Corresponsal en Nicaragua

Managua, 2/3 de agosto 2018

A l´encontre, 5-8-2018, http://alencontre.org/

Traducción de Ruben Navarro – Correspondencia de Prensa

1. La resolución de la OEA (Organización de Estados Americanos) del 2 de agosto del 2018 (ver punto N° 7) es una derrota política para Ortega en el escenario internacional. No obstante, Daniel Ortega busca cerrar el “frente interior” a través de la represión. Es su principal objetivo. Su táctica inmediata está centrada en la situación interna aunque también tome iniciativas a nivel internacional (entrevistas a diferentes cadenas internacionales de televisión, entre las cuales Fox News (ultraderecha estadounidense), Telesur (Venezuela-Maduro) o RT (Rusia-Putin).

Lo que debe interesarnos es el efecto que esa táctica puede tener en una población que considera que cada derrota internacional de Ortega-Murillo contribuye a la lucha política dentro del país. En ese sentido, la resolución de la OEA perjudica la estrategia gubernamental de aplastar la protesta social interna.

Ortega y Putin2

2. La indignación popular no disminuye. El deterioro económico tampoco. La economía se transforma –a corto, mediano y largo plazo- en el talón de Aquiles del gobierno. Aun suponiendo que este último logre desarmar al movimiento social, la economía seguirá siendo un problema interno primordial que no podrá resolver sin negociaciones tanto internas como externas.

3. Tanto los “errores” del gobierno –represión de los médicos, ataques contra los obispos acusándolos de ser actores de un golpe de Estado, represión generalizada- como las derrotas políticas registradas a nivel internacional contribuyen a evitar que el reflujo social temporario se transforme en permanente. Una prueba de ello es la continuación de las manifestaciones en diferentes regiones del país: movilizaciones en El Tule (por donde debía pasar el canal transoceánico, lo que había provocado fuertes protestas de campesinos), Managua, Masaya, León; las marchas a la mina de El Limón (a unos 100 km al nordeste de la capital); los piquetes de estudiantes en Managua y León; los llamados a protestas en Nueva Segovia (en el departamento del mismo nombre), etc.

4. Para el gobierno, el hecho que no haya tranques (cortes de rutas, NdR) es una victoria. Por otra parte, el binomio Ortega-Murillo en el poder es consciente –desde un ángulo opuesto al nuestro pero tal como nosotros lo pensamos- que la falta de liderazgo político del movimiento social es una ventaja, ya que muchas de las acciones son llevadas a cabo sin objetivo político a mediano plazo.

5. A nivel internacional, el gobierno intenta concretar algunas iniciativas. Piensa, por ejemplo, que con Vinicio Cerezo, secretario general del SICA (Sistema de Integración Centro Americana), puede obtener que Guatemala cambie su voto con respecto al precedente [a favor de la resolución de la OEA y luego una abstención. Ortega buscó incluso de convertir a Vinicio Cerezo en mediador, sin lograrlo]. Lo mismo ocurrió con El Salvador. Debemos ser conscientes del hecho que existe entre Ortega y Cerezo una alianza que funcionó en los años 1980 con los acuerdos de Esquipulas (ciudad guatemalteca) que permitieron limitar el financiamiento estadounidense de los Contras. Ortega mantuvo una relación privilegiada con Cerezo. Daniel Ortega apuesta también a la influencia de Venezuela y de Cuba sobre los países del Caribe. Piensa que con 20 o 21 votos, la “alianza internacional” contra su gobierno no podría obtener votos suficientes para aplicar la “Carta democrática”. Efectivamente, se necesitan 26 votos del total de 34 países que forman parte de la OEA. Para Ortega, ese hecho es un éxito relativo.

6. Sin embargo, para los Estados Unidos, la resolución puede servir de marco para medidas unilaterales contra el gobierno de Ortega-Murillo. Claro está que este gobierno plantea varios problemas en la región centroamericana, dados los efectos directos e indirectos: enlentecimiento económico de la región, lo que podría aumentar el desempleo; más pobreza así como un incremento migratorio hacia los Estados Unidos.

7. El Consejo Permanente de la OEA, reunido este jueves 2 de agosto, aprobó la creación de una “Comisión Especial” de observación para Nicaragua. La moción fue apoyada por 20 de los 34 miembros. Su misión consistiría en la ayuda para encontrar soluciones pacíficas y duraderas en Nicaragua. Al mismo tiempo, esta “Comisión Especial” debería contribuir al proceso de diálogo nacional, actualmente bloqueado debido a la falta de voluntad del ejecutivo y del rechazo interpuesto por la Iglesia católica a jugar el papel de mediadora. La sesión del Consejo tuvo lugar bajo la protesta de Nicaragua y de sus tres aliados (Venezuela, Bolivia y San Vicente y las Granadinas). El objetivo es el de evitar las sanciones unilaterales, el de ganar tiempo y mientras tanto, continuar el aplastamiento del movimiento social con más represión, mas persecuciones, más presos.

8. Los informes finales sobre los derechos humanos emitidos por las Naciones Unidas (ONU), la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no han sido publicados aún. Estos informes deberían indicar las responsabilidades sobre la muerte de 448 personas, miles de heridos, centenares de desaparecidos así como la cantidad de presos políticos sin proceso transparente que han sido condenados en juicios secretos y expeditivos.

No debemos perder de vista un elemento clave: estamos en una fase que –estableciendo una analogía y con los límites que conlleva toda analogía histórica- se parece a la del terror desarrollado por la Triple A en Argentina antes del golpe de Estado de 1976. Eso sigue estando en el centro de la estrategia del gobierno.

9. Al gobierno Ortega-Murillo le resulta difícil encarar un combate contra tantos frentes abiertos en la escena internacional. Tengamos en cuenta que Nicaragua no ha acordado todavía con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el programa de financiamiento para los cinco años a venir (2018-2022). Los gobiernos miembros de la OEA son accionistas de esta organización multilateral así como lo son del Banco Mundial (BM). La OEA analiza la posibilidad de bloquear el acceso de Nicaragua al financiamiento a través del BID y del Banco Mundial.

Hasta mayo de 2018, el BID era el principal acreedor de Nicaragua, endeudada a nivel de 1976,1 millones de dólares, o sea 51% del total de préstamos de las organizaciones multilaterales. Lo siguen el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con 764,9 millones de dólares y el Banco Mundial con 613,7 millones de dólares. Un frente más para el gobierno. Y es en ese contexto de conjunto, que debemos examinar la resolución de la OEA.