Sin Permiso, 12-1-2019

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Correspondencia de Prensa, 14-1-2019

El período durante el cual Hugo Chávez presidió los destinos de Venezuela (1999-2013) estuvo marcado por logros indiscutibles, destacándose la reducción de la pobreza. El chavismo también podría presumir de resultados más que respetables en aspectos en los que se lo esperaba menos, como el crecimiento económico: el Producto Interno Bruto (PIB), por ejemplo, se multiplicó por cinco entre 1999 y 2014 (1). Seguramente esto explica sus numerosos triunfos electorales y la longevidad de su hegemonía política. Este contexto permitió refundar instituciones esclerosadas mediante un proceso constituyente abierto y participativo, recurriendo a la vez de manera sistemática al voto popular –a un punto tal que el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva manifestó que en Venezuela “hay elecciones todo el tiempo y cuando no hay, Chávez las inventa”–. A nivel regional, la Revolución Bolivariana contribuyó a hacer posible la “marea roja” que conquistó la región durante la primera década del siglo (2) y llevó al poder a fuerzas progresistas, por la vía electoral, a menudo por primera vez en la historia de países que parecían decididos a terminar con su estatus de “patio trasero” de Estados Unidos.

No obstante, la muerte de Chávez (a los 58 años, en marzo de 2013) y la transición política que llevó al poder a su sucesor designado, Nicolás Maduro, en la elección presidencial anticipada del 14 de abril de 2013, inauguraron un nuevo período. Y embrollaron los puntos de referencia.

Desde 2014, Venezuela atraviesa la crisis económica más grave de su historia, que no solamente provocó una situación de angustia social, sino que también contribuyó a profundizar la polarización política que caracteriza al país desde hace dos décadas.  Ya se ha alcanzado un punto de ruptura entre el gobierno y la oposición que pone en riesgo el funcionamiento de las instituciones de 1999.

El carácter excepcional de esta crisis se debe, a la vez, a su duración y a su severidad. En 2018, Venezuela estaría registrando su quinto año consecutivo de recesión económica, con una contracción del PIB que podría alcanzar el 18%, después de una caída de entre el 11 y el 14% en 2017. Como el Estado venezolano no publica datos macroeconómicos desde 2015 algunos sugieren que los organismos internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o las grandes instituciones financieras privadas, pintan un panorama más oscuro debido a prejuicios ideológicos. Sin embargo, cifras gubernamentales que se filtraron confirman una caída del PIB del 16,5% en 2016 (3). Entre 2014 y 2017, la contracción acumulada de la economía se establecería, así, en al menos el 30% (4), un derrumbe comparable al de Estados Unidos entre 1929 y 1932 durante la Gran Depresión.

Una estrategia incomprensible

Las causas iniciales de la desaceleración económica constatada desde 2014 no generan ninguna duda. En junio de ese año, los precios internacionales del petróleo, que representa el 95% del valor de las exportaciones venezolanas, alcanzaron un pico antes de desplomarse, pasando de 100 a 50 dólares en seis meses y, luego, a 30 dólares en enero de 2016. Pero, contrariamente a lo que sugiere la sabiduría popular, las mismas causas no producen de manera mecánica los mismos efectos: todo depende de la estrategia que se pone en práctica para responderles. En un contexto de conmoción exógena de una rara violencia, la estrategia elegida por las autoridades venezolanas genera perplejidad. Y esto, sobre todo porque la economía venía dando signos de fragilidad mucho antes del desplome de la cotización del barril.

A pesar de un nivel de inflación estructuralmente alta (5) (de dos dígitos en tiempos “normales”), el gobierno del presidente Maduro decidió mantener una política de control del tipo de cambio que imponía una paridad fija de la moneda nacional, el bolívar, frente al dólar estadounidense. No hacía falta más para avivar el apetito de algunos, que rápidamente comprendieron que el mecanismo les permitía comprar un activo seguro (la moneda estadounidense) a un precio muy inferior a su valor real. Al favorecer de esta manera la fuga de capitales, la política cambiaria del gobierno transformó el país en un inmenso coladero de billetes verdes (6).

