El presidente Iván Duque rompió la estancada mesa de diálogos de La Habana con esa organización insurgente tras la explosión del carro bomba en la Escuela de Cadetes General Santander. Los casi dos años de fase pública de las negociaciones no arrojaron ningún resultado.

VerdadAbierta, 18-1-2019

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Correspondencia de Prensa, 20-1-2019

“Hoy, después de convocar el consejo de seguridad nacional y de dialogar intensamente con líderes de la comunidad internacional, he ordenado el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura a los diez miembros del Eln (Ejército de Liberación Nacional) que integraban la delegación de este grupo en Cuba y he revocado la resolución que creaba las condiciones que permitan su permanencia en ese país”. Así anunció el presidente de la República, Iván Duque, la ruptura definitiva de la mesa de conversaciones de La Habana, que se encontraba suspendida desde la llegada del mandatario a la Casa de Nariño.

Duque tomó la decisión antes de que la comandancia del Eln o alguno de sus frentes de guerra se pronunciaran sobre el atentado y luego de que el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, concluyeran con base en material probatorio que esa organización insurgente era la responsable del estallido del carro bomba, que causó la muerte de 21 personas, incluyendo al autor material, y dejara más de 70 personas heridas. La mayoría de las víctimas son jóvenes que empezaban su carrera en la Policía Nacional, cuyos sueños fueron truncados tras la explosión de 80 kilos de pentolita.

Junto con ese anuncio, Duque puso en cuestión la existencia del conflicto armado interno y retomó el discurso del “terrorismo”, impulsado durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010) en la época de la Seguridad Democrática: “No hay justificación, ni consideración, ni vacilación ante el terrorismo. Esta es una amenaza que sufren muchísimos países. Ayer en Bogotá los criminales atentaron contra jóvenes estudiantes con ganas de servir a nuestro país. Un dolor similar experimentaron, en el pasado, Madrid, Nueva York, París, Londres, Buenos Aires y otras tantas sociedades, que encontraron en la unidad y la contundencia la mejor línea de defensa contra el terror”.

La decisión tomada por el Presidente de reactivar las órdenes de captura, que incluye agilizar circulares de Interpol, busca que sean extraditados desde la isla del Caribe los negociadores insurgentes a quienes se les conoce en las filas como ‘Pablo Beltrán’, ‘Aureliano Carbonell’, ‘Silvana Guerrero’, ‘Gustavo Martínez’, ‘Alirio Sepúlveda’, ‘Isabel Torres’, ‘Consuelo Tapias’, ‘Tomás García’, ‘Viviana Henao’ y ‘Óscar Serrano’. Además de Nicolás Rodríguez Bautista (‘Gabino), máximo jefe del grupo subversivo, quien se encuentra recibiendo atención médica.

No obstante, se prevé una fuerte discusión ante esta petición por cuanto si el gobierno cubano se atiene a los protocolos de la mesa de negociaciones, difícilmente hará efectiva la petición del presidente Duque de capturar a la delegación de paz del Eln, dado que, en caso de ruptura y como garantía para las conversaciones, los delegados tienen un tiempo determinado para abandonar la sede en condiciones de seguridad.

De hecho, este viernes finalizando la noche, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, declaró que el gobierno de isla “actuará en estricto respeto a los Protocolos del Diálogo de Paz firmados entre el Gobierno y el ELN, incluido el Protocolo en Caso de Ruptura de la Negociación”. Asimismo, informó que estaba “en consulta con las partes y otros garantes”.

Bajo tierra

El ataque contra la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional, ampliamente repudiado en Colombia y el exterior, aceleró la conclusión de un proceso en el que no se consiguió avanzar en ninguno de los seis puntos que componían la agenda de diálogos.

Desde antes del inicio de la fase pública de las conversaciones, en febrero de 2017, el proceso se vio torpedeado por las distintas exigencias del gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), y por la decisión del Eln de no suspender unilateralmente ninguna de sus acciones militares o financieras. Durante los 18 meses de conversaciones entre esa guerrilla y la administración anterior, las partes apenas lograron llegar a acuerdos preliminares sobre el desarrollo del punto uno de la agenda, sobre participación de la sociedad.

Desde que asumió el cargo, el pasado 7 de agosto, el presidente Iván Duque decidió congelar los diálogos hasta tanto esa guerrilla no cumpliera dos condiciones: liberar a todos los secuestrados y “cesar las acciones criminales”. Ante las exigencias, el Eln respondió que todos los temas de interés del gobierno nacional, incluido el humanitario, debían ser abordados en la mesa de conversaciones.eln201 ii

Los desacuerdos permanentes con Santos, sumados al congelamiento impuesto por el presidente Duque, dejaron en ascuas a las comunidades y organizaciones que le apostaron al proceso de participación desde el espacio nacional de las audiencias preparatorias y desde las experiencias regionales de desminado y alivios humanitarios en los departamentos de Nariño y Chocó, duramente golpeados por el conflicto.

