Con Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España

¿Se puede hablar de violaciones de los derechos humanos en Venezuela sin introducir la amenaza de una intervención militar del país? El director de la sección española de Amnistía Internacional insiste que sí. Brecha conversó con él sobre el último informe de la Ong sobre el país caribeño que señala.

 Alejandro Ferrari

Brecha, 5-10-2018

https://brecha.com.uy/

“Violencia omnipresente”, con esas palabras describe Amnistía Internacional (AI) la situación en Venezuela en su último informe sobre la situación de los derechos humanos en el país “Esto no es vida. Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela”. En ese informe, la organización da cuenta de una alta incidencia de violencia armada y urbana, y señala las responsabilidades del Estado venezolano por no haber “podido garantizar el derecho a la vida en un contexto de violencia entre particulares”, pero también por implementar “medidas represivas, con racionalidad bélica, para atender la situación de delincuencia” que han redundado en ejecuciones extrajudiciales. Las políticas represivas, señala AI, han terminado “por criminalizar socialmente la pobreza” en el país caribeño.

El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán Verdes, conversó con Brecha sobre esta publicación durante su visita a Montevideo para presentar su última obra literaria, La jodida intensidad de vivir, otra faceta de este ex investigador de la situación de los derechos humanos en varios países de América Latina.

—La situación de los derechos humanos en Venezuela es un tema que se ha vuelto muy controvertido. ¿Por qué Amnistía elaboró este informe?

—La fuerza moral que tiene Amnistía se debe a que trata sobre todos los países. Espero que la gente de aquí se acuerde de lo que hicimos durante la dictadura, y que mientras lo hacíamos por Uruguay, también lo hacíamos con la Urss. Este caso es igual. Amnistía observa las cosas que suceden en Venezuela, pero también lo hace en México. Y observa desprovista de partidismo ideológico que otras personas toman en cuenta. Lo que vemos en Venezuela es que hay una crisis de derechos humanos de envergadura descomunal.

—¿Cuáles son las principales características de esta crisis?

—Una línea es la represión política que indica, por ejemplo, que haya presos de conciencia. Existe un lugar llamado el Helicoide, una sede de la policía venezolana que no debería tener legalmente cárceles, donde hay gente detenida sin juicio y sin siquiera comparecer ante un juez (Nota: Fue el caso del refugiado Jihad Diyab al ser detenido en Venezuela en 2016. Véase la cobertura de Brecha sobre el caso: “Tomalo vos”, 5-VIII-16; “Un refugiado en el limbo”, 19-VIII-16; “Sujeto omitido”, 26-VIII-16). Está, también, el deterioro de las condiciones de vida de la gente, en cuanto a alimentación, enfermedades, tratamiento médico que a veces nunca llega, etcétera. Y luego está lo que tiene que ver con la violencia armada que hace de Venezuela un lugar invivible.

—¿Cuáles son los datos más llamativos de la violencia?

—El mundo tiene una media de siete homicidios por cada 100 mil habitantes, la región tiene una media de 14 y Venezuela –según nuestros datos– tiene 89 homicidios, aunque el gobierno dice que son 62. Da igual, aunque fueran 62, es un nivel de violencia armada fenomenal. Pensemos que con 10 homicidios por cada 100 mil habitantes ya se considera que la violencia armada es crónica. Acá estamos hablando de 62 o de 89. Esto significa que mueren 22 mil personas al año en un país que no está en guerra. El 60 por ciento de los que mueren por homicidio son hombres jóvenes pobres de hasta 29 años.

El gobierno considera que estos hombres jóvenes pobres que viven en barriadas armadas son delincuentes y hay que matarlos, y lo hace con una táctica militar. De los 19 ministros del Interior de los últimos 20 años, 11 de ellos han sido militares. Los militares están involucrados en tareas de seguridad ciudadana, tienen la orientación del enemigo a combatir, no como la policía, que tiene la orientación del daño mínimo posible. Todo esto ocasiona miles de ejecuciones extrajudiciales, 8.200 en dos años, algo que afecta a familias pobres, no estamos hablando siquiera de cuestiones políticas. Tenemos que pensar –desprovistos de cuestiones ideológicas– lo que esto significa para la gente pobre.

—La situación venezolana, con esta dramaticidad violenta que describe, es motivo de denuncia de múltiples actores políticos. ¿No se cargan mucho las tintas contra Venezuela?

—Es verdad que hay otros gobiernos y actores políticos que sólo ven Venezuela, pero lo que es importante en este caso es que Amnistía toma en cuenta a Venezuela, pero también a México. México vive una crisis parecida de derechos humanos. Desde el año 2007 ha habido 30 mil desaparecidos en una democracia. Pero es verdad que mucha gente que señala a Venezuela como un lugar de violación de derechos humanos debería hacer lo mismo con México. Y, en ambos países la impunidad es la raíz.

