“Hay mucha gente que no tiene dónde caerse muerta”

“Este año tendremos 6.000 liberados y las posibilidades nuestras son muy, muy limitadas”, asegura el titular de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado.  “Un número creciente de personas en situación de calle vienen del sistema penitenciario”.

Juan Pittaluga

Búsqueda, 1-11-2018

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Correspondencia de Prensa, 4-11-2018

Por la oficina de Jaime Saavedra pasan frecuentemente personas recién salidas de la cárcel. Como anterior funcionario del Instituto Nacional de Rehabilitación y actual director nacional de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali), Saavedra tiene una relación constante y cercana con exprisioneros que visitan la sede del organismo para plantearle consultas, pedidos, consejos y reclamos.

Dependiente del Ministerio del Interior, la Dinali está encargada de colaborar en la reinserción social de los adultos que voluntariamente se presentan para pedir ayuda una vez que salen del sistema penitenciario. Se les busca una vivienda, empleo, capacitación laboral y acceso al crédito, entre otras cosas. A metros de su sede, en Cabildo y Miguelete, funciona un lavadero de autos y una posada con lugar para 66 personas inaugurados este año; más lejos, en el Prado, comenzó hace un mes la construcción de un polo industrial para que trabajen recién liberados. Pero es insuficiente, asegura Saavedra, que debe responder lo mismo a algunos de los exreclusos que llegan a su oficina.

“Las dificultades tienen que ver con que las políticas pospenitenciarias nunca van a poder resolver un problema que es de carácter social. Siempre es menos lo que nosotros podemos hacer que lo que se nos requiere, las demandas son muchas más que nuestras posibilidades. Está claro que con el volumen de presos que Uruguay tiene vamos a tener una cantidad importante de liberados todos los años: este año tendremos 6.000 liberados y las posibilidades nuestras son muy, muy limitadas”, explicó Saa­vedra a Búsqueda. Eso implica que, “en la mejor performance imaginable” en cuanto a puestos de trabajo y pasantías generadas con los sectores público y privado, la Dinali consiga 350 empleos para liberados a fines de 2018.

Esa diferencia en las cifras explica en parte el aumento en el número de personas que viven en la calle en Montevideo, un hecho que fue admitido por el propio presidente Tabaré Vázquez, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Intendencia de Montevideo y varios parlamentarios del Frente Amplio, y que Saavedra también convalida.

UruguayCalle2“Lo que nosotros vemos es que hay un número creciente de personas en situación de calle que vienen de salir del sistema penitenciario. No quiere decir que los 6.000 que sean liberados tengan problemas de vivienda, pero sí todos sabemos que hay mucha gente que no tiene dónde caerse muerta, y además hay otra gente que teniendo un lugar dónde ir no le conviene ir hacia ese lugar, salvo aquella que quiera seguir bandideando, porque es ir a donde reconstruyeron los vínculos con el delito. Entonces hay ahí un número muy importante de personas donde probablemente unos cuantos terminen en situación de calle”, señaló.

A los antecedentes penales el jerarca añade el consumo problemático de drogas, la falta de formación y las casi nulas relaciones familiares como otros tres factores que causan el problema. “Si vos salís y no tenés plata, no tenés calificaciones y no tenés a nadie que te acompañe, es como que el mundo se te cayera encima. Nosotros no tenemos chiquilines ni de Pocitos ni de Malvín ni de Carrasco en las unidades penitenciarias, tenemos gente muy, muy pobre, con muy bajos niveles de calificación, muy joven, muy tempranamente vinculada al mundo del delito, entonces cuando salen tienen estas características”.

Una nueva forma

En abril el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, le envió una carta al presidente Vázquez en la que expresó su preocupación y la de los vecinos de la capital ante el aumento de personas que viven en la calle, hecho que llevó a su comuna a analizar políticas que puedan paliar el inconveniente, como la readecuación de fincas privadas abandonadas para ser convertidas en nuevos refugios.

El mensaje de Martínez fue contemplado por Vázquez y compartido por buena parte del oficialismo: el incremento de personas durmiendo en la calle fue discutido en la Mesa Política del Frente Amplio, en la bancada de legisladores de la fuerza política y también en diversas reuniones del Poder Ejecutivo. En una de ellas, durante un Consejo de Ministros de agosto, Vázquez y sus ministros escucharon un informe de Marina Arismendi, titular del Mides, que mencionó los programas que el gobierno despliega para atender a la población que vive en la vía pública, en los cuales participan 15 organismos públicos con el Mides como principal articulador.

Según el informe, entre el 15 de mayo y el 30 de junio pasaron 1.223 personas por los centros de contingencia del Mides, de las cuales 500 estaban por primera vez en la calle. En ese informe el Mides establece como uno de sus objetivos prevenir que quienes salgan de la cárcel tengan como destino la calle. Dos meses antes, durante una comparecencia en el Parlamento, autoridades del ministerio habían afirmado que muchos de los que viven en la calle lo hacen en especie de “campamentos”, la mayoría integrados por personas que recién salieron de las unidades penitenciarias. “Hay una nueva forma de estar en la calle. Estas personas son mayoritariamente hombres; son agrupamientos de seis, siete y hasta nueve personas, es el máximo que hemos detectado”, dijo la subsecretaria Ana Olivera.