La decisión de romper la mesa se preveía desde la mañana de este viernes, cuando el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, reiteró que no se retomarían los diálogos mientras la guerrilla no aceptara las “líneas rojas” del Presidente, entre ellas la liberación de todas las personas que tienen secuestradas.

Durante los últimos meses, Ceballos realizó múltiples esfuerzos para conseguir que la comunidad internacional respaldara las exigencias del gobierno nacional y acusó al Eln de perpetrar 33 voladuras del oleoducto Caño Limón-Coveñas, 16 secuestros y seis homicidios de líderes sociales y excombatientes de las Farc durante la administración de Duque.

La guerrilla, por su parte, mantuvo su postura frente a la necesidad de llegar en la mesa a acuerdos en el tema minero energético; alegó que la mayoría de los secuestros correspondían a acciones de control territorial, por lo que en los últimos meses realizó liberaciones en Arauca y Chocó; e intentó desligarse de los asesinatos de líderes y excombatientes, por los que también recibió señalamientos del partido Farc, así como de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó, una organización de base de Antioquia y Bolívar, que los responsabiliza de asesinar a uno de sus integrantes en días pasados.

El 10 de enero pasado, el Eln le había pedido al comisionado Ceballos pactar un cese bilateral del fuego: “Le estamos proponiendo al gobierno sentarnos a dialogar, reanudar de manera inmediata la mesa de conversaciones, retomar la agenda ya acordada, abordar todos los temas, sin restricción alguna, que sean de preocupación o de interés de una o de otra parte, y pactar a la mayor brevedad, un cese bilateral al fuego, partiendo de los avances ya logrados en el VI Ciclo de Conversaciones que finalizó el pasado primero de agosto”. Sin embargo, el gobierno nacional mantuvo sus exigencias.

El carro bomba contra la Escuela de Cadetes sepultó definitivamente la posibilidad de una negociación política, al menos durante el gobierno del presidente Duque. Así lo ratificó Ceballos: “Es muy importante en este momento que el país entienda que el Eln no ha hecho ni una sola manifestación de su voluntad de paz. Hoy, con estos tristes eventos que se confirman, el gobierno nacional sabe y entiende que el Eln no tiene voluntad de paz”.

En concordancia con ello, el Ministro de Defensa resaltó este viernes que en los últimos meses se ha fortalecido el pie de fuerza en zonas de fuerte presencia y dominio del Eln como el Catatumbo, el noroccidente y el suroccidente del país, lo que hace prever una exacerbación del conflicto.

Presuntos responsables

Según el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación, el atentado contra la Escuela fue cometido por un hombre llamado José Aldemar Rojas, quien en documentos de inteligencia del Estado figura como integrante de la guerrilla del Eln.colombia201

De acuerdo con ambas entidades, Rojas se habría vinculado al Eln en 1994, desempeñándose como miliciano, explosivista, instructor, “jefe de comisión”, “jefe de inteligencia” y hasta miembro del equipo de seguridad del máximo comandante de esa organización, Nicolás Rodríguez Bautista (‘Gabino’).

Al respecto, el ministro Botero aseguró que Rojas se desplazaba a Venezuela para entrenar guerrilleros en el manejo de explosivos y que manipulando esos artefactos perdió la mano derecha finalizando la década pasada.

El alto funcionario también declaró que en 2015 el atacante buscó ser incluido en los listados de guerrilleros de las Farc que posteriormente dejarían las armas, pero que sus pretensiones fueron negadas por esa desaparecida organización guerrillera.

El Fiscal General agregó que este mismo jueves la entidad realizó entrevistas en los municipios de Tauramena, Casanare; Saravena, Arauca; y Cúcuta, Norte de Santander, todos de influencia del Eln, mediante las cuales pudo confirmar que Rojas hacía parte de esa guerrilla.

Con base en esas y otras informaciones, Martínez concluyó: “Desde el punto de vista judicial, además de las informaciones de inteligencia muy completas del Ejército, de la Policía, nos permitimos afirmar apolíticamente que (Rojas) era miembro del Ejército de Liberación Nacional”.