Hasta 2014, los ingresos petroleros siguieron siendo abundantes. Pero el valor de las importaciones (con frecuencia sobrefacturadas) no dejaba de aumentar, dado que alimentaba la estrategia de acumulación común a las burguesías de los países petroleros: la “captura de renta”, que consiste en transformar las reservas petroleras en dólares, utilizar esos dólares para impulsar la moneda nacional y, por ende, el poder de compra de la población y, finalmente, incrementar las ventas del sector importador, dirigido por la elite. Y luego la cotización del petróleo comenzó a caer…

El Estado decidió financiar su déficit fiscal (la diferencia entre el total de sus gastos y el de sus ingresos) recurriendo a la famosa “plancha de billetes” y reducir sus importaciones restringiendo la venta de dólares en el mercado oficial. Esta doble decisión marcó el comienzo del desabastecimiento (7) y liberó las tendencias inflacionarias, pronto fuera de control: al estar disponible una masa monetaria (la cantidad de billetes en circulación) creciente para una cantidad decreciente de bienes y servicios, la disparada de los precios era inevitable.

Entonces, la cotización del billete verde, buscado tanto por los importadores como por su valor refugio, explotó en el mercado negro. Pronto, el valor del dólar “paralelo” funcionó como referencia en la calle para la fijación del precio de los bienes y de los servicios. Como el alza de los precios erosionaba rápidamente los salarios y las finanzas públicas, el Estado intentó sostener el poder de compra poniendo cada vez más billetes en circulación. Entre 2014 y 2017, la masa monetaria dio un salto de un 8.500%. Así, estaban reunidos todos los ingredientes para que la economía entrara en hiperinflación. Sin sorpresa, el índice de precios al consumidor (una medida común de la inflación) pasó del 300% en 2016 al 2.000% en 2017. Para 2018, las estimaciones varían entre el 4.000% y el 1.300.000%. En ese último caso en concreto, un bien comprado por un valor de 1.000 bolívares al 1º de enero de 2018 costaría 13.000.000 el 31 de diciembre.

Complicación extra: 2016 y 2017 estuvieron marcados por importantes vencimientos de pagos de deuda. A pesar de que los ingresos petroleros estaban en caída libre, el gobierno de Maduro –siguiendo en esto la doctrina de Chávez– respetó escrupulosamente sus compromisos. Al menos hasta diciembre de 2017. En ese entonces, en un discurso por televisión, el presidente anunció que entre 2014 y 2017 el país había desembolsado la suma colosal de 71.700 millones de dólares de deuda.

Una vez más, la estrategia del poder para responder a las dificultades suscita numerosos interrogantes. Decidir pagar las deudas implicó “monetizar” activos de la nación, en otras palabras entregarlos en garantía, o incluso venderlos, para reunir las sumas que necesitaba el Estado. En el transcurso de ese período, Venezuela utilizó unas veces el oro monetario de las reservas internacionales y otras veces recurrió a sus derechos especiales de giro (DEG) del FMI (8). Cuando no solicitó directamente préstamos a las compañías petroleras de países aliados, como la rusa Rosneft, entregando como garantía el 49,9% de las acciones de uno de sus activos más preciados, la empresa refinadora Citgo, cuya sede y operaciones se encuentran en Estados Unidos.

En septiembre de 2016, la compañía petrolera nacional PDVSA les propuso a sus acreedores un canje de obligaciones que, para alargar en (solamente) tres años el vencimiento de una serie de títulos (de 2017 a 2020), ofrecía como garantía el 50,1% restante del capital de Citgo, poniendo así en peligro el control de esta sociedad por parte de PDVSA en caso de default de pago. Esta operación de refinanciamiento parcial, la única bajo la presidencia de Maduro, no atrajo más que a fondos especulativos, tentados por la hipótesis de un default que les permitiría apropiarse de la refinadora estadounidense.

Subsisten algunas preguntas: ¿por qué el Estado se sintió en la obligación de pagar, en tiempo y forma, hasta el último centavo de su deuda, mientras que desde 2014 sus ingresos se diluían? ¿Por qué, sin que ni siquiera fuera necesario entrar en default, no buscó proceder a una renegociación global con sus acreedores? El acceso a los mercados de capitales se volvía cada vez más limitado y costoso a medida que la situación se degradaba, pero todavía era posible una negociación asociando a China, socio financiero clave de Venezuela que siguió proveyéndole dinero fresco (desgraciadamente, en cantidad insuficiente) hasta la actualidad.

