Venezolanos a los cuatro vientos

Se trata, según la Onu, de uno de los movimientos poblacionales más grandes de la historia latinoamericana. Varios miles de venezolanos llegan cada día a países de la región en busca de un futuro mejor. Algunos viajan en avión o en ómnibus, muchos a pie. Ya son 2,3 millones que viven fuera de su país. Desde Pacaraima, en Brasil, hasta Montevideo o Bogotá –y también en la propia Venezuela–, esta migración masiva deja sus marcas.

Pablo Pozzolo

Brecha, 21-9-2018

https://brecha.com.uy/

El gobierno de Nicolás Maduro niega que se trate de una crisis migratoria, pero en pocos años se han ido de Venezuela más de un millón de personas. Alrededor de 5,6 millones de colombianos viven en Venezuela y nadie dice que Colombia haya vivido una crisis migratoria, responden las autoridades bolivarianas, y la cifra es verdadera, pero olvidan que se llegó a ella en décadas. Sólo desde 2015, según las Naciones Unidas, 1,6 millones de venezolanos se han desplazado hacia todos los puntos cardinales buscando mejores condiciones de vida. A algunos los vemos por acá. La mayoría llega a Colombia, a Brasil, a Ecuador, a Perú, a Chile, a Argentina, con sus pocos bienes a cuestas, tras caminatas a pie de miles y miles de quilómetros.

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La crisis migratoria –que es cierta y debería romper tanto los ojos como las oleadas de migrantes que pueblan las páginas de los medios– es aprovechada por el gobierno de Estados Unidos y sus acólitos, con el secretario general de la Oea, Luis Almagro, a la cabeza, para incluir a la intervención militar en el “menú de opciones” que barajan para “atacar el gravísimo problema venezolano”, según ha venido elegantemente repitiendo en las últimas semanas la embajadora washingtoniana ante las Naciones Unidas, Nikki Haley.

El escenario en ese sentido está plantado. El sociólogo argentino radicado en Caracas Marco Teruggi recordó semanas atrás (Página 12, 1-IX-18) algunos de los hechos que lo han ido configurando. El “drama de los refugiados y la crisis humanitaria provocada en toda la región por el gobierno de Maduro” fueron, por ejemplo, la excusa esgrimida por el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, para anunciar, a fines de agosto, el envío del buque-hospital Usns a aguas colombianas cercanas a Venezuela. Nikki Haley visitó por la misma época la frontera colombo-venezolana, y desde allí dijo que “el mundo debe darse cuenta de que hay un dictador en Venezuela” y que nada de lo humanamente factible de ser empleado para sacarlo de en medio debe ser descartado. Por los mismos días, Sarah Sanders, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que “la crisis de los refugiados” justificaba que Estados Unidos considerara la opción militar como una de las posibles ante lo que calificó como una “amenaza para la seguridad de toda la región”. Casi idénticas fueron las expresiones del senador Marco Rubio, uno de los exponentes más conocidos de la extrema derecha republicana, que tras reunirse con John Bolton, integrante del Consejo de Seguridad Nacional, dijo el 29 de agosto: “Venezuela y el régimen de Maduro se han convertido en una amenaza a la región e incluso a Estados Unidos”. Y agregó: “Donald Trump no avisará si decide actuar contra Maduro” (panampost.com, 30-VIII-18). Rubio ha sido, vale recordarlo, uno de los “líderes” con los que se ha venido reuniendo Luis Almagro para analizar la crisis venezolana.

Más o menos coincidentes con todas estas declaraciones fueron las revelaciones del New York Times sobre contactos del gobierno de Trump con militares y civiles venezolanos para preparar un golpe en Venezuela pretextando, entre otros factores, la “crisis humanitaria” representada por el “drama de los migrantes y los refugiados” (ver artículo de Humberto Márquez: https://correspondenciadeprensa.com/2018/09/17/venezuela-espadas-sobre-la-cabeza-de-maduro/)

Y a los pronunciamientos y llamamientos de la administración Trump y su galaxia hay que sumar la actitud del nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, heredero político del actual senador y ex presidente de derecha dura Álvaro Uribe, que ha multiplicado los contactos con personajes del gobierno estadounidense, incluido el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Kurt Tidd, con quien se reunió en Washington antes de asumir el cargo.

Duque, a su vez, se puso la semana pasada aún más a la derecha que el Grupo de Lima. El domingo 16, este conglomerado, formado por 14 países de la región para aislar a Maduro y buscar su caída, rechazó expresamente las declaraciones intervencionistas de Luis Almagro. Colombia fue el único de sus integrantes que no adhirió a ese pronunciamiento.

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Pero que la hay la hay. La crisis migratoria venezolana es real y tangible (véase la nota de Humberto Márquez a continuación). Según la Onu, habría 2,3 millones de venezolanos viviendo actualmente fuera del país. La Universidad Central de Venezuela (Ucv) aumenta en millón y medio esa cifra (Afp, 26-VIII-18). En mayo la Organización Internacional para las Migraciones (Oim) afirmaba que el número de inmigrantes venezolanos en el resto de América Latina se había incrementado hasta entonces en un 900 por ciento en comparación con 2015, pasando de 89 mil a 900 mil personas (Efe, 4-V-18).

Hay quienes equiparan la magnitud del desplazamiento con la crisis de refugiados en Siria. Es el caso del Migration Policy Institute de Washington, o de Alfonzo Ianucci, director del proyecto Diáspora. “Lo que estamos viviendo ahora es sólo la punta del iceberg y todo va a empeorar”, dijo este último (Afp, 26-VIII-18).

Aunque los números venezolanos hablan de “una de las crisis migratorias más importantes de los últimos años en el mundo”, señaló Joel Millman, portavoz de la Oim (Efe, 4-V-18), se está lejos todavía de la dimensión de la emigración siria. No sólo en números (desde el comienzo de la guerra, en 2011, se fueron del país oriental más de 5,6 millones de personas, de acuerdo a datos de la Onu), sino también en materia de gestión de la crisis.

La emigración venezolana, comentó Millman en mayo, “está siendo bastante bien gestionada” por los países de la región, hacia donde se dirige el 90 por ciento de los migrantes, según cifras coincidentes de la Oim y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

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Las cosas, sin embargo, se han ido complicando en los últimos meses, en función de que el flujo de migrantes ha ido creciendo. En agosto Ecuador declaró la “emergencia migratoria” por la llegada de unos 4.200 venezolanos por día en tránsito, en su mayoría, hacia otras naciones del área. Perú, uno de los mayores receptores de venezolanos, resolvió el mes pasado imponer restricciones a los migrantes provenientes de la república bolivariana: hacia fines de mes comenzó a exigirles pasaporte, un documento muy difícil de conseguir en Venezuela, y modificó las condiciones para extender los permisos temporales de residencia. Ecuador se embarcó en el mismo camino. En ambos países se han registrado diversos incidentes xenófobos con migrantes venezolanos en las zonas de frontera. Los más graves sucedieron de todas maneras en el estado brasileño de Roraima (véase nota de Esther Solano, págs 12 y 13).

