Contra el huachicol: cárcel a los responsables

La movilización y la organización populares y de trabajadores son la solución al robo de combustible

Declaración, Ciudad de México, enero 2019

Correspondencia de Prensa, 16-1-2019

El año nuevo ha iniciado con una operación por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en contra del robo de combustible a gran escala, popularmente conocido como el huachicoleo. Los trabajadores y el pueblo debemos participar –desde una postura independiente– en la lucha contra la corrupción y debemos exigir que los ladrones sean encarcelados y sus bienes confiscados.

El robo de gasolinas es uno de los males económicos y sociales que afectan mayormente a la economía nacional, y especialmente a PEMEX. Ésta última es la empresa más grande del país, y representa un bien estratégico que –aunque de manera maltrecha por las décadas de corrupción, robos, mala administración y entreguismo– sigue perteneciendo al pueblo de México. La magnitud del daño ocasionado al patrimonio nacional por el robo de combustibles era de alrededor de sesenta mil millones de pesos anuales. Quienes están detrás de este hurto monumental son –o han sido– directivos a todos los niveles de la mencionada parastatal, funcionarios de altos niveles de los gobiernos federal, estatales y municipales, y –lamentablemente– trabajadores de la empresa, en colusión o bajo la tutela de la ultra-corrupta dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Una investigación realizada por la Procuraduría General de la República durante el sexenio pasado fue deliberadamente suspendida, porque implicaba también a grandes empresarios –como los dueños de Bimbo- que se beneficiaban de la red paralela de distribución de combustible. Y también han venido participando, en contubernio con todos los anteriores, los llamados cárteles que controlan las actividades criminales de gran escala. Todos estos ladrones deben de ir a la cárcel. Sin embargo, el presidente ha dicho con todas las palabras que los directores generales de PEMEX eran sólo “chivos expiatorios” de los presidentes en turno. La aceptación por parte de López Obrador del apoyo del charro petrolero Romero Deschamps a su gobierno parece ir en dirección de que no procederá penalmente en contra de éste. Si la operación del gobierno no culmina con al menos los peces gordos de este robo en prisión, la lucha contra el llamado huachicol quedará a medias o resultará a fin de cuentas en un fracaso.

El combate al robo de combustible era una medida urgente, pero los presidentes de la República la toleraron o se beneficiaron de ella, como es muy probable que haya pasado con Peña Nieto, cuyo ex jefe de escoltas se encargaba de la seguridad de PEMEX y sólo a él rendía cuentas, según AMLO. De ser así, Peña Nieto también tendría que ser castigado y sus bienes confiscados.

AMLO y su gobierno han emprendido la lucha contra el huachicol al tiempo que se preparan para que dentro de unos días una iniciativa de ley que formaría la Guardia Nacional sea aprobada por el Congreso, que legalizaría que el Ejército y la Marina, las instituciones que han violado masiva y sistemáticamente los derechos humanos en los años pasados, pasen a tener un papel preponderante en el nuevo régimen político. La campaña contra la corrupción y la gran atención que ha puesto todo el país en ella no evitaron que el proyecto de AMLO de legalizar la militarización de la seguridad y del país fuese ampliamente resistido. Así, la Guardia Nacional tendría un mando civil y no militar, como pretendía el actual presidente, que con ello ha recibido un duro golpe. Empero, la seguridad no debe estar en manos de las fuerzas armadas así carezcan de mando militar.

El Partido Acción Nacional y muchos otros de manera subrepticia –tales como funcionarios de sexenios pasados, e incluso mandos policíacos y militares– están apostando al fracaso de López Obrador. Dicho fracaso representaría un revés muy fuerte al nuevo gobierno, y también que las redes de corrupción y criminalidad se envalentonarían, con la consecuente continuidad del triste estado de descomposición en que se encuentra nuestro país.

Las limitaciones del gobierno de AMLO

Existe la posibilidad de que la operación contra el robo de combustible concluya de manera insatisfactoria, porque el nuevo gobierno está atado por dos limitaciones muy serias. La primera consiste en el evidente pacto que realizó con las fuerzas empresariales y políticas que predominaron –y que hoy siguen predominando en un grado u otro– en el país. La reiterada negativa de AMLO a llevar ante la justicia a los principales responsables de los innumerables crímenes de estado y saqueos durante sexenios pasados va a traducirse en incapacidad para resolver la profunda descomposición que sufren tanto PEMEX como buena parte de las instituciones de estado. Hasta hoy, sólo han sido detenidas personas de muy bajo nivel en las jerarquías de las mafias de robo de combustible. Por ello, quedarán prácticamente intactos los aparatos criminales que operan no sólo la perforación y el daño a los ductos, sino las redes paralelas ilícitas de distribución que son manejadas por funcionarios y trabajadores corruptos de PEMEX desde las mismas instalaciones de la empresa, con su misma tecnología y recursos.

