La divulgación de una grabación del desgarrador llanto de niños recluidos fue lo que terminó obligando al presidente Donald Trump a frenar la separación sistemática de menores de edad de sus padres inmigrantes en Estados Unidos. Son más de 11 mil, y entre ellos hay bebés. La práctica causó protestas dentro y fuera del país, pero a Donald Trump sólo le preocupa mantener su imagen de “hombre duro”. La suerte de los niños inmigrantes en Estados Unidos sigue siendo incierta.

 Jorge A Bañales, desde Washington

 Brecha, 22-6-2018, https://brecha.com.uy/

 Cada día llegan a la frontera sur de Estados Unidos cientos, miles de personas, en su gran mayoría centroamericanas, que huyen de la pobreza y la violencia en sus países y piden asilo. En abril, el gobierno del presidente Donald Trump, quien prometió a sus votantes que sería implacable en la contención de la inmigración, introdujo la práctica de separar a los menores de sus padres inmigrantes y recluirlos en campamentos y centros de detención regenteados por las autoridades.

De manera lenta pero sostenida, el conocimiento de esta práctica fue abriéndose paso en el torrente de noticias sobre escándalos e investigaciones que rodean a Trump, y la semana pasada alcanzó el nivel crítico de titulares, con imágenes de las jaulas donde están recluidos los menores, niños llorando mientras la Patrulla Fronteriza manosea a padres y madres, y denuncias de iglesias, de defensores de los inmigrantes. Hasta salieron a manifestar su rechazo figuras prominentes del Partido Republicano.

El argumento central que usó Trump para defender esta práctica era que si los inmigrantes saben que sus hijos serán detenidos, separados y recluidos, dejarán de llegar a la frontera. El secretario de Justicia, Jeff Sessions, dio la pauta de a quiénes buscaba complacer con esta política cuando en una conferencia de prensa hizo referencia a la Biblia, específicamente al “apóstol Pablo y su instrucción clara y sabia en Romanos 13: ‘obedezcan las leyes del gobierno porque Dios ha establecido el gobierno para sus propósitos’. Los procesos legales y ordenados son buenos en sí mismos. La aplicación coherente y justa de la ley es, en sí misma, algo bueno y moral, y protege a los débiles y a quienes respetan la ley”.

Casi un año después de su investidura, Trump cuenta con la aprobación de casi el 40 por ciento de los votantes encuestados, y mantiene firme su popularidad entre los cristianos conservadores. Es para esta audiencia que Trump habla y actúa.

Bebés recluidos

Y es para esta audiencia que la embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, Nikki Haley, anunció el martes que su país se manda mudar del Consejo de Derechos Humanos de la Onu. La diplomática dijo que el Consejo “protege a los abusadores de los derechos humanos”, y se refirió a China, Cuba y Venezuela, y es “una cloaca de parcialidad política crónica contra Israel”.

Un día antes, el alto comisionado de la Onu para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, había criticado a Estados Unidos por el programa de separación de las familias de inmigrantes.

La ley estadounidense no estipula la separación de las familias, y la práctica siempre ha sido que, mientras los adultos quedan en libertad condicional a la espera del trámite de sus pedidos de asilo, los menores permanecen con sus padres y madres, o con otros parientes si estos ya viven en Estados Unidos.

Trump, que nunca pierde una oportunidad de hacer politiquería, culpó a los demócratas por la falta de una ley integral de inmigración y afirmó repetidas veces que era responsabilidad del Congreso resolver eso.

Un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos informó a The Examiner que en las últimas semanas el gobierno había separado de sus padres a un promedio de 250 menores por día, y que la agencia ya tiene en sus centros de reclusión a otros 11.500 menores.

La comentarista del canal de televisión Msnbc Rachel Maddow rompió en llanto el martes de noche cuando al cierre de su programa de televisión le tocó leer una noticia de la agencia AP según la cual el gobierno ha montado centros de internación para niños de tender age…, es decir para bebés de meses y niños menores de 5 años.

El programa de separación familiar se lleva a cabo con la ayuda de empresas privadas que han recibido millones de dólares del gobierno para construir y hacer funcionar los centros de internación. Kenneth Wolfe, portavoz de la Administración de Niños y Familias, una dependencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos que es la encargada de los menores detenidos, indicó que la agencia opera 100 centros de internación en 17 estados.

El negocio de la reclusión

Según una investigación del sitio web de noticias Yahoo! News, el gobierno ha otorgado diez contratos diferentes por un total de 92 millones de dólares a cinco empresas desde setiembre pasado, y los contratos incluyen planes para operar los centros hasta setiembre de 2022.

Según Gov Tribe, un equipo que investiga licitaciones del gobierno federal, una sola de estas empresas, Comprehensive Health Services Inc, con sede en Florida, recibió tres contratos por un valor de 65 millones de dólares para la “operación de albergues de emergencia”.

La situación de los inmigrantes menores de edad bajo custodia del gobierno de Estados Unidos se tornó más difícil desde que miles de niños y adolescentes, sin compañía de adultos, empezaron a presentarse en la frontera, en 2014, durante la presidencia de Barack Obama.

Esta semana el Centro de Derechos Humanos y Ley Constitucional junto con el Centro Nacional para Ley Juvenil presentaron una demanda legal contra el secretario de Justicia, Sessions, referida a esos menores inmigrantes transferidos a estos “albergues privados”. Los demandantes sostienen que los llamados “menores no acompañados” puestos bajo custodia del gobierno han sido drogados y abusados:

“La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (Orr por sus siglas en inglés) transfiere a los jóvenes desde los albergues a instituciones psiquiátricas sin la menor justicia rudimentaria o transparencia en los procesos. Los jóvenes en esos albergues dicen que se han despertado en la madrugada y se han encontrado confinados en instalaciones psiquiátricas. La Orr rutinariamente administra a los niños psicotrópicos sin autorización legal. Cuando los jóvenes no quieren tomar los medicamentos, la Orr los obliga.”