A fines de agosto las Naciones Unidas matizaron su optimismo de tres meses atrás respecto a la gestión de la crisis en el área, y denunciaron las restricciones decididas por Ecuador y Perú, así como la decisión del gobierno de Brasil de militarizar la acogida de refugiados en Roraima. “Los sectores más vulnerables de la emigración, como los adolescentes, los niños no acompañados, las mujeres que llegan a los países de destino con sus hijos y sin sus parejas, o quienes buscan a sus familiares, no tienen capacidad para satisfacer las exigencias en materia de documentación y están expuestos a un riesgo mayor de explotación (véase nota de Giovanny Jaramillo Rojas, pág 14), de trata y de violencia”, declaró por entonces un alto funcionario de la Onu (Infobae, 23-VIII-18). El lunes 3, en Quito, cancilleres de 11 países de la región decidieron aceptar como válidos los documentos de migrantes venezolanos que hubieran expirado, como forma de destrabar su ingreso a países de acogida, y pidieron al gobierno de Maduro que acelerara la entrega de pasaportes y otros papeles. El miércoles 19, Acnur y Oim nombraron al ex vicepresidente y ex canciller de Guatemala Eduardo Stein como representante especial para migrantes y refugiados venezolanos. “Trabajará para promover el diálogo y el consenso necesarios para la respuesta humanitaria, incluyendo el acceso al territorio, protección de los refugiados, estatuto regular y la identificación de soluciones”, dijeron ambas agencias del sistema de la Onu al definir las funciones del nuevo funcionario. En caso de una intervención militar, afirmaron representantes de Acnur este mes, el “drama humanitario” o la “crisis migratoria” denunciados no sólo no se resolverían, sino que se agravarían.

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Repercusiones de la emigración en Venezuela

Vacío

La emigración masiva despoja al país petrolero de segmentos dinámicos, emprendedores y productivos de su fuerza de trabajo, miles y miles de profesionales formados o jóvenes que perciben como negados sus horizontes laborales y buscan destinos mejor remunerados, tras una crisis económica marcada por la mayor hiperinflación vivida en el hemisferio.

Humberto Márquez, desde Caracas

Brecha, 21-9-2018

Naciones Unidas mostró el tamaño de la emigración venezolana cuando el portavoz de su secretaría general, Stéphane Dujarric, declaró el pasado 20 de agosto que, según reportes de distintas agencias de la organización, unos 2,3 millones de personas abandonaron el país: 7,2 por ciento de sus 31,8 millones de habitantes.

Las cifras hasta entonces aportadas por las respectivas autoridades migratorias daban cuenta de que en Colombia se habían instalado 870 mil venezolanos, 441 mil en Perú, 325 mil en Chile, 80 mil en Panamá, 70 mil en Argentina, 57 mil en Brasil y 16 mil en Uruguay, mientras que a Ecuador sólo en 2018 ingresaron 340 mil, de los cuales 116 mil permanecen en el país y el resto cruzó hacia otros destinos.

A República Dominicana fueron 26 mil venezolanos, unos 10 mil a otras islas del Caribe, según estimados de varios portavoces oficiales, y en México unos 9 mil han buscado la llamada tarjeta de visitante por razones humanitarias. Fuera de la región los mayores receptores son Estados Unidos con 290 mil y España con 208 mil.

La prensa de esos países ha enfocado sus lentes sobre la imagen e historias de los venezolanos agolpados en los puentes que cruzan el río Táchira hacia Colombia, pugnando por traspasar los controles fronterizos de Ecuador y Perú, avanzando a pie por carreteras colombianas rumbo al sur, ilegales presos en Trinidad, balseros hacia las Antillas holandesas o mendigando cobijo y empleo en el extremo norte de Brasil.

Mientras los países vecinos multiplican medidas de control o amparo, en Venezuela la migración a menudo hace crujir la unidad de las familias, despoja a empresas y servicios públicos de personal capacitado y muy probablemente forzará reacomodos en la política.

El presidente Nicolás Maduro ironizó ante la prensa el martes 18: “La última crisis que le han creado a Venezuela: ‘fuentes no identificadas de Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) dicen que se han ido 50 millones de venezolanos’. Y todos los medios repiten lo mismo, es una inquisición mediática generalizada”.

¿Quiénes se van?

En setiembre de 2017, la encuesta de condiciones de vida realizada por tres universidades venezolanas mostró que, desde 2012, en 616 mil hogares había migrado al menos un integrante de la familia. El 20 por ciento de los hogares más ricos había aportado 35 por ciento de los migrantes, y el quintil más pobre, 12 por ciento. Pero en el último año son cada vez más trabajadores y pobres quienes migran. “En la década pasada se iban quienes disponían de más recursos para viajar, en esta siguieron profesionales, después obreros especializados y ahora quienes se aventuran en busca de un trabajo y un ingreso para sus familias, muchos jóvenes”, observó a Brecha el experto Oscar Hernández, del Centro de Capacitación Migratoria en Caracas. Un alto directivo bancario comentó al semanario que “primero se nos fueron expertos en finanzas, después los técnicos en informática, ahora renuncian al empleo y se nos van obreros de limpieza y motoristas”.

La Federación Médica estima que desde 2004 se fueron del país 22 mil profesionales entre galenos, enfermeros y terapistas. “Es un muy grave drenaje de capacidades. Vamos a pagar muy caro que se vayan tantos talentos, tantos profesionales, maestros y estudiantes, gente en lo mejor de su edad productiva”, sostuvo Hernández.

“Al irse la clase media sufren más los pobres, porque quedan sin médicos, sin maestros, sin los profesionales que hacen funcionar los servicios”, comentó el sacerdote Alfredo Infante, fundador en el país del Servicio Jesuita a Refugiados y párroco de La Vega, un populoso barrio obrero del suroeste de Caracas donde “en zonas enteras sólo quedan ancianos y niños al cuidado de algunos parientes o vecinos, fragmentándose las familias”.

Economía y política

Manuel Fonseca, un inmigrante portugués dueño de una venta de repuestos usados en San Antonio, ciudad-dormitorio al sur de Caracas, cerró el pasado agosto su negocio y se marchó a Lisboa “a la espera de tiempos mejores”, explicó a Brecha. Se decidió después de que el 20 del mes pasado el presidente Maduro tomara medidas que apostaban por recuperar la economía: multiplicó por 35 el salario básico –que aun así es de menos de 30 dólares mensuales–, fijó los precios de artículos esenciales, devaluó 96 por ciento la moneda, le quitó cinco ceros, incrementó el Iva y otros impuestos y anunció que elevará el precio de la gasolina, la más barata del mundo, a valores internacionales.

