Con la abogada Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.

 La lista macabra

 

Tiene una larguísima trayectoria de militancia sandinista. Lideró la comisión del Fsln que debía esclarecer el caso de “la piñata”, pero le impidieron indagar. La organización que dirige hoy ha recibido cerca de mil denuncias de violaciones de los derechos humanos desde que estallaron las protestas populares en Nicaragua en abril: sobre asesinados, heridos, torturas, desapariciones, persecuciones… El Cenidh lleva la cuenta de los muertos en la rebelión popular. Ya son al menos 302.

La doctora Vilma Núñez cumple en unos meses 80 años. Hace 60 comenzaba a estudiar derecho en la Universidad de León. El antisomocismo de la infancia se convirtió por más de dos décadas en militancia sandinista y en un compromiso por los derechos humanos que dura hasta hoy.

Eligió el derecho penal y sobre todo defender. Hace 20 años patrocinó a Zoilamérica Narváez Murillo, hija de Rosario Murillo e hijastra del comandante Daniel Ortega, en la acusación contra su padrastro de abuso sexual cuando tenía 11 años. Ese enfrentamiento legal y ético con el “monstruo que creamos en Nicaragua” la apartó definitivamente del Frente Sandinista, según confiesa a Brecha.

Fundó y preside el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), institución que en los últimos meses se ha dedicado a documentar las muertes que se han producido a raíz de las protestas cívicas autoconvocadas que estallaron el 18 de abril pasado, y su represión. Una lista “macabra”, que se completa con dolor, asegura.

Brecha conversó con ella durante su visita de esta semana a Montevideo, en la que presentó en la antesala del Senado el informe de Amnistía Internacional “Disparar a matar: estrategias de represión de la protesta en Nicaragua”.

Alejandro Ferrari

Brecha, 3-8-2018, https://brecha.com.uy/

 

—¿Cuál es la situación de los derechos humanos en Nicaragua?

—Estamos viviendo una realidad que no es nueva. Es una crisis de violación sistemática de los derechos humanos. Pero a su vez es una situación inédita. La novedad radica en la forma que han tomado estas violaciones, su profundidad y magnitud, su prolongación en el tiempo, los métodos empleados y las pocas posibilidades de solución inmediata.

Esta situación, sin embargo, se venía gestando desde que Daniel Ortega llegó por segunda vez al poder y prácticamente empezó a desmontar el Estado de derecho y a destruir la institucionalidad, asumiendo el control total y absoluto de todas las instituciones del Estado, desde el Poder Judicial hasta los cuerpos militares, como la Policía y el Ejército.

Al romper la institucionalidad, al no haber mecanismos de protección para los derechos humanos, éstos se han ido deteriorando progresivamente. Hay una política impulsada en ese sentido: como la exclusión de la participación ciudadana y –algo que no se había dado en mucho tiempo– la persecución a los defensores de los derechos humanos, quizás no con las características que adquiere en otros países, pero sí con una obstaculización permanente.

Hay una persecución a toda la sociedad civil, que se manifiesta en obstáculos y limitaciones de todo tipo, además de la represión a determinados sectores en la rebelión que tenemos en el país desde mediados de abril.

—Usted dice que la situación no es nueva. ¿Qué signos la anunciaban?

—En Nicaragua, incluso en la izquierda latinoamericana, se llegó a invisibilizar la situación en la que estábamos. Cuando empezamos a denunciar que nos estábamos acercando a una dictadura institucional me decían: “Te estás volviendo contrarrevolucionaria”. Se tenía idealizada la situación y se pensaba que éramos los mejores, hasta el extremo de acuñar la frase de que Nicaragua era el país más seguro de América, en lugar de decir que tal vez era el país con menos niveles de inseguridad visible. Porque es más difícil luchar contra un enemigo oculto.

Llevo 60 años de militancia y lucha en derechos humanos, desde que era estudiante. Luché contra la dictadura de Somoza, fui presa por esa misma dictadura, y digo que era más fácil luchar contra la guardia asesina de Somoza que mataba en las calles que luchar contra el actual régimen.

—¿Por qué?

