Brecha, 8-2-2019

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Correspondencia de Prensa, 8-2-2019

La autoproclamación presidencial de Juan Guaidó –el pasado 23 de enero– inauguró un nuevo ciclo político en Venezuela. Es la primera vez, desde que el 2 de febrero de 1999, cuando Hugo Chávez fuera investido presidente, que el gobierno venezolano realmente siente la presión internacional a la que está siendo sometido.

Hoy gran parte del establishment bolivariano teme que los impactos de su actual aislamiento internacional supongan un mayor deterioro de la economía nacional y el comienzo de una primavera venezolana que liquide definitivamente un régimen que desde hace años no tiene legitimidad social.

A nivel global el mundo se ha dividido en torno a Venezuela. De un lado, apoyando a Guaidó, están Estados Unidos y la mayoría de los países de América Latina, junto al Parlamento Europeo y los países más importantes del viejo continente. Del otro, las diplomacias de la República Popular China y de Ruasia, así como gran parte de la izquierda regional y global, intentan aún sostener al régimen de Nicolás Maduro.

Para la mayoría de los analistas, especialmente los que se identifican con el lado progresista, se asiste a un nuevo orden geopolítico en el que tanto los intereses humanitarios como los derechos democráticos y políticos están en disputa en Venezuela. Frente a esta situación se hacen grandilocuentes alegatos respecto de la libre autodeterminación de los pueblos y del derecho a la no injerencia extranjera en conflictos internos.

De igual manera, desde estas sensibilidades se considera que el elemento fundamental que motiva la presión política de Estados Unidos sobre Venezuela es su interés por controlar las reservas petrolíferas en la extensa Faja del Orinoco. De hecho, actualmente Estados Unidos es el principal importador de petróleo venezolano.

Sin embargo, y sin restar valor a lo anterior, un análisis profundo sobre la crisis interna de Venezuela requiere del uso de otros parámetros.

Legitimidades

La concatenación de hechos luego de que Juan Guaidó se autoproclamase presidente encargado refleja claramente que había un concierto internacional armado entre el joven legislador, su partido (Voluntad Popular) y varios actores internacionales. La inmediatez de los reconocimientos de Donald Trump y Luis Almagro –Estados Unidos y OEA, respectivamente– así lo demuestra. De igual manera, la rápida puesta en escena del Grupo de Lima, y, de forma más tibia, de determinados países de la Unión Europea, fue el fruto del calentamiento de las líneas de comunicación diplomáticas auspiciadas desde Washington.

El drama venezolano radica en que el gobierno de Maduro y el supuesto de Guaidó carecen de legitimidad democrática. Gran parte de la comunidad internacional no reconoció nunca el último proceso electoral venezolano, tampoco las Naciones Unidas, y menos aún los propios venezolanos. Tras indicadores de participación por encima del 75 por ciento en los comicios electorales anteriores, en las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo en Venezuela apenas participó el 46 por ciento de los electores, y sólo respaldaron a Nicolás Maduro 6,2 millones de electores de un padrón electoral de 20,5 millones. Además las elecciones se celebraron en un ambiente de coerción, fraude e irregularidades que las aleja mucho del debido proceso democrático. Es así que Venezuela registró la abstención más alta de su historia desde la llegada de la democracia al país, en 1958.

No obstante, lo anterior tampoco legitima a Guaidó. Los gobiernos internacionales que lo han reconocido como “presidente encargado” argumentan su posición con base en un artículo constitucional –el 233–. Este artículo se podría aplicar ante un vacío de poder por ausencia del presidente. Hablemos claro, en el Palacio de Miraflores no existe vacío de poder alguno, sino un poder ilegítimo en la medida en que no está avalado por la mayoría de la población.

Injerencias

Pese al interés de Washington en derrocar a Maduro, cabe señalar que Estados Unidos lejos está de necesitar el petróleo venezolano. El desarrollo de su shale oil (petróleo de esquisto) le ha permitido al gigante del norte ser casi autosuficiente en materia de crudo, tal como lo fue antaño la Unión Soviética. En este sentido, el interés en la explotación y comercialización del crudo presente en el subsuelo de la Franja del Orinoco responde a intereses corporativos privados del mundo entero, no sólo de las trasnacionales estadounidenses.