Gremios empresariales y economistas críticos sostienen que las medidas, al carecer de financiamiento en divisas, implicarán emitir más dinero inorgánico (bolívares sin respaldo) y agravarán más los indicadores de la crisis.

Manuel Sutherland, investigador de la Asociación Latinoamericana de Economía Marxista, sostiene que “Venezuela sufre la crisis más grave de su historia. Por quinto año consecutivo presenta la inflación más alta del mundo, estimada en 82.766 por ciento para el período de julio de 2017 a julio de 2018. El país lleva nueve meses consecutivos de hiperinflación, con aguda escasez de bienes y servicios esenciales (alimentos y medicinas)” (ver artículo de Manuel Sutherland: https://correspondenciadeprensa.com/2018/08/29/venezuela-maduro-tiene-un-plan-socialismo-hiperinflacion-y-regresion-social/)}

Además Venezuela posee “un déficit fiscal que ronda el 20 por ciento del Pbi, el riesgo país más alto del mundo, las reservas internacionales se ubican en el nivel más bajo de los últimos 20 años (…) La caída en el Pbi para el período 2013 a 2018 podría rozar el 45 por ciento”, afirma Sutherland.

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Ese panorama impulsa la emigración. Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos, afirma que “60 por ciento de los venezolanos no tiene planes de emigrar, pero 40 por ciento sí lo ha pensado. Con la situación económica es previsible la migración de otros cientos de miles, en su mayoría menores de 40 años”, y otra encuestadora, Consultores 21, indicó que un sondeo a 2 mil potenciales migrantes mostró que 54 por ciento de quienes quieren migrar son personas de estratos socioeconómicos medios o altos, y 46 por ciento se considera de sectores populares o marginales. Un 75 por ciento declara voluntad de abandonar el país por razones económicas y el resto por la situación política.

El impacto político de la migración está por medirse. Dirigentes opositores se han autoexiliado, y varios miles de migrantes en España, Estados Unidos, México y otros países han solicitado estatuto de refugiados políticos.

Una prueba del impacto político de la migración y del deterioro de la calidad de vida de buena parte de la población podría verse en la elección de concejos municipales prevista para el venidero diciembre, en la que por cierto no se prevé la participación de la mayoría de partidos políticos opositores, porque su registro legal ha sido cancelado.

Vuelta a la patria

El gobierno rechaza que Venezuela padezca una crisis humanitaria y ha denunciado una campaña, de la que harían parte gobiernos de América y Europa, para inducir la emigración a fin de justificar agresiones contra el país y promover el derrocamiento de Maduro. Por ello lanzó a finales de agosto una contra-campaña de repatriación de venezolanos con vuelos y autobuses fletados desde naciones vecinas. La bautizó “Vuelta a la Patria” –tomando el nombre de un poema de Juan Antonio Pérez Bonalde (1846-92) que se estudia en las escuelas–, y con ella han retornado varios miles de migrantes decepcionados por la falta de oportunidades o expresiones xenófobas con las que se toparon en los países que buscaron para rehacer sus vidas.

Esas figuras e historias también pueblan el paisaje de la emigración de Venezuela, país que, por contraste, a lo largo del siglo XX acogió a cientos de miles de inmigrantes venidos principalmente del sur de Europa, Oriente Medio, los países andinos, el Cono Sur e islas del Caribe.

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Conteniendo una emergencia humanitaria en Roraima

Lejos de todo

Gran parte de los cientos de venezolanos que emigran cada día a Brasil por el paso fronterizo de Pacaraima en busca de un futuro mejor terminan anclados en estructuras provisorias montadas allí por el Ejército brasileño. La precariedad de los servicios públicos en este lejano oeste de Brasil ha transformado a los venezolanos en chivos expiatorios para la clase política local.

Esther Solano, desde Pacaraima

Brecha, 21-9-2018

Desde San Pablo no hay vuelos directos a Boa Vista, la capital del estado de Roraima, el más pobre de Brasil. El viaje dura siete horas en avión. Está tan lejos que parece otro Brasil. Está lejos de Brasilia y de San Pablo, los centros de poder, los polos de decisiones; casi se sale del mapa, prácticamente no existe. Roraima es un estado usurpado a la naturaleza, una entrada a la selva amazónica con una climatología extrema donde parece que el ser humano no es bienvenido. Pacaraima, en la frontera de Brasil con Venezuela, está a tres horas en coche de Boa Vista, en medio de tierras indígenas prácticamente despobladas. Esta geografía inhóspita es el punto de llegada de los venezolanos que emigran de su país.

“Estamos tan lejos que a nadie le importa lo que pase aquí, si no fuera por los venezolanos, los demás brasileños no sabrían ni que existimos. Pídele a un brasileño de San Pablo que señale Roraima en el mapa, apuesto a que muchos ni saben”, comenta Pablo, un estudiante brasileño de la Universidad Federal de Roraima, que se ha transformado en uno de los centros de acción política pro migratoria más importante de la región.

La mayoría de los inmigrantes venezolanos llega a Brasil porque vive en una gran precariedad económica, no consigue comprar alimentos ni medicinas y está en paro. “Yo era chavista y luché por la revolución. Realmente creía en ella. Pensaba que estábamos construyendo un futuro mejor. Pero llegó Maduro y todo cambió. No hay cómo apoyarlo. La corrupción lo ha invadido todo, el país es un total desastre. No hay nada, no se puede vivir más allí, no hay medicinas, el dinero no vale nada, es un caos. Yo me siento traicionado y sé que la culpa es de los estadounidenses, pero también de Maduro, sí. Así que cogí a mi familia y vine a Brasil. Por lo menos aquí tengo una oportunidad para mí y mis hijos”, dice Roberto. Tiene 35 años, carga en su maleta una lucha frustrada y va de la mano de sus dos hijos. Los dos llegaron a Roraima con síntomas de desnutrición.

En 2013 comenzó el flujo de venezolanos a Brasil por el paso de Pacaraima. Las cifras de entrada aumentaron drásticamente a partir de 2016, y durante los años 2017 y 2018 la Policía Federal en Pacaraima contabilizó la entrada de más de 92 mil venezolanos. De ellos aproximadamente 45 mil dejaron Brasil, el resto permanece aquí. La Onu estima que en todo Brasil hay hoy unos 50 mil inmigrantes venezolanos.

Militarización

Rápidamente las calles de Boa Vista comenzaron a llenarse de venezolanos en situación de indigencia. La población local empezó a crisparse, pero en 2016 Brasil acababa de pasar por un impeachment traumático, nadie tenía ojos para Roraima. Hasta que en 2018 el presidente Michel Temer decidió que, frente a la inminencia de las elecciones presidenciales, no podía ignorar más el flujo migratorio venezolano. La respuesta del gobierno federal fue la de siempre: la militarización. El ministro de la Casa Civil (algo así como un ministerio de relaciones institucionales) y mano derecha de Temer, Eliseu Padilha, nombró por decreto, el 21 de febrero de 2018, al general de brigada Eduardo Pazuello como coordinador operacional de la Operación Acogida. Asimismo, el 9 de marzo pasado el Ejecutivo destinó por decreto 190 millones de reales (46 millones de dólares) al Ministerio de Defensa para financiar la Operación Acogida, cuya estructura dependía de tres actores fundamentales: la Casa Civil en el comando político, el Ministerio de Defensa en el comando operativo y la oficina del Acnur al mando de la planificación de la acogida y distribución de inmigrantes.

