado del espacio y una convivencia adecuada que incluya el respeto de los otros, de los técnicos y del barrio.

Saavedra destacó que, si bien la herramienta es aún muy joven para poder sacar conclusiones, están sorprendidos porque la buena convivencia y la baja reincidencia vienen superando sus expectativas, y agregó que “es una herramienta única en Latinoamérica, vienen en procesión a verla”.

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El cupo laboral que no se cumple

Hecha la ley…

La ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario, de setiembre de 2005, estableció que al menos el 5 por ciento de los peones de todas las obras y servicios públicos licitados con el Estado debían ser ex privados de libertad. La norma rara vez se aplicó porque las empresas, haciendo una pirueta formal, prescindieron de esa categoría laboral. Según explica el último informe anual del Comisionado Parlamentario (2017), las empresas suelen presentarse en la Dinali para solicitar un “certificado negativo”, donde expresan que no van a usar la categoría laboral prevista en la ley, y, aunque debería controlarse si realmente no hay trabajadores con esa función, hoy no hay ninguna estructura dedicada a eso.

Para evitar que las empresas eludieran la norma, se amplió la obligación a las “tareas de peones, medio oficial, oficial o similares” en la rendición de cuentas de 2016. También con esta norma las empresas deben solicitar a la Dinali una “constancia negativa” en el caso de que no vayan a cubrir cargos de ese nivel o una “constancia positiva” cuando se efectivice la contratación de liberados. Según el informe, al día de hoy esta ley no es cumplida por buena parte de las empresas que licitan con el Estado, ya que no prevé un régimen sancionatorio ni existe un adecuado control de su cumplimiento.

En conversación con Brecha, Saavedra prefirió no depositar la responsabilidad en la falta de voluntad empresarial y planteó que la categoría de peón está cada vez más en desuso, mientras que la de medio oficial u oficial es muy difícil que la puedan cubrir las personas inscriptas en la bolsa de trabajo de la Dinali, aunque estén capacitadas.

Además, señaló que otra variable es la magnitud de las obras: “Para que haya un cupo (para un liberado), tiene que haber al menos 20 puestos, y muchas de las adjudicatarias tercerizan varios de su servicios”. En todo caso, la clave es revisar y ajustar la normativa a la realidad y al desarrollo de la industria, dijo el jerarca, para que exista un número mínimo de personas contratadas y no sólo un porcentaje del total.

La escasa utilidad de la normativa en la inserción laboral de los liberados la reflejan los números: en 2017 se expidieron 120 constancias, 117 de ellas negativas y tres positivas, mientras que en 2018 se expidieron 73 constancias, 67 negativas y seis positivas, según informó la Dinali a Brecha.

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La DINALI replica la experiencia del Polo Industrial

En espejo

Uno de los proyectos más importantes para este año, según explicó a Brecha Saavedra, implica replicar la experiencia del Polo Industrial del ex Comcar, (1) del que estuvo a cargo hasta asumir en la Dinali. La propiedad –de 2.213 metros cuadrados, que pertenecía al Ministerio del Interior y estaba en desuso– fue refaccionada por presos y liberados, y ya tiene algunas áreas en funcionamiento. Este segundo polo, que aún no tiene nombre, trabaja bajo el paradigma de la integración y la convivencia, dijo Saavedra, y comenzará su segunda etapa de obras el próximo lunes. El espacio está dividido por áreas. En la sección empresarial ya están instaladas dos empresas, una del rubro metalúrgico y otra del gastronómico, y también está en funcionamiento el área de capacitación, en la que se brindan distintos cursos a través de un convenio con Inefop. Mientras tanto, la segunda etapa de las obras se enfocará en la construcción de un espacio de trabajo colaborativo y un área cultural, que incluirá una radio comunitaria y una sala de cine y teatro.

Nota

1) A través del Polo Industrial, los presos desarrollan tareas dentro y fuera de la cárcel para empresas e instituciones públicas y para el propio Inr.