En Venezuela, el 90 por ciento de los homicidios quedan sin resolver y el 92 por ciento de los casos de violaciones de los derechos humanos quedan impunes. El Estado mata el 22 por ciento de las personas que mueren por homicidio en Venezuela. México tiene un nivel muy parecido de impunidad y de colusión entre grupos delincuenciales y el Estado.

Yo pido que miremos esto desde el punto de vista de los derechos humanos. Amnistía lo contempla así y la gente debería hacerlo también para intentar ver si se puede resolver. De lo contrario se crea una falsa connivencia ideológica que dificulta que veamos lo que está ocurriendo.

—¿Qué metodología usó AI para generar los datos de este informe?

—Vamos combinando informes oficiales y de la sociedad civil con nuestras propias informaciones. Hemos estado sobre el terreno, entrevistado a familiares, estudiado expedientes judiciales. Muchas informaciones provienen incluso de datos oficiales. Por ejemplo, las 8.200 ejecuciones extrajudiciales desde 2015 hasta junio de 2017 son datos provenientes del Ministerio Público de Venezuela. Los 89 homicidios por 100 mil habitantes es un dato de una Ong local de derechos humanos llamada Cofavic, pero el dato de 62 homicidios por 100 mil habitantes es una información oficial. Antes de hacer público el informe, como hacemos siempre, nos hemos dirigido al gobierno para ofrecerle publicar también su versión, pero se ha negado.

—¿Qué información aporta el estudio de los expedientes judiciales?

—Del universo de casos de gestión extrajudicial, hemos elegido aquellos expedientes judiciales a los que hemos tenido acceso en su totalidad, que son cerca de 18 casos emblemáticos. Lo que muestra el estudio de los expedientes judiciales es que en todos los casos las autopsias reflejan que los disparos son todos de línea descendente, es decir, que el policía está en una situación de superioridad a la hora de disparar. El asesinado está acostado o arrodillado. Es una constante. En los casos que hemos visto, por otra parte, sólo dos de las víctimas tenían antecedentes penales.

—¿Cómo funcionan los contrapesos democráticos en esta situación? ¿Cuál es la acción del Poder Judicial?

—No hay separación de poderes en Venezuela. Uno de los elementos cruciales es el control del Poder Ejecutivo sobre otras instituciones del Estado. Incluso hay casos en los que los jueces deciden que se ponga en libertad a una persona y no se cumple su mandato. La sensación de impunidad es devastadora puesto que se ha llegado a un nivel en el que ya no se puede reclamar en instancias internacionales; porque Venezuela se ha salido del sistema interamericano de derechos humanos, lo cual significa que sólo puedes acudir a los jueces que están controlados por el Poder Ejecutivo y no puedes acudir a instancias internacionales, ya que tu Estado te niega esa posibilidad.

Es curioso que los viejos enemigos, Estados Unidos y Venezuela, tengan la misma estrategia de prescindir de estas instancias de control internacional.

—El informe indica que esto recae particularmente sobre la población pobre.

Venezuela II—Ese es el punto. En el debate sobre Venezuela está esa dicotomía y se habla de presos políticos, presos de conciencia. No. Aquí estamos hablando de una política que sobre todo afecta a hombres jóvenes pobres que el gobierno considera que son delincuentes y que por lo tanto hay que eliminar. Cuando mueren estos supuestos delincuentes, todas las declaraciones de las autoridades expresan que eran delincuentes. No existe la presunción de inocencia. Hay una clara política de gatillo fácil unida a la impunidad que afecta a sectores populares.

—¿Cuáles son las fundamentales recomendaciones que dirigen en el informe al gobierno venezolano?

—Que se cree un programa público de seguridad para controlar las armas. De hecho hubo un intento de controlar las armas desde 2011 que fracasó. Los gobiernos tuvieron algunos planes de seguridad que tenían una parte preventiva, como la reforma de la justicia penal, de la policía, pero fueron abandonados. Le pedimos al gobierno que regrese a esos planes preventivos, que en profundidad hacen mejorar realmente la seguridad.

—¿Qué papel debe desempeñar la comunidad internacional frente a esta situación?

—Por un lado hay una comunidad internacional cada vez más atenta y vigilante a lo que ocurre en Venezuela. Lo acabamos de ver en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde por primera vez ha habido una condena a lo que está ocurriendo en el país. Y la Unión Europea tiene un embargo de armas cortas a Venezuela que se va a renovar en noviembre.

Por otra parte, y esto incluye tanto al gobierno de Venezuela como a la comunidad internacional, deben reconocer que hay una crisis humanitaria en Venezuela, que tiene que ver con la falta de medicamentos, de alimentos, de seguridad, etcétera, que hace que la gente salga del país.

Venezuela precisa de la colaboración internacional. Hasta ahora la única colaboración que ha habido es de las autoridades cubanas. Debería de haber esa colaboración de entrada de medicamentos, de alimentos, de ayuda humanitaria que alivie la situación de la población.