Morir de pie

Al menos 207 personas fueron asesinadas en el mundo durante 2017 como consecuencia de su lucha por la defensa de la tierra, según el informe anual de Global Witness. América Latina concentró el 60 por ciento de los casos; la mayoría de las víctimas fueron indígenas. Las cifras publicadas indican cómo los países más violentos son aquellos donde la militarización ya se introdujo, a caballo de la guerra contra el narco.

Eliana Gilet, desde Ciudad de México

 Brecha, 17-8-2018, http://www.digitaloutlet.com.uy/

Resulta difícil discernirlo en medio de tanta sangre derramada, pero el patrón resulta clave para entender qué es lo que está pasando. En Brasil, Filipinas, México, Colombia y Honduras, cuando los pueblos se oponen al avance de la explotación del lugar en donde viven, los proyectos trasnacionales se imponen a bala y machetazo. Hay crimen detrás de esta etapa de expansión capitalista.

Basándose en información pública, la Ong Global Witness ha registrado un aumento, en los últimos años, en la cantidad de muertes violentas de defensores o militantes por la tierra y a favor del ambiente en el mundo (116 en 2014, 185 en 2015 y 200 en 2016). Como señala en su último informe anual, (1) en 2017 se registró la máxima cantidad de casos (207), aunque ese conteo es apenas parcial, ya que muchos ataques nunca se denuncian o son difíciles de verificar, sobre todo en África.

Brasil fue el país con más asesinatos de líderes sociales y defensores de la tierra (57) en 2017, mayoritariamente en la región amazónica. Le siguieron Filipinas, donde se registraron 48 asesinatos; Colombia, con 24 casos; México, con 15, y Perú con 8. En África, 12 de los 19 asesinatos que contabilizó la Ong fueron en República Democrática del Congo. Honduras (5), Nicaragua (4) y Guatemala (3) casi cierran la cuenta del continente americano, si no fuera porque en Argentina se suman las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, en el marco del conflicto por las tierras ancestrales mapuches ocupadas por el multimillonario Luciano Benetton. En Filipinas y México hubo un aumento exponencial de estos asesinatos, con respecto a 2016.

La agroindustria fue el sector más peligroso, superando a la minería por primera vez, con 46 personas asesinadas “por manifestarse contra la forma en que se producen los bienes que consumimos”. Es decir, en contra de las grandes plantaciones de palma aceitera, café, frutas tropicales, caña de azúcar, así como contra la ganadería.

En Filipinas

Aquí la mayor parte de las muertes se dieron en torno al conflicto por el cultivo de café. Una de las siete masacres (definidas como el asesinato conjunto de más de cuatro personas) que registró Global Witness ocurrió en este país

Ocho indígenas taboli-manubo, de la isla Mindanao, fueron asesinados el 3 de diciembre de 2017 en un ataque a la ciudad de Lake Sebu por parte de las fuerzas armadas filipinas. “Una misión de investigación encontró que cinco más resultaron heridos, diez desaparecieron y más de 200 tuvieron que evacuar la zona”, indica el informe. Los taboli-manubo habían rechazado la expansión de los cultivos de café de la empresa Silvicultural Industries (que ya ocupa 300 hectáreas de la isla) sobre sus territorios.

Global Witness señaló que en 2017 el presidente filipino, Rodrigo Duterte, anunció la meta de asignar 1,6 millones de hectáreas a las plantaciones industrializables, y que la mayor parte de esta expansión está prevista para la isla de Mindanao. En mayo de ese año, tras un atentado terrorista, Duterte decretó la ley marcial en este territorio, es decir, su militarización, pero en una redada protagonizada por militares fueron asesinados Datu Víctor Dayan –“uno de los principales opositores al avance cafetalero”, indicó la organización– y toda su familia.

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Rodrigo Duterte

Duterte es famoso por ser otro de los presidentes en embanderarse hasta el tuétano con la guerra contra el narcotráfico. Su país se convirtió desde entonces en el reino de las ejecuciones extrajudiciales, que son abiertamente defendidas por el presidente: “Ustedes se parten el alma por esos hijos de… ¿Cuántos? ¿Unos 3 mil? Mataré a más si con eso pongo fin a las drogas y a esta campaña”, sostuvo en febrero del año pasado, cuando le reclamaron por los 3 mil muertos que en seis meses cosechó su régimen.

