Brecha, 19-10-2018

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Correspondencia de Prensa, 20-10-2018

“¿Habrá comenzado una franca disminución de la población total de Cuba?” Bajo ese titular, en junio pasado, el diario Juventud Rebelde –vocero del ala juvenil del Partido Comunista– publicó un extenso reportaje acerca de la demografía de la isla y sus perspectivas. La preocupante realidad abordada por el texto podía resumirse en una conclusión: “En 2017 tuvimos menos nacimientos y más muertes que en el año anterior. Y también aumentó la emigración hacia otras naciones (…) la magnitud del decrecimiento ha llevado a los especialistas a la presunción de que probablemente marque el inicio de la tendencia a la disminución de la población”.

Era una circunstancia esperada desde el inicio de los noventa, cuando la economía nacional entró en una profunda crisis que todavía lucha por superar. Dos de sus efectos más visibles fueron la disminución en el número de nacimientos y el auge de la emigración (protagonizada en buena medida por jóvenes con calificación profesional).

Paradójicamente, ambos fenómenos se han conjugado con la alta esperanza de vida que garantiza el sistema de salud local (78,45 años, al cierre de 2017) para poner al país a las puertas de un futuro en el que los ancianos serán mucho más numerosos que los niños y jóvenes.

Cuba envejecida

“1977 fue el último año en que la mujer cubana, como promedio, procreó dos hijos, la cantidad considerada mínima para garantizar el aumento de la población”, recordaba en 2013 un dosier de la revista Espacio Laical. La prestigiosa publicación, que por entonces editaba el Arzobispado de La Habana, concluía que ni el “poseer uno de los índices de mortalidad infantil más bajos del mundo (…) ni un sistema gratuito y eficiente de salud pública” bastaban para alterar la realidad mostrada por los censos de 2002 y 2012. Ambas encuestas pusieron sobre la mesa un hecho inquietante: la población de Cuba se había “estancado” en torno a los 11 millones de personas (en esencia, la misma de mediados de los noventa), y además la edad promedio había pasado de 35,1 a 38,8 años.

Investigaciones del Ministerio de Salud Pública (Minsap) anticipan que en 2030 el 30,3 por ciento de la población cubana tendrá una edad superior a los 60 años (alrededor de 3,3 millones de personas). En números redondos se tratará de 1,1 millón de ancianos más que los registrados en diciembre de 2017, constituyendo la proporción más alta entre todas las naciones de América Latina y el Caribe. (A modo de comparación, una investigación conjunta de las Naciones Unidas y la Universidad de la República confirmó a Uruguay –19 por ciento de sus habitantes con 60 o más años de edad– como el ocupante del segundo puesto en ese escalafón.)

“Dicha dinámica demográfica coloca al país (…) ante retos numerosos”, consideraba en abril de este año Alberto Fernández Seco, jefe del Departamento del Adulto Mayor del Minsap. El funcionario resaltó con particular énfasis el reto que representarán las demencias asociadas al envejecimiento, cuyos pacientes se duplicarán en los próximos 12 años, hasta alcanzar el 3 por ciento de la población total.

Ya en 2016, al ser consultadas para una indagación de la Escuela Nacional de Salud Pública y la Oficina Nacional de Estadísticas (Onei), alrededor de 119 mil personas (2 por ciento de la población económicamente activa) manifestaron no “haber buscado trabajo en las últimas semanas por encontrarse al cuidado de personas mayores”. Lo más preocupante es que de acuerdo con proyecciones de la Onu (World Population Prospects, 2015), de mantenerse las tendencias actuales, hacia 2050 Cuba podría haber perdido alrededor de un millón de habitantes, el 39,7 por ciento de sus ciudadanos serían ancianos y la edad media ascendería a los 51,8 años (la novena más elevada del mundo).

“Nuestro escenario demográfico tiene dos componentes de países desarrollados: la baja fecundidad y la baja mortalidad. Pero las naciones con esas características reciben migración, y Cuba pierde población económicamente activa y joven que necesita”, alertaba en 2016 el director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, Enrique Aja Díaz, en el periódico Juventud Rebelde. En su opinión, las posibles soluciones deberían basarse en la premisa de que “aunque es esencial atender la calidad de vida de la población envejecida, hay que velar por la de los jóvenes, y por su participación y compromiso”.

Cigüeñas postergadas

Durante meses, Alex (nombre supuesto) dedicó todo el tiempo y dinero del que podía disponer a un único fin: alcanzar una beca en alguna universidad extranjera y marcharse de Cuba. Contaba con un buen empleo, había heredado la casa en la que vivía luego del fallecimiento de su madre, y mantenía una relación estable desde sus tiempos estudiantiles.

