Con Carolina Hernández Ramírez, representante del Movimiento Nacional Ambientalista Frente a la Minería Industrial

“Mi casa no está a la venta”

A la sombra de la crisis social en Nicaragua avanza un proyecto minero de la multinacional Condor Gold que amenaza con erradicar al pueblo Santa Cruz de la India, gracias a una flexibilización de las evaluaciones de impacto ambiental decretada por el gobierno de Daniel Ortega. Durante tres meses los pobladores le bloquearon la entrada a la minera. Siguen resistiendo.

 Alejandro Ferrari

Brecha, 31.8-2018, https://brecha.com.uy/

En medio de la profunda crisis social y política que enfrenta Nicaragua, la empresa transnacional minera Condor Gold aprovecha para conseguir el permiso ambiental que la habilita a comenzar el proyecto Mina La India, una mina a cielo abierto para extraer oro en la comunidad Santa Cruz de la India, a 176 kilómetros de Managua.

Santa Cruz de la India, perteneciente al municipio de Santa Rosa del Peñón, en el departamento de León, tiene una larga historia vinculada a minería aurífera. A finales de la década de 1930 se instaló allí la empresa canadiense Noranda Inc para desarrollar un proyecto de minería subterránea, con túneles en los cerros. La empresa dejó de operar en 1950., cuando reventó la represa sobre el río La Simona que la proveía de energía. Esta catástrofe casi hizo desaparecer al pueblo, cerca de 50 personas perdieron la vida, mayoritariamente mujeres y niños, y además de la planta eléctrica quedó destruido gran parte del material de la mina.

Los pobladores siempre cuestionaron que se tratara de un simple accidente. “La empresa minera quería intensificar más y despojar de sus casas a los pobladores. La población no aceptó. Según nos contaban nuestros abuelos, existía una represa y los dueños de la empresa la dinamitaron”, apuntó Carolina Hernández Ramírez, representante del nicaragüense Movimiento Ambientalista Frente a la Minería Industrial (MONAFMI). Carolina Hernández participó de la Caravana Internacional de Solidaridad con Nicaragua organizada en Montevideo entre el lunes y el miércoles pasados por Amnistía Internacional y Cotidiano Mujer. (1) Brecha conversó con ella acerca de la política de inversiones en minería del gobierno de su país, los posibles efectos irreversibles de ésta y sobre la larga historia de las luchas populares relacionadas con la minería en Nicaragua.

Desde la tragedia de 1950, quienes quedaron viviendo en Santa Cruz de la India fueron reconstruyendo el pueblo, la comunidad empezó nuevamente a poblarse y la mayor parte de ella se dedica a la minería artesanal.

En 2011, La India Gold SA, subsidiaria de la empresa británica Condor Gold, llegó a Nicaragua para desarrollar proyectos vinculados a la minería extractivista del oro en diversas regiones del país, y consiguió varias concesiones del gobernó, entre ellas la de la Mina La India. Entonces comenzó una vital y desigual batalla entre la empresa y los casi 5 mil pobladores de Santa Cruz de la India.

 -¿Cómo fue la primera experiencia con Condor Gold?

Cuando la empresa entró al pueblo pensábamos ingenuamente que iba a reflotar el proyecto de los túneles de la antigua mina subterránea. Empezaron a hacer el estudio de prefactibilidad, cerca de las casas, y a algunas personas les pagaban 100 dólares para hacer perforaciones de prospección en sus terrenos. En la comunidad había cinco pozos artesanales de agua, de más de 50 años. Cuando comenzaron la perforación, los pozos se secaron completamente de manera inmediata. Tuvieron que traer pipas (camiones cisternas) para echarle agua a los pozos. Eso nos despertó. Cuando posteriormente comunicaron que el proyecto era de una mina a cielo abierto, ya teníamos ese antecedente.

-¿Qué hicieron frente a esta amenaza?

Cuando nos enteramos de que esta mina a cielo abierto significaba despojarnos totalmente de nuestras casas, de nuestra tierra y de nuestro trabajo empezamos a organizarnos, a manifestarnos, a protestar, a expresar que no aceptábamos el proyecto; y formamos el Movimiento Comunal Santa Cruz de la India, con el que ya llevamos cinco años de lucha.

