Macri firma dos decretos para ampliar el rol de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior

 Un brindis militar

 

Mientras pierde popularidad en las encuestas, el gobierno argentino profundiza su acercamiento a las fuerzas armadas. Dos decretos presidenciales abrieron la posibilidad de su involucramiento en cuestiones de seguridad interior y de modificar la ley de defensa nacional y su reglamentación. La militarización del funcionamiento del Estado se selló con una cena de camaradería.

 Fabián Kovacic, desde Buenos Aires

 Brecha, 3-8-2018, https://brecha.com.uy/

 

Con la firma del decreto 683/2018, el 23 de julio Mauricio Macri coronó una serie de medidas tomadas desde el inicio de su mandato presidencial a favor de la participación de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interior. La necesidad de contar con aliados en los cuarteles frente a la pérdida de popularidad y el agravamiento acelerado de la situación económica y social parece haber bastado a la Casa Rosada para aceitar sus vínculos con los uniformados.

La oposición parlamentaria y los organismos argentinos de derechos humanos cuestionaron la decisión por no haber sido tratada por el Congreso, y porque retrotrae el rol de los militares en la sociedad a los años previos a la dictadura, precisamente cuando la crisis social en el país resulta insostenible. “En línea con la doctrina de las ‘nuevas amenazas’ que el gobierno viene instalando desde enero de 2016, se proponen una serie de coordenadas para modificar las misiones que, a través de un acuerdo multipartidario, el sistema político le dio a las fuerzas armadas luego de recuperada la democracia y durante los siguientes 30 años. Esta doctrina anunciada por el gobierno asume como propia la definición de una agenda internacional que viene impuesta y que no está necesariamente asociada a los intereses nacionales”, expresa un documento en respuesta al decreto publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y firmado entre otros por Fernando Pino Solanas, Beatriz Sarlo, Maristella Svampa, Hernán Patiño Mayer y Gabriel Kessler.

Petróleo y conflicto militar

Un día después de emitido el decreto, el diputado nacional Horacio Pietragalla (del Frente para la Victoria, Fvp) –con apoyo jurídico de abogados constitucionalistas, como Eduardo Barcesat– interpuso una acción judicial para declararlo inconstitucional y pidió que se frene su aplicación, mediante una medida cautelar, hasta tanto se expida la justicia. Más tarde presentó, junto al titular del bloque del Fvp, Agustín Rossi, y el resto de la bancada, un proyecto de ley para derogar el decreto, por considerarlo atentatorio de las leyes de defensa nacional y de inteligencia nacional sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

Los cuestionamientos de la oposición parlamentaria al decreto culminaron con la convocatoria de una sesión especial en la Cámara de Diputados para el martes 7 de agosto. La convocan el Frente Renovador y el Interbloque Argentina Federal, ambos de origen peronista.

Las implicaciones del decreto presidencial deben ser analizadas tanto a la luz de las declaraciones reiteradas de Mauricio Macri desde 2014 sobre la necesidad de que las fuerzas armadas participen en la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico, motivo que mencionó nuevamente al referirse al decreto del 23 de julio, como tomando en cuenta la deliberada formulación nebulosa del texto. El decreto menciona “agresiones externas” pero no precisa si se trataría de agresiones de fuerzas armadas regulares de otro país, y deja así entrever una posible intervención de los militares en la represión del delito, es decir, en asuntos de seguridad interior. Cualquier ciudadano extranjero podría entonces ser pasible de ser detenido de manera arbitraria con estos pretextos. Una acción sindical o política relacionada con bienes estratégicos para la soberanía del país, como un yacimiento petrolífero o una represa, podría ser considerada una agresión “contra la soberanía”, mencionada por el texto. Las organizaciones de derechos humanos advirtieron en este sentido sobre el riesgo de que la interpretación del “enemigo” se extienda de “externo” a “interno”; por ejemplo, un sindicato petrolero que declara una huelga por mejores condiciones de trabajo.

Merece señalarse un dato importante de contexto: el pasado mes de mayo se iniciaron las obras de construcción de la primera base militar estadounidense en Argentina. Estará ubicada en la provincia de Neuquén, cerca del yacimiento petrolífero de Vaca Muerta, donde la empresa estadounidense Chevron ya está instalada y lista para explotar petróleo junto a la argentina Ypf.

Un programa coherente

El decreto 683/2018 se inscribe de manera coherente en la política de defensa que Macri ya ha exhibido. El 31 de mayo de 2016 devolvió a los militares la potestad de decidir ascensos, destinos, retiros, reincorporaciones y la designación de militares retirados en cargos docentes de formación en los institutos castrenses. Todas eran prerrogativas que en 1984 el presidente Raúl Alfonsín había reservado al ministro de Defensa, un civil bajo control político de un gobierno democrático. La decisión del 23 de julio desconoce también la ley 23.554, de defensa nacional, cuya sanción se consiguió en abril de 1988 bajo el gobierno de Alfonsín, luego de un arduo debate parlamentario y a pesar de un contexto hostil con presiones de los estados mayores del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, tras los juicios a las cúpulas de las tres primeras juntas de gobierno de la dictadura y los levantamientos carapintada de 1986 y 1987.