Según los demandantes, la medicación ha provocado la pérdida de peso, la incapacidad para caminar y el sueño forzado de menores, al tiempo que otros niños han denunciado abusos verbales, físicos y mentales.

El miércoles el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, explotó furioso cuando se enteró de que, de manera encubierta, el gobierno federal ha trasladado al menos a 350 menores de edad 3.200 quilómetros desde la frontera sur hasta Cayuga Centers, en Harlem, una de las varias agencias de servicio social en el estado que tienen contrato con Washington para recibir menores no acompañados.

Todo esto no ha brotado de la noche a la mañana, ni por sola malicia del presidente Trump. Ha estado ocurriendo durante meses con la participación de miles de personas: los guardias fronterizos, los constructores y operadores de “albergues”, el personal médico y docente que atiende a los menores, los conductores de ómnibus que trasladan a los niños, los funcionarios de todo nivel en el gobierno que manejan los trámites, sin que el asunto alcanzara el nivel de escándalo que ahora provocó.

Espanto

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos denunció la semana pasada la separación de las familias y el papa Francisco se sumó a la crítica, deplorando el uso, en Estados Unidos y en Europa, del problema de la inmigración como herramienta política para movilizar la xenofobia.

Laura Bush, la esposa del ex presidente George W Bush, en un artículo para The Washington Post calificó la política de “tolerancia cero” de Trump como “cruel e inmoral”, añadiendo: “me parte el corazón”.

Melania Trump, la esposa del actual presidente, dijo que “odia ver a los niños separados de sus familias”, y expresó la “necesidad de que seamos un país que cumple con las leyes pero también un país que gobierna con el corazón”.

Michael Cohen, el abogado personal de Trump que ya ha ido a la cárcel por su supuesto papel en varios escándalos, declaró: “Como hijo de un sobreviviente del Holocausto, las imágenes y sonidos de esta política de separación de las familias me rompen el corazón. Apoyo firmemente las medidas que aseguren nuestras fronteras, pero los niños jamás deberían usarse como fichas de regateo”.

Las aerolíneas American y United informaron al gobierno que no colaborarán en el transporte de menores no acompañados, y algunos gobernadores, tanto republicanos como demócratas, de varios estados informaron al gobierno federal que ya no autorizan más el uso de sus tropas de la Guardia Nacional para la detención de inmigrantes.

En todo el país ha habido protestas, manifestaciones y vigilias, tal como ocurrió el año pasado cuando –otra vez con la demagogia en torno a la inmigración– el presidente Trump prohibió por decreto la entrada a Estados Unidos de personas de países con mayoría musulmana. Cientos de organizaciones ciudadanas, sindicatos, grupos religiosos y activistas han convocado a una manifestación central el 30 de junio en Washington DC.

Un pasito atrás, ¿y ahora qué?

El miércoles de noche, después de que durante varios días Trump dijera que la culpa de la separación de las familias era de los demócratas, que sólo el Congreso podía resolver el problema por vía legislativa, y que él no podía suspender el programa por decreto, el presidente estampó su megafirma en una orden que suspende la separación de las familias. Pero no dijo que decretó la suspensión porque el programa fue una equivocación o por el sufrimiento que infligió a miles de personas, sino porque a él “no le gusta ver a las familias separadas”. El punto de referencia sigue siendo él mismo, aunque había afirmado que él nada tuvo que ver con la medida.

El decreto no indica qué hará el gobierno con los miles de niños ya separados de sus familias y que se encuentran en “albergues”. Nadie sabe exactamente qué documentación hay sobre estos menores, cómo se localizará a sus padres que están en centros de detención, cómo los bebés podrán identificarse a sí mismos, ni qué agencias se ocuparán de la reunificación.

En cambio, el decreto estipula que los menores permanecerán detenidos con sus padres y madres mientras se procesan sus pedidos de asilo. El gobierno de Trump, que sigue jugando para la afición conservadora, ha resuelto que mantendrá recluidos a los adultos durante el proceso, en lugar de dejarlos en libertad condicional. Esto significa que, a menos que Trump modifique por capricho otra vez sus decisiones, los menores podrían permanecer detenidos con sus padres durante meses y años, y eso a pesar de que la ley estadounidense limita a 20 días la permanencia de menores en centros de detención.

Impertérrito, Trump se presentó el miércoles de noche en Duluth, en el estado de Minnesota, ante unos 9 mil simpatizantes entusiastas, y afirmó que “los medios jamás hablan de las víctimas estadounidenses de la inmigración”.

“¿Qué ha pasado con sus niños, con sus esposos, con sus esposas”, agregó el presidente haciendo uso de su habitual estrategia de señalar los crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados. “Los medios no hablan de las familias estadounidenses separadas permanentemente de sus seres queridos.”

En opinión de los fanáticos de Trump, en una década los bebés que hoy llegan de América Central serán miembros de la banda criminal MS-13. Al igual que consideran que todo musulmán es un terrorista en potencia, todo pardito que venga del sur es considerado un violador y asesino en ciernes.

Al menos durante una semana Trump logró su otro objetivo político: desviar la atención del país de las investigaciones que lo están acorralando. Ahora el presidente estadounidense anunció que pronto se reunirá con su mandatario favorito: el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Así pronto también la crisis de los niños migrantes pasará a segundo plano.