Esta militarización de la acogida migratoria provocó inicialmente muchas críticas de la sociedad civil organizada. Obviamente, militarizar una operación humanitaria nunca es deseable, y todavía menos en el ambiente político pos impeachment, cuando las fuerzas armadas son utilizadas para contener todo tipo de problemas que demandarían no una solución militar –como la intervención en la ciudad de Rio de Janeiro en febrero pasado o el envío de tropas para contener manifestaciones populares– sino política.

Lo cierto es que pasado el tiempo las críticas amainaron, porque los 490 militares de la Operación Acogida –todos ellos voluntarios y procedentes de todas las regiones de Brasil– lograron un impresionante despliegue logístico en un área de enormes complicaciones geográficas. Si antes los inmigrantes entraban por una Pacaraima sin estructuras para recibirlos, ahora por lo menos encuentran un hospital de campaña y grandes carpas para protegerlos de las inclemencias del tiempo mientras esperan para presentar sus pedidos de refugio o inmigración. La estructura montada organiza un flujo de unos 700 migrantes diarios, ofrece alimentación básica y vacunas obligatorias para todos. Además, la presencia de uniformes militares parece dar un cierto aire de seguridad. A pesar de haber brotes de violencia racista, la situación normalmente no es de gran tensión.

BRAZIL-VENEZUELA-CRISIS-MIGRATION-INDIGENOUS

Ver el flujo de inmigrantes impresiona. Hay muchísimos niños y la mayoría de ellos llegan desnutridos. Unos de los médicos del hospital de campaña explica que debe tratarlos por diarrea, falta de nutrientes, malaria… “las enfermedades de la pobreza”, concluye.

En los refugios

Todos los inmigrantes salen de Pacaraima con un documento que les otorga estatus legal y certifica que sus trámites de residencia o pedido de asilo están en curso, y con el documento brasileño “catastro de persona física” (Cpf). La mayoría viaja hasta Boa Vista, donde intenta ampararse en la estructura creada para su contención. Actualmente 4.600 venezolanos viven en refugios. En Boa Vista hay nueve, uno en Pacaraima y planes de abrir otros 13 en poco tiempo. Los que tienen menor capacidad reciben a unos 300 inmigrantes, y los más grandes a 600. Acnur y Ong como la brasileña Fraternidad Internacional sin Fronteras o la italiana Avsi organizan el funcionamiento diario de los refugios, pero todos tienen presencia militar. Los militares controlan la entrada y la salida (todos los venezolanos que están en un campamento reciben una tarjeta de identificación particular de éste), reparten agua, tres comidas por día y dictan reglas de conducta: como no consumir alcohol dentro del refugio, llegar antes de las 22 horas y mantener el espacio limpio.

Los refugios están bastante organizados y funcionan bien. Las organizaciones manejan la lista de espera dependiendo del perfil del lugar –según sea para familias, parejas sin hijos, solteros, personas Lgbt o indígenas–, y dan prioridad a las personas de mayor vulnerabilidad. El refugio indígena de Pintolândia llama la atención por su situación relativamente dramática. Allí, en un antiguo local polideportivo, hay 670 indígenas confinados, la mayoría de la etnia warao, y 281 de ellos son niños. Por respeto a sus costumbres, se les deja cocinar en el suelo, pero la suciedad es generalizada. La mayoría de estos indígenas inmigrantes no tiene diploma universitario, lo que dificulta mucho su integración laboral en Brasil. Además, si Brasil ni siquiera está preparado para entender y respetar a los indígenas que viven en su territorio, con los venezolanos no es diferente.

El después

En Roraima la situación de emergencia humanitaria está bastante contenida, y los venezolanos que llegan allí pueden quedarse en los refugios sin límite de tiempo. El problema es el después. “Estoy aquí hace meses, tengo mi diploma pero nadie quiere contratarme ni pagarme lo que merezco. Me quiero ir pero no tengo dinero para llegar a San Pablo”, comenta Juan, un maestro venezolano de 40 años que sobrevive haciendo trabajos esporádicos de lo que salga.

Roraima no tiene capacidad para absorber a los inmigrantes venezolanos en su precario mercado laboral. Con suerte, algunos logran emplearse en comercios ya establecidos. Los hombres trabajan de albañiles y las mujeres hacen limpiezas en las casas roraimenses. Entre ellos muchos ganan menos de un salario mínimo, e incluso hay algunos que acaban realizando tareas en las haciendas de la región, en condiciones próximas al trabajo esclavo. El capital y su capacidad depredadora.

Para intentar mejorar esta situación y descongestionar el estado de Roraima (Boa Vista tiene alrededor de 500 mil habitantes y de ellos actualmente unos 40 mil son venezolanos) el gobierno federal puso en marcha un plan de “interiorización”, que consiste en ubicar a los venezolanos –los mejor preparados, con diploma o formación específica– en el resto del país. Hasta ahora 820 inmigrantes fueron trasladados por la Fuerza Aérea brasileña, en cinco etapas, a estados como Manaos, San Pablo, Brasilia y Rio de Janeiro. Una vez ubicados en los refugios de estos estados, los venezolanos pasan a depender totalmente de la sociedad civil.

El reparto de inmigrantes venezolanos en el resto del país avanza lentamente, sobre todo por tres razones. Primero: fuera de Roraima, los estados o municipios no tienen ningún compromiso formal con la acogida de inmigrantes. La Casa Civil tampoco asume su responsabilidad en la organización política de este proceso. Todo recae sobre las Ong de los diversos estados.

Segundo: algunos venezolanos no quieren alejarse tanto de la frontera con Venezuela porque han dejado a su familia allí, o simplemente entran en Brasil periódicamente para obtener atención médica, comprar comida y medicinas, y luego vuelven a Venezuela. El denominado efecto péndulo migratorio. No obstante, varias fuentes del Acnur, así como algunos venezolanos en Roraima, indicaron que el número de quienes solicitan “interiorización” está aumentando.

