Record de muertes violentas *

Revista IHU (Unisinos) On-line, 21-1-2019

http://www.ihu.unisinos.br/

Traducción de Ernesto Herrera – Correspondencia de Prensa – 23-1-2019

En 2017, 63.880 homicidios. Ese mismo año, la muertes cometidas por policías en servicio activo o en uso de licencia crecieron 20% en comparación con 2016. La compilación de estos datos hace parte de la 29ª edición del Informe Mundial de Derechos Humanos, divulgado el divulgado día 17 de enero de 2019 por la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), que analiza la situación en más de 90 países.

En el capítulo sobre Brasil, el informe llama la atención por el aumento de la letalidad policial después de la intervención federal en Río de Janeiro, entre febrero y diciembre de 2018. Según la entidad, de marzo a octubre de 2018, conforme datos del Instituto de Seguridad Pública de Río de Janeiro, la letalidad violenta aumentó 2% en el estado, mientras que las muertes cometidas por la policía crecieron 44% .

Entre esas muertes está la concejala municipal de Río de Janeiro Marielle Franco (Partido Socialismo y Libertad) y de su chofer Anderson Gomes, ocurrida el 14 de marzo de 2018. El caso todavía no fue aclarado por los órganos de investigación. Para Para a HRW, la demora en resolver los casos de asesinatos contribuyen al ciclo de violencia: “Un amplio estudio conducido por criminólogos y periodistas estima que el Ministerio Público ha presentado denuncia en apenas dos de cada diez casos de homicidios en el Brasil”, apunta el informe.

La Ong internacional critica la ley aprobada en 2017 por el Congreso Nacional que permite que militares de las Fuerzas Armadas, acusados de cometer ejecuciones extrajudiciales contra civiles, sean juzgados por Justicia Militar. De acuerdo con la entidad, la misma ley transfirió el juzgamiento de policías acusados de tortura y otros crímenes al ámbito de la Justicia Militar.

“Menos de un mes después de la promulgación de la ley, ocho personas fueron muertes durante una operación de la Policía Civil y del Ejército en el área metropolitana de Río de Janeiro. Hasta el momento de elaboración de este informe, ni los investigadores de las Fuerzas Armadas ni los fiscales de la Justicia Militar había entrevistado a testigos civiles”, dice la entidad.

Condiciones carcelarias

A partir de los datos del Ministerio de Justicia de junio de 2016, la ONG informa que más de 726 mil adultos estaban en establecimientos carcelarios con capacidad máxima para la mitad de ese total.

En el final de 2018, la estimación del gobierno federal era que el Brasil tenía 842 mil presos. “El hacinamiento y la falta de personal tornaron imposible que las autoridades carcelarias mantenagn el control de muchas prisiones, dejando a los presos vulnerables a la violencia y el reclutamiento por facciones”, analiza el documento.

Todavía sobre el sistema penitenciario, la HRW destaca la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) que determinó que mujeres embarazadas, madres de niños de hasta 12 años o de niños y adultos con deficiencia, presas preventivamente por crímenes violentos, deberían aguardar juzgamiento bajo prisión domiciliaria, excepto en “situaciones excepcionalísimas”.

Niños y adolescentes

En los centros socioeducativos, donde 24.345 niños y adolescentes cumplían medida de privación de libertad en enero de 2018, fueron relatados casos de tortura y muerte de niños bajo custodia del Estado. En Goiânia, 13 funcionarios fueron procesados por homicidio culposo por negligencia por la demora en apagar un incendio que victimizó a diez niños.

En Ceará, el Ministerio Público Federal culpó a las “acciones y omisiones” de las autoridades estaduales por la muerte de siete 2017 y 2018. Un estudio del Instituto Sou da Paz indicó todavía que 90% de los internos de San Pablo afirman haber sido maltratados por policías militares y 25 % relataron agresiones por agentes socioeducativos.

A la época de la divulgación del estudio, la Fundación Casa informó que apoyó la encuesta de la investigación y que “respeta los derechos humanos de los dos adolescentes y funcionarios y no tolera cualquier tipo de práctica de agresiones en sus centros socioeducativos”. Dice también que eventuales abusos son investigados y penados con dimisión por justa causa”.

Otros temas

El informe Mundial de Derechos Humanos, trae en el capítulo sobre Brasil, datos sobre las violaciones relacionadas a la libertad de expresión, con restricción al trabajo de la prensa, sobre todo, durante las elecciones presidenciales con la intimidación de más de 140 periodistas.

