Ortega declara marchas “ilegales” e impone un estado policial

“Responderán ante la justicia, las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales”, amenaza Policía, en alusión a marchas cívicas

 Arlen Cerda

Confidencial, 29-9-2018

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Después de reprimir, asesinar, perseguir y encarcelar a centenares de ciudadanos, el régimen orteguista pretende callar la protesta cívica alzada contra el Gobierno de Daniel Ortega, a través de una orden policial que amenaza con procesar a las personas y organismos que convoquen a las manifestaciones de protesta cívica, que ahora son declaradas “ilegales”.

“Serán responsables y responderán ante la justicia, las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se han promovido y se intenta promover, acciones delictivas, destructivas y criminales”, indica la Policía en una nota de prensa difundida a través de los medios oficialistas.

La prohibición se produce en la víspera de una nueva marcha de protesta cívica convocada en Managua este sábado a las dos de la tarde, bajo el lema: “Marcha de la rebeldía, no tenemos presidente”.

Expertos en Derecho Constitucional, defensores de derechos humanos y activistas opositores rechzan la amenaza policial, porque atenta contra la Constitución de la República y le atribuye a la Policía facultades que no le corresponden.

“Es un acto gubernamental de criminalización de la protesta ciudadana. Se quiere convertir en delito un derecho fundamental”, asegura la jurista experta en Derecho Constitucional y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Azahálea Solís.

La socióloga e investigadora en temas de seguridad ciudadana y también expolicía, Elvira Cuadra, asegura que en Nicaragua “se está instalando un estado de excepción con esa prohibición”.

El jurista y exdiputado opositor, José Pallais, opina que con su amenaza la Policía está “afectando derechos fundamentales de aplicación directa que para su ejercicio no requieren de ninguna autorización administrativa por considerarse restrictivas a un derecho constitucional básico, como el derecho a manifestarse”.

“Estamos viviendo una total radicalización, olvidando que el pueblo nicaragüense es persistente y ha sobrevivido a todo tipo de represión”, afirma Pallais.

En su nota de prensa, la Policía responsabiliza de los incidentes violentos de este mes a las diferentes convocatorias ciudadanas, promovidas principalmente para exigir la libertad de los presos políticos del régimen y por la justicia para los más de 300 muertos confirmados desde el pasado 19 de abril.

Dichas manifestaciones han sido reprimidas de forma brutal por bandas paramilitares, que cuentan con la protección de las autoridades, sin embargo, la Policía acusa sin pruebas a los manifestantes de los hechos de violencia, incluso de la muerte del menor de 16 años Matt Andrés Romero, ocurrida el pasado domingo 23 de septiembre.

“La Policía Nacional ha investigado, investiga, y acusará formalmente, a quienes se encuentren responsables de los daños materiales y afectaciones humanas en las actividades pasadas, porque constituyen gravísimos delitos contra la seguridad, la vida, y el orden público”, asegura la Policía.

Sin mencionar nombres o identidades, la Policía responsabiliza a los organismos y personas que “han convocado y convocan a estas actividades ilegales, y nada pacíficas”, de cualquier amenaza, daño, o riesgo, a “la vida, a la dignidad de la persona, o daño a bienes particulares o estatales”.

“Los convocantes —añade la nota— son responsables y responderán ante la justicia, de las amenazas, acciones delictivas y agresiones que se presenten en el desarrollo de estas actividades”.

Además, agrega que “serán responsables y responderán ante la justicia, las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se han promovido y se intenta promover, acciones delictivas, destructivas y criminales”, sostiene la Policía.

La institución a cargo del consuegro de Ortega y Murillo, el primer comisionado Francisco Díaz, calla una vez más sobre los muertos que han provocado los grupos paramilitares, protegidos por la Policía.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA reaccionó a la amenaza policial con un mensaje en su cuenta oficial de twitter que dice: “CIDH recibe con preocupación nota de prensa de Policía Nacional de Nicaragua que califica de ilegal las manifestaciones y criminaliza su convocatoria. Esto es contrario a los estándares interamericanos e inhibe el ejercicio de derechos inherentes a una sociedad democrática”.

Viola la Constitución

El abogado y experto en Derecho Constitucional, Gabriel Álvarez, coincide en que la Policía Nacional atenta contra la Constitución Política y se arroga funciones que no le corresponden.

Los derechos constitucionales contra los cuales atenta directamente la nueva orden policial son los derechos a la movilización y la reunión pacífica, contemplados en los artículos 53 y 54 de la Constitución Política.

“Ninguna autoridad tiene más atribuciones que las expresamente señaladas por la ley y nada en el marco jurídico le da atribuciones a la Policía para anular derechos legítimos de la ciudadanía”, agrega Solís.

La amenaza policial también es violatoria de los derechos constitucionales de “concentración, manifestación y movilización pública”, y del “derecho de reunión pacifica, que no requiere permiso previo”.

La jurista también reitera que “ya era violatoria la actuación contra el derecho de movilización y expresión, y ahora se incrementa con una disposición que violenta el principio de constitucionalidad y de legalidad”.

Cuadra, además, añade que “declarar el estado de excepción significaría negar su discurso de que todo está normal y quedar en peor posición frente a la comunidad internacional”.

La Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil, aseguró en un comunicado que “la anunciada criminalización de las marchas muestra cuán desesperada y frustrada se encuentra la dictadura de los Ortega-Murillo”.