Extrañamente, no fue sino después de que la administración estadounidense impusiera sanciones financieras contra el gobierno venezolano y PDVSA, en agosto de 2017, cuando Maduro anunció su voluntad de renegociar los términos de la deuda, esencialmente en manos de grandes fondos de pensión estadounidenses. Ahora bien, las sanciones de Washington precisamente tenían el objetivo de prohibir a las entidades estadounidenses participar en el financiamiento de Caracas. En otras palabras, Venezuela esperó que la opción hubiera desaparecido para considerarla. En diciembre de 2017, inauguraba un default selectivo al no pagar, o hacerlo con mucho retraso, algunos de los intereses de su deuda.

De manera paradójica, esta situación no tendría finalmente más que una importancia secundaria si la producción petrolera no se hubiera desplomado, pasando de casi tres millones de barriles por día en 2014 a menos de un millón y medio en 2018. Como en el caso de la inflación, la caída de la producción petrolera colocó al país en el centro de una espiral infernal: la producción cae debido a la cruel falta de los capitales necesarios para las inversiones, pero ese desplome reduce los ingresos del país, limitando las perspectivas de la producción petrolera…

Raíces macroeconómicas de la crisis

Con la espalda contra la pared, el gobierno de Maduro denuncia una “guerra económica” fomentada por el capital privado, nacional e internacional –del que nadie duda de que no siente ni ternura ni admiración por Caracas–. Señalar a un culpable puede dar un sentido político a las dificultades, pero ¿ayuda a resolverlas?

Ocupado en denunciar las maniobras del “imperio” y de los “contrarrevolucionarios” durante su primer mandato, Maduro se negó a adoptar una estrategia propiamente macroeconómica para responder a los desafíos a los que se enfrentaba el país. A pesar de que la profundización de la crisis le había asegurado a la derecha, en diciembre de 2015, una mayoría de dos tercios en la Asamblea Nacional, a comienzos de 2016 fue nombrado jefe del equipo económico del gobierno el joven profesor de sociología Luis Salas, cuyo postulado más célebre afirma que “la inflación no es una realidad”.

Considerando así que la inflación era causada por el deliberado desabastecimiento retirando los productos del mercado y/o inflando los precios –en otras palabras, un proyecto de sabotaje económico–, el gobierno concentró todos sus esfuerzos sobre el control de los precios. Una ley relativa a los “precios justos” incluso limitó al 30% los márgenes autorizados para cada uno de los que intervienen en las cadenas de producción y distribución. Tal enfoque ignora que la inflación depende de mecanismos macro-sociales que es extremadamente difícil, si no imposible, contener forzando a los individuos –al menos, mientras no sean corregidos los fundamentos macroeconómicos que producen el alza de los precios–. ¿De qué sirve regular el precio de un bien muy preciado, un medicamento importado, por ejemplo, si el incremento exponencial de la masa monetaria implica que necesariamente encontrará comprador en el mercado negro a un precio muy superior?

Cuando el proceso inflacionario se activa, el miedo generado pone en movimiento una mecánica endiablada por la que cada uno, queriendo protegerse contra un alza anticipada de los precios, ajusta el suyo y, al hacerlo, contribuye in fine a un aumento generalizado. Una lógica devastadora: los precios ya no se fijan con relación al costo de producción, sino con relación a lo que se estima que habrá que pagar para producirlo nuevamente en el futuro, o a los márgenes necesarios para la preservación de su poder de compra en un contexto general de hiperinflación. Los grandes comerciantes e industriales venezolanos seguramente participan en la amplificación de la ola especulativa queriendo preservar sus márgenes en detrimento de los consumidores. Sin embargo, es erróneo atribuirles la capacidad de generar solos esta situación, que no sería materialmente posible sin una expansión irracional de la masa monetaria.

El presidente Maduro se había mostrado escéptico en cuanto a la oportunidad de operar un cambio de rumbo económico. En un discurso público ante productores agrícolas, denunció a “esos economistas que quieren darnos lecciones pero nunca plantaron un tomate en su vida”, antes de especificar que la Revolución Bolivariana “no sigue los dogmas ni las recetas de esos macroeconomistas que pretenden saberlo todo” (12 de septiembre de 2017).