Aborda también los más de 1,2 millón de casos de violencia doméstica pendientes en los tribunales: la posibilidad de las terapias de conversión para cambiar la orientación sexual o la identidad de un individuo; los más de 1.246 casos de análogo y esclavitud registrados entre enero y octubre de 2018; el aumento del uso de agro-tóxicos en el campo; el enfrentamiento de los abusos cometidos durante la dictadura militar no Brasil.

El documento destaca la llegada de migrantes venezolanos en el Brasil. Datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), muestran que entre enero de 2014 y abril de 2018,  25.311 venezolanos solicitaron autorización de residencia en el Brasil. De enero de 2014 y julio de 2018, 57.575 pidieron refugio.

El Brasil concedió refugio a 14 venezolanos en 2016 y negó a 28. “Hasta noviembre, más de 3.100 venezolanos se habían beneficiado de un programa federal de transferencia para otros estados”.

Fueron recordados también los casos de agresiones a venezolanos en el estado de Roraima, ocurridos en marzo del años pasado..

* Reportaje de Camila Maciel, publicado en Agência Brasil, 18-01-2019.

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Una de cada cuatro mujeres víctimas de tiros muere en casa *

Revista IHU (Unisinos) On-line, 21-1-2019

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Traducción de Ernesto Herrera – Correspondencia de Prensa

Aunque los hombres sean mayoría absoluta entre las víctimas de armas de fuego en el país, el índice de mujeres muertas a tiros dentro de casa es casi el triple del registrado en relación al sexo masculino. Es lo que apunta el levantamiento hecho por el Estado en base a datos del Sistema de Informaciones sobre Mortalidad (SIM) del Ministerio de Salud, disponibles en el portal Datasus.

El balance muestra que de los 46.881 hombres muertos por arma de fuego en 2017, último dato disponible en el sistema, 10,6% murieron dentro de casa. En el caso de las 2.796 mujeres muertas de la misma forma, 25% fueron victimizadas en domicilio.

La diferencia de locales de ocurrencia de muertes de hombres y mujeres reafirma estadísticas criminales ya conocidas de que buena parte de los autores de violencia contra la mujer son de su núcleo de convivencia, como marido, novio, padres, tíos y vecinos, entre otros.

Para especialistas en seguridad pública, la flexibilización del porte de armas en el país, definido en decreto del presidente Jair Bolsonaro la semana pasada, puede agravar el escenario y aumentar el número de femicidios en el país.

“La flexibilización del porte de arma de fuego potencializa el riesgo de todas esas muertes por razones banales. Muchas mujeres mueren por fuerza de conflictos ocasionales y domésticos. Discusiones que hoy terminan en un empujón o en un golpe, pueden terminar en un femicidio si el agresor tiene fácil acceso a un arma”, dice Silvia Chakian, promotora de Justicia del Grupo de Actuación Especial de Enfrentamiento a la Violencia Doméstica (Gevid) del Ministerio Público de São Paulo.

Factor de riesgo

Ella afirma que a el porte de un arma de fuego por un hombre con historial de violencia doméstica puede, inclusive, ser usada por la Justicia como criterio para la aplicación de medidas protectoras de la mujer. “Es un factor de riesgo que puede llevar a la Justicia a decretar hasta la prisión preventiva de un sospechoso”, explica la promotora.

El director ejecutivo del Instituto Sou da Paz, Ivan Marques destaca que el análisis de boletines de hechos de violencia contra la mujer, muestra que armas de fuego también usadas por un compañero agresor para intimidar a la víctima. “En esos casos, la mujer queda con más miedo y acaba sometiéndose a un relacionamiento violento”, dice ella.

Cuando el femicidio o cualquier otro homicidio es cometido con un arma de fuego, no suele haber salvación. En ese sentido, el arma no da una segunda chance a la víctima, dice Ivan Marques, director ejecutivo del Sou da Paz.

* Reportaje de Fabiana Cambricoli y Rene Moreira publicado en el diario O Estado de Sâo Paulo, 18-01-2019.

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Ceará: ¿Qué llevó a otra crisis de seguridad pública?

El estado está en el punto álgido de la violencia con más de 160 ataques; la sociedad civil pide políticas estructurales.

Cristiane Sampaio, desde Brasilia

Brasil de Fato, edición en español, 14-1-2019

https://www.brasildefato.com.br/

Traducción de Pressenza

Con una crisis crónica en el área de la seguridad pública, Ceará ha experimentado en los últimos días un clima de tensión para la población, especialmente para las comunidades de la periferia.

