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 “No comprendemos cómo en un proyecto de izquierda hay 30.000 personas que viven entre latas, cartones y bolsas en tres millones de habitantes”.

 Agentes del ámbito político, educativo, social y sistema penitenciario debatieron sobre seguridad y políticas sociales.

La Diaria, 25-8-2018, https://findesemana.ladiaria.com.uy/

La seguridad pública será un tema central en la próxima campaña. A medida que se acerca el momento electoral, las preguntas e inquietudes sobre seguridad y políticas sociales comienzan a intensificarse en diferentes espacios. En este sentido, el Colectivo + igualdad organizó en el media lab de la diaria el intercambio “Políticas sociales y seguridad”.

Un chico de 18 años les contó a sus padres que quería comprar un arma porque estaba cansado de que robaran su casa en Salinas. En Montevideo, en bulevar José Batlle y Ordóñez una niña de nueve años tiene miedo porque desde su casa se escuchan tiros y por su ventana se ven los tiroteos durante las noches. En Casavalle todas las semanas muere un joven producto de enfrentamientos armados. La situación en las calles del barrio y el miedo cotidiano recuerda a la directora de una escuela de la zona a la dictadura. Estas anécdotas y experiencias se pusieron sobre la mesa durante el encuentro.

“A nivel de colectivo escolar entendemos la seguridad como un espacio de derechos, pero no de cualquier derecho. El derecho a tener un plato de comida todos los días en la mesa, a tener abrigo, a vivir dignamente, derecho a poder pensarse y desarrollarse como sujeto”. Así definió el tema central del debate la directora de la escuela 178 de Casavalle, Shirley Young, y añadió: “No comprendemos cómo en un proyecto de izquierda hay 30.000 personas que viven entre latas, cartones y bolsas en tres millones de habitantes”.

Son muchos los temas que atraviesan la discusión sobre seguridad. Uno de los más recurrentes es la asociación entre delito, estigmatización social y pobreza. Sobre este punto hizo un especial énfasis Luis Parodi, director de la Unidad N° 6 Punta de Rieles, quien apuntó: “No hay que confundir la delincuencia con la pobreza, pero también se atraviesa con las condiciones de vida materiales de la gente que producen determinada conciencia. Hay un lío entre no discriminar y no aceptar que son condiciones de vida que son inaceptables”.

Parodi habló de los estigmas sobre la población carcelaria: “Es un sector que está por fuera de la democracia”, comentó, y explicó que esto se produce porque hay “derechos inherentes a un sistema democrático que no pueden usufructuar”. Para el director del centro penitenciario es necesario generar espacios que permitan a los reclusos “pelear desde un lugar distinto su vuelta a la sociedad”.

Ernesto Hirigoyen, operador penitenciario de la Cárcel de Mujeres desde hace cinco años, enfatizó la importancia del egreso de la persona privada de libertad y de su reintegración social. “Hay que preparar a la persona para el afuera, pero también hay que preparar a la sociedad para recibirla”, planteó, y añadió que no se debe separar el trabajo dentro de las cárceles del funcionamiento familiar y la sociedad en su conjunto. A su vez, señaló la necesidad de un “seguimiento y monitoreo” de la persona afuera.

Young, en tanto, resaltó las condiciones de vida de las familias de Casavalle y cómo la discriminación social excluye a las personas del barrio como un “otro diferente”, cuando “son gente como nosotros. Tienen la misma barriga, la misma inteligencia y la misma capacidad de aporte”. En la misma línea, Paula Baleato, miembro de la directiva de la Asociación Nacional de ONG Orientadas al Desarrollo y coordinadora del Programa Infancia, Adolescencia y Juventud de El Abrojo, sostuvo: “El problema no está en los otros sino en nosotros. Mientras sigamos pensando que el problema está en Casavalle, Marconi o Cerro Norte, y mientras sigamos haciendo y pensando políticas para los otros y no para nosotros, la fragmentación y segregación se van a ir profundizando cada vez más”.

Baleato argumentó que “estamos en crisis en el modelo de políticas sociales”, y dijo que es necesario cambiar la concepción “política focalizada”, que crea una especie de “puente para aquellos sujetos que se caen de los sistemas universales”. “Se arman programas paralelos para equiparlos con todo aquello que no tienen y traerlos rápidamente a un sistema que no cambió y los vuelve a expulsar”, expresó, y afirmó en varias oportunidades que es necesario elaborar políticas sociales para un “nosotros”, no para “los otros”, como se ha hecho hasta ahora.

La coordinadora de El Abrojo afirmó que se debe “eliminar desde una perspectiva de izquierda el tema de seguridad de la agenda” porque es “engañoso” e “inasible”. A su vez, planteó que se debe “armar una agenda en torno al análisis de las desigualdades en términos de acceso al poder y acceso al bienestar”. “No se puede engañar a nadie, nadie puede garantizar la seguridad”, enfatizó, y añadió: “Más que un problema de seguridad tenemos un problema de aporofobia, de fobia a los pobres y los excluidos”.

Por su parte, el ex director de la Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, opinó que el origen de las situaciones de violencia y seguridad de hoy es “un conjunto de problemas y situaciones que oportunamente no se resolvieron”.

El senador del MPP sostuvo que en el fondo de la discusión de la seguridad hay un debate ideológico. “Está por un lado la derecha, que utiliza el determinismo coercitivo o plantea políticas de mano dura, y se ha demostrado que eso falló. Por otro lado, nosotros [la izquierda] tenemos un discurso de determinismo social; ‘si trabajamos únicamente las causas del delito con políticas sociales vamos a resolver este problema’. En realidad en estos años se ha demostrado que ni uno ni otro, porque ninguno ha solucionado el problema”.

Carrera se aventuró a ensayar una solución posible basada en la necesidad de “imponer políticas integrales”, y dijo que ese constituye el gran desafío de un eventual cuarto gobierno de izquierda. “Tenemos que ir con toda la fuerza del Estado, con políticas de seguridad que incluyan prevención, disuasión y excepcionalmente reprimir, acompañados del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación y Cultura, y tener un abordaje territorial”, planteó.

Los panelistas coincidieron en la necesidad de reforzar la educación para revertir la situación actual que atraviesa la sociedad uruguaya. Young comentó que la principal inquietud de la educación pública debería ser formar personas nobles, porque sólo a partir de allí es posible construir. “Cualquier colegio privado toma un niño a los tres años y saca un médico, un político o un empresario. El sistema de educación pública toma un niño a los tres años, a los seis lo larga a otro lado y a los 12 lo larga otra vez, y después no sabemos por qué se caen”, sostuvo.

Sobre este punto, Parodi manifestó que es necesario cambiar “la cabeza del castigo”, porque “si castigamos vamos a tener un enemigo” y “si el campo es de guerra la educación no tiene lugar”. Para Hirigoyen es fundamental trabajar en un proceso de reestructuración de las cárceles y generar centros de cultura para las personas presas pero también para los funcionarios. “Hay que hacer centros potentes de cultura, de determinada forma de proceder, desarrollar la justicia restaurativa” y “construir una proyección de la persona con su familia que lleve a otro horizonte posible”.