Tercero: la actual crisis económica que enfrenta Brasil dificulta mucho la inserción de estos inmigrantes en el mercado de trabajo, incluso en estados ricos, como San Pablo

Chivos expiatorios

Como si todo esto fuera poco, es año electoral en Brasil. El país escoge no sólo su nuevo presidente, sino también gobernadores, senadores, diputados estatales y federales. En Roraima, donde los actuales políticos no tienen nada para ofrecer a los ciudadanos en términos de políticas públicas, los venezolanos se han convertido en el chivo expiatorio del momento al quedar presos en medio de una guerra abierta entre los dos clanes políticos que gobiernan, uno la Alcaldía de Boa Vista, y el otro el estado de Roraima. En este último manda el Partido Progresista (PP), cuyo cacique regional es el ex gobernador Neldo Campos, que actualmente cumple prisión domiciliaria. Él y su esposa, Suely Campos, la actual gobernadora, eran muy populares porque daban muchos beneficios a los funcionarios estatales (Roraima tiene una gran concentración de funcionarios públicos). Sin embargo el año pasado comenzó a haber atrasos en las nóminas, lo que hirió de muerte la popularidad de Suely Campos, tanto que hoy está séptima en las encuestas de intención de voto para el puesto que actualmente ocupa, con un mísero 1 por ciento.

Funcionarios públicos de la educación y la salud están en guerra abierta contra ella, que en su deses­peración por asegurarse la reelección ha convertido a la migración en el as en la manga del círculo de poder del PP, y no ha dudado en difundir acusaciones falsas contra la comunidad inmigrante. Su discurso es claramente racista: “el venezolano es nuestro enemigo”. Un ejemplo de ello es la acción civil número 3121 que el gobierno de Roraima presentó ante el Tribunal Supremo Federal (Tsf) de Brasil pidiendo el cierre temporal de fronteras o limitación de la entrada de venezolanos. Otro es la decisión del juez federal Helder Girão Barreto de cerrar la frontera, aunque prontamente el Tsf hizo dar marcha atrás en esa medida.

Por su parte la Alcaldía de Boa Vista pertenece al clan político del ex ministro del gobierno de Temer Romero Jucá, del Movimiento Democrático Brasileño (Mdb), formación del actual gobierno federal. La alcaldesa, Teresa Surita, ex esposa de Jucá, también es muy popular. Acumula dos mandatos como diputada federal y esta es su cuarta vez en la alcaldía. Fue elegida con 80 por ciento de los votos en la primera vuelta, porque consigue muchos recursos federales para Boa Vista. Romero Jucá se encarga de ello, gracias a su proximidad con Temer. Surita tiene un tono mucho menos duro y autoritario que Suely Campos, pero también se ha subido al carro del chivo expiatorio.

Su ex esposo, que es candidato al Senado por Roraima, divulgó el 15 de agosto pasado un video de su campaña diciendo que él siempre defendió el cierre de la frontera, o al menos cotas pequeñas de entrada de venezolanos. Ese mismo día la alcaldesa, más moderada, afirmó a la Bbc (15-VIII-18) que, de continuar el ritmo de llegada de los inmigrantes venezolanos, perdería el control de la ciudad.

Los políticos profesionales saben que la politización del pánico siempre es muy eficaz.

Precariedad

En la prensa local y regional, muy conservadoras, no paran de aparecer noticias que relacionan a la migración venezolana con el pobre estado de los servicios municipales y estatales. Sin embargo, los venezolanos representan aproximadamente sólo un 8 por ciento de la población de Boa Vista. Los problemas en los servicios públicos no han sido causados por el flujo de la inmigración, simplemente se han agravado a partir de su gran precariedad original.En Boa Vista los servicios públicos de salud se han visto desbordados. Pero ya en 2016 se calculaba que en Roraima había un déficit de 170 camas en los hospitales. En promedio, 20 por ciento de los venezolanos que llegan a la ciudad precisan internación, frente a una media de 7 por ciento de los brasileños en general.

En el Hospital General de Roraima, en Boa Vista, algunos médicos y enfermeras describen un sistema de salud históricamente deficitario, que con la llegada de los venezolanos ha colapsado. Si la situación ya era precaria en 2015, antes de que comenzaran a llegar los venezolanos, a partir de 2016 empeoró bastante, explican. Hoy siguen faltando insumos básicos, como jeringas, gasas y paracetamol, y sobre todo vacunas. Una de las cuestiones que más les preocupa a estos profesionales de la salud es que está aumentando mucho el número de mujeres embarazadas y de mujeres que vienen solas con niños, en comparación con la situación anterior a que las fuerzas armadas organizaran la acogida, cuando fundamentalmente llegaban hombres solos.

Guerra de narcos

Los venezolanos también son acusados del aumento de la sensación de inseguridad en las calles de Roraima. La gobernadora los vincula directamente con la violencia creciente. Pero Suely Campos se olvida de un pequeño detalle: la guerra que libran las dos bandas criminales rivales Primeiro Comando da Capital y Comando Vermelho, dentro y fuera de las cárceles, y que la Secretaría de Seguridad Pública, dependiente del gobierno del Estado de Roraima, no es capaz de contener. En los tres primeros meses de 2018 fueron registrados 35 asesinatos en Boa Vista, un aumento de 218 por ciento con relación al mismo período de 2017. Ambas organizaciones entraron en guerra en 2016, y el aumento del número de homicidios en Roraima refleja esta intensificación en las confrontaciones del crimen organizado en lucha por el control del tráfico de drogas. Nada que ver con los venezolanos

Si a nivel regional y local los venezolanos están en el ojo del huracán de una política oligárquica y violenta que alimenta la xenofobia y el discurso de odio, a nivel nacional la situación no es tan mala. Los candidatos a la presidencia no tratan a la inmigración venezolana como un asunto prioritario en sus discursos. Candidatos como el ultraderechista Jair Bolsonaro, que sí tienen una postura más antiinmigración, utilizan el fenómeno migratorio para hablar mal de Venezuela a partir de un discurso anticomunista, asociando el caos en el país vecino con la proximidad entre Lula y Chávez. Pero lo cierto es que el propio Bolsonaro ha optado por no politizar mucho la inmigración venezolana.

A finales de octubre conoceremos el nombre del próximo presidente de Brasil. Hasta ahora todo indica que habrá una segunda vuelta entre Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, y Bolsonaro, del Partido Social Liberal. Si el candidato antidemocrático gana, se institucionalizará el discurso del odio y los venezolanos serán una de sus víctimas

Ana vive en el refugio Rondón I, el más nuevo de Boa Vista, y con su hijo en brazos resume la desesperación que los innumerables textos no consiguen dejar tan claro: “Yo sé que la vida aquí no está fácil. En Roraima no hay trabajo, estamos muy lejos de otras capitales, los políticos de aquí no nos quieren y a veces sufrimos ataques, pero por lo menos el Ejército nos vacuna, estamos en refugios, comemos tres veces por día, puedo comprar una medicina cuando mi hijo está enfermo y los puedo matricular en una escuela donde tengan clases. Yo nunca pensé que mi vida fuera a acabar así, pero si la situación no mejora, no vuelvo a mi país, ni muerta”.

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Un venezolano en Bogotá

Una historia más de un hombre menos

Los inmigrantes venezolanos le han cambiado la cara a la capital de un país que históricamente les ha cerrado las puertas a los extranjeros. El transporte público y las calles son sus principales espacios de supervivencia. En su gran mayoría no tienen más remedio que dejarse explotar.