Más allá de las amenazantes declaraciones de Donald Trump, en Washington existe escaso interés en plantearse cualquier tipo de intervención militar masiva en territorio venezolano. En el Pentágono son conscientes de los riesgos que implicaría para Estados Unidos involucrarse en una guerra civil en Venezuela, que significaría un caos generalizado, con la probabilidad de que surjan grupos paramilitares incontrolados, debido al reparto de armas realizado por el régimen. Más que una guerra de perfil binario, Estados Unidos estaría enfrentando una proliferación de frentes locales, más al estilo de lo que sucedió en Irak que el tan recurrido argumento izquierdista de Vietnam.

Pero además Washington es consciente también de que la mayoría de su población está lejos de avalar la participación de su país en un conflicto armado de estas características. En paralelo, si algo está caracterizando al gobierno de Trump es su escaso interés por articular una política internacional inteligente, capaz de defender los intereses estadounidenses y los de sus aliados en el mundo. Dos ejemplos de ello son la retirada de tropas de Siria y la reducción de unidades militares en Afganistán, ambos hechos cuestionados mayoritariamente por demócratas y republicanos en el Capitolio.

Y es que, desde los sucesos del 11 de setiembre de 2001, la política exterior estadounidense se ha despreocupado de América Latina. Su injerencia en asuntos latinoamericanos, como el golpe de Estado en Honduras y el intento de compartir el uso de bases colombianas –ambos ocurridos en 2009–, ha sido puntual. Quizás por ello fue posible un ciclo políticamente progresista en el subcontinente sin derramamiento de sangre.

Así las cosas, las declaraciones de Donald Trump y la presión estadounidense sobre Venezuela –más allá de buscar ir liquidando elementos residuales del ciclo progresista– podrían responder a la necesidad de rearticular las bases más ultraconservadoras del Partido Republicano. Esas que ya no encuentran hoy una Bahía de Cochinos para invadir y sienten decepción respecto de un hipotético y gigantesco muro imaginario que no se plasma en la realidad y que Trump instaló en sus subconscientes durante la campaña electoral, con una lógica de guerra contra el supuesto enemigo de la migración.

Por otro lado, sería una simplificación entender el alineamiento de posiciones geopolíticas en torno a la crisis venezolana con una lógica de “malos” (Trump, Almagro, Grupo de Lima…) versus “buenos” (Rusia, China, Turquía, México, Uruguay…).

Pero existe un reverso de la geopolítica que apoya a Maduro y en la que aparecen potencias mundiales como la Federación Rusa y la República Popular China. Ambas, cabe decirlo, han rentabilizado jugosos contratos de ventas de armamento durante los últimos 15 años.

En el caso ruso la cosa es sencilla. Los rusos soportan el 5 por ciento de la deuda pública externa de Venezuela, llevan dos décadas invirtiendo más de 17.000 millones en el país –principalmente mediante la petrolera estatal rusa Rosneft– y ahora corren el riesgo de que un nuevo gobierno, más amigo de Washington que de Moscú, les genere problemas de cobro.

Por su parte, la República Popular China vive una situación similar. En los últimos diez años Beijing ha inyectado en la economía venezolana más de 62.000 millones de dólares, es decir, el 53 por ciento del monto total invertido o prestado en América Latina. Los actuales 23.000 millones de dólares de la deuda externa venezolana en manos chinas correrían peligro en el caso hipotético de que un régimen proestadounidense le pasase factura a Xi Jinping por haber sido el balón de oxígeno del régimen bolivariano durante la última década.

Grupo de Contacto

En este contexto no sorprende que la reciente reunión del Grupo de Contacto sobre Venezuela en Montevideo haya sido un fracaso. Este hecho se ve en que su declaración final no fue adoptada de forma unánime por el conjunto de los países participantes.

No será la diplomacia internacional la que ayude al pueblo venezolano a resolver su problema interno. De hecho, las sanciones económicas y la intervención sobre Citgo y PDVSA que se hace en el exterior incrementarán la penuria en la que se hallan los venezolanos, penuria a la que han sido sometidos por un gobierno sostenido económicamente también por billeteras extranjeras.

Una salida sin derramamiento de sangre y sin injerencia extranjera sólo será posible en Venezuela si desde la sociedad se es capaz de articular una tercera vía que no responda a las lógicas hoy en conflicto.

* Sociólogo y periodista. Director de la ecuatoriana Fundación Alternativas Latinoamericanas de Desarrollo Humano y Estudios Antropológicos (Aldhea). Autor, junto a Raúl Zibechi, de Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del progresismo, Ediciones desde abajo, Bogotá 2016. (Redacción de Correspondencia de Prensa)