Es saludable que responsables políticos expresen su independencia de criterio respecto de cierto economicismo que con mucha frecuencia exige un monopolio tecnocrático sobre la conducción de la política. Sin embargo, decidir las orientaciones macroeconómicas de un país menospreciando cualquier consideración técnica a veces representa el camino más directo hacia la catástrofe.

¿Combatir la obsesión del equilibrio fiscal? Es una causa justa, siempre que los déficits no sean de más del 20% del PIB durante cuatro años seguidos, y para colmo sin que no tengan ningún impacto positivo –al contrario, incluso– sobre la reactivación de la actividad, el poder de compra o la distribución entre capital y trabajo de los frutos que se esperan de esa política. ¿Aumentar los salarios para proteger a la clase obrera del impacto negativo de la inflación sobre el poder de compra? Una conducta elogiable, pero únicamente si se logró abatir la hidra inflacionaria que devora todo crecimiento nominal de los salarios. Ciertamente, la audacia de la que da prueba el gobierno bolivariano para liberarse del formalismo en la designación de los altos funcionarios provocaría la envidia de muchos militantes de izquierda en otras latitudes; pero desnuda cierta imprudencia cuando lleva a cambiar dos veces al presidente del Banco Central en menos de dos años, teniendo como única continuidad la inexperiencia de cada nuevo responsable.

Hubo que esperar la reelección de Maduro, el 20 de mayo de 2018, para que se anunciara un plan de reformas económicas y tres meses más para que se develara su contenido, el 17 de agosto pasado. Operando un giro de ciento ochenta grados, el presidente reconoció que existían raíces macroeconómicas en el fenómeno de la inflación, antes de anunciar que en adelante el Estado se impondría una disciplina de hierro, fijando como meta alcanzar un déficit fiscal cero. Otro cambio radical: la moneda nacional fue devaluada y su cotización inicial en dólares fijada a la tasa del mercado negro, anteriormente calificado como “dólar criminal”. Por su parte, el valor del nuevo “bolívar soberano”, que reemplaza a la antigua moneda a la que se le quitaron cinco ceros, evolucionará en una paridad fija con una criptomoneda llamada “Petro”, cuya cotización sigue supuestamente la del barril.

Como prueba de su nueva orientación de apertura económica, el gobierno derogó la ley de “ilícitos cambiarios”. En la misma oportunidad, fue anunciada la libre convertibilidad del “bolívar soberano”, aunque en realidad sea inaplicable debido al nivel anémico de las reservas internacionales. De ahora en más los particulares y las empresas pueden intercambiar divisas de común acuerdo, pero deben respetar la tasa fijada por el Banco Central, lo que de hecho hizo reaparecer un mercado negro en el que el dólar se cambia a tasas superiores.

venezuela141 iiEl salario mínimo real, que se había licuado de 300 a cerca de 1 dólar mensual en cuatro años, fue elevado en un 3.000%, para alcanzar cerca de 30 dólares mensuales. Además, el gobierno anunció que de ahora en más estaría indexado a la cotización del Petro, con la esperanza de preservar su poder de compra. Pero, sin que las modalidades prácticas de esta indexación hubieran sido explicitadas, ya había perdido el 50% de su valor sólo dos meses después de haber sido aumentado. El gobierno, anticipando un fuerte impacto sobre los precios, se comprometió a tomar a su cargo el costo del aumento de los salarios en el sector privado durante tres meses. Extraña disposición: no hizo más que aplazar el impacto de su costo sobre los precios al consumidor y, por ende, sobre la inflación. A fin de ayudar a los asalariados a subsistir entre la fecha de los anuncios y el primer día de pago, se concedió un bono equivalente a 10 dólares a todos los portadores del “carnet de la patria”, un documento de identidad vinculado a una base de datos controlada por la presidencia, requerido para ser beneficiario de los programas sociales emblemáticos del gobierno, tales como las cajas alimentarias a bajo precio.

En cuanto a los ingresos, el gobierno aumentó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en cuatro puntos y tomó diversas disposiciones técnicas para recaudar mejor el impuesto a las empresas. Pero, sin una vuelta al crecimiento, será difícil que esas medidas alcancen. No hace falta decir, además, que ese programa fuertemente expansivo está en completa contradicción con el objetivo declarado de “déficit cero”. De hecho, a mediados de septiembre de 2018, menos de un mes después de los anuncios de Maduro, la base monetaria se volvía a incrementar a un ritmo del 28%… por semana.