Nos afecta económicamente, porque nosotros vivimos de la minería artesanal y nos quedamos sin trabajo, y también sentimentalmente, porque ahí nacimos, crecimos, vivimos y queremos morir. Y cuando esta minería empieza a trabajar se lleva hasta el cementerio. Nosotros decimos que sí no respetan a los vivos menos van a respetar a los muertos.

-¿Cuál es concretamente la propuesta de la empresa?

La propuesta es realojarnos a siete kilómetros por la carretera y luego cinco kilómetros hacia el interior y construirnos unas viviendas económicas, porque la mina se va a hacer en el mismo terreno del pueblo. Pero la rechazamos de plano, porque nuestra comunidad tiene para nosotros un valor sentimental y un valor económico, y además el impacto social y ambiental sería irreversible.

-¿Cómo surgió el MONAFMI? 

El años pasado fundamos el movimiento junto a otras comunidades, porque es un problema que no sólo se da en nuestra zona. Yo represento a cuatro departamentos de Nicaragua, Matagalpa, Segovia, León y Chontales. Y en las comunidades que formamos el MONAFMI el rubro principal en el que se trabaja es la pequeña minería artesanal, o “güirisería”. Se han entregado ya varias concesiones mineras a diversas empresas, pero todas tienen la misma manera de operar; cuando se plantan en las comunidades no dan a conocer cuál será la manera en la que van a trabajar.

Existe una gran complicidad del Estado con las transnacionales. Ellos no nos han dejado decidir, han entregado concesiones de explotación, a pesar del grave problema sociopolítico que vive el país, y los más grave es que la protesta ha sido criminalizada.

 -¿Cómo se fue dando la criminalización?   

En mayo del año pasado Condor Gold acusó falsamente a siete miembros del movimiento de Santa Cruz de la India, y la jueza de la municipalidad aceptó la acusación por el delito de “daño agravado”.

En realidad lo que pasó fue que éramos muchos en una manifestación frente a las oficinas de la empresa y simplemente hicimos rodar siete sacos de tierras que tenían en el frente. Este es el delito del daño agravado, para ellos.

A medida que se fue dando el proceso judicial la población se empezó a molestar, a protestar más intensamente, se hicieron caravanas de vehículos, empezamos a con 200, luego 400, 600, después 1.000 personas; entonces la empresa se sintió presionada y fue a visitar a cada uno de los acusados y le dijo que desistiría de la acusación a cambio de que dejaran de formar parte del movimiento, que con esa condición quietaban todos los cargos, y los atemorizaban diciéndoles que iban a ir presos.

Los compañeros le dijeron que no, que estaban dispuestos a ir presos, que iban a seguir siendo parte y manifestándose. Al final la empresa desistió de la querella judicial porque se dio cuenta que la fuerza del movimiento era mayor.

-¿Tuvieron más conflictos?

Una madrugada de agosto del año pasado, a las 3 de la mañana, Condor Gold envió una máquina de perforación a Santa Cruz de la India; nos empezamos a avisar por teléfono. Había un solo punto de acceso para que pudiera entrar la máquina y decidimos plantarnos ahí, negando el acceso al vehículo. Durante tres meses y medio estuvimos las 24 horas del día allí, haciendo lo que llamamos el primer “tranque” (bloqueo) de Nicaragua.

La empresa vio que no desistiríamos, las mujeres de día y los hombres de noche cubrían el lugar. A raíz de esto la comunidad fue totalmente militarizada.

– ¿Qué argumentos para seguir avanzando esgrime La India Gold SA frente a la comunidad?

Más que argumentos, la empresa intenta intimidarte diciéndote: “Esto es del gobierno, es del hijo de Ortega, acá ustedes no son dueños de nada”.

Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, es el encargado de traer la inversión extranjera a Nicaragua. El proyecto de megaminería Mina La India llegó, en efecto, bajo los auspicios de Pro Nicaragua, la agencia oficial de promoción de inversiones del gobierno. Pro Nicaragua existe desde 2002, y desde 2015 es un ente del Estado que funciona bajo la dirección de la Presidencia de la República, administrada por una junta directiva público-privada en la que Laureano Ortega Murillo funge como asesor.

