Obrero Socialista, 15-1-2019

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Traducido de Orlando Sepúlveda

Correspondencia de Prensa, 16-1-2019

La reciente y evitable muerte de dos infantes en custodia de ICE ha provocado la indignación de incluso sectores aliados a Donald Trump. Sin embargo, las condiciones que llevaron a estas horribles muertes son congénitas al sistema privado de detenciones y a las políticas de inmigración promovidas por ambos partidos. Este fragmento del artículo “ICE: The Making of the American Gestapo”, escrito por el autor y activista Justin Akers-Chacón  meses antes de estas muertes, describe las enfermas prioridades de un sistema diseñado para el provecho económico de los barones de la industria del encarcelamiento.

El abismal récord de la detención de inmigrantes ilustra con aterradora claridad la profundidad de la corrupción que ha penetrado ICE en su núcleo.

En 2018, ICE gastó más de $3.6 mil millones, aproximadamente la mitad de su presupuesto, en la detención de inmigrantes a través de la contratación de cárceles y prisiones privadas, con y “sin” fines de lucro. Esto es un aumento de mil millones de dólares en comparación con 2017, lo que refleja el auge especulativo en el encarcelamiento de inmigrantes.

En la guerra contra los inmigrantes, la industria de la detención ha surgido en un rol parásito, cebada por generosos contratos con ICE, con acuerdos de ingresos garantizados y protegida por la desregulación.

En la actualidad, ICE opera u otorga licencias a aproximadamente 51.000 camas de detención repartidas en una vasta y subterránea red de unos 700 de centros de detención, casi tres cuartas partes de los cuales son subcontratados por compañías privadas.

Las detenciones de ICE son una fuente de ingresos para la industria privada de la detención, que se beneficia de la superexplotación del trabajo de los detenidos.

Kevin Landy, un ex funcionario de ICE en la administración Obama, dijo a NPR el año pasado que “los contratistas ahorran mucho dinero al usar mano de obra detenida porque están realizando un trabajo que de lo contrario sería realizados por empleados pagados”. Ese trabajo puede incluir cocinar y limpiar por tan sólo un dólar al día, o menos.

El Grupo GEO, el contratista de centros de detención para inmigrantes más grande de la nación, obtuvo más de $2.26 mil millones en ingresos en 2017 por albergar a más de 600.000 detenidos. La compañía proclama con orgullo en su informe financiero que el 64 por ciento de los ingresos provino de las operaciones de detención y correccionales, y el 22 por ciento de proporcionar servicios de salud y educación privatizados a los detenidos dentro de sus instalaciones. ICE es su mayor cliente.

Anticipándose a una gran recompensa, el Grupo GEO donó $475,000 a un súper-PAC que apoya a Trump a principios de 2018. CoreCivic, el otro importante contratista de prisiones privadas en Estados Unidos, dio $250,000 para apoyar la campaña e inauguración de Trump. Desde su elección, el precio de las acciones del Grupo GEO ha aumentado un 63 por ciento, y el de CoreCivic un 81 por ciento.

El desmantelamiento de las regulaciones gubernamentales y las relaciones incestuosas entre los funcionarios de alto rango de ICE y los inversionistas corporativos que supuestamente deben regular han creado una industria llena de corrupción.

Los acuerdos de GEO con ICE, por ejemplo, han crecido constantemente desde 2012, cuando GEO contrató a David Venturella, ex jefe de operaciones de deportación y detención de ICE bajo el gobierno de Obama. En julio de 2017, la compañía contrató a Daniel Ragsdale, director ejecutivo de operaciones de ICE.

Southwest Key Programs , una “organización sin fines de lucro” de Texas contratada por ICE, opera una serie de instalaciones que albergan hasta 11.900 niños migrantes detenidos. Uno de sus centros de detención, que se ha convertido en el foco de atención nacional, fue una tienda Walmart.

La compañía ha ganado casi mil millones de dólares en contratos gubernamentales desde 2016, y el CEO de esta “organización sin fines de lucro” ha visto aumentar su salario anual a $1.5 millones.

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El rápido crecimiento de las operaciones de ICE ha sido acompañado por una disminución de la supervisión. El aumento en la contratación de agentes y personal ha provocado una afluencia de elementos abusivos y corruptos, mientras que un régimen de inspección ineficiente ha contribuido a la degradación de las condiciones. Según el New York Times:

En la última década, decenas de agentes de Inmigración y Control de Aduanas y guardias contractuales responsables de la detención y expulsión de inmigrantes indocumentados han sido arrestados y acusados de golpear a personas, de traficar con drogas a centros de detención, de tener relaciones sexuales con detenidos y de aceptar sobornos para retrasar o detener deportaciones, como documentos de la agencia y registros judiciales muestran.

