Las cifras oficiales sobre pobreza en duda

Redacción de Correspondencia de Prensa

 No se trata solamente de saber cuántos son los pobres e indigentes. Las estimaciones respecto al “núcleo más vulnerable” varían según las fuentes, aunque ninguna baja de las 300 mil personas. Son las caras visibles del masivo desempleo juvenil. Fugadas de la precariedad salarial. Moradoras de la segregación habitacional. Expulsadas de un “sistema educativo” fallido. Crecidas en insoportables miserias familiares. Víctimas de la anclada “pobreza estructural”. Es decir: la consecuencia inocultable, según Karl Marx, de la pobreza producida artificialmente en virtud de las relaciones modernas de explotación.

 Claro, las estadísticas se detienen en la “línea de pobreza”. De ahí que el número sea menos escandaloso, comparado con otros países de la región. Las mediciones del gobierno del Frente Amplio, validan el criterio de “solvencia monetaria” impuesto por los organismos internacionales, con el Banco Mundial a la cabeza. Y entonces la pobreza “no ha dejado de disminuir”. La estafa es evidente. Una persona que tiene un ingreso mensual de $ 13.019 (U$S 400 ) ya no sería pobre; y una persona que tiene un ingreso mensual de $ 3.264 (U$S 110) ya no sería indigente.

 Obviamente, las estadísticas sobre la miseria social, no incluyen la categoría de trabajadores/as pobres. Porque entonces la población en condición de pobreza aumentaría. Alcanza con saber que el 40% de los/as asalariados/as “formales” (550 mil), reciben una remuneración mensual menor a un salario mínimo y medio, $ 20.000 (U$S 700).

 La nota que sigue no trata las causas de la expoliación social, aunque muestra, en resumen, el bajo precio de la fuerza de trabajo. Tampoco habla de garantías de las necesidades sociales elementales. Se refiere, específicamente, a las capas más empobrecidas, socialmente desposeídas, que anidan en la periferia desamparada de la sociedad, en la llamada “cultura de la pobreza”, sin posibilidades de acceder siquiera a una condición de precariedad laboral ni, mucho menos, al ansiado estatuto de “clase media”. No obstante, tiene su utilidad. Los propios trabajadores del Instituto Nacional de Estadística (INE), alertan sobre las dudosas cifras oficiales, cuentan las deplorables condiciones en que se realizan las entrevistas, cuestionan los instrumentos ejecutores de las políticas asistenciales focalizadas. O sea, desnudan el buque insignia del progresismo.

(Redacción de Correspondencia de Prensa)

 Pobres números

 La sección del Instituto Nacional de Estadística que velaba por la calidad del índice de pobreza no funciona hace un año. Sin boletos ni teléfonos pagos, y expuestos a mordeduras, los encuestadores alertan que los resultados podrían fallar. Las autoridades insisten: la precisión está intacta.

 

Camila Bello

 Que Pasa, 16-6-2018, https://www.elpais.com.uy/

 

Uruguay alcanzó el mínimo histórico de pobreza en 2017: el 7,9% de las personas no tiene los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. El dato fue celebrado por el presidente Tabaré Vázquez, quien enseguida lo atribuyó a las medidas implementadas por los tres gobiernos del Frente Amplio: “Ahí está el resultado de las políticas públicas llevadas adelante para atender a la población más necesitada”, dijo. Al igual que todos los años, el informe fue elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y no recibió el mínimo cuestionamiento, hasta que tres delegados de la Asociación de Empleados de Estadística y Censos fueron en mayo a la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados y activaron las alarmas. ¿La calidad de los números presentados podría estar en riesgo?

Los trabajadores denunciaron carencias que afectan su rendimiento. Por ejemplo, afirmaron que no cuentan con un espantador de perros que les permita evitar las mordeduras frecuentes. Pero una reivindicación llamó un poco más la atención de los legisladores y tendió un manto de duda sobre los datos obtenidos a partir de la Encuesta Continua de Hogares, de la que se desprende el índice de pobreza. Los funcionarios informaron que la sección que monitoreaba la calidad de ese estudio no funciona hace más de un año, por lo que sus integrantes fueron reubicados en otras áreas: “Eso nos preocupa porque está vinculado con la calidad de los índices que emite el instituto”, dijo uno de ellos.

La división había sido creada en 2008 y fue cerrada en 2016. Su principal tarea era volver a entrevistar al 10% de la muestra de hogares seleccionada, con la intención de chequear los datos obtenidos en primera instancia por los encuestadores. Ante la consulta de El País, un grupo de técnicos del INE contestó, por escrito, que la sección fue clausurada a raíz de los avances tecnológicos, que hicieron que “algunos procedimientos (que utilizaban) quedaran obsoletos”. A su vez, entendieron que “no era apropiado visitar nuevamente los hogares” ya que generaba “molestia y agotamiento” en los entrevistados. Si bien aseguraron que la calidad de los datos presentados en 2017 no estuvo en peligro, informaron que un nuevo departamento de calidad empezará a funcionar a principios del próximo año.

