A diez meses de la inauguración de la cárcel público-privada

Modelo para armar

Mientras el hacinamiento es moneda corriente en las cárceles, el Estado paga cifras millonarias por las plazas que continúan vacías en el nuevo centro de reclusión. Faltan operadores penitenciarios, y de los que están, más de un tercio está certificado por enfermedad. Las particularidades de un modelo de gestión que despierta optimismo en las autoridades generan resistencias en los presos y dejan contenta a la empresa privada, el único actor que hasta el momento parece estar haciendo un buen negocio.

Rafael Rey

Brecha, 16-11-2012

https://brecha.com.uy/

Correspondencia de Prensa, 16-11-2018

El próximo 24 de enero la Unidad de Personas Privadas de Libertad número 1 (Uppl 1) cumplirá un año desde que comenzaron a llegar los primeros presos, y a medida que se acerca su primer aniversario empieza a desnudar aspectos que evidencian las inercias propias del sistema penitenciario, y los riesgos de embarcarse en un proyecto de este tipo con capitales privados.

Las autoridades hablan de “aprendizaje”, de un proceso de adaptación en el que se incluyen y al que suman a los operadores penitenciarios y a las personas privadas de libertad y sus familiares. Es un sinuoso camino en el que por ahora lo que predomina son los obstáculos, que han obligado a ensayar, de apuro y sobre la marcha, cambios que involucran a todos los actores, y que al día de hoy, casi diez meses después de inaugurado, no han permitido que el establecimiento tenga ocupado más del 50 por ciento de sus plazas. Esto le genera un costo económico al Estado que obliga a encender luces de alerta sobre la conveniencia de estos proyectos en asociación con intereses privados.

Según estimaciones realizadas por Brecha, desde el 24 de julio el Estado lleva gastados unos 3 millones de dólares en concepto de compensaciones a la empresa privada por no ocupar la totalidad de las 1.960 plazas con las que cuenta la Uppl 1. Este número fue confirmado por representantes de Unidad Punta de Rieles SA, el consorcio privado que construyó la cárcel y que se encarga de la prestación de servicios en el establecimiento. “Es mayor”, alertaron, incluso, respecto a la cifra hasta ahora desembolsada.UruguayCarceles II

El contrato firmado en junio de 2015 entre el Ministerio del Interior (MI) y el consorcio privado establece un pago de 200 unidades indexadas (UI, 801,76 pesos, a precio del jueves 15) por plaza, por día, que debe hacer el Estado uruguayo a partir de la puesta en marcha de la cárcel.

Esos 800 pesos y monedas incluyen todos los servicios que debe brindar el privado: la alimentación de los presos, el pago a los operadores y funcionarios del Instituto Nacional de Rehabilitación (Inr), y los servicios de lavandería, aseo y control de plagas, además del funcionamiento del economato, donde se venden productos de almacén para internos, operadores y funcionarios.

El acuerdo determinaba una gracia de seis meses durante los cuales el Ministerio del Interior pagaba con un descuento de 65 UI por día por cada plaza no ocupada.

Ese plazo venció el pasado 24 de julio, y desde entonces la población de la unidad rondó las 900 personas, lo que supuso un gasto, para el MI, de unos 25 mil dólares diarios, una cifra algo menor a la que tiene que desembolsar por las más de mil plazas que no están ocupadas, con el agregado de que por estas últimas no sólo paga por los “gastos fijos” sino por servicios que, al no estar ocupadas las plazas, la empresa no realiza (lavandería y alimentación de los reclusos, por ejemplo).

Las razones por las cuales en diez meses no se ha poblado más de la mitad del establecimiento penitenciario son múltiples, y aunque las autoridades están trabajando en ello, todavía no parecen estar dadas las condiciones para que la Uppl 1 funcione a pleno.