Peligrosa fuga hacia adelante

Más allá del debate sobre la coherencia y la eficacia de las medidas anunciadas, la cuestión sigue siendo la de saber si un programa económico, sea cual fuere, es capaz por sí solo de volver a poner de pie a Venezuela. En efecto, ¿cómo un país que perdió más de la mitad de su producción petrolera y más de un tercio de su PIB en cinco años puede cambiar la tendencia, cuando las sanciones estadounidenses le prohíben el acceso al financiamiento internacional? ¿Tiene sentido intentar tranquilizar a los inversores proclamando su adhesión al dogma del equilibrio fiscal cuando la suspensión del Parlamento deja planear dudas sobre la legalidad misma del presupuesto o de las concesiones y contratos concertados por el Ejecutivo?

Entre su elección, en abril de 2013 y el derrumbe de los precios del barril, en 2014-2015, Maduro fue amo de su destino: la principal dificultad a la que se enfrentaba era la inadecuación de su política económica. Tras su derrota en las elecciones legislativas de diciembre de 2015 y la suspensión de un Parlamento decidido a derrocarlo, la crisis institucional abrió el camino a una radicalización de las acciones de la oposición, primero en el frente interno con la violencia insurreccional, luego a nivel internacional con la estrategia del aislamiento diplomático y el estrangulamiento financiero. En agosto de 2017, tras seis meses de violencia y la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente partidaria de Maduro, las sanciones de Washington –acompañadas por maniobras para favorecer un golpe de Estado en Caracas (9)– complicaron más aun el quebradero de cabeza.

Porque el descenso a los infiernos venezolano se produjo cuando el continente americano vivía una profunda mutación política. Entre 2015 y 2017, los principales bastiones del progresismo sudamericano, comenzando por Argentina y Brasil, cayeron en manos de coaliciones de derecha. Esos gobiernos conservadores, animados por un espíritu revanchista, no solamente manipularon la justicia para enviar tras las rejas a sus adversarios de izquierda, sino que también coordinaron sus acciones a nivel regional para terminar con un símbolo: la “Revolución Bolivariana” iniciada por Chávez.

Durante un tiempo relegada a un segundo plano bajo el peso de la “marea roja” que sacudió al continente a principios del siglo XXI, la Organización de los Estados Americanos (OEA), brazo ejecutivo del proyecto “panamericano” de Washington, volvió a su rol tradicional bajo el impulso de un hombre inesperado. Luis Almagro, que venía de abandonar sus funciones como canciller de un gobierno progresista en Uruguay (10), se convirtió en su secretario general en mayo de 2015, gracias al apoyo de una izquierda latinoamericana aun mayoritaria en esa época. Con bastante rapidez, se sintió investido de un rol de defensor de la democracia continental, pero sólo pareció descubrir amenazas entre sus antiguos amigos políticos. Despojándose de la prudencia diplomática que es indispensable para hacer posible una mediación, tomó partido por la oposición venezolana, llegando al punto de alentar la violencia insurreccional en el transcurso de 2017.

Sobre el delicado tema cubano, en torno del cual en 2009 había emergido un bloque regional frente a Estados Unidos para terminar con el ostracismo que sufría la isla desde la Guerra Fría, Almagro también se apresuró en abrazar la línea de las derechas estadounidense y europea. A falta de una mayoría de dos tercios, necesaria para iniciar un proceso de suspensión de Venezuela de la organización hemisférica, el diplomático uruguayo apadrinó la creación de una coalición de gobiernos conservadores que, bajo el nombre de “Grupo de Lima”, intentó proyectar la imagen de un consenso regional alrededor de las posiciones más duras respecto de Maduro. Algunos miembros del grupo pidieron incluso la comparecencia del presidente venezolano ante la Corte Penal Internacional (CPI). La entrada en funciones de Donald Trump esclareció el espectacular giro de Almagro: su acuerdo con el ocupante de la Casa Blanca resulta tan profundo que fue el único responsable latinoamericano que apoyó la idea de una intervención militar, aludida por el presidente republicano.