Grovanny Jaramillo Rojas, desde Bogotá

Brecha, 21-9-2018

Rodolfo Gutiérrez tiene 43 años, 19 hijos y una voz dulce que de sentona con su fibrosa corpulencia. Aunque sabe que la realidad lo contradice, él asegura no ser un mujeriego. “Cuestiones del azar”, dice, mientras soba sus manos y empieza a enumerar toda su descendencia, con orgullo y con el respectivo nombre de la madre. Cuando llega a Yesica, la decimosexta, se queda en silencio, mira hacia el suelo y traga saliva. Rodolfo afirma que ningún ser humano para de morir. Que en la vida, antes del llamado definitivo de Dios, la muerte más jodida, la más fatal y dolorosa de todas, ocurre cuando le niegan la posibilidad a alguien de vivir tranquilamente en su propia tierra y cerca de los suyos. “Yo vivo una muerte de estas”.

Cuando se refiere a su país, Rodolfo siempre habla en futuro: “Yo volveré a mi patria, a ser un buen policía, actuaré en favor de la ley y jamás me saldré de ella. Mi misión en la vida es esa. Venezuela volverá a ser un país próspero y libre. Ese día celebraré al lado de mi familia, con un buen pabellón criollo (el plato nacional venezolano) y varias Polarcitas (cervezas)”. Su voz se pierde en el fastidioso silbido de una pistola de gravedad que, a dos metros de la transitoria sala de su casa, es usada para pintar un auto. Para amenizar la charla, Rodolfo ofrece el café que vende su mujer a los clientes del taller de latonería y pintura en el que trabaja y vive. Es la hora del almuerzo y su jefe le tiene la comida empaquetada. El señor mira el reloj y Rodolfo asiente. Tiene que hablar rápido y comer rápido para volver a trabajar rápido.

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El caso de Rodolfo es uno más de los de tantos venezolanos que se encuentran en Colombia como resultado de un fenómeno migratorio que le ha cambiado la cara a una ciudad de 10 millones de habitantes, como Bogotá. Una ciudad que nunca recibió a inmigrantes de manera masiva, debido a las políticas de gobiernos hiperconservadores que, incluso durante la convulsa primera mitad del siglo XX, decidieron prácticamente cerrar todos los trámites de inmigración en sus consulados y embajadas en Europa. Y es que la inmigración venezolana actual ha puesto a pulso tanto la tolerancia como la solidaridad de los bogotanos. Pocos son los venezolanos que han podido insertarse formal y definitivamente en la vida económica del país, mientras los demás, en su gran mayoría, no tienen más remedio que dejarse explotar. El transporte público y las calles son los principales espacios de trabajo y supervivencia de los nuevos inmigrantes. Muchos ejercen la venta ambulante, reparan artefactos electrónicos, atienden negocios, asean viviendas, cuidan lugares, cocinan o se prostituyen. Algunos cantan y bailan, otros simplemente piden.

Al ser el país limítrofe más accesible desde Venezuela, Colombia es el destino al que llegan los emigrantes venezolanos más pobres. En 2018 se comenzó a visibilizar largas marchas de venezolanos a lo largo y ancho del territorio colombiano. Miles de personas han cruzado el país a pie, recorriendo los 1.430 quilómetros que separan la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, de Ipiales, en la frontera con Ecuador. Con el objetivo de alcanzar países como Perú, Chile y Argentina, han subido y bajado varias cordilleras y pasado por todo tipo de climas, corriendo innumerables riesgos, no sólo humanitarios, sino también de seguridad. Aun después del acuerdo de paz, Colombia sigue alojando una guerra multilateral. Una guerra taciturna pero igual de feroz y decisiva.

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Mil trescientos quilómetros separan a Rodolfo de su natal Maracay, una pequeña ciudad ubicada a 120 quilómetros de Caracas. Lleva un año en Bogotá, ciudad a la que llegó por invitación de su hermano, que no era policía, sino militar. Ambos salieron de Venezuela sin pedir la baja, es decir, ilegalmente, y no podrán regresar hasta que haya un cambio de gobierno, a menos de que quieran ir presos. Ambos son desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, “sólo desertores”, recalca Rodolfo, porque le parecen muy pesadas y liosas las palabras “traición a la patria”, que titulan los expedientes que el gobierno venezolano tiene abiertos en contra de él y su hermano.

Rodolfo entró a la policía en febrero de 1999, el mismo mes que Hugo Chávez tomó posesión como presidente. Salía Carlos Andrés Pérez y todo el país sabía que las transformaciones, además de inminentes, serían estrictas y fundamentales. “En ese entonces había mucha incertidumbre, pero también expectativa, sobre todo en las clases populares se podía percibir cierto optimismo”, recuerda. En los 18 años de carrera como policía, Rodolfo llegó al rango de oficial agregado. También pudo estudiar, sin poner un solo bolívar, una licenciatura en ciencia policial y una tecnicatura media en administración policial. En total, seis años y medio de instrucción académica.

En 2014 Rodolfo empezó a hartarse de la realidad de su país. Chávez no llevaba ni un año muerto y las cosas ya comenzaban a tornarse oscuras. La policía cada vez se corrompía más, le quitaron el transporte, no le pagaban a tiempo, lo hacían trabajar más horas y el dinero percibido no le alcanzaba para cubrir las numerosas necesidades de los suyos. Sin embargo, estaban los varios subsidios estatales que recibía por su descendencia, una ayuda inconmensurable que pronto fue decreciendo, hasta desaparecer.

Una noche Rodolfo soñó que lo abandonaba todo, que tomaba el primer avión de su vida y, después de extasiarse con la sensación de volar, repentinamente se encontraba en un lugar desconocido haciendo fila en una jefatura de policía para entregar su currículo.

“Desde esa época hasta hoy, llevar comida a la casa es prácticamente imposible, no sólo porque no hay plata suficiente, sino porque no se consigue lo necesario, lo básico, y si hay, toca meterse en unas filas interminables para que al final te digan: se acabó. Todo en Venezuela es corrupción, escasez, especulación, no hay estabilidad de nada.”

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Ese sueño sería la primera pulsación de una posibilidad que empezaría a gestarse lentamente en su cabeza: irse afuera, a buscar la vida, un futuro para su familia. Una posibilidad que, gracias al creciente miedo –miedo de no poder cumplir, de fracasar–, se consumaría tres años después, pero sin avión, sin éxtasis, sin nada. Nada más que una pequeña mochila llena de ropa, una bolsa plástica con billetes y una botella de agua.

Todo el asunto del viaje fue bastante engorroso. Primero la plata: endeudarse para poder salir. Después las despedidas. Silenciosas, para no despertar sospechas. Pensó en pedir la baja, pero sabía que no se la darían. Estaba al tanto de las implicaciones judiciales que tenía su decisión. Eso lo afectó mucho. Pero nada pudo detenerlo; era asumir el riesgo que toda migración “obligada” conlleva o quedarse viendo el desmoronamiento de un proyecto que él mismo, en teoría, debía defender.