A la mexicana

El informe de la Ong constató un aumento brusco en el número de asesinatos de defensores de la tierra en México –de los tres registrados en 2016 se pasó a 15 en 2017–, un salto que concuerda con un aumento global de las muertes violentas en el país, que en 2017 batió su récord de violencia con más de 31 mil asesinatos. Global Witness, además, señaló que de los 15 ambientalistas asesinados en 2017 en México, 13 eran indígenas. Uno de ellos fue Isidro Baldenegro, el líder rarámuri muerto en enero de 2017 (véase “La maldición del Goldman”, Brecha, 28-III-18) por defender el bosque de pinos y encinos de la Sierra Madre Occidental, también llamada Tarahumara. En 2017 Baldenegro, Víctor Carrillo y Juan Ontiveros Ramosantes siguieron a otros rarámuris asesinados en años anteriores por defender ese bosque, como Inocencia Molina, Elpidio Torres, Valentín Carrillo, Socorro Ayala y Jaime Zubías.

Sus comunidades se encuentran a 15 horas de camino por la sierra, en medio de una zona de alta producción de drogas, donde hay comunidades ocupadas de manera fáctica por el crimen organizado, lo cual llena la zona de sicarios (que es la versión mexicana de los paramilitares), explicó a Brecha Isela González, presidenta de la Alianza Sierra Madre, una organización que acompaña desde hace décadas a los rarámuris. González destacó que, además de la muerte de los militantes, se produce un silencioso desplazamiento forzado interno, porque “ante la recomendación de la Corte Interamericana de proteger a dos familias de nuestros compañeros asesinados, el Estado no pudo más que ofrecer el desplazamiento”.

IsidroBaldenegro
Isidro Baldenegro antes de ser asesinado

En Coloradas de la Virgen, la comunidad natal de Isidro Baldenegro, vivían aproximadamente 1.200 personas. Hoy casi la mitad se ha desplazado a otros municipios y ciudades de Chihuahua, explicó González.

“Nos estamos enfrentando a intereses económicos, empresas madereras y caciques mestizos que por décadas han tratado de despojar a los territorios, ricos en madera de pino y de encino; ahora enfrentamos también a las concesiones mineras en estos territorios”, señaló.

Aunque las concesiones mineras ahora estén inactivas y figuren a nombre de particulares, saben que cuando se activen vendrán grandes empresas mineras a “agudizar los problemas”, afirmó. Las mineras canadienses ya son mayoría entre las que explotan la zona.

Los tribunales mexicanos han reconocido que se violó el derecho al consentimiento previo de las comunidades rarámuris para efectuar estas explotaciones, pero eso no ha evitado que la presión se mantenga por medio de la violencia. “En el caso de Isidro, fue apresado el autor material, sin embargo las autoridades se han negado a investigar si el crimen estuvo relacionado con su activismo en defensa del territorio y el bosque. Nosotros decimos que sí, las autoridades dicen que no; pero entonces que nos lo demuestren”, insistió. Por lo general, agregó, “hay mucha corrupción de los cuerpos policíacos, sobre todo a nivel municipal, con los autores de los ataques”.

Consentimiento

 Global Witness sugiere que la vía para bajar el nivel de violencia que sufren los defensores de la tierra es que los estados respeten el consentimiento previo, libre e informado que les es reconocido internacionalmente a las poblaciones indígenas. Para que sea efectivo se debe hacer una consulta popular vinculante, insiste la Ong. Algo que no sucede actualmente: en donde se llevan a cabo, no se respetan las decisiones tomadas por la mayoría.

Levantando la cabeza hacia lo que viene, Chiapas emerge como el estado donde la violencia muy probablemente aumentará en México, ya que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, proyecta allí la explotación forestal de 1 millón de hectáreas en tierras indígenas ancestrales de la Selva Lacandona. También es la zona donde están asentadas las comunidades zapatistas.

Nota

1) ¿A qué precio? Negocios irresponsables y el asesinato de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente en 2017.