Lejos de acercar a los actores venezolanos a un acuerdo político, esta fuga hacia adelante regional los ha alejado. Una cantidad importante de dirigentes de la oposición viven ahora en un exilio voluntario o padecido; así, ya no disponen más que de estrategias internacionales, cuyos resortes por el momento parecen limitarse a las sanciones adicionales o a una intervención militar. Las primeras son la mejor garantía de un statu quo político sumado a un desabastecimiento agravado; la segunda precipitaría la catástrofe.

Si bien es necesario que la conducción económica de Venezuela recupere el camino de la racionalidad, la crisis perdurará en ausencia de un arreglo de los contenciosos políticos. Ningún plan propuesto por el equipo que está en el poder –por pertinente que sea– permitirá el levantamiento de las sanciones o el restablecimiento de las garantías jurídicas. El diálogo con miras a un acuerdo de coexistencia política entre el gobierno y la oposición ofrece la forma más simple (y la más pragmática) de impedir que el país se hunda en el abismo. En lugar de incitar las divisiones, la comunidad internacional debería orientar todos sus esfuerzos en esta dirección.

Una moneda de valor incierto

Creado en 2017, el “Petro” es un “criptoactivo” emitido por el Estado venezolano. Su valor estaría garantizado por el equivalente de cinco mil millones de barriles de petróleo que yacen bajo el suelo de un gran bloque ubicado en la Faja del Orinoco, la mayor reserva de petróleo del planeta. Al adquirirlo, el propietario de un Petro adquiriría al mismo tiempo los derechos sobre un barril de petróleo de dicho bloque.

El proyecto suscita dos problemas. Una vez despojado de los neologismos vinculados con el mundo de la criptomoneda –de moda hace algunos años–, el Petro se parece extrañamente a una simple emisión de deuda soberana. Ahora bien, para ser legal, toda nueva emisión requiere de la aprobación de la Asamblea Nacional, con la que el gobierno venezolano se encuentra en conflicto abierto desde que ésta está controlada por la oposición. Además, la producción petrolera mantiene una curva descendente sin dar signos de recuperación; esto complica la estimación del valor de un petróleo todavía bajo tierra, cuya extracción futura requeriría de importantes inversiones que Caracas no puede permitirse por el momento. De hecho, el bloque “Ayacucho 1”, entregado en garantía del Petro, sigue sin producir nada.

* Temir Porras Ponceleón, Graduado de la Escuela Nacional de Administración (ENA) de Francia (promoción Senghor). Ex asesor del presidente Hugo Chávez en cuestiones de política exterior (2002-2004), ex jefe de gabinete del presidente Nicolás Maduro (2007-2013) y ex vicecanciller (entre otras responsabilidades en los gobiernos venezolanos entre 2002 y 2013). Profesor invitado en el Instituto de Ciencias Políticas de París.

Notas

  1. Pasando de 98.000 millones a 482.000 millones de dólares.
  2. Véase William I. Robinson, “Les voies du socialisme latino-américain”, Le Monde diplomatique, París, noviembre de 2011.
  3. Esta cifra se hizo pública de manera indirecta a través del formulario “18K” que el gobierno venezolano presentó en diciembre de 2017 ante la autoridad de los mercados financieros de Estados Unidos (SEC), en tanto emisor de deuda en el mercado estadounidense.
  4. Anabella Abadi, “4 años de recesión económica en cifras”, Prodavinci, 28-12-17, prodavinci.com
  5. En el caso de Venezuela, la inflación estructural se explica por la propensión del país a reciclar su crecimiento económico en importaciones antes que en el desarrollo de su aparato productivo (es decir, de su capacidad para producir lo que consume).
  6. Ese mecanismo, así como el contexto general que llevó a la crisis, está explicitado en Renaud Lambert, “Contrarrevolución en la contrarrevolución”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, diciembre de 2016.
  7. Véase Anne Vigna, “Hacer las compras en Caracas”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, noviembre de 2013.
  8. “El DEG es un activo de reserva internacional creado en 1969 por el FMI para complementar las reservas oficiales de los países miembros” (sitio web del FMI).
  9. Nicholas Casey y Ernesto Londoño, “US met Venezuela plotters”, The New York Times, 10-9-18.
  10. El del presidente José “Pepe” Mujica (2009-2014) y la coalición del Frente Amplio.