Recurso no optimizado

Según Bernardo Vidal, inspector del contrato por parte del MI, el proceso de poblamiento de la cárcel público-privada se está haciendo en los plazos previstos según los parámetros mundiales para este tipo de emprendimientos, que establecen un período de un año para completar la ocupación del establecimiento. “Hace poquito tuvimos una visita de una consultoría externa y estaban sorprendidos de que lleváramos este ritmo”, destacó Vidal al semanario.

Sin embargo, de acuerdo con datos aportados a Brecha por la subdirección técnica del Inr, entre febrero y octubre el promedio mensual de ingresos fue de 53 personas. A menos que en los próximos 60 días este promedio se multiplique por diez, ocupar la totalidad de las plazas llevará unos 20 meses.

De todas formas Vidal sostiene que se está trabajando para llegar al primer aniversario de la Uppl 1 con su capacidad colmada. No obstante, reconoció que las dificultades en la adaptación del personal y de los presos, y la propia inexperiencia de las autoridades –inmersas en el proceso de “aprendizaje”–, han llevado a apostar por la “gradualidad” del poblamiento, “justamente para no tensar el modelo, el proyecto en sí”. “Entonces hay que ser más cuidadosos en la selección del personal, en la selección de los internos; todo eso se está atendiendo ahora, lo cual hace que todo vaya a un ritmo distinto al que uno quisiera”, admite. Consultado sobre si el MI está perdiendo dinero, Vidal prefiere decir que “no se está optimizando el recurso”.

Según supo Brecha de fuentes de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (Ofucipe), desde la propia subsecretaría técnica del Inr se sugirió una disminución de la frecuencia de entrada de los internos, pero la subdirectora nacional técnica del instituto, Ana Juanche, desmintió tales afirmaciones y explicó que lo que se pidió fue seguir “un flujo de poblamiento que fuera responsable”. “Y esto es un acuerdo, no es que nosotros lo hayamos pedido; es un acuerdo en el sentido de que no podemos seguir poblando la cárcel si no tenemos la cantidad de personal suficiente, que además en este caso era inexperiente”, explicó la jerarca.

La primera tanda de operadores penitenciarios fue llamada a la cancha sin oficio y sin conocimiento de varios aspectos vinculados a la función pública. “No es solamente el trato directo (con los presos), sino todo el andamiaje para esa tarea; eso lleva un volumen de aprendizaje importante”, sostuvo Juanche, magíster en derechos humanos y coordinadora para América Latina del Servicio Paz y Justicia entre 2003 y 2014.

Esto, continuó la jerarca, fue “en aras de hacer un proceso responsable”, que dé cuenta de la “progresividad en todo este sistema que recién empieza y que es nuevo para todos”. “Es bastante racional pensar que esto tiene que darse gradualmente y con al menos algunas variables controladas”, expresó.

Juanche recordó además que la entrega de la cárcel por parte del consorcio privado tuvo “algunos retrasos”, y que al 24 de enero el MI no tenía “toda la cárcel disponible”. “Fuimos teniendo los módulos de a uno”, aseguró, explicando que esto obligó a “ajustar” el proceso de clasificación por módulos previsto originalmente.

Las cifras de ingresos y egresos que maneja el Inr dan cuenta de la irregularidad del poblamiento. Así, mientras en el mes de abril ingresó a la Uppl 1 un total de 169 presos y egresaron 48, en julio llegaron a la nueva cárcel 53 presos y dejaron el establecimiento 44; el mes de agosto, en tanto, registró el único saldo negativo desde que se inauguró la prisión, con 74 ingresos y 92 egresos.

En esta dinámica los egresos responden no solamente a presos que obtienen su libertad, sino también a quienes por uno u otro motivo no se adaptan a la nueva cárcel y son trasladados a otras unidades del sistema penitenciario. “La Unidad número 1 tuvo un gran flujo de rotación. Hubo mucha gente que llegó y salió. No todo el mundo se adecuó al régimen; no todo el mundo se ensambló a la nueva cultura organizacional. Son dos culturas y dos propuestas muy distintas (…) los que tuvieron más problemas para adecuarse fueron los primarios, gente que venía del Módulo 11 del Comcar, que tiene un régimen básicamente mucho más laxo, capaz que menos resocializador en el sentido de las oportunidades; jóvenes que te dicen: ‘Te hago la cana durmiendo’, ‘Te hago la cana escuchando música’, y no están tan afines a desarrollar actividades, a levantarse a las 7 de la mañana a desayunar, a tener un régimen bastante regulado”, explicó Juanche.

