El Estado mexicano aún no sabe bien cuántos ni quiénes son los miles de desaparecidos del país, pero este no fue un tema prioritario en la campaña electoral.

Eliana Gilet, desde Ciudad de México

Brecha, 6-7-2018,https://brecha.com.uy/

No fue el tema central de la campaña. No fue tema de ninguno de los tres debates preelectorales. No hubo propuestas concretas de los candidatos para atender la mayor crisis por la que atraviesa México: más de 34 mil personas desaparecidas en una década.

A mitad de junio el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México había exhortado por carta a los candidatos a respetar y no dejar que fuera letra muerta la recientemente creada ley general de desaparición forzada, impulsada por las familias de las víctimas, y garantizar la participación de éstas en las búsquedas. “Desde el Movimiento esperamos como mínimo una invitación para reunirnos la primera semana después de la elección por parte de quien sea electo”, expresaron también entonces. Aún no se ha dado ni anunciado esta reunión.

Aunque la futura secretaria de Gobernación (ministra de Interior) de Andrés Manuel López Obrador deslizó en una entrevista radial dos días después de las elecciones (Aristegui Noticias) que había estado reunida casi cinco horas con familiares de desaparecidos, Brecha pudo confirmar con una de las asistentes que la reunión fue antes de las elecciones, el 14 de junio. En ella participaron unas veinte personas, referentes de una pequeña parte de los colectivos del país involucrados en la temática, además de representantes de al menos dos Ong que trabajan cerca de ellos: Idheas y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

Araceli Salcedo, madre de Fernanda Rubí –desaparecida en Orizaba, Veracruz, en setiembre de 2012– y fundadora del grupo Familiares en Búsqueda Córdoba-Orizaba, asistió a esa reunión y dijo a Brecha, sobre la futura integrante del nuevo gabinete mexicano: “Es una mujer preparada y sensible, y dedicó tantísimo tiempo a escuchar caso a caso de los que estábamos allí e ir haciendo anotaciones. Propuso que cuando ya hubiera ganado tomaría estos temas de manera distinta. No quiso prometer hasta no estar ahí”.

El primer comisionado

Quien a nivel nacional, y en su condición de funcionario público, estará a cargo del tema desaparecidos en México se llama Roberto Cabrera. Fue designado en marzo pasado como el primer comisionado nacional de búsqueda de personas desaparecidas en México, un cargo que no depende del gobierno de turno y que fue propuesto por 166 de los 178 colectivos de familiares de desaparecidos que participaron de la selección. “Las familias nos vieron en el campo buscando, sin otro objetivo que acompañarlos y la articulación de las diferentes autoridades.” Esa era la labor que Cabrera dirigía desde la Comisión Nacional de Seguridad antes de que la ley general de desaparición creara la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Hoy el carácter de su trabajo sigue siendo similar: articular, coordinar, sistematizar el trabajo de búsqueda que están llevando a cabo otros. Es decir, los familiares de los desaparecidos. Cabrera explicó a Brecha que la comisión no trabaja sola, sino que ha conformado un grupo de trabajo con personal de los estados de Sonora, Tamaulipas, Oaxaca y Chihuahua. “No podemos concebir que lo que lamentablemente está pasando en México lo vaya a solucionar una comisión sola y el personal que la conforma”, apuntó.

La nueva comisión obtuvo en 2018 sólo alrededor de 190 millones de pesos mexicanos (10 millones de dólares) para echarse a andar.

Identidad digital

La ley general de desaparición forzada dispone que la comisión debe presentar un programa nacional de búsqueda y crear un registro nacional de personas desaparecidas antes del próximo 14 de agosto. Algo que según Cabrera recién se podrá hacer en 2019. “Esa es de las mayores preocupaciones que tenemos, si tenemos que armar un plan de búsqueda, por lo menos tenemos que saber a quién tenemos que buscar para, en consecuencia, saber cómo los tenemos que buscar y los recursos que implicarían esas búsquedas”, algo que las autoridades mexicanas hasta el día de hoy no han tenido claro.

El nuevo comisionado apuesta a generar un sistema único en el que toda la información sobre los desaparecidos esté reunida y no fragmentada entre los distintos estados de la república. Para eso su idea es crear una “identidad digital de la persona desaparecida”, porque el existente Registro Nacional de Personas Desaparecidas, apuntó, “no fue concebido como una herramienta que permitiera la búsqueda, localización e identificación de las personas ausentes o desaparecidas”.

Cabrera destacó la importancia de contar con las fechas de nacimiento de cada desaparecido para poder conseguir documentación sobre ellos que sirva en la búsqueda, como su pasaporte, su fotografía, su huella dactilar. Y señaló que la comisión ya ha logrado “un enorme adelanto” en este sentido: “Los nombres que estaban en el Registro de Personas Desaparecidas, que son más de 35 mil, se los dimos al Registro Nacional de Población. Al buscar las fechas de nacimiento, eso nos dio como resultado alrededor de 627 mil posibles coincidencias. Ya aplicamos algunos procesos de depuración y tenemos alrededor de 27 mil nombres que están registrados como personas desaparecidas, de las que ya tenemos su fecha de nacimiento. Hay más de 13 mil de quienes ya tenemos su fotografía y su huella dactilar y alguna otra información de diferentes bancos que va conformando esta identidad digital”.

Cabrera explicó también que un grupo de trabajo con personal de los estados, del área de estrategia digital del gobierno federal y de la propia comisión, está desarrollando un software para hacer esta labor: “Estamos generando un módulo del sistema único de información tecnológico e informático”, un único sistema con información asociada a una persona desaparecida o no localizada.

La Procuraduría

La importante tarea de la investigación forense está a cargo de la Procuraduría General de la República (Pgr), que maneja el Banco Nacional de Datos Forenses, con los perfiles genéticos aportados por los familiares y los que se deben construir con base en los restos que han sido hallados. “La responsable de conformar ese banco es la Pgr, que luego tiene que formar parte del sistema único de información tecnológico e informático. Nosotros acompañaremos y trazaremos lineamientos y estandarización de la información de ese banco que se está creando a nivel nacional”, dijo Cabrera.

Por lo bajo, algunos familiares señalaron reparos. Por un lado, creen que puede haber cierto recelo en la Pgr para integrar ese sistema nacional que es medular para Cabrera. Y por otro, apuntaron que las familias no confían en la Pgr y su capacidad de llevar a cabo una investigación independiente. Esta dependencia sufrió un duro revés a comienzos de junio, cuando el Tribunal Colegiado del 19º Circuito, en una sentencia inaudita, resolvió crear un sistema alternativo para el caso Ayotzinapa, porque, señaló, la investigación oficial a cargo de la Procuraduría no había sido “pronta, efectiva, independiente ni imparcial”. Ordenó recurrirla por completo, al haber indicios de que las confesiones de los presuntos autores materiales de la desaparición de los estudiantes sobre las que se sustentaba toda la investigación fueron obtenidas bajo tortura.

Los familiares siguen escépticos. Cinco días antes de las elecciones en México, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México anunció que no daría su respaldo a ninguna fuerza política: “El candidato y partido que queden en la presidencia de la república no modifican por sí mismos la ausencia de nuestros familiares y mucho menos la guerra contra el narcotráfico que atravesamos en México desde hace al menos 12 años”.