Comercios cerrados, toques de queda, reducción de la flota de autobuses, líneas de transporte que circulan con custodia policial, interrupción de la recolección de basura y otros servicios, conforman el escenario de terror que ya supera una semana y que afecta a la capital y a otros 41 pueblos del interior.brasil231 ii

Bajo ataques desde el pasado miércoles 2 de enero, el estado de Ceará ha registrado hasta el momento 169 acciones, incluyendo incendios de automóviles y colectivos; incendios en sucursales bancarias; explosiones en puentes y viaductos; ataques a edificios públicos, guarderías, semáforos, foto sensores, ambulancias y cámaras de concejales, entre otros.

Por un lado, el gobierno intenta articular –como medida de emergencia–, un refuerzo en las acciones de patrullaje, con la ayuda de hombres de la Fuerza Nacional y de la Policía Militar de Bahía. También se nombraron nuevos agentes penitenciarios y de la PM (Policía Militar) al mismo tiempo que se transfirieron 21 líderes de facciones criminales a prisiones federales.

Por otra parte, los actores de la sociedad civil organizada y los expertos, abogan por la adopción de otras medidas. Para el investigador César Barreira, coordinador del Laboratorio para el Estudio de la Violencia (LEV) de la Universidad Federal de Ceará (UFC), es necesario actuar en diferentes frentes.

Uno de ellos se refiere a las inversiones en el área de inteligencia, para que el Estado tenga la capacidad de frustrar las acciones de facciones y desarticular el crimen organizado. Además, señala que la acción del Estado debe ser diseñada con técnica y organización.

“El tema de la planificación tiene que hacerse de una manera muy rigurosa, para que tengamos acciones a corto, mediano y largo plazo. No podemos contener la violencia con violencia. Hay que contenerlo con inteligencia, con racionalidad”, analiza.

Militarización

La naturaleza militarizada de las acciones implementadas por el gobierno del Estado es otra preocupación de los expertos. El investigador Luiz Fábio Paiva, LEV/UFC  destaca que el uso de la Fuerza Nacional (autorizada por el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro) por ejemplo, es una acción limitada y por lo tanto sin capacidad para promover cambios reales en el escenario de violencia. (Ver entrevista completa en portugués:http://www.ihu.unisinos.br/586151-a-onda-de-violencia-no-ceara-crimes-de-pobres-contra-pobres-e-o-sucesso-financeiro-nao-compartilhado-com-quem-ocupa-posicoes-subalternas-entrevista-especial-com-luiz-fabio-paiva)

El gobierno afirma que el uso de tropas sería una medida de emergencia para tratar de inhibir la acción de las facciones criminales sospechosas de cometer ataques.

El contexto de violencia en el estado está marcado actualmente por el fortalecimiento de grupos que emigraron de Río de Janeiro y São Paulo a Ceará, como el Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC), además de la Família do Norte, que surgió en Amazonas, y de facciones locales. Por su ubicación geográfica, la capital de Ceará es considerada estratégica para la ruta del narcotráfico internacional.

Contexto

Los ataques comenzaron el pasado miércoles (2 de enero), tras una declaración del nuevo secretario de Administración Penitenciaria, Mauro Albuquerque, de que el Estado promovería cambios en las prisiones, como la prohibición de la entrada de teléfonos móviles.

También anunció que pondría fin a la práctica de dividir a los prisioneros según la facción criminal, lo que tendería a socavar la articulación de la delincuencia organizada. En respuesta, las facciones han iniciado una serie de ataques que cuentan, hasta este miércoles (9 de enero), 215 personas capturadas, entre arrestadas y aprehendidas.

Entre otras medidas, el gobierno del estado ha desplazado a oficiales de la policía civil del trabajo de investigación a las patrullas callejeras, que ahora también cuentan con unos 200 agentes de la Fuerza Nacional. El investigador Fábio Paiva señala, sin embargo, que la acción de la policía y especialmente de la Fuerza Nacional, tiene carácter puntual y superficial.

“Obviamente, la Fuerza Nacional garantiza el apaciguamiento porque hay una mayor presencia de personal policial. Sin embargo, no tiene poder para resolver los problemas que generan crimen y violencia en el Estado. Cuando esa Fuerza se vaya, todos esos problemas continuarán. Incluso durante el período en el que permanece, es muy probable que estos colectivos [facciones] continúen el proceso de incorporar jóvenes, esperando el momento para demostrar de nuevo su fuerza”, dijo.

Iniciativas de política pública

En 2015, al asumir el primer mandato, el actual gobernador Camilo Santana (Partido de los Trabajadores), lanzó el programa “Ceará Pacífico”, centrado en la ejecución de diferentes proyectos intersectoriales que implicarían el fortalecimiento del personal del estado, la acción policial de base comunitaria y la prestación de servicios públicos en las áreas social y de seguridad.