 

Brasil, el país más peligroso para quienes defienden la tierra y el ambiente

Columna vertebral de un sistema

 Marcelo Aguilar, desde San Pablo

Brecha, 17-8-2018, http://www.digitaloutlet.com.uy/

Era madrugada en Pau d’Arco, en el norteño estado de Pará, el más peligroso en Brasil para quienes luchan por la tierra. Unas familias sin tierra volvían a ocupar la hacienda Santa Lucía. Fueron masacradas. Nueve hombres y una mujer resultaron asesinados el 24 de mayo de 2017, en una acción de la Policía Militar (PM) y la Policía Civil del estado. Quince policías fueron apresados preventivamente, pero luego los liberaron. Nada nuevo bajo el sol. Según la Ong Global Witness, en la última década Brasil ha sido el país más peligroso del mundo para quienes defienden la tierra o el ambiente: muestra un promedio de 42 asesinatos por año desde 2012. En 2017, con 57 muertes, lideró nuevamente el ranking mundial. La mayoría de las masacres fueron ejecutadas por la Policía Militar o por pistoleros en connivencia con agentes del Estado.

La de Pau d’Arco fue la más grande registrada en Brasil después de la matanza de 19 campesinos en El Dorado dos Carajás (también en Pará), que conmovió al mundo en 1996. Pero no fue la única en 2017. Según un informe de la Comisión Pastoral de la Tierra (Cpt), se registraron otras cuatro. El pasado 19 de abril nueve campesinos fueron asesinados en Colniza (estado de Mato Grosso) a tiros de escopeta calibre 12 y golpes de machete, algunos mostraban señales de haber sido torturados. El potencial industrial (minero y maderero) en esa zona hace que allí el conflicto agrario sea muy intenso. Diez días después, en Vilhena (estado de Rondonia), tres trabajadores fueron asesinados por apoyar la lucha por la reforma agraria de familias sin tierra. En Lençois (Bahía) ocho líderes negros de la comunidad Lúna fueron asesinados a tiros en sus casas por un conflicto que desde 2015 redujo la población de 40 familias a 12. La cuarta masacre ocurrió en el estado de Maranhão contra los indígenas de la etnia gamela, que fueron atacados a machetazos por un grupo de pistoleros que intentaban tomar sus tierras a la fuerza, y terminó con 22 indígenas gravemente heridos. A algunos les cortaron las manos. La justicia no ha hallado a ningún culpable.

“Somos un país de latifundistas, donde el poder de la tierra dominó históricamente la política. Por eso la lucha por la tierra es la lucha por Brasil. El ‘coronelismo’ de los dueños de la tierra y la idea del poder acabó no solamente boicoteando la posibilidad de hacer la reforma agraria, sino que avanzó hacia una nueva etapa más agresiva, con la llegada de una nueva fuerza: el agronegocio”, comentó a Brecha Clodoaldo Meneguello Cardoso, coordinador del Observatorio de Educación en Derechos Humanos de la Universidade Estadual Paulista.

“Nuestra historia es racista y violenta. Nuestro ambiente ideológico y social también, y no se incomoda con la muerte”, apuntó por su parte Rubén Siqueira, de la Cpt, desde Manaos. Según Siqueira, estamos frente a una “contrarreforma agraria” sustentada en la impunidad, y una justicia que está hecha “para no funcionar y garantizar privilegios”, con procesos lentos, intrincados, que facilitan “chicanas, omisiones y connivencias de todo tipo”. Además de la policía, surge otro actor relativamente nuevo entre los asesinos: las compañías privadas de seguridad. En muchos casos acaban asociadas a la policía en desalojos violentos que desembocan en masacres, o en crímenes por encargo. En estas condiciones, el derecho a la tierra ya no lo es, es un privilegio. Siqueira señaló que es la impunidad la que exacerba la violencia: “Genera esa arrogancia y prepotencia de que puede matar comunidades enteras. Existen actores que lo demandan y exigen, y esa impunidad les garantiza las condiciones”. “No podemos subestimar estas muertes, no es un problema colateral del sistema, sino la columna vertebral de su radicalismo contra los pobres.” Por su parte, el profesor Meneguello concluyó: “Sin reforma agraria, esta matanza continuará”.