Operadores

Uno de los principales problemas que está enfrentando actualmente la Uppl 1 es la falta de operadores penitenciarios, situación que además de dificultar el trabajo diario incide de forma importante en la posibilidad de acelerar el poblamiento de la cárcel.

La inexperiencia, la falta de temple, de empatía, y de habilidades para lidiar con las personas privadas de libertad van generando un círculo vicioso de saturación laboral, estrés, frustración, y hasta desprecio por el interno, que derivan en el recurso de la licencia médica. De los poco más de 200 operadores que trabajan actualmente, un promedio de entre 30 y 40 por ciento se encuentra permanentemente con licencia médica, confirmó a Brecha el presidente de Ofucipe, Juan Nolasco. “Las certificaciones están a la orden del día”, aseguró. Esto no sólo impide que se desarrollen de manera correcta las actividades, sino que también hace más pesado el trabajo de quienes están desempeñando sus tareas. “Muchas veces pasa que querés pedir tu licencia reglamentaria y se te complica tomarla” por la falta de funcionarios, que están con licencia médica. “A cualquier médico le decís: ‘Trabajo en una cárcel, estoy súper estresado, por la violencia, por aquello, lo otro…’, te certifica y no venís a laburar”, comentó un operador consultado por este semanario.

Juanche reconoce la falta de operadores, pero asegura que “no serían tan pocos si no hubiera tanto ausentismo”. En este sentido adelantó a Brecha que el Inr está por comenzar una investigación para conocer los motivos de los altos índices de ausencia en el trabajo, y que están en proceso de selección de algo más de 200 operadores, de los cuales la mitad irán para la Uppl 1.

Nolasco considera que se debe trabajar con al menos 11 operadores por módulo, repartidos entre las “consolas” –desde donde se controlan las cámaras y se abren y cierran las celdas y los “rastrillos” (las puertas de los módulos)–, y quienes tienen trato directo con los internos. Sin embargo aseguró a Brecha que nunca se llega a esa cifra y que lo normal es que haya tres o cuatro personas por módulo. A veces, dijo, “no hay nadie” en contacto directo con los internos.

Uno de los operadores consultados afirmó que le parece “increíble” que el ministerio no haya tenido en cuenta la cantidad de funcionarios que iba a precisar para el establecimiento. “Le dio para abrir la mitad de la cárcel. Pero no es que dijeron: ‘Vamos a abrir la mitad de la cárcel, la mitad de los módulos, para trabajar bien, cómodos’, no; la mitad de los módulos están abiertos y se trabaja mal. Hay poco personal incluso para esa mitad de módulos que están funcionando”, aseguró el trabajador a Brecha.

Los operadores coinciden además en que esto influye negativamente en el trato hacia los presos, al tiempo que expone a los funcionarios a potenciales situaciones de violencia, ya que no son suficientes para atender las incontables demandas de los privados de libertad. Estas demandas van desde tener más de un teléfono por módulo, una respuesta más rápida a sus solicitudes ante la justicia, o que las autoridades revean la decisión de que los familiares no pueden ingresar alimentos, una de las medidas más resistidas por funcionarios e internos, según pudo constatar este semanario en una visita al establecimiento. (Véase “Comiendo del táper”.)

“Se suponía que se iba a trabajar de una forma determinada, y terminás trabajando con dos operadores en un módulo, y eso genera un hastío terrible. Una persona que entraba con un perfil, con una cabeza enfocada en lo socioeducativo, al día de hoy ya dice: ‘Estos pichis de mierda me tienen re podrido’”, ejemplifica una operadora.