Mediante el Plan Nacional de Desarrollo del país se han multiplicado las concesiones de explotación minera, entre las que se encuentran los proyectos de la Condor Gold. El proyecto de Mina La India también cuenta con los auspicios del Banco Mundial a través de la Corporación Financiera Internacional (ICC, por sus siglas en inglés).

En el documento del Banco Mundial “Country Partnership Framework for the Republic of Nicaragua for the Period FY18-FY22” (“Estrategia de alianza con Nicaragua para el período 2018-2022”, publicado el 12 de febrero pasado) se expresa que el “IFC también ha respaldado los esfuerzos del gobierno por hacer que las industrias mineras locales sean más sostenibles desde el punto de vista ambiental, desarrollando e integrando prácticas que aborden el impacto ambiental de las operaciones mineras”. Las expectativas del Banco Mundial apuntan a que mejoren “las condiciones para una comunidad qwue actualmente depende en gran medida de la minería artesanal”.

Como la expresa el documento, en octubre de 2014, el IFC realizó una inversión de capital de aproximadamente 5,6 millones de dólares en Condor Gold PLC, que “respalda exploraciones para el proyecto estrella de Condor Gold, Mina La India, ubicado en el centro de Nicaragua”. El apoyo financiero al “proyecto estrella” para “actualizar el plan de participación de las partes interesadas, un mecanismo y procedimiento de quejas”, y para desarrollar un programa de comunicación que identifique y mapee interesados clave y permita “comprometerse con la comunidad afectada y partes interesadas de manera frecuente y efectiva”, indica el informe del Banco Mundial.

– ¿Ha habido instancias de diálogo? ¿Se realizó la consulta previa libre e informada de la comunidad respecto del proyecto extractivo?

LaIndiaEl 13 de junio el Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (COSEP) llamó a un paro general como signo de repudio a los asesinatos que estaban ocurriendo en el país. En esa jornada de paro general y nacional, la Condor Gold decidió hacer la audiencia pública del proyecto de Mina de la India. Estaba representado el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), había medios de prensa y llevaron a personas que no eran de la comunidad, a las que no les afectaba en nada el proyecto minero. Aquello estaba lleno de policías y de guardias armados. Nosotros decidimos hacer una protesta en las calles y al final ingresamos al lugar; no se nos permitía el acceso, pero como éramos muchos empezamos a entrar.

Como hemos decidido ser nosotros nuestros propios periodistas y utilizar la fuerza de las redes sociales, entré con mi teléfono celular grabando y transmitiendo por Facebook Live, diciendo que estas personas (que habían sido invitadas) no era de la comunidad, que el pueblo estaba en las calles y que nosotros nos oponíamos, y fui agredida. Una trabajadora simpatizante de la empresa me dijo que era una atrevida, y le respondí que todas esas personas habían sido llevadas en buses y que no podían decidir por el futuro de nuestras familias y por nuestros trabajos. Me agredieron.

-Qué apoyos han buscado y encontrado?

Buscamos el apoyo de la Iglesia. Visitamos al obispo de diócesis de León para conseguir su respaldo, y no dijo: “Cuando la comunidad está militarizada tendría que oir a las dos partes”. Quienes no han dado acompañamiento son el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH) y el Centro  Humboldt. A través del Centro Humboldt empezamos a conectarnos con las otras comunidades de otros centros mineros, donde las empresas trabajan de la misma manera, con intimidación. En Santo Domingo, por ejemplo, líderes del movimiento también fueron encarcelados; en el Chipote la comunidad fue militarizada.

-¿Qué han aprendido en estas instancias?

Hemos visto los daños que provocan estos proyectos. En una parte del sector de Santo Domingo, por ejemplo, donde se construye una mina a cielo abierto, antes había un túnel azul de donde el pueblo obtenía el agua. Por el trabajo de la mina el túnel primeramente se contaminó y ahora ya se secó; sólo dejó el gran cráter y esa tierra quedó muerta.

En una hora de trabajo un proyecto de megaminería utiliza el agua que una familia demoraría 20 años en gastar. El agua se contamina, entre tantos daños irreversibles que se provocan al ambiente. Dejan un lugar muerto. Dicen que nos oponemos al progreso, pero eso no es un progreso. Estos proyectos tampoco traen trabajo. La empresa transnacional en nuestra comunidad no brinda trabajo, salvo tareas de limpieza y cocina.