—Ahora los métodos son más perversos y sutiles; es más difícil luchar contra estos enemigos ocultos, contra autoridades que disfrazan de legalidad los actos violatorios que cometen. Por ejemplo, ahora en Nicaragua se acaban de dictar dos leyes que pretenden reformar la legislación y tipificar nuevamente la figura del delito de terrorismo, que ya estaba tipificado en el Código Penal con sus características propias, y hacer aparecer como terrorismo todas las acciones y actividades que se pueden dar en medio de estas crisis que se han establecido en el país.

La táctica de Daniel siempre fue cometer una violación de la ley y al rato hacer que apareciera una nueva ley donde eso ya no era una violación sino que estaba amparado en ella.

—Los informes que ha publicado el Cenidh de manera recurrente sobre las víctimas mortales durante la rebelión comenzada el 18 de abril han tenido mucha divulgación en la prensa mundial. ¿Cómo trabajan para establecer el número de muertos y documentar esa  información?

—En Nicaragua hay tres organizaciones de derechos humanos. Nosotros vamos más conservadoramente en los números porque tratamos de verificar, es una de las cosas en las que más hemos tenido cuidado. No es cuestión meramente de acumular estos datos macabros con cifras y nombres.

Primero se conoce la noticia. Cuando es difundida en los medios suelen surgir dos situaciones. Una es que los familiares o conocidos se comunican con nosotros y entonces tratamos de ubicar directamente a la víctima. Si no, la empezamos a buscar en los medios, por ejemplo si tiene Whatsapp, Internet, a través de la cédula, del padrón electoral… Cuando ya documentamos esos primeros datos, en los casos en que la familia no llegó directamente a nosotros, empezamos a buscar cómo contactar a la familia, a los amigos, etcétera, hasta tener la certeza.

Hay un margen de error, pero siempre hemos tenido mucho cuidado y por eso nos asustan las cifras de otros lados, de otros colegas.

Cada día que tenemos que incorporar una muerte a la lista es un sufrimiento y una angustia para el que está realizando esta tarea. A la compañera a la que le toca eso a veces le cuesta sentarse en la computadora para ingresar nombres. Es verdaderamente terrible.

—¿De qué depende el margen de error?

—El margen de error, por ejemplo, crece por diversos motivos, especialmente por el miedo. Hay temor, la gente ha comenzado a huir. Después de que se desmontaron los tranques (retenes) y las barricadas hubo prácticamente una cacería humana que ha hecho más difícil la identificación. Por ejemplo, en Monimbó, Masaya, mucha gente huyó. Salieron por las laderas de Laguna de Masaya y no se han encontrado, no sabemos dónde están. Lo mismo ocurrió en Chontales, muchos huyeron para las montañas, y llevaban heridos que no quisieron quedarse en los hospitales. No hay que olvidarse de que el sistema de salud pública también fue instrumentalizado.

—¿Se expide algún certificado de defunción por los muertos?

—No del todo. Porque también estas instancias judiciales y administrativas han sido intervenidas, sobre todo en Managua, y coludieron con el gobierno y recibieron instrucciones. El Instituto de Medicina Legal juega un rol muy importante con sus dictámenes. A una familia, por ejemplo, le entregaron el cadáver en la morgue y le dieron el dictamen médico-legal. Cuando comenzaron a vestirlo para el velorio encontraron una serie de señales que no se correspondían con el dictamen. Nos avisaron, buscamos a un médico patólogo privado y él determinó que había sido muerto por balas.

Hay una estrategia que consiste en impedir que se sepa que las muertes fueron violentas y que fueron probadas. Hay toda una tarea pendiente, que es documentar al máximo, porque se tiene que saber la verdad.

—¿Hay gente armada entre los manifestantes?

—Los muchachos no tienen el arsenal y el tipo de armas que el gobierno está usando, pero definitivamente llevaban piedras, palos, huleras (hondas), y también morteros, que son armas con bombas no de contacto, de fabricación casera, que se arrojan con un disparador mecánico, un tubo donde se pone la punta y tiene un percutor que se jala y el mortero dispara.

Son usados con el propósito de defenderse. Porque no hay que olvidarse de que ha sido una agresión contra un pueblo desarmado que ha tenido que defenderse. No se puede decir que estuvieron ahí esperando que les cayeran las balas encima.

No lo puedo afirmar categóricamente, pero no puedo imaginarme que hayan podido mantener ese nivel de resistencia tan grande y prolongada, en esas condiciones tan difíciles, detrás de las barricadas, sin defenderse. Aunque no con AK, ni armas de ese tipo. Pero sí algo tiene que haber habido.