Otro agrega: “Los muchachos son pesados, son molestos, son algo más que adolescentes rebeldes, pero ta, al haber poco personal… Entrás al módulo y están todo el tiempo gritándote, llamándote, llamándote…Pretender que dos personas atiendan a 120 tipos es imposible. Y con demandas de todo tipo: gente que quiere salir a trabajar, gente a la que le duele la cabeza, la panza, los dientes, que tienen ataques psicóticos, que se están peleando con cuchillos, de todo, cualquier cosa”.

Hay un punto de acuerdo entre los trabajadores y las autoridades del Inr: no todas las personas que se presentan para el cargo de operador penitenciario están preparadas para cumplir ese rol, más allá de la capacitación que brinda el Centro de Formación Penitenciaria. Si bien también hay consenso en que la formación es buena, muchos ingresan simplemente por una cuestión económica, lo que hace que o bien se den cuenta rápidamente de que ese trabajo no es para ellos, o que caigan en conductas reprobables, llegando incluso al delito.

“Una cosa es la formación, que mueve algunos preconceptos sobre quién es el otro, cómo es el otro, y que te da herramientas para al menos problematizar ese vínculo; y otra es la capacidad para sostener la ética profesional. Podés pensar lo que quieras del otro, pero en tu función tenés que seguir los lineamientos institucionales, que no incluyen tratar al otro de pichi, ni de mugriento, ni como si no fuera una persona”, explica Juanche. La subdirectora técnica del Inr admite de todas formas que se está trabajando en “corregir los perfiles de ingreso”, para poder detectar “tempranamente” este tipo de casos. No obstante, si bien se valora la experiencia previa, alcanza con ser mayor de 18 años y haber completado el ciclo básico de educación secundaria –o su equivalente en educación técnica– para postularse a un cargo que según el llamado exige como “competencias específicas” la capacidad de negociación y la “tolerancia a la presión”.

Juanche asegura además que esta generación de operadores tuvo una formación “mucho más extensa y mucho más intensa que cualquier otra”, y que la mayoría de los problemas que surgen con los funcionarios son comunes a todas las unidades. Además apunta al otro extremo del asunto y sostiene que muchos operadores se exceden en el alcance de sus funciones, generando vínculos inapropiados con los internos.

Dice Juanche: “Vos tenés que tener distancia profesional con el otro, porque si no, no podés mirar la realidad. No hablo de no implicarse, hay que implicarse de verdad para trabajar con el otro desde un rol social, pero eso no puede llegar al punto tal de generar vínculos de pareja, que puede pasar, a cualquiera le puede pasar enamorarse; pero si eso pasa mucho, si la persona no entiende que su función no es traerle un celular de canuto a la persona privada de libertad, o de facilitarle el porro, o entrarle dos tizas de pasta base…si vos no entendiste que esa no es tu función…”.

Uno de los funcionarios que conversó con Brecha llevó la discusión a un término más general, que revela el grado de su fastidio y desesperanza: hasta dónde el Estado, la ciudadanía que reclama más seguridad, los operadores, e incluso los propios presos, pueden encontrar aspectos positivos en el hecho de delegar en manos privadas un montón de factores vinculados a uno de los problemas más importantes que tiene hoy en día el país, como es el de su sistema penitenciario. “Yo voy a trabajar ahí y me siento estafado como ciudadano. La plata que se ha gastado en eso, para lo poco que se hace, para ser una cárcel totalmente mediocre, con pila de trancas, con una concepción arcaica de contención… porque es la función que tiene, de contención, de que de ahí no se van a escapar (pero) no se van a rehabilitar un carajo.”

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Comiendo del táper

El 25 de agosto las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (Inr) prohibieron que funcionarios y familiares ingresaran paquetes con alimentos a la unidad, lo cual generó un malestar general en los trabajadores y los presos que se extiende hasta la fecha.

Desde el ministerio argumentan que tanto los operadores como los internos tienen cubiertas sus necesidades alimentarias, lo que hace innecesario el ingreso de otros productos. “Al interno se le da desayuno, almuerzo y cena, y lo mismo al operador. Todo lo que es alimentación está cubierto”, explica Bernardo Vidal, inspector del contrato por parte del Ministerio del Interior.