Con Sebastián Quiroga, vocero del Congreso de los Pueblos de Colombia

Intimado

 Un hombre desconocido le advirtió que tenía 15 días para abandonar su militancia social y política, y que “con el nuevo gobierno la situación se pondrá complicada”. El peso de esa amenaza que recibió hace unas semanas, a los 28 años y después de más de una década de militancia, no es menor, habida cuenta de que en poco más de dos años fueron asesinados en Colombia más de 400 referentes sociales y políticos de izquierda.

 Álvaro Hilario, desde Bogotá

 Brecha, 17-8-2018, http://www.digitaloutlet.com.uy/

 A un mes del triunfo del ultraderechista Iván Duque en las presidenciales colombianas, la violencia política que ya ensombreció el mandato de Juan Manuel Santos parece no tener fin. Recientemente, la Fiscalía General de Colombia informó que entre el 1 de enero de 2016 y el 6 de julio del año en curso se registraron 181 asesinatos de líderes sociales (según las organizaciones de derechos humanos hubo más de 400). Asesinatos acompañados de la criminalización y judicialización de referentes y organizaciones sociopolíticas, y amenazas a sus miembros.

Los asesinatos de líderes comunitarios y sociales en Colombia han llevado tanto al secretario general de la Onu, António Guterres, como al Consejo de Seguridad a expresar su preocupación. El pasado 27 de julio el Consejo de Seguridad instó al país a “fortalecer las medidas de protección y llevar a las personas culpables ante la justicia”, y resaltó “los valiosos mecanismos establecidos como resultado del proceso de paz para abordar estos desafíos”.

congreso-pueblosSebastián Quiroga, portavoz del movimiento político y social de izquierda Congreso de los Pueblos de Colombia (que reúne a muchas y diversas organizaciones sociales –de indígenas, afrodescendientes, campesinos, sindicalistas, estudiantes, etcétera— y ha tenido un destacado papel, por ejemplo, en los paros agrarios de 2013, 2014 y 2016), e integrante del ejecutivo del izquierdista partido Polo Democrático y Alternativo, lleva una década de militancia social. A fines de julio a este referente juvenil, que también dirige la editorial La Fogata, le tocó vivir en carne propia la persecución que en su país sufren los dirigentes sociales.

El 23 de julio pasado abandonó por la mañana la casa de sus padres. “Ya en ese momento, al salir de la casa, detecté un operativo, con gente delante de la puerta, motos de la policía…”, relató Quiroga a Brecha. Luego de caminar unas cuantas cuadras, escuchó que alguien se dirigía hacia él y lo llamaba por su nombre. Cruzó a la otra vereda y entró en un comercio, hasta donde fue seguido por el desconocido: “Me llamó por mi nombre, me dijo que me conocía, que sabía cosas de mi familia, mis amigos, mi trabajo; que necesitaba hablar conmigo, que me iban a detener, que existía un expediente, un proceso penal por el que podía ser condenado a 12 años de prisión; que quería colaborar para corregir mi camino, para que me alejara del camino equivocado”, recordó Quiroga. “Como finalmente no accedí a hablar con él, se marchó y me dijo que lo llamara, y me dio una tarjeta, con un nombre, la imagen de una jaula con un ave encerrada y diferentes números de teléfono”. La situación se repitió más tarde, cuando “el hombre llegó a la tienda de mis papás y, presentándose como funcionario estatal, les dijo lo mismo: que me anduvo buscando, que no quise hablar con él, que estaba en cosas muy graves, con la insurgencia, que me quería ayudar, que podía darme plata y que tenía 15 días para decidir sobre la propuesta de colaboración que me hicieron, pues ‘con el nuevo gobierno la situación se pondrá complicada’. ‘Es mejor que no le digan a nadie de esto, porque el único que pierde es él’, advirtió el desconocido, mientras les entregaba la misma tarjeta que a mí”.

Hostigamientos

Al día siguiente Quiroga hizo una denuncia pública de estos sucesos en las redes sociales. “Esto no es un hecho aislado. Somos víctimas de una práctica social genocida que quiere destruir a quienes piensan diferente y hacen cosas para que el mundo sea diferente”, escribió, resumiendo así la situación represiva que vive Colombia, donde el aumento de asesinatos de líderes sociales y dirigentes políticos se disparó después del triunfo electoral del presidente Iván Duque.

El Congreso de los Pueblos, del que Quiroga es vocero nacional, calificó los aprietes como parte de un plan de “estigmatización” e “intimidación” contra sus militantes. La organización, además, pidió a la Fiscalía General de la Nación y al Estado que garanticen “la vida, la seguridad y el libre ejercicio de los derechos” que corresponden a Quiroga y su familia.

El militante describe la coyuntura colombiana con algunas pinceladas: “La situación del Congreso de los Pueblos y la dinámica de la ciudad han sido bien complejas en las últimas semanas. Compañeros y compañeras, jóvenes en su mayoría, nuevos en los procesos organizativos, vienen siendo víctimas de un constante hostigamiento: seguimientos hasta sus lugares de residencia o trabajo; los paran en cualquier momento, la policía les pide los papeles y, de modo arbitrario, los fotografían. Visitan las casas de compañeros y compañeras con justificaciones muy forzadas y poco creíbles (como supuestas quejas de vecinos o de personas sin identificar). Esto se viene dando de modo muy intenso en los dos o tres últimos meses”.

“La situación del Congreso de los Pueblos no es muy diferente a la que vive el resto del movimiento social y popular en Colombia: judicialización, amenazas, asesinatos. Desde 2016, en dos años y medio, ha habido más de 400 asesinatos, la mayoría en los departamentos de Cauca, Antioquia, Santander y Córdoba”, señaló Quiroga. “En el Congreso de los Pueblos tenemos más de 50 personas judicializadas, entre ellas la más grave es la detención del compañero Julián Andrés Gil, integrante de la Comisión Internacional y secretario técnico, que fue capturado saliendo de la sede de la organización el pasado 6 de junio. También hay que destacar las investigaciones en contra del senador Alberto Castilla (del Polo Democrático y Alternativo) por sus supuestos vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (Eln). Investigaciones que se abrieron después del triunfo de Iván Duque en las elecciones.”

Siguiendo la línea de la campaña “Ser líder social no es delito”, el pasado mes de julio un grupo de congresistas de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), del Polo Democrático y de la Alianza Verde exigieron al gobierno implementar medidas de urgencia para frenar el asesinato de líderes sociales y dirigentes populares. A su vez, solicitaron a la comunidad internacional que verifique y acompañe el proceso que emprenderá la nueva administración de Iván Duque.

A pesar de los diálogos

“Estamos viviendo un cambio de gobierno y terminando ocho años de gobierno de Santos, en el que uno de los temas principales fueron los procesos de diálogo con las insurgencias, tanto con el Eln como con las Farc-EP. Con las Farc el acuerdo concluía con el abandono de las armas, el paso a la actividad política y su transformación en partido político. En todo caso, el acuerdo con las Farc y los diálogos con el Eln no fueron suficientes para detener el asesinato por motivos políticos en el país”, destacó Quiroga. “Es importante tenerlo en cuenta, porque aunque hoy estamos viviendo una intensificación de esa situación, con el asesinato y la violencia políticos dominando la escena, esta es una herramienta que ha utilizado el régimen político en los 200 años de vida republicana. El proceso de paz busca superar la violencia política, pero no lo logra. Me parece importante remarcarlo, porque aunque tememos que con Iván Duque la situación se agrave, en estos años, con Santos, la violencia política no se detuvo”, sentenció.

Sebastián Quiroga evaluó que entre el nuevo gobierno de derecha y el anterior, de Juan Manuel Santos, “hay convergencia en los intereses económicos, en las formas políticas en general, y, tal vez, un matiz en términos de cómo pacificar el país y crear las condiciones adecuadas para el desarrollo del capitalismo que, de última, fue lo que buscó el acuerdo entre el gobierno y las Farc”. Pero destacó: “Sí creemos que se va a dar un cambio en las voluntades políticas del régimen”. “Después de ocho años de Santos tememos la actitud que el nuevo gobierno pueda tener en sus políticas respecto de los líderes sociales, en términos de negociaciones de paz y del cumplimiento de los acuerdos logrados en La Habana. Los diálogos con el Eln no consiguieron avanzar tanto como los realizados con las Farc, pero en todo caso queda claro que no se logran transformaciones de fondo en el país. Cuando ha habido diálogos de paz, históricamente, en Colombia eso se ha traducido en una mayor intensidad de la violencia política: crímenes de Estado, actuaciones judiciales irregulares, etcétera”, concluyó.