En el artículo 2 de esa ley quedaba definido por primera vez que “agresiones externas” eran las de otro Estado, con fuerzas regulares. Una interpretación contraria a la del decreto del 23 de julio pasado, que usa el nebuloso concepto de terrorismo y narcotráfico. La ley de defensa nacional derogó la doctrina de la seguridad nacional –principal libreto de la dictadura de Videla–, enunciada por primera vez en 1965 por el entonces jefe del Ejército, Juan Onganía, que un año después derrocó al presidente Arturo Illia.

El ataque, en enero de 1989, al cuartel de La Tablada por el grupo guerrillero Movimiento Todos por la Patria (Mtp) devolvió cierto poder a los uniformados como asesores presidenciales en cuestiones de seguridad interior. Los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y de Fernando de la Rúa (1999-2001) fueron marcados por la defensa de la impunidad de los acusados de delitos de lesa humanidad, con diversas acciones que dilataron cualquier intento de retomar esos juicios.

Sin embargo, ninguno de estos avatares modificó la aplicación de la ley de defensa nacional, sencillamente porque no fue reglamentada hasta 2006. El presidente Néstor Kirchner terminó así la tarea, iniciada por Alfonsín, de poner a las fuerzas armadas bajo control civil.

La falta de reglamentación de una ley permite a los gobiernos dejar claroscuros e imprecisiones sobre su interpretación y aplicación. La ley de defensa nacional navegó esas aguas de incertidumbre durante 18 años. Junto con la reglamentación, Kirchner emitió otro decreto que garantizaba la no injerencia militar en tareas de inteligencia y seguridad interior, labor reservada exclusivamente a fuerzas de seguridad como las policías provinciales y federal, la Prefectura y la Gendarmería Nacional.

Ahora Macri no sólo eliminó la reglamentación de 2006 sino que avanzó sobre la propia ley de defensa nacional: un segundo decreto, el 703/2018, firmado el pasado martes –horas antes de la cena de camaradería anual de las fuerzas armadas–, establece una nueva “Directiva de política de defensa nacional”, por la que se enviarán a partir de la semana próxima equipos y una tropa de 4 mil hombres a la frontera norte en las provincias de Formosa, Misiones y Salta, con el fin de “combatir el narcotráfico, entre otros delitos”. Se trata de la primera etapa de futuras incursiones militares en temas de seguridad interior. Macri brindó con los oficiales de las tres fuerzas y prometió devolver la dignidad a las fuerzas armadas mediante una política de largo plazo “que las convierta en profesionales, bien remuneradas y equipadas con las nuevas tecnologías informáticas para integrarse al mundo”. Y así se diluyeron totalmente las tensiones de las semanas previas, generadas por el anuncio del ministro de Defensa, Oscar Aguad, de aumentos salariales por debajo del índice de inflación para los militares. Un alza que rápidamente fue corregida del 9 por ciento al 25.

Experiencia regional

A pesar de que las experiencias de Brasil, Colombia y México de militarizar su seguridad interior han arrojado en los últimos años miles de muertes sin que el flagelo del narcotráfico haya disminuido, el discurso efectista de corto plazo de “mano dura” parece ser la receta priorizada del gobierno argentino a la hora de buscar los apoyos que no encuentra con su política económica y social.

Para Nilda Garré, actual titular de la Comisión de Defensa de Diputados y ex ministra de Defensa y de Seguridad de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, la decisión de Macri marca un retroceso en políticas de seguridad en tiempos democráticos. “En primer lugar porque se trata de modificar una concepción de la seguridad y la defensa sin un consenso de todas las fuerzas políticas argentinas, como ocurrió con la legislación generada tras la vuelta de la democracia. Y por otra parte porque se trata de condicionamientos impuestos desde Washington y admitidos con beneplácito por el gobierno de Macri, que desde su llegada al gobierno se esmeró por quedar bien ante cada sugerencia de Estados Unidos”, señaló a los medios de prensa. “Es también una decisión del gobierno debilitar hasta extinguir una política de defensa regional tal como se había planteado en los últimos años junto a otros países de América del Sur”, lamentó Garré.

El consultor Rosendo Fraga, un hombre históricamente cercano a las fuerzas armadas, publicó en su página web del Centro de Estudios Nueva Mayoría, especializado en temas de defensa y seguridad, un informe en el que minimiza los riesgos de que los militares se conviertan en represores, como ocurrió en los años de la dictadura, y consideró que la sociedad reclama la intervención más efectiva de los militares en la seguridad. Coincidió en ese sentido con el propio presidente Macri, quien basó su campaña electoral en la promesa de abrir el juego de la seguridad a las fuerzas militares “porque la amenaza del narcotráfico y el terrorismo así lo exigen”.

Pero las encuestas no acompañan abiertamente la decisión del gobierno de militarizar el país en busca de seguridad callejera y prevención de delitos como el narcotráfico y el terrorismo. Una, realizada a principios de julio pasado en el Gran Buenos Aires por la consultora Tres Punto Zero, dejó claro la profunda división social que hay sobre el tema: el 47,8 por ciento de los encuestados está a favor de que los militares intervengan en la seguridad interior, mientras que el 48,9 por ciento se expresó contra esta medida.

El abrazo con los oficiales de las tres fuerzas y las promesas de mejoras de las condiciones laborales de los militares contrastan con los despidos en el sector público, la falta de diálogo con los docentes y la crisis de las pequeñas y medianas empresas, con sus secuelas de desempleo. Los últimos decretos del presidente dejan claras cuáles son sus preferencias políticas en medio de la crisis económica y social que vive Argentina.