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El diario oficial del Estado nicaragüense, La Gaceta, publicó el 28 de agosto de 2017 un decreto del presidente Ortega (el 15/2017) que flexibiliza las condiciones de los proyectos de inversión.

El decreto precisa que “el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), desde sus principios cristianos, socialistas y solidarios, se ha comprometido con la preservación de nuestros recursos naturales, promoviendo su cuidado y protección, basado en la formación de valores en la ruta del bien común de la madre tierra y la humanidad”, teniendo como “eje de prioridad la lucha contra la pobreza mediante el desarrollo de acciones que estén en apego a la legislación ambiental vigente”. Sin embargo, el decreto deroga totalmente el sistema de evaluación ambiental vigente desde 2006 y habilita al ministro del Ambiente y los Recursos Naturales a “actualizar, unificar y fomentar la eficiencia de las disposiciones que regulan el sistema de evaluación ambiental de permisos y autorizaciones para el uso sostenible de los recursos naturales de Nicaragua”, lo cual redundó, en la práctica, en la eliminación de los procesos de estudio de impacto ambiental. Así la Condor Gold recibió el permiso ambiental por parte del Ministerio del Ambiente a comienzo de mes para la construcción y operación de una planta de procesamiento que tendrá una capacidad de 2.800 toneladas por día y que permitirá una producción anual de 80 mil onzas Troy (casi dos toneladas y media) de oro.

-¿No tienen ninguna instancia legal de protección nacional o internacional?

Asesorados por el Centro Humboldt supimos que el arma que teníamos era el estudio de factibilidad, pero ahora con esta flexibilización (el decreto de 2017) estamos sin defensa. Nicaragua quedó vulnerable a las empresas transnacionales. Si es declarada de interés nacional tenés que irte.

Con el MONAFMI interpusimos una denuncia contra el gobierno de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), básicamente por las violaciones a los derechos humanos que significan las amenazas y el hostigamiento por defender a nuestras comunidades.

Igual sabemos que no hay ninguna medida cautelar de ningún organismo de derechos humanos que el gobierno respete, porque todas las instituciones son corruptas.

-Cómo ven el futuro inmediato?

Incierto. El permiso para construir la mina ya está. Quieren hacer un cementerio de gente viva. Nosotros no estamos dispuestos a entregar nuestra comunidad, nuestro patrimonio. Es algo bastante duro, sabemos que nos pueden matar, ellos saben que los paramilitares tienen el derecho a hacerlo.

Hasta el momento la empresa no ha hecho nada, están ahí calladitos, quietos, estudiando la situación, no han ingresado máquinas, y saben que nosotros somos personas decididas, que la población no se va a quedar quieta.

Soy ingeniera de sistemas y mi esposo trabaja en la minería artesanal. Hemos luchado todos desde siempre. Un día, mi hijo pequeño, que era aún más chico, estaba triste, llorando, y me dijo: “¿Es verdad que si la empresa trabaja nosotros nos tenemos que ir de aquí? Mamita, no me quiero ir de mi casa, no quiero dejar a mis amiguitos”. Los mismos niños chiquitos, cuando nosotros estamos manifestando, caminan con sus tamborcitos. Las oficinas de la empresa están en el centro del pueblo y los niñitos iban a la empresa y gritaban una de las consignas que gritamos: “Fuera Condor Gold, mi casa no está a la venta”.

Nota

1) El martes 28 de agosto, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar (Universidad de la República), se realizó un Encuentro de solidaridad con los movimientos sociales de Nicaragua. La delegación nicaragüense estuvo integrada por Ariana McGuire (Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, Carolina Hernández Ramírez, y Yader Parajon Gutiérrez (Movimiento Madres de Abril). Entre los participantes que dieron su apoyo, estuvieron Belela Herrera, exvice ministra de Relaciones Exteriores y presidenta de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010); las feministas Lucy Garrido y Lilian Celiberti; y el profesor e historiador Gerardo Caetano. La delegación nicaragüense fue recibida por el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, y por la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados. (Redacción Correspondencia de Prensa