“No faltó quien nos preguntara por qué no teníamos hijos, si estábamos más ‘cómodos’ que la mayoría de los jóvenes de nuestra generación”, comenta (estadísticas oficiales cifran el déficit habitacional en más de 700 mil viviendas, y de las 4 millones existentes, más de la mitad se encuentran en regular o mal estado; en todo el país es habitual que en una misma casa convivan varias generaciones o incluso distintas familias). “Era difícil explicarlo. Aunque nunca nos enfrentamos a la odisea de los alquileres, siempre sentimos el problema del salario pesando sobre nosotros. Incluso con dos y hasta tres trabajos resulta difícil llegar a fin de mes, y ‘lujos’ como comer en un buen restaurante o un fin de semana en un hotel son poco menos que una utopía”.

Patricia, quien sí vive en una casa alquilada, tiene claro que sólo podrá pensar en tener descendencia el día en que se vaya de la isla. Ingeniera industrial y residente en la occidental ciudad de Matanzas, se considera una afortunada por el trabajo que desempeña (en una empresa que paga bonificaciones salariales en divisas), pero sabe que para contar con un hogar propio no le bastarían los ingresos de toda una década. Tampoco su casero aceptaría continuar alquilándole si ella esperara un hijo, debido al temor de perder el inmueble (aunque la ley no lo establece de forma expresa, en la práctica están prohibidos los desalojos de menores de edad, embarazadas o personas con discapacidad).

Para viajar a México, Alex debió echar mano a todos sus ahorros. La partida de su esposa se producirá tan pronto concreten la venta del apartamento en el que transcurriera su infancia. “En cierta forma estamos ‘quemando las naves’, pero no tenemos otra alternativa. Con los recursos que me brinda la beca tenemos la posibilidad de vivir mucho mejor que en Cuba, e incluso pensar en tener nuestros hijos”, dice.

Con su novio viajando regularmente a naciones del Caribe como “mula” (dedicado al trasiego de artículos que luego abastecen el mercado informal), Patricia tiene un incentivo particular para llevar adelante los trámites con los que espera adquirir la ciudadanía jamaicana, heredada de sus abuelos maternos. En esas circunstancias, él (cubano de nacimiento pero súbdito español gracias a la llamada “ley de los nietos”) y ella tendrían la posibilidad de probar suerte en un largo listado de países. Permanecer en su tierra natal y esperar por los frutos de la “actualización económica” (la política de reformas emprendida en 2011) no está entre sus planes.

Pese a la derogación formal de los privilegios que beneficiaban a los migrantes cubanos al ingresar a Estados Unidos, la emigración sigue siendo la opción escogida por un número creciente de cubanos. Sólo en 2017, 35.908 de ellos establecieron su residencia permanente en el exterior, marcando un incremento de 4.986 individuos respecto del calendario precedente. En contraposición, 13.671 decidieron repatriarse (3.957 menos que en 2016); la mayoría eran ancianos o personas de mediana edad. Como una tendencia lenta pero sostenida, cada día en los parques son más comunes los bastones y menos los coches con recién nacidos.

Mientras, el gobierno de La Habana sigue sin una estrategia efectiva para favorecer la natalidad. Así se evidenció a mediados de la semana anterior, cuando el Consejo de Ministros sometió a discusión el tema. De acuerdo con la versión oficial del encuentro, la única propuesta aprobada fue “priorizar a las madres con tres o más hijos en el otorgamiento de subsidios para la construcción de viviendas”. A más largo plazo, el presidente, Miguel Díaz-Canel, orientó un estudio acerca de las necesidades del programa nacional de reproducción asistida, que en los últimos años ha experimentado un notable crecimiento en la demanda de sus servicios. Poco o nada se habló de los altos precios de los alimentos y artículos para bebés, el insuficiente número de guarderías, o la falta de insumos médicos que sufren los hospitales infantiles.

La nota más pintoresca –y hasta cierto punto inquietante– en todo este asunto la han aportado en las últimas semanas algunas comunidades evangélicas, durante el proceso de debates sobre la nueva Constitución. Un artículo del proyecto, que abre la posibilidad de que en la isla pueda establecerse el matrimonio igualitario, ha despertado el malestar de esos grupos y otras personas de mentalidad conservadora. Entre sus más peregrinos argumentos resalta la “preocupación” porque “se apruebe algo ‘así’ cuando hay tantos problemas con la natalidad”. Prodigios de la negación.