La Encuesta Continua de Hogares se realiza desde hace 50 años y calcula, entre otros índices, los de pobreza e indigencia. El método se basa en elaborar una Canasta Básica Total, que contiene ciertos bienes y servicios (alimentos, vivienda, salud y educación) que se entienden elementales para garantizar un mínimo de bienestar. La línea de pobreza es el umbral que determina el ingreso necesario para adquirir esa canasta, que se actualiza mes a mes por el Índice de Precios al Consumo (IPC). Según cifras de abril de 2018, las personas que perciben más de $ 13.019 en Montevideo, más de $ 8.524 en el interior urbano y más de $ 5.701 en el interior rural están por encima de esa línea. El 7,9% de los uruguayos que no logran alcanzarla son considerados pobres.

Por otra parte, el instituto elabora también una Canasta Básica Alimentaria, que incluye los productos que cumplen los requerimientos nutricionales para satisfacer las necesidades calóricas de una persona. Según cifras de abril de 2018, aquellos que perciben menos de $ 3.264 en Montevideo, menos de $ 3.009 en el interior urbano y menos de $ 2.720 en el interior rural están bajo la línea de la indigencia. El 0,1% de la población se encuentra en esta situación.

Los datos presentados en abril son certeros, según los técnicos del INE, ya que la precisión de la Encuesta Continua de Hogares se sigue evaluando. Una forma de suplir la división calidad fue incorporar dispositivos electrónicos que permiten chequear y cruzar la información en tiempo real. Esta tecnología se usa en casi todo el país, salvo en zonas de extrema inseguridad a las que llevan los cuestionarios en papel. Los nuevos aparatos se pusieron en práctica en 2015, tienen el tamaño de un celular y cuentan con “reglas de crítica”. Esta herramienta habilita a los técnicos a controlar los datos mientras hacen la encuesta, ya que encuentra las inconsistencias que puedan responder los entrevistados: por ejemplo, notifica cuando a un niño de escuela se le atribuyen 18 años de educación.

Antes de que el Estado adquiriera los dispositivos, los encuestadores debían prestar todavía más atención a las respuestas. Si notaban errores en los relatos, estaban obligados a repetir la parte afectada del cuestionario, algo que insumía no solo el tiempo, sino también la paciencia del encuestado. A veces no lograban darse cuenta en el momento y tenían que volver otro día para rehacer las preguntas. Los datos se escribían en papel y recién se cargaban al sistema cuando llegaban a la oficina del instituto, por lo que había riesgo de perderlos en el camino. El uso de la tecnología les ahorró tiempo, dinero y errores en las encuestas.

Hoy los datos publicados sortean siete controles distintos. El primero tiene lugar en la sección relevamiento, que elige los barrios a encuestar y elabora las preguntas. Esa información se carga a los dispositivos móviles, que luego llevan los trabajadores de campo a los hogares seleccionados. Los datos recabados vuelven a relevamiento, que los revisa antes de entregárselos a la división crítica, que chequea una vez más la coherencia de la información y elabora un listado de encuestas en las que se declararon ingresos por fuera de lo esperable para las condiciones observadas. Esos hogares vuelven a ser entrevistados con el objetivo de controlar las respuestas originales. Un equipo técnico recibe la base de datos elaborada a partir de todos los cuestionarios y genera los índices, que deben ser aprobados por la dirección del instituto. Finalmente, el departamento de normalización y difusión arma el comunicado en el que se publican los hallazgos.

Entonces, ¿por qué el INE quiere una nueva división calidad si ya hace tantos controles? Los técnicos informaron que esa sección de la Encuesta Continua de Hogares “se está repensando” para ajustarla a la realidad actual, por lo que planean incorporarle más tecnología para chequear los datos. Los nuevos controles que esperan poner en práctica serán distintos a los que se utilizaban y no volverán a entrevistar el 10% de los hogares seleccionados, como se hacía antes. Los funcionarios no precisaron en su respuesta qué métodos de monitoreo utilizarán una vez que reestructuren esa área.

La directora del Instituto, Laura Nalbarte, dijo semanas atrás en el Parlamento que reabrir la sección de calidad “es importante”. La jerarca afirmó que la reestructura de la división está en manos de la dirección de la Encuesta Continua de Hogares: “La idea es que en unos meses me hagan una propuesta cerrada de trabajo y mi objetivo es que para principios del año que viene ya esté funcionado con los nuevos estándares. Hay que tener en cuenta que así como estamos repensando esto, las oficinas de estadística nos tenemos que estar repensando continuamente con este uso de la tecnología”, agregó.

La otra campana

En el sindicato del INE consideran que las condiciones laborales “deberían estar en el centro de la discusión” vinculada a la calidad de los datos. Consultados por El País, los dirigentes reconocieron que fueron a la Comisión de Legislación Laboral de Diputados porque los problemas que afectan el instituto se resuelven “con más presupuesto y voluntad de negociación”. El gremio mantuvo reuniones con la dirección del instituto, pero terminó recurriendo a principios de mes a la Dirección General del Trabajo (Dinatra) al no conseguir los cambios que reclamaba.