Entre enero de 2010 y julio de 2016 (es decir, durante los años de Obama), la Oficina de Derechos y Libertades Civiles, una agencia de supervisión dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), recibió más de 33.000 denuncias de agresión sexual o abuso físico contra niños, mujeres, hombres y personas LGBTQ en detención por agentes del DHS, en su mayoría de ICE. El Inspector General, la oficina a cargo de investigar las quejas, investigó menos del 1 por ciento de estos casos.

La protesta pública contra este descuido en curso llevó al actual Inspector General a reconocer el problema con la publicación este año de un informe interno que describe las continuas fallas de ICE para proporcionar una supervisión básica.

Existen múltiples ejemplos de cómo la matriz de represión y rentabilidad crea las condiciones para que la violencia, la corrupción y el abuso prosperen.

En 2014, el Inspector General del DHS, Charles K. Edwards, se vio obligado a renunciar después de que se revelara que cambió o retrasó varios informes, incluidas auditorías centradas en la conducta indebida dentro de ICE, como numerosos casos de abuso dentro del programa “Comunidades Seguras”.

Una revisión, por grupos en favor de los inmigrantes, de cinco años de inspecciones de los centros de detención de ICE, entre 2007 y 2012, encontró que ICE no inspeccionó adecuadamente las instalaciones bajo su jurisdicción y mantuvo sus métodos operativos en secreto.

El costo humano de esta corrupción e impunidad es enorme. Al menos 172 detenidos murieron bajo custodia de ICE entre 2003 y 2017. Más recientemente, Efrain De La Rosa se suicidó en un centro privado de detención de ICE en Lumpkin, Georgia.

En julio de 2017, ICE solicitó autorización para comenzar a destruir los registros de sus operaciones, incluidos los de los detenidos bajo su custodia.

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Parece no haber fin a las historias de corrupción y abuso, y la corrupción para encubrir el abuso, dentro de ICE.

Un exagente especial a cargo de la Oficina del Inspector General de DHS fue condenado a prisión en 2014 por conspirar con otros tres agentes para falsificar documentos y alterar las investigaciones criminales de corrupción por parte de la Patrulla Fronteriza y el personal de ICE.

En 2015, una prisión con fines de lucro en la “ciudad de carpas” en el condado de Willacy, Texas, se vio obligada a cerrar después de que los reclusos organizaron una huelga laboral y un levantamiento contra las condiciones abusivas, incluida la falta de acceso a servicios básicos de salud. La compañía que dirigía la prisión, Management & Training Corp., con sede en Utah, recientemente ganó un contrato con ICE para reabrir las instalaciones como un centro de detención para inmigrantes.

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés), que trabaja con ICE, actualmente alberga a 11.000 niños. Como resultado de los números crecientes creados por la política de “tolerancia cero” de Trump, la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas ha permitido que 15 de las instituciones con fines de lucro que tienen contratos con ORR abarroten más niños de los que permiten sus licencias de cuidado infantil.

Los centros de detención “sin fines de lucro” también son culpables. Los reguladores de Texas encontraron más de 150 violaciones en más de una docena de refugios administrados por Southwest Key en los últimos dos años.

La agencia recientemente estuvo bajo la atención nacional cuando el senador de Oregón, Jeff Merkley, no fue permitido a ingresar a las instalaciones de Brownsville, otra ex tienda de Walmart convertida en centro de detención, que alberga a casi 1.500 niños inmigrantes entre las edades de 10 y 17 años.

El bloqueo de la supervisión pública refleja forma en que los funcionarios de ICE interpretan la orden ejecutiva de Trump de 2017 que ordena a ICE “tomar todas las medidas apropiadas para garantizar la detención de los extranjeros detenidos por violaciones de la ley de inmigración en espera del resultado del proceso legal o de su expulsión del país, en la medida permitida por la ley”.

Además, existe el temor de que muchos centros de detención en operación no son reconocidos públicamente o que no tengan supervisión pública en absoluto. En marzo pasado, más de 400 organizaciones y defensores de los derechos de los inmigrantes emitieron una declaración pidiendo a ICE proporcionar acceso público a todas sus instalaciones.