El éxodo centroamericano, que lleva un mes y medio de marcha, llegó a la frontera estadounidense. Las restricciones del derecho al asilo en Estados Unidos, endurecidas aún más por un decreto del presidente, alimenta el tráfico de personas desde México.

Eliana Gilet, desde Tijuana

Brecha, 30-11-2018

https://brecha.com.uy/

Correspondencia de Prensa, 2-12-2018

Hacía días que se venían preparando para hacer la marcha. El viernes 23 de noviembre pintaron banderas de Honduras y de Estados Unidos, y escribieron sobre ellas sus pedidos: que Trump se toque el corazón, que los deje pasar de una vez.

En las últimas dos semanas llegaron a Tijuana más de 6 mil migrantes centroamericanos, según el registro oficial. De ellos, 2 mil son mujeres, niños y adolescentes. Y el domingo 25, al cumplir 45 días de viaje y 11 en Tijuana, 500 de ellos se manifestaron frente a la frontera con Estados Unidos, la que no les permite avanzar. Con sus banderas en mano marcharon a lo largo del gran muro oxidado que materializa la frontera, cantando que son trabajadores internacionales, no criminales, como se dice de ellos.

A una hora del comienzo de la manifestación, efectivos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (Usbp, por sus siglas en inglés) y de la autoridad de aduanas del mismo país (Cbp) les lanzaron gases lacrimógenos desde territorio estadou-nidense, por encima de la barda. También dispararon balas de gas pimienta –consideradas un arma no letal, pero capaz de herir– directamente a la gente y a los periodistas que cubrían el evento.

Puro Tijuana

La ciudad de Tijuana está recostada contra la frontera. Sus calles y comercios parecen todas estar mirando hacia el norte. El muro fronterizo recorre toda la ciudad y se prolonga hasta entrar en el mar, en el barrio Playas de Tijuana.

Históricamente Tijuana ha sido una ciudad de distensión, donde muchos estadounidenses llegan a gastar su dinero en tiendas, puteros y bares.

Hoy viven aquí migrantes extranjeros e internos que han encontrado un mejor nivel de vida que en otros lugares del país. Muchos de ellos llevan una vida binacional, cruzando a diario la frontera hacia San Diego. Lo pueden hacer por el control fronterizo de San Ysidro, en automóvil, o bien por el punto de control El Chaparral, a pie.

En esta ciudad también hay mexicanos desplazados por paramilitares de comunidades rurales del sur de México, que están esperando su turno para solicitar asilo en Estados Unidos, y cientos de deportados que el país vecino devuelve.

Los migrantes centroamericanos recién llegados habían organizado dos manifestaciones en El Chaparral, pidiendo una audiencia con el gobierno estadounidense. Sin embargo, el gobierno de Donald Trump ordenó a la Cbp cerrar, el jueves 22, la mitad de los carriles de ingreso por el otro punto de entrada, San Ysidro, por donde no cruzan estos migrantes. Las autoridades aduaneras instalaron allí también, en territorio mexicano, un muro de material y alambre de púa.

Make Tijuana great again

No obstante, la limitación del flujo de autos hacia Estados Unidos sí afectó a la población de Tijuana y avivó el resentimiento de los residentes contra la presencia de los migrantes recién llegados. Tijuana se transformó así en la única ciudad de México por la que pasó el éxodo centroamericano, que lo recibió con manifestaciones de rechazo.

La primera estalló en la costa, el 14 de noviembre, cuando el mismo día que llegó la caravana migrante a la ciudad y su vanguardia se trasladó hasta Playas de Tijuana para observar cómo el muro fronterizo se metía en el mar.

Sergio Tamay, un militante veterano que dirige el hotel para migrantes en Mexicali (la única otra ciudad de Baja California donde hay puestos de control fronterizos), relató a Brecha que cuando los migrantes llegan a la zona de la frontera suelen querer ir a ver esa escena. Han recorrido miles de quilómetros para ello.México212 II

Esa noche, un grupo de personas que se presentaron como vecinos de Playas se manifestó violentamente contra la presencia de los migrantes en su barrio. Y tras esa manifestación las autoridades terminaron descartando albergar el éxodo en la plaza de toros que queda en Playas, una opción que se había manejado. Un precario campo de refugiados se instaló en cambio en el estadio de béisbol Little Padres Park.