Una de sus principales reivindicaciones tiene que ver con que deben sacar de su sueldo el dinero para trasladarse por trabajo. Según cifras del sindicato, un cuarto de su salario es utilizado para pagar los boletos. Uno de los dirigentes, Nicolás Sánchez, explicó que los encuestadores tienen que ir “varias veces” a los hogares para encontrar a los encuestados, por lo que un solo cuestionario puede insumir hasta ocho boletos de ómnibus. “Para declarar una encuesta desierta tenemos que ir cuatro veces y una de esas veces tiene que ser en fin de semana. Imaginate eso en zonas rurales de Montevideo como Punta Espinillo, o en el interior rural. Son miles de pesos al mes para trabajar”, agregó.

El INE tampoco paga la cuenta de celular de los trabajadores de campo, que de forma constante deben comunicarse con los hogares o con el instituto si tienen algún problema. En 2011 les entregaron unos dispositivos móviles que servían para llamarse entre ellos, pero se rompieron al poco tiempo y no fueron repuestos. Al no tener líneas telefónicas institucionales, los funcionarios terminan dejando una carta con su número personal cuando no encuentran a un encuestado. Sánchez comentó que hubo compañeras suyas que fueron acosadas por teléfono por este motivo.

También hay reclamos salariales. Si bien la mayoría de los empleados del INE están presupuestados, los encuestadores cobran a destajo: su ingreso depende de cuántos cuestionarios hagan por mes. Esta forma de pago determina que los trabajadores de campo del interior, que se desempeñan en zonas rurales y por ende realizan pocas encuestas, cobren poco. El instituto paga $ 408 por cada formulario elaborado en áreas urbanas, mientras que en el ámbito rural cobran $ 612. El salario supeditado a la productividad, según el sindicato, genera inequidades entre los funcionarios, ya que no todos acceden a los mismos beneficios. Las garantías de alquiler a través de la Contaduría General de la Nación (CGN), por ejemplo, no están disponibles para todos, ya que muchos de los encuestadores no logran un ingreso suficiente a partir de los cuestionarios que les encomienda el INE.

La dirección del instituto explicó que el pago a destajo tiene que ver “con la naturaleza del trabajo” de los encuestadores. Las autoridades aseguraron que “la asociación de destajo y precariedad no es correcta”, sobre todo porque hace 10 años los trabajadores de campo tenían contratos eventuales de pocos meses de duración. Los expertos consideraron que todos los funcionarios del INE “gozan de los mismos derechos” que los demás empleados públicos.

El gremio reivindica que hay trabajadores sobrecargados, ya que algunas vacantes que se generaron a partir de jubilaciones o renuncias no fueron cubiertas. Al respecto, los técnicos del INE argumentaron que estas situaciones se dan “debido a procesos administrativos propios del Estado”, por lo que “no es posible” reemplazarlas de inmediato. “El instituto está tratando de cubrirlas en la medida de lo posible, siempre en el marco de la reglamentación vigente, con las limitaciones que esto implica”, respondieron.

Los robos, los perros y los accidentes de tránsito también preocupan al sindicato. A su vez, no cuentan con la indumentaria necesaria para las jornadas frías de invierno o de lluvia. Recién en 2011 se incorporó un seguro que les paga US$ 7 por día a los trabajadores cuando están certificados ya que al no realizar cuestionarios, no tienen ingresos. Esa póliza incluye una cláusula que les da US$ 10 mil a la familia si el funcionario muere durante un accidente de trabajo. La directora del INE dijo en el Parlamento que harán un “esfuerzo presupuestal” y empezarán a otorgar un seguro contra todo riesgo en los próximos meses.

El gremio está convencido de que la “precariedad laboral” genera impacto en los datos que se publican. No obstante, el dirigente Sánchez sostuvo que la calidad de la información no debería ser puesta en duda porque los trabajadores “asumen la carga” y se sobre exigen para que no se note. Pero ese estrés al que están expuestos, sumado a “los sueldos sumergidos”, terminará pasando factura en algún momento, vaticinó.

“Esto es así: uno hace lo mejor que puede con lo que tiene. No es lo mismo tener un chalequito y un morral, como tenemos ahora, a tener los implementos que necesitamos: una campera abrigada, un espantador de perros, los boletos pagos…”, concluyó. “Hacemos lo que podemos”.

Ser pobre en Montevideo no es igual al interior

El ingreso necesario para estar por encima de la línea de la pobreza es muy distinto dependiendo del lugar donde viva la persona. En Montevideo, alguien que percibe más de $ 13.019 ya no es considerado pobre, mientras que en el interior rural la cifra desciende a $ 5.701. ¿Por qué tanta diferencia? En el INE explicaron que la Canasta Básica Total se ajusta de acuerdo con los precios vigentes en cada región. Los bienes y servicios son más caros en la capital, lo que genera aumentos en el ingreso a percibir para tener las necesidades básicas satisfechas. Lo mismo ocurre con la línea de indigencia. A su vez, en el interior rural no se tiene en cuenta el costo de la vivienda para hacer el cálculo, ya que hay trabajos que la tienen incluida.