Finalmente llegó el día. El primer tramo: de Maracay a San Antonio del Táchira. Diez horas de trayecto. “Fue un viaje triste pero calmo, como de reflexión”, recuerda. Rodolfo tenía su pasaporte y, una vez en la frontera, pasó tranquilamente por el puente internacional Simón Bolívar hasta llegar a la ciudad colombiana de Cúcuta. Le sellaron la salida de Venezuela pero no la entrada a Colombia, según él “por no tener pasaje de vuelta a Venezuela”. Entonces se volvió y, después de analizar la situación, decidió seguir a un grupo de caminantes que lo llevó por debajo del puente. Con ellos Rodolfo cruzó el río que allí sirve de frontera natural. “Así entré a Colombia, sin ningún tipo de control y literalmente con el agua hasta el cuello.”Una vez en territorio colombiano, lo primero que hizo Rodolfo fue buscar una casa de cambio para convertir a la moneda local los 500 mil bolívares que llevaba. Cuando supo el cambio que recibiría se puso a llorar: 70 mil pesos colombianos (25 dólares). Ni siquiera le alcanzaba para comprar el pasaje a Bogotá, que valía 90 mil. Le faltaban cinco dólares. Nada. Mucho.

Ya en la terminal de buses de Cúcuta, una persona lo ayudó a conseguir el pasaje al precio que Rodolfo podía pagar. “Salí una noche cualquiera, porque cuando uno está en una situación de esas no hay diferencias en el tiempo, todo es igual”, comenta. Diecisiete horas después estaría en la capital de Colombia, reencontrándose con su hermano en una pequeña casa en la que paraban 23 venezolanos más.

Rodolfo recuerda que la primera plata que ganó fuera de su país fue a las pocas horas de haber llegado a Bogotá, cargando y descargando bolsas de arena. Trabajó cuatro horas y sacó 10 mil pesos (3,5 dólares). Al décimo día de estancia en la ciudad consiguió un trabajo en un lavadero de autos. Ahí duró nueve meses. Trabajó todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, hasta que llegó una nueva administración que quería reducirle el sueldo a la mitad, por no tener los papeles en regla. Rodolfo renunció y acudió a una oferta laboral que le había hecho un cliente del lavadero. Así entró al taller de latonería y pintura. Rodolfo gana 180 mil pesos por semana (60 dólares), y de ese monto su patrón le descuenta el 70 por ciento, por razón del hospedaje y el almuerzo diario. Rodolfo entiende que el pago que recibe no es justo, pero no se queja, intenta ahorrar todo lo que puede y valora el trato horizontal que su jefe le brinda. Rodolfo se refiere a él como “el ángel”. Ni el estudio universitario, ni el técnico, ni la experiencia como policía le sirven para algo. Sólo sus manos le son útiles y verdaderamente productivas en esta ciudad.

Hace nueve meses Rodolfo fue por primera vez al edificio de Migración Colombia para obtener el dichoso sello de entrada al país y, de paso, arroparse con el permiso especial de permanencia que el gobierno de Colombia instauró como una medida urgente para auxiliar a los más de 900 mil migrantes venezolanos que, sin querer, alberga el país. Una cifra que, sin embargo, no tiene en cuenta a alrededor de 200 mil migrantes venezolanos que están en situación irregular o en tránsito. El permiso de permanencia les permite practicar cualquier actividad u ocupación legal en el país; pueden trabajar, estudiar y ser cubiertos por la seguridad social, pero por un máximo de dos años.

Desde su visita a Migración, Rodolfo no ha recibido ningún tipo de respuesta, y tampoco tiene el tiempo necesario para ir a averiguar qué pasó con su solicitud.

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—¿Cuánto tiempo más cree que durará la crisis?

—La gente cree que esto va a ser rápido, pero eso es porque no saben realmente lo que está pasando.

—¿Qué es lo que está pasando?

—Que el gobierno lo tiene todo controlado, excepto lo que se dice de él en el exterior. Ojo: y cuando digo todo es todo.

—¿Considera que su país está solo en esto?

—Mira, desde que me acuerdo mi país ha ayudado a muchos países, y es triste que ahora cuando Venezuela necesita la ayuda de otros países muchos le han dado la espalda.

—¿Qué expectativas tiene?

—Que me regularicen la situación aquí para trabajar mejor y poder traer a mi familia. Y ojalá mi dios no se vaya a llevar a mi mamá antes de que la pueda volver a ver. Mi lugar ahora es acá y no quiero mirar atrás.

—¿Regresará?

—Claro, algún día, no sé si mañana o dentro de 30 años, pero seguro cuando se caiga esa dictadura y no me pongan preso y pueda volver a trabajar como cualquier cristiano.

—¿Quiere añadir algo?

—Sí, aunque no es algo importante: al principio, cuando empezamos a hablar y me puse sentimental, olvidé decirte los nombres de mis últimos tres hijos…

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Migración venezolana en Uruguay

Partir, legalizar y mejorar

Desde 2017 los venezolanos son los extranjeros que más residencias han tramitado en Uruguay. La posibilidad de establecerse legalmente en sólo 15 días y acceder a la atención en salud y educación en forma gratuita hacen de Uruguay una opción interesante pese al largo y costoso viaje. La percepción general es que esta comunidad que llega con altos niveles de educación ha tenido gran aceptación en nuestro mercado laboral.

Inés Acosta

Brecha, 21-9-2018

Uruguay no estaba entre sus opciones para migrar, pero mientras más leía sobre el país, más afinidad sentía por él. Si bien algunos de sus familiares se radicaron en Chile, Ecuador y Francia, ella vio con interés a Argentina, lo que la llevó a acercarse a Uruguay y decidirse finalmente por este último. La venezolana Antonieta Reyes, de 41 años, vive en Montevideo desde hace dos y medio. Estudiaba un doctorado en marketing comunicacional en Estados Unidos, pero por motivos personales decidió no quedarse allí, y volver a Venezuela ya no era una posibilidad. Mientras organizaba su viaje creó el blog Venezolanos en Uruguay, con el objetivo de reunir y compartir la información necesaria para radicarse aquí. A casi tres años de su creación, el blog ya tiene más de un millón de visitas. En él recibe consultas y publica las experiencias que le trasmiten. “Cuando me escriben también están buscando un poco de ánimo, que les quiten el miedo”, explica Antonieta, que llegó a Uruguay con 2.500 dólares que le permitieron organizarse, establecerse y encontrar un trabajo. Si bien tiene una maestría en comunicación de marketing integrado, se desempeñó como docente de inglés, ya que en su área no ha encontrado trabajo. Desde hace cinco meses trabaja como asistente pedagógica del Plan Ceibal en inglés. “El trabajo es increíble, pero esperaba haberlo logrado más rápido. El país nos ha recibido bien y nos ha facilitado muchas cosas, pero es difícil al principio”, cuenta Antonieta. Su experiencia es denominador común entre gran parte de la población venezolana que llega con muy buena formación.