Otra manifestación en rechazo a los migrantes, de 200 personas, fue convocada para el domingo 18 por tres agitadores xenófobos en redes sociales: Iván Rievelin, que se hace llamar “comandante cobra”; Paloma Zúñiga, que viste una gorra con la leyenda “Make Tijuana great again”, en alusión al lema de Trump; y Alex Backman, un conductor de radio por Internet.

El derecho de asilo mutilado

La represión de la manifestación de los migrantes el pasado domingo fue brutal. Tamay y el periodista local Euceliano Gil, quien fue herido por las balas de gas, estimaron que se trató de una invasión al territorio mexicano por las fuerzas de seguridad estadounidenses tolerada por la autoridad mexicana.

La escena de las balas y gases disparados sobre la frontera reflejó la política de Trump de limitar el derecho al asilo. El presidente emitió un decreto el 9 de noviembre con el que se restringió durante 90 días (pero el decreto es prolongable) el derecho al asilo en Estados Unidos. En contradicción con la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas y el derecho federal estadounidense, este decreto suprimió la posibilidad de solicitar asilo a personas que no hayan entrado legalmente al territorio por los puestos fronterizos de control.

El decreto implica que la única manera de no ser deportado la tendrán aquellos que puedan acogerse al refugio bajo la Convención contra la tortura o que gocen de una decisión de “withholding of removal”, un congelamiento de la orden de deportación. Esta suspensión de deportación se aplica sólo en aquellos casos en que las autoridades estiman que el riesgo de persecución del solicitante es “razonable”, lo cual se establece a través de criterios más exigentes que los que se usan para establecer una causa válida para el asilo.

El permiso de “withholding of removal” le prohíbe a la persona acceder al asilo, a un permiso de residencia, a una visa humanitaria, o a la ciudadanía. Sólo le brinda un permiso de trabajo precario. Además, esta suspensión de la deportación puede ser revocada en cualquier momento.

La periodista Dara Lind explica en la revista digital Vox (12-XI-18) que esta modificación legal fue elaborada como una propuesta legislativa, previo al éxodo de Honduras en octubre, por los ministerios de Justicia y Seguridad Nacional de Estados Unidos, y que habría tardado meses en entrar en efecto. Pero que, con la llegada de la caravana de centroamericanos a Tijuana, se convirtió en un decreto de aplicación inmediata.

Diez días después de la “proclamación” (así se llama el tipo de decreto que emitió Trump), el juez federal estadounidense Jon Steven Tigar lo suspendió por un mes (hasta el 19 de diciembre), al estimar que el presidente no tiene facultades para modificar la ley migratoria, que permite a las personas solicitar asilo sin importar cómo entraron a Estados Unidos.

El cuello de botella de la desesperación

El enorme impedimento para poder pedir asilo en Estados Unidos se visualiza en el puesto fronterizo de entrada en Tijuana, donde las autoridades aduaneras estadounidenses sólo atienden entre 10 y 50 solicitantes de asilo al día, dependiendo de las plazas disponibles en centros de detención privados para migrantes en Estados Unidos.

En los hechos, esto ha empujado a mucha gente desesperada a aceptar las propuestas de traficantes que cobran por cruzarlos, pero sin garantías de llegar a buen puerto. Pueden ser detenidos o estafados en el camino, como le sucedió el martes a un grupo de 30 hondureños que habló con Brecha. La clandestinidad es la opción que les queda a quienes no pueden inmigrar de manera “segura, legal y ordenada” y es alimentada por las restricciones de entrada a Estados Unidos.

Muchos migrantes esperan que el panorama cambie cuando asuma el nuevo presidente de México, el 1 de diciembre. Según indicó a Brecha una fuente que ha estado en contacto con el equipo del futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador, éste aceptaría que los migrantes permanezcan en México mientras Estados Unidos procesa sus solicitudes de asilo, tal como lo ha exigido Trump. Paralelamente, el futuro canciller, Marcelo Ebrard, anunció que México recibirá inversiones estadounidenses para obras de infraestructura en el sureste mexicano.