Pero tanto los operadores como los presos manifestaron a Brecha su disconformidad con el servicio alimentario. Varios funcionarios denunciaron al semanario que no fueron pocas las veces que la comida que se les sirvió estaba podrida, o tenía gusanos. “Parece vómito”, dijeron a Brecha al menos dos operadores. Otros, en tanto, consideran que “es algo muy subjetivo”, y que si bien se nota que “no gastan mucho en hacer la comida, eso no significa que sea horrible”.UruguayCarceles III.jpg

“Lo que sí ves es el recorte de gastos. Vos decís: ‘¿Cuánto está pagando el Estado por esto?’”, se preguntó un funcionario. Brecha accedió al menú de verano, que aún está a estudio de las autoridades. Dependiendo del día, el desayuno puede ser café con leche o leche chocolatada, en ambos casos acompañada de pan con dulce. El almuerzo puede ser: empanadas de carne con papas; tallarines con salsa; budín de pescado y espinaca con boniato; albóndigas estofadas con arroz, todo con pan y una fruta de postre.

La cena, en tanto, puede ser arroz con pollo y vegetales, o una tortilla de verduras con papas, o un salteado de cerdo y vegetales con arroz, también con pan y con crema de chocolate, limón o dulce de leche, entre otros postres.

Brecha conversó con algunos presos, quienes no se quejaron de la calidad de la comida, aunque consideran que es poca. “Nos cagamos de hambre”, dijo, elocuente, uno de los internos.

En tanto, Juanche reconoció a Brecha que hay una cuestión de “identidad cultural” que hace que la gente, en especial los presos, no se hayan “acostumbrado” a la comida, ya que prefieren “el guisito a dos pechugas de pollo asadas, con zanahorias cortadas en dado y papines con cáscara”. Entiende que los internos “no se llenan” con la comida que se les brinda, y que entre otras cosas se les añadió “una ingesta” entre el almuerzo y la cena, para que no pasaran tantas horas sin comer.

La Uppl 1 tiene además un economato gestionado por la empresa privada, donde operadores e internos pueden adquirir alimentos, artículos de higiene personal, e incluso yerba, café y hasta cigarrillos y tabaco. El catálogo de productos, al que accedió Brecha, incluye bebidas cola, agua mineral, jugos y leche chocolatada. También galletas dulces y saladas, budines… Hay snacks (papas fritas, maní y palichips), alfajores, ticholos y barras de cereales. También medialunas, empanadas, tartas, y hasta crumble de manzana; hay sándwiches de jamón y queso y milanesas al pan. Se puede adquirir también mayonesa, queso rallado y azúcar. Si se quiere almorzar o cenar –el catálogo no aclara el menú– el tique cuesta 150 pesos.

Entre los artículos de tocador hay jabones, afeitadoras, cepillos de dientes, desodorantes, talco, champú, acondicionadores, y productos de higiene femenina, como tampones y protectores diarios. También cuadernos y lapiceras. Los precios, asegura Vidal, se controlan comparándolos con los comercios de la zona. “Con esto quitamos a las familias la necesidad de ir cargando con el producto que fuere, y pasar un control, que genera roces, y hay que abrir el bulto a ver qué tiene”, explica el funcionario.

Pero ni los operadores ni los presos ni sus familias opinan igual. “Nos meten la mano en el bolsillo”, dijo a Brecha un interno, resumiendo un malestar común a la mayoría de los privados de libertad. Los presos afirman que la medida impide que sus familias puedan cocinar un bizcochuelo, una tarta, o una pizza para compartir durante la visita, y los obliga a gastar una cantidad de dinero que muy pocos tienen. “Yo estoy con mi hermano acá. A la visita viene mi madre, mi mujer y mi hijo, y no podemos comer nada. Si quiero comprar algo para comer que no sean unas galletas, tengo que gastar como 800 pesos. ¿Y después qué hago hasta la otra semana? No tengo para comprar tabaco, yerba, nada”, protesta otro interno.