La atención se centró en los territorios altamente vulnerables. Entre otras cosas, las acciones involucrarían alianzas con el sector privado y la alcaldía de Fortaleza.

La idea de Ceará Pacífico sería, entre otras cosas, reducir la vulnerabilidad de las comunidades objetivo para evitar la captación de jóvenes por el crimen organizado, articulador del narcotráfico. La obra, sin embargo, no pudo alcanzar el horizonte esperado. Eso es lo que dice Adriano Almeida, del Foro Popular de Seguridad Pública de Ceará, que reúne a entidades, movimientos populares y otros actores.

Almeida, que opera en Grande Bom Jardim, una de las zonas más violentas de Fortaleza, señala que el estado no habría podido atender eficientemente las necesidades diagnosticadas para el lanzamiento del programa, por ejemplo una mayor coordinación entre las fuerzas estatales y los territorios más vulnerables.

“La perspectiva comunitaria de diálogo con la sociedad civil y los movimientos populares ha cambiado completamente. Durante el proceso, la perspectiva militarizada cambió el carácter y el alcance general del programa. La primera concepción y la actual son totalmente diferentes”, dice.

Juventud

Caio Feitosa, de la coordinación de la ONG Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza, que opera en barrios periféricos de la capital de Ceará, destaca que los jóvenes son considerados los más vulnerables al narcotráfico. Por eso terminan convirtiéndose en el blanco principal de la violencia.

En Fortaleza, por ejemplo, cerca del 50% de los homicidios se concentran en 17 barrios, todos ellos altamente vulnerables, según el diagnóstico del Comité Cearense para la Prevención de Homicidios en la Adolescencia. El año pasado, los asesinatos encabezaron el ranking de muertes de jóvenes de entre 10 y 19 años, con 2.053 casos.

Feitosa señala que, en general, las víctimas son personas muy próximas al círculo de la violencia.

“El perfil es siempre el de un joven que deja la escuela; un joven que, contrariamente a lo que se dice, ya había buscado oportunidades de trabajo, una inserción laboral precaria. También es un joven que casi siempre es hijo único de una madre, es decir, tiene un contexto muy amplio de abandono paterno, y vive en una zona con poca infraestructura urbana, una vivienda casi siempre muy precaria y en condiciones de pobreza”, añade el coordinador.

Frente a este escenario, el investigador Luiz Fábio Paiva afirma que las inversiones prioritarias en políticas de seguridad pública ostentosas y represivas no habrían funcionado porque no garantizan resultados en la mejora de la calidad de vida, especialmente en las periferias.

Añade que el Estado carece de más políticas estructurales orientadas a la prevención de la violencia y el bienestar social. Entre otras iniciativas, los especialistas defienden acciones enérgicas en las áreas de educación, asistencia social y focalización en los territorios.

“Si no lo haces, efectivamente, no tienes solución a un problema que es muy serio y que, desafortunadamente, ha sido tratado con amateurismo y bravuconería”, señala.

Lo que dice el gobierno

En una entrevista con Brasil de Fato, el secretario general de la Casa Civil do Ceará, Élcio Batista, admitió los problemas planteados por los expertos escuchados en este informe. Afirmó que “las acciones dentro de los territorios del Ceará Pacífico han estado ocurriendo más lentamente de lo esperado”. Además, afirmó que es necesaria una mayor inversión en esos lugares, con acciones integradas de educación, salud, protección social, etc.

Desde el punto de vista de la lucha contra la delincuencia, Batista dijo que sería necesaria una mayor participación del gobierno federal en la administración del problema.

“En los últimos 15 ó 20 años, la acción de la Unión ha sido básicamente enviar la Fuerza Nacional al Estado y abrir vacantes en el sistema penitenciario federal para transferir a algunos líderes de facciones criminales”, dijo.

El Secretario General defiende la implementación de una política nacional articulada entre la Unión y los estados para hacer una represión calificada del crimen organizado. Sostiene que las facciones criminales tienen un alcance nacional y que, por lo tanto, los Estados por sí solos no podrían encontrar soluciones más eficaces a la cuestión.

“Estamos hablando de tráfico de drogas y armas, lavado de dinero….Son crímenes federales. Estamos hablando de cuestiones que han traspasado las fronteras del país, de delitos transnacionales. Este es el gran desafío que hay que enfrentar, porque no estamos hablando de un problema ubicado en Ceará. Ya ocurrió en los últimos cuatro años en Espírito Santo, Acre, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul”, concluye.