—¿Ha habido muertos en la Policía y los paramilitares?

—Hay muertos de los dos lados. En esa lista macabra que confeccionamos no hacemos diferencias, está compuesta por todos. En la lista hay 28 muertos del Fsln; son los paramilitares y miembros del partido. Fueron los que quemaron radio Darío; no los mató la resistencia, sino que con la misma bomba incendiaria que lanzaron se quemaron ellos mismos.

En este sentido fue terrible para mí escuchar el mensaje de Daniel Ortega a través de Cnn, en el que dijo que sólo son 195 muertos (según las cifras oficiales en ese momento), aceptando que hay que restarles los 21 policías (que figuran en el conteo de muertos en los enfrentamiento), como si no fueran personas o que fueran de su pertenencia. Aquí no se trata de cifras, sino de personas humanas y cómo los ha matado.

—¿Tomando en cuenta su propia trayectoria en el Fsln, podía imaginar el escenario actual?

—Hoy el Frente Sandinista existe como sigla registrada en el Consejo Supremo Electoral, pero la verdad es que el frente que formamos una vez con mucha ilusión y convicción ya no existe.

Ya en épocas de la revolución la igualdad que se proclamaba no se veía; había estándares de vida en la dirigencia sandinista que no se correspondían con las limitaciones que vivía la generalidad de la gente en Nicaragua. La derrota no fue tanto política, al perder las elecciones en 1990, sino la debacle ética que representó “la piñata”, que tiene repercusiones hasta ahora.

Muchos dirigentes decidieron irse y dedicarse a cuestiones personales, como terminar sus estudios. Algunos estaban desconformes, pero decidieron no decir nada. Sergio Ramírez fundó en 1995 el Movimiento Renovador Sandinista (Mrs). En ese momento yo tenía más participación política y no estaba de acuerdo, me parecía que tanto Sergio como Dora María Téllez tenían muchas más posibilidades de hacer cambios dentro del Frente, y opté por luchar dentro.

Una parte importantísima del Frente se fue al Mrs, muchas cabezas pensantes. Algunos nos quedamos dando la batalla internamente. Los únicos comandantes que siguieron fueron Daniel Ortega, Bayardo Arce y Tomás Borge. Pero el que manejaba todo era Daniel.

En 1996 establecieron que iba a haber una consulta popular interna para escoger a los candidatos. Todo eso resultó un engaño después, sin embargo un grupo de compañeros me instaron a asumir el reto de enfrentarme a Daniel Ortega en esa campaña. Le quité un 30 por ciento de votos en el congreso, y lo tomó como una falta de respeto. Yo sabía que no le iba a ganar, era una contribución para abrir espacios.

—¿Se investigó “la piñata”?

—Lo de “la piñata” es lo más terrible que ha pasado. Cuando fue el primer congreso del Frente Sandinista luego de la derrota hubo una gran presión para que se esclareciera, y se vieron obligados a nombrar una comisión de ética. Yo salí electa por unanimidad coordinadora de la comisión, junto a cuatro compañeros más. Fue la frustración más grande de mi vida, no había ninguna posibilidad de investigar. Un día tuve que rendir un informe ante la asamblea sandinista diciendo que no había ninguna posibilidad real de investigación y que ninguno de los dirigentes daba información. Daniel Ortega era uno de los primeros que se oponían a que se conociera cuál era el patrimonio del Frente Sandinista. Me convencí de que lo que decían, que “la piñata” era para poder tener fondos para seguir haciendo la revolución, era pura mentira. Lo que buscaban era el enriquecimiento personal.

—¿Qué la llevó a ser abogada y consagrar su vida a la defensa de los derechos humanos?

—Siempre tiene que haber una motivación personal cuando se defienden los derechos humanos. Soy originaria de un pueblo del centro del país, Acoyapa, departamento de Chontales. Mi padre era dirigente del Partido Conservador, el partido tradicional de oposición a Somoza, y cada vez que había una revuelta en contra de Somoza a mi padre lo encarcelaban. Aquello de ir a buscarlo a la cárcel, de rogarles a los guardias, me fue convirtiendo en antisomocista.

Generé mi conciencia política en la Universidad de León, a la que ingresé en 1958 y que inauguraba la autonomía universitaria. Comencé a vincularme con el movimiento estudiantil cuando fundamos un comité estudiantil por la libertad de los presos políticos universitarios; estaban presos dos profesores universitarios y un estudiante, que era Tomás Borge. Los vinculaban con el ajusticiamiento de Somoza García, allí en León, en 1956.