Como si los costos fueran pocos, las tarjetas con que los presos adquieren los productos del economato deben “cargarse” con dinero en locales de la red de cobranza Abitab. La carga que deben hacer los internos o sus familias tiene un costo de 50 pesos.

Consultada respecto de un pedido del sindicato de rever la medida, Juanche, quien reconoció que se trata de una queja generalizada, aseguró que “hoy en día la medida no está en discusión”.

“Hay un servicio de alimentación que está nutricionalmente controlado, que está tercerizado, el Estado paga y fiscaliza la calidad de la comida (…) no hay necesidad de llevar alimentos, como en el resto de las cárceles, donde la comida es de menor calidad, para que las personas sustituyan o complementen”, afirmó.

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Ofensores sexuales

Aunque originalmente no estaba previsto que los ofensores sexuales tuvieran cabida en la nueva cárcel, las idas y vueltas con el poblamiento del centro penitenciario llevaron a que las autoridades revisaran esta política y admitieran personas que habían cometido delitos sexuales.

La subdirectora técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, explicó a Brecha que, al igual que los policías que están presos, quienes cometieron delitos sexuales son rechazados en las cárceles y que por ello en un principio no se los tuvo en cuenta para la nueva unidad. Sin embargo, las “tensiones de adaptación” con internos con problemas de consumo, o con primarios reacios al nuevo modelo, llevaron a las autoridades a revisar esa política y a admitir el ingreso de ofensores sexuales en la Uppl1.

De acuerdo a Bernardo Vidal, inspector del contrato por parte del Ministerio del Interior, se necesitaba “bajar un poco la tensión” y se optó por este grupo de privados de libertad, que “en la convivencia es muy tranquilo”. Según el jerarca, actualmente hay 146 ofensores sexuales, todos en un mismo edificio. “Entonces hay un módulo que tiene una vida que no podés creer”, si se lo compara con aquellos donde se alojan los presos “que tienen una actitud más desafiante, más provocativa”, explica Vidal.

Según Juanche, una vez iniciados los primeros traslados las autoridades constataron que “a algunos (presos) no les ‘colgó’ tanto el proceso de intervención”, lo que obligó a “problematizar la planificación de poblamiento” y admitir a “minorías” que, “por lo menos en el área de la convivencia, no generan grandes problemas” y podrían funcionar como “amortiguadores” de estas tensiones.

Sin embargo, explicó que esto no se pensó sólo desde un punto de vista instrumental, sino que se tuvo en cuenta el programa de control de la agresión sexual que se aplicó en el Módulo 14 del Comcar, “que funcionó”.

“Acá, que tenemos unas condiciones mucho más cuidadas, podemos trabajar”, aseguró.

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En el COMCAR

Mientras el 50 por ciento de las plazas disponibles en la nueva cárcel continúa vacío, el hacinamiento en el sistema penitenciario nacional vuelve a ser noticia. Un censo de celdas del Comcar fue realizado entre el 10 y el 12 de octubre por el comisionado parlamentario para el sistema de cárceles Juan Miguel Petit, según informó ayer el semanario Búsqueda. Del trabajo se desprende que en ese centro de reclusión habitan 3.200 personas. En el módulo 8, pensado para 310 reclusos viven 502, y hay sólo 215 camas según el informe. Colchones hay un poco más: 448, aunque algunos son en realidad colchonetas y otros son pedazos de colchón. En algunos sectores la población triplica la cantidad de camas.

A la falta de espacio se suma “el régimen de encierro permanente en celda que predomina en el módulo”, cita Búsqueda. Hay sectores que tienen 90 minutos semanales de patio, otros 15 y algunos hace meses que no salen. “La capacidad operacional está colapsada”, “sencillamente no puede funcionar con ningún fin”, le dijo uno de los funcionarios del lugar al comisionado parlamentario.