La segunda limitación consiste en que el nuevo gobierno y las organizaciones políticas que lo sustentan se han limitado en solicitar el apoyo, la comprensión, y tolerancia de la ciudadanía, ante los sacrificios que tiene que realizar por el desabasto de combustible. Este desabasto, que ha afectado especialmente a las regiones del Centro, Bajío y de Occidente, muestra que la planificación de la operación consideró sólo los aspectos policíaco-militares, y que no contempló la motivación y el potencial de la participación de la población. Es imperante, por tanto, iniciar la organización, educación y movilización de la ciudadanía para hacer frente a las inevitables consecuencias de la operación contra el robo de combustible. En lugar de dejar que automovilistas y transportistas fueran sorprendidos por la falta de gasolina, y que muchas personas cayeran incluso en compras de pánico, la población consciente pudo –y puede todavía– convertirse en una formidable fuerza en la lucha contra el robo de combustible. Una ciudadanía motivada puede no sólo estar dispuesta a realizar los sacrificios necesarios, sino que es capaz de improvisar e ingeniar innumerables soluciones: desde compartir sus transportes particulares con vecinos o conocidos, o usar medios de transporte alternativos, hasta denunciar hechos flagrantes de extracción o desvío ilegales;e, inclusive, si la situación de desabasto se agudiza, organizar comités populares de abastecimiento para garantizar la distribución del combustible en sus localidades. La falta de gasolina o su racionamiento afectan de manera diferente a las distintas clases sociales. Clamamos para que sectores como los taxistas y otros que viven al día y están siendo afectados reciban ya una compensación económica por parte del gobierno.

El papel crucial de los petroleros

Tampoco se preparó el apoyo de una parte decisiva de los trabajadores de PEMEX que están opuestos a la multimillonaria dirección sindical. No sólo los trabajadores cómplices conocen la operación de la enorme y complicada paraestatal, sino que existen fuerzas de oposición al interior del sindicato que hoy tienen el momento propicio para sacudirse la dictadura de la poderosa dirección charra. En lugar de aprovechar el potencial existente, los trabajadores de las refinerías, de los depósitos y de la red de distribución se encuentran hoy bajo control militar. Este control facilita la obstaculización de la distribución de combustible, misma que puede agravarse conforme los intereses afectados se repongan de la sorpresa inicial y se reorganicen para continuar sus actividades.

Adicionalmente, resulta muy peligroso el precedente de que las fuerzas armadas puedan entrar a los centros de trabajo de PEMEX, ya que de ahora en adelante puede bastar cualquier pretexto para intentar poner a la fuerza de trabajo más importante del país bajo control militar. Independientemente de lo que diga o haga el gobierno de AMLO, la dirección del STPRM está hoy sentada en el banquillo de los acusados ante la población de México. Se ha abierto una gran oportunidad para las fuerzas de trabajadores dispuestos a poner fin a la corrupción; no sólo para poner en orden a los funcionarios y a quienes resulten responsables de facilitar el robo de combustible y obstaculizar la distribución, sino también para pugnar por democratizar su sindicato desde abajo e independientemente de la injerencia del gobierno, mediante derrocar a la dirigencia de Romero Deschamps. La labor de las fuerzas armadas y policíacas debería estar restringida a salvaguardar la seguridad del personal, las instalaciones y equipo de transporte de PEMEX.

Confrontemos la nefasta herencia de los gobiernos prianistas

La confrontación con la nefasta herencia de décadas de los gobiernos priistas y panistas, así como de otras fuerzas políticas, apenas ha comenzado. Nuestro papel, como personas ciudadanas y trabajadoras, consiste en evitar que el gobierno de AMLO llegue a un acomodo en materia de robo de combustible. La única manera de rescatar a PEMEX va a ser la movilización popular, y en especial de la población trabajadora. La posibilidad de una profunda y verdadera transformación de México depende de dicha población, que hoy está relegada a ser simple espectadora. Avancemos, pues, hacia la organización y la acción.

Por la organización y movilización de la población trabajadora del campo y la ciudad, misma que preparará y realizará la transformación a fondo de México.

Partido Obrero Socialista (POS)

Liga de Unidad Socialista (LUS)

Agrupación de Lucha Socialista (ALS)

Carlos R. Ferra, Coordinadora Socialista Revolucionaria, (CSR), Ana María López Rodríguez (CSR)