Soy sobreviviente de la masacre estudiantil de 1959. Luego fundamos lo que se llamó la Generación del 23 de Julio, cuna de la que surgió el Frente Sandinista en 1961. Me vinculé al Frente en 1974, cuando era abogada penalista, defendiendo gratuitamente a todos los reos políticos.

—¿Usted se apartó del Frente Sandinista?

—Yo pensé que con la revolución definitivamente nos habíamos desligado de la atadura con Somoza. Me imaginaba la revolución como un muchacho armado con un fusil en una mano y el estatuto fundamental en la otra, porque ahí se describía la nueva Nicaragua, la nueva Constitución, prácticamente, que abolió la pena de muerte, pregonaba el respeto absoluto a los derechos humanos, etcétera. Era una idealización muy grande y creo que por eso mismo se convirtió en un error.

La razón por la que me separé del Frente fue la denuncia de Zoilamérica Murillo contra Daniel Ortega. Contra la falta de democracia se podía luchar internamente, “la piñata” era una barbaridad, pero pensar y llegar a convencerme de que era un violador de una niña de 11 años no lo podía aceptar.

Y a pesar de que la misma Rosario Murillo intentaba convencerme de que no le creyera, fui la abogada de Zoilamérica y llevé el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso me sacó completamente del partido.

Con todo lo que está pasando creo que tenemos que hacer un examen, una autocrítica, preguntarnos en qué fallamos y de qué somos responsables.

Muchas veces he pensado que hay una deuda pendiente con los 50 mil muertos de la guerra: cuando se terminó la guerra y se perdieron las elecciones no se creó una comisión de la verdad. Eso ha hecho que lleguen a mi mente una serie de cosas que ahora me parecen terribles. Ayer me estaba acordando del caso de un muchacho de aquí, de Uruguay, que murió allá, muerto por la contra. Hijo de una compañera llamada Susana Iglesias. Ese muchacho murió en la guerra, defendiendo la revolución, y la forma como se manejaban las situaciones de los que morían en el Ejército era terrible, los invisibilizaban, los enterraban en fosas comunes para que la gente no se diera cuenta.

Y me acuerdo de que Susana llegó a Nicaragua a buscar a su hijo, hasta que encontró su cadáver en una fosa común y se lo trajo para Uruguay.

¿Por qué no les dimos importancia a esas cosas? Todos decían “viene la invasión”, “nos van a invadir”. Una serie de manejos. Ahora estamos frente a un monstruo que creamos. Todos los sandinistas, sea quien sea, tenemos alguna dosis de responsabilidad.

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La última lista

El último informe general del Cenidh consigna que entre el 18 de abril y el 25 de julio de 2018 hubo 302 fallecidos, entre los que se incluyen tres cadáveres sin identificar que están en el Instituto de Medicina Legal.

De ellos, 12 son mujeres y 290 hombres; 18 son menores de edad, entre los que se encuentran dos infantes de cinco y 14 meses y una niña de 2 años y medio. Hay 35 estudiantes de primaria, secundaria y universidad; 21 policías y 28 personas del Fsln vinculadas al conflicto. Entre los muertos también hay tres extranjeros (un cineasta guatemalteco, un ciudadano estadounidense y una médica brasileña) y un periodista nicaragüense.

Los días en los que hubo más fallecidos fueron el 19 y el 20 de abril, y el 30 de mayo.

Vilma Núñez hojea un ejemplar de Brecha que lleva en la tapa una foto de José Mujica con Daniel Ortega (20-VII-18) y encuentra el testimonio de uruguayos que combatieron en la revolución sandinista. “No puedo terminar sin dejar un mensaje al pueblo uruguayo. Un sector del pueblo uruguayo contribuyó muchísimo a lo que fue la revolución nicaragüense. Seguramente esta gente se siente tan traicionada como me siento yo. Nosotros esperamos que incidan ante su gobierno, que también tiene la posibilidad y la autoridad moral para hablar y exigir el respeto a los derechos humanos.

Mujica es la única persona en Latinoamérica que se ha animado a hablar. Estas últimas declaraciones dichas así, con dificultad, las dijo. Y las agradezco profundamente”, finalizó.