A partir de 2017 los venezolanos lideran el ranking de aquellos que año a año deciden venir a vivir en Uruguay. Fueron 3.248 las residencias tramitadas ese año, algo que seguramente se superará en éste: en el primer cuatrimestre de 2018 se tramitaron 2.486 residencias, casi el 47 por ciento del total de solicitudes hechas en ese período por ciudadanos de países del Mercosur y asociados, según los datos de la Dirección General de Asuntos Consulares y Vinculación, de la cancillería. En total, desde 2014 a mayo de 2018 llegaron a Uruguay 8.643 personas de nacionalidad venezolana que se encuentran en una franja económicamente activa (de 14 a 70 años) y con un nivel educativo mayor a la media de la población de otras nacionalidades.

“Llegan personas con un nivel educativo medio-alto, como ingenieros, profesionales de nuevas tecnologías, médicos, contadores, economistas, entre otros. Esto indica que el Estado no debe invertir en educación ni capacitación. Sin embargo, algunos de ellos se encuentran revalidando sus títulos universitarios, y en razón de ello ocupan puestos laborales para los que están sobrecalificados. También encontramos una población venezolana con un grado de instrucción media, sin calificación universitaria terminada, que se desempeña en el sector servicios, principalmente como primera inserción laboral”, explicó a Brecha el director general para Asuntos Consulares, Jorge Muiño.

En 2017 en Uruguay se creó la Ong Manos Veneguayas. Ésta lleva un registro de las 4 mil personas que han acudido a la organización en busca de asesoramiento y de fortalecer sus redes. Esto les ha permitido obtener un perfil de la población migrante de su país: hombres y mujeres llegan en partes iguales, y el 64 por ciento arriba solo.

“Uruguay no era un país habitual para la migración venezolana, éramos muy poquitos acá. Es lejano, costoso y con un mercado laboral chico, pero el venezolano quiere salir de su país y establecerse en otro de manera legal”, explicó la abogada venezolana Vanessa Sarmiento, que llegó al país hace 18 años y es cofundadora de Manos Veneguayas. Y destaca: “Lo que más atrae de Uruguay en este momento es la ‘residencia Mercosur’, que se otorga de manera gratuita y muy rápida: solamente con pasaporte y un certificado de estar libre de antecedentes penales. Uno está legalmente establecido en 15 días y puede acceder a salud y educación de manera gratuita. Eso hace una gran diferencia”.

Pese a esto hay tres desafíos fundamentales que enfrentan cuando arriban a Uruguay: el acceso a la vivienda, debido a la poca posibilidad de obtener una garantía de alquiler; las reválidas de los títulos profesionales, porque si bien la Universidad de la República aprobó un instructivo que reduce a un máximo de 120 días la resolución, aún sigue siendo un problema para algunos; y la sobre-calificación de las personas a la hora de acceder a un empleo.

Según el registro de la organización, en cuanto al grado de instrucción de las personas que acudieron a ella, 53,4 por ciento tiene formación universitaria, el 19,8 es bachiller, el 18,7 por ciento tiene una carrera técnica terciaria y el 8,1 tiene un posgrado.

“La gente llega con lo mínimo, y necesitan trabajar inmediatamente mientras hacen la reválida o estudian. Un gerente de una empresa en Venezuela termina siendo un vigilante de seguridad, o ingenieros petroleros trabajan vendiendo comida venezolana. Ha habido gran aceptación por parte del mercado laboral hacia la comunidad venezolana y normalmente consiguen trabajo en un promedio de tres meses”, explicó la referente de Manos Veneguayas.

El aporte multicultural

El área de servicios globales (arquitectura, ingeniería y tecnologías de la información, entre otras) “tiene condiciones para que se incorporen profesionales extranjeros”, explicó la coordinadora del portal laboral Smart Talent, de Uruguay XXI, Viviana Martínez. Este sitio oficia como punto de encuentro entre empresas y personas, para facilitar el empleo en el área. “En este sector las empresas tienen una vocación más multicultural y más apertura a incorporar profesionales extranjeros. En el área de tecnología hay una demanda de mano de obra que no se está logrando satisfacer con las personas que se forman en el país. Por año egresan unos 800 estudiantes de ingeniería de las distintas facultades, y no es suficiente para cubrir la cantidad de vacantes disponibles”, agregó. De los extranjeros que se registran en el portal gran parte son argentinos y venezolanos, estos últimos con un perfil asociado a las tecnologías.

En diálogo con Brecha, la jefa de la oficina de la Organización Internacional para las Migraciones en Uruguay, Alba Goycochea, destacó el aporte multicultural. “Las distintas miradas y saberes enriquecen las dinámicas laborales y generan un valor agregado. El reto es cómo abordar este tema sin que eso suponga ir hacia un modelo selectivo o de regresión en materia de derechos, es importante una política migratoria abierta pero que a su vez trabaje más sobre ese tema”, señaló. Si bien Uruguay tiene “altos estándares, una ley de migración muy buena y dispositivos institucionales facilitadores”, Goycochea señaló que se debe “trabajar más en la inclusión, una vez que las personas ya están integradas”. En ese sentido instó a estar alertas ante “ese viejo temor de que la migración genere desplazamiento de mano de obra local”.

Vulnerabilidades

El perfil migratorio de la población venezolana ha cambiado en los últimos meses. Al comienzo del “éxodo venezolano” las personas llegaban solas, para poder establecerse. “Ahora ya está llegando el núcleo familiar completo, y estamos viendo casos de jóvenes que vienen cada vez con menos recursos. También personas que ya emigraron a Perú, Ecuador o Argentina, que no les fue bien allí y vienen a probar en Uruguay”, explicó la representante de Manos Veneguayas.

Al Mides llegan personas que generalmente buscan asesoramiento sobre la documentación. “Hay una situación de vulnerabilidad que cualquier persona migrante tiene, que es el desconocimiento de la normativa y los procesos de cualquier país al que llega, y que aumenta si tiene una débil red de contención. Luego hay procesos que tienen que ver con la situación socioeconómica en la que llegan, que van generando otros niveles de vulnerabilidad”, explicó a Brecha el director de Promoción Sociocultural del Mides, Federico Graña.

Los datos indican que los venezolanos no llegan en una situación de extrema vulnerabilidad. “Muchos se acercan a solicitar información, y muy pocos acuden por una solución habitacional”, señaló. De las 3.248 personas venezolanas que en 2017 tramitaron su residencia, sólo el 5 por ciento acudió al Mides (Ministerio de Desarrollo Social). Según Graña, el principal desafío ante esta nueva corriente migratoria es la implementación de políticas públicas necesarias para que la población migrante acceda a los mismos derechos que los ciudadanos uruguayos.