La procedencia del vehículo y de su ocupante, que se remontan al departamento de Arauca, ponen en la mira de las autoridades a Gustavo Aníbal Giraldo, (‘Pablito’), miembro del Comando Central y máximo jefe del Frente de Guerra Oriental, con presencia en los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare, de quien se sospecha también hace presencia en vastas zonas de la vecina república de Venezuela, controlando negocios de narcotráfico, minería y extorsión. (Leer más en: ‘Pablito’: el fiel de la balanza en el Eln)

‘Pablito’ se ha resistido a la posibilidad de adelantar diálogos de paz con el Estado colombiano y su capacidad bélica, respaldada por fuertes ingresos económicos derivados de rentas ilegales, lo llevan a adelantar operaciones militares de gran impacto para imponer su punto de vista.

Respecto a las dudas que en algunos sectores de opinión suscitó la velocidad con la que se identificó al responsable, el Fiscal General señaló que pese a la explosión había sido posible cotejar las huellas dactilares de la mano izquierda de Rojas y que tres integrantes de la guardia de la Escuela lo habían identificado como la persona que conducía la camioneta cargada de explosivos.

Frente los cuestionamientos por el hecho de que Rojas no tuviera antecedentes judiciales, pese a que según las autoridades llevaba 25 años en la ilegalidad, el director de la Policía, general Óscar Atehortúa, declaró: “Si bien no tiene antecedentes judiciales, es decir, nunca se había hecho una investigación que nos aportara elementos materiales de prueba sobre él, sí había información de inteligencia de la Policía y las Fuerzas Militares, por eso hemos podido hacer la trazabilidad histórica del recorrido criminal de este terrorista”.

Aún persisten dudas sobre por qué Rojas murió en la explosión, dado que no hay en el país registros de atentados suicidas. Al respecto, el ministro Botero declaró que “no existe, hasta el momento, dentro de estas primeras 22 horas, ningún elemento que nos permita concluir que esta persona se suicidó. Tenemos claro que el vehículo estaba armado con unos explosivos que se activaban mediante un dispositivo electrónico”.

De otro lado, el fiscal Martínez aseguró que un segundo hombre, identificado como Ricardo Andrés Carvajal, quien supuestamente participó en los hechos, fue capturado en la madrugada de este viernes en Bogotá. En el lugar de la detención, las autoridades incautaron como elementos de prueba un celular, un overol azul y una cartilla blanca con el escudo del Ejército Nacional, titulada “Manual del combatiente. Primera fase de instrucción”. Por cuenta de una llamada telefónica en la que el acusado habría reconocido su responsabilidad en el ataque, la Fiscalía le imputará los delitos de homicidio agravado y terrorismo.

Además, el Fiscal General anunció que, por línea de mando, le imputará cargos a los integrantes del Comando Central del Eln, a quienes en 2018 la entidad abrió procesos penales por los delitos de desaparición forzada, homicidio y reclutamiento ilícito.

La medida afecta a Nicolás Rodríguez Bautista (‘Gabino’); Eliécer Chamorro (‘Antonio García’); Israel Ramírez Pineda (‘Pablo Beltrán’); Gustavo Aníbal Giraldo, (‘Pablito’); y Rafael Sierra Granados, (‘Ramiro Vargas’), quienes, desde enero del 2015, conforman la máxima instancia del Eln.

Durante los últimos años, el Eln ha intensificado su accionar militar en zonas urbanas. De hecho, la última crisis del proceso de conversaciones durante el gobierno Santos ocurrió en enero de 2018, cuando el Frente de Guerra Urbano Nacional Camilo Torres Restrepo atacó con explosivos una estación de Policía en Barranquilla, causando la muerte de cinco uniformados. Frente al hecho, que fue ampliamente repudiado y desencadenó el congelamiento por varios meses del quinto ciclo de negociaciones, el Eln alegó, para justificar ese ataque, que “el Gobierno Nacional (…) usa a la fuerza pública para reprimir al pueblo que se cansa de aguantar y pelea por su sobrevivencia y dignidad”.

Las graves dimensiones del atentado de este jueves generaron el repudio del Papa Francisco, jerarca de la Iglesia Católica; la comunidad internacional; congresistas de todas las orillas políticas; los presidentes de las altas cortes; el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; las centrales obreras, las plataformas de paz y derechos humanos, organizaciones sociales, periodistas, dirigentes políticos y ciudadanos en general.

Un hecho de dimensiones similares no ocurría en la capital desde 2003, cuando las Farc atacaron con un carro bomba el Club El Nogal, causando la muerte de más de 30 personas. En rechazo a los hechos el gobierno nacional convocó a una marcha este domingo 20 de enero en Bogotá, saliendo del Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar.