El pasado viernes 31 de julio, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay revocó la condena de campesinas y campesinos sin tierra que habían sido sentenciados por el caso conocido como la «Masacre de Curuguaty». El trágico suceso acontecido el 15 de junio de 2012 tuvo como resultado la muerte de 17 personas, además de la destitución del entonces presidente paraguayo Fernando Lugo. La absolución de los campesinos vuelve a poner el foco en la masacre. Aún no se sabe que sucedió pero algo está claro: en el medio está el problema de la tierra.

Ignacio González Bozzolasco/Montserrat H. Fois

Nueva Sociedad, agosto 2018, http://nuso.org/

El pasado viernes 31 de julio, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay revocó la condenda de 11 campesinas y campesinos sin tierra que habían sido sentenciados por el caso conocido como la “Masacre de Curuguaty”. En un histórico fallo judicial, los magistrados hicieron lugar al recurso de casación presentado por la defensa, votando de forma unánime por la nulidad de la sentencia. El argumento central de la resolución fue la falta de elementos que prueben la responsabilidad penal de los acusados y las acusadas, echando por tierra todas las ambigüedades, suspicacias y hasta falsos alegatos esgrimidos por la fiscalía a lo largo de su acusación.

El trágico suceso acontecido el 15 de junio de 2012 tuvo como resultado la muerte de 17 personas, además de la destitución del entonces presidente paraguayo Fernando Lugo (2008-2012).

Los orígenes del conflicto

Como ya han señalado diversos estudios especializados, Paraguay se encuentra entre los países más desiguales del mundo en la distribución de tierras. Los grandes propietarios con más de 500 hectáreas constituyen solo el 2,6% del total, concentrando el 85,5% de las tierras. En un contexto como este, la movilización y lucha fue siempre la única vía para la obtención de las mismas por parte del campesinado. Como afirma la referente campesina Perla Álvarez: «No hay asentamiento o comunidad en este país que haya nacido sin una ocupación previa». Por tanto, las luchas en torno a las 1.748 hectáreas de Marina Kue, que derivaron posteriormente en la Masacre de Curuguaty, no escaparon a esta dinámica.

Desde el año 2004, las organizaciones campesinas de Curuguaty habían desarrollado gestiones ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), solicitando el inicio de los trámites correspondientes para destinar las tierras de Marina Kue a la reforma agraria. Las mismas, ubicadas en el municipio de Curuguaty a 300 kilómetros al noreste de la capital paraguaya, estuvieron en constante conflicto judicial por poco más de una década.

Como señala la historiadora Margarita Durán, en el año 1967 dichas tierras fueron entregadas por la Industrial Paraguaya S.A. al Estado paraguayo para que fueran usufructuadas por la Armada. Así, en el año 2004, el Poder Ejecutivo decretó su transferencia al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) para ser destinadas a la reforma agraria. Pero esta transferencia no llegó a concretarse debido a que la firma Campos Morombí, de la familia del fallecido político colorado Blas N. Riquelme, planteó en los tribunales una demanda de usucapión aduciendo la ocupación del terreno desde el año 1970. Si bien la empresa consiguió una sentencia favorable en el 2005, la resolución fue muy conflictiva atendiendo a que la usucapión se dio con argumentos falsos, tal como apunta la profesora Durán.

En el año 2009, la Procuraduría General de la República presentó una acción de nulidad, buscando revertir la sentencia que favoreció a Campos Morombí. En 2012, ante el rechazo de la nulidad por parte del juzgado, la Procuraduría apeló dicha acción ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, hasta el momento pendiente de resolución. Por su parte, la empresa buscó una solución apresurada donando parte del inmueble al Estado en carácter de Parque Nacional, siendo aprobada por el Congreso en 2015. De esta forma, dicho inmueble dejaría de ser plausible de uso para la reforma agraria. Colocando así a todo este conflicto en un territorio plagado de contradicciones jurídicas.

La masacre y sus derivaciones

Durante el largo proceso de disputa judiciales, el conflicto entre las organizaciones campesinas, las autoridades y los organismos de seguridad fue la constante. El día 15 de junio de 2012, un nuevo operativo policial pretendió allanar el campamento de campesinos y campesinas sin tierra, en el cual se encontraban unas 60 personas. Las tensas tratativas que tuvieron lugar entre los ocupantes y 324 efectivos policiales acabó en una balacera, cuyo origen aún resulta desconocido. El lamentable resultado de este acontecimiento fue la muerte de 17 personas, 11 campesinos y 6 policías.

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Captura video de la masacre

El desenlace inmediato de la Masacre de Curuguaty fue la interrupción abrupta del gobierno del entonces Presidente Fernando Lugo. El líbelo acusatorio utilizado para su destitución le imputó el incurrir en mal desempeño de sus funciones, suscitar inestabilidad política e incitar una lucha de clases sociales que trajo la masacre como resultado final. Ese acontecimiento le sirvió como móvil principal a la oposición liderada por el Partido Colorado, en alianza con el Partido Liberal y otros sectores, para lograr el desplazamiento del poder del Presidente Lugo y de las fuerzas progresistas que lo apoyaban.

El juicio del caso tuvo lugar entre los años 2015 y 2016, dando como resultado la condena de 11 campesinos hallados culpables por el homicidio de 6 policías. No obstante, durante el juicio no fue esclarecido el origen del primer disparo, ni el asesinato de los campesinos. Pese a ello, la fiscalía basó su acusación en la tesis de que los campesinos armados con escopetas de caza emboscaron a más de 300 efectivos policiales usando de cebo a mujeres y niños para crear un clima de confianza.

La relevancia de la absolución y las reacciones

Desde su origen, el caso Curuguaty fue objeto de denuncias por parte de los diversos organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas del país. Constituye, sin dudas, uno de los más claros y graves casos violación de derechos humanos, garantías legales y constitucionales en la historia reciente del Paraguay.

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Como denunció la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), existieron evidencias claras de un juicio ilegal y parcial. La relación del entonces fiscal de la causa, Jalil Rachid, con la familia Riquelme propietaria de la empresa Campos Morombí, así como la investigación de la muerte de los policías pero no las de los campesinos son claros indicios de un proceso viciado de parcialismo. Se suma a lo señalado la desaparición de pruebas clave para la causa, como fueron la filmación realizada desde un helicóptero de la Policía Nacional y las pruebas científicas que revelarían el tipo de proyectiles alojados en los cuerpos de los caídos.

El proceso judicial plagado de irregularidades es, además, una muestra de cómo las profundas desigualdades sociales y económicas tienen su correlato en el desigual acceso a la justicia en Paraguay. Los testimonios recogidos por organismos de derechos humanos sobre el caso Curuguaty dan cuenta de torturas, ejecuciones extrajudiciales y otros atropellos a los derechos humanos. Sin embargo, la absolución permite evidenciar los límites que encuentra la arbitrariedad judicial ante la indignación, protesta y lucha de las personas y organizaciones que tomaron la defensa de las víctimas campesinas como bandera de justicia.

Asimismo, la absolución de las personas condenadas por la Masacre de Curuguaty tiene importantes derivaciones políticas. No solo cuestiona el proceso llevado a cabo por jueces y fiscales que intervinieron en la causa, sino que afecta la ya mermada credibilidad de los políticos que promovieron el juicio político en contra del presidente Lugo alegando su responsabilidad en el desenlace fatal. Por sobretodo, dejó en evidencia la defensa acérrima de los intereses latifundistas por parte de los agentes estatales, judiciales y parte de los medios de comunicación del país.

Sin embargo, fiscales, legisladores y políticos no tardaron en reaccionar ante el fallo de la Corte Suprema que anuló la sentencia. El senador oficialista Javier Zacarias Irún, salió al paso acusando de delincuentes a quienes estuvieron ese 15 de junio de 2012 en Curuguaty, seguro de que debían volver a la cárcel. La Fiscalía General, por su parte, respaldó a los fiscales que llevaron adelante esta causa fundamentando que se produjeron atropellos a la propiedad privada y atentados contra la vida.

¿Qué pasó en Curuguaty?

El caso Curuguaty seguirá siendo, por mucho tiempo, una profunda y dolorosa herida en la historia reciente del pueblo paraguayo. El Estado tiene todavía enormes deudas en materia de derechos humanos y más aún con los sectores más vulnerables de la sociedad, a quienes el acceso a la justicia y las garantías procesales les son negados.

Sin dudas, el reciente fallo es un haz de justicia en medio de tanta arbitrariedad. No obstante, sigue firme la exigencia de justicia, verdad y reparación por las muertes de los 11 campesinos, además de una investigación imparcial de las muertes de los policías. En definitiva, permanece más vigente que nunca la pregunta que viene repicando con insistencia desde los tristes sucesos de junio de 2